Los primeros días de junio de 2020, a casi tres meses de decretada la cuarentena por el COVID, el Presidente Alberto Fernández anunciaba que el 85 por ciento del país pasaría del aislamiento al distanciamiento social y que casi todos los casos de contagio se daban en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Plata pertenece al AMBA. En La Plata vive Marta Jáuregui.
Marta pasó la cuarentena en el departamento que alquila estudiando y haciendo artesanías para distraerse. También en junio, desde la Dirección de Criminalística y Estudios Forense de Gendarmería Nacional firmaban y sellaban un informe pericial que buscaba echar luz sobre la muerte de su padre, Juan Martín Jauregui, militante del MR17 asesinado el 18 de octubre de 1975 en el marco de un operativo en su casa en el barrio El Retiro.
Desde que tenía 16, hace cuarenta y siete años que Marta busca justicia.
Ese informe lo había solicitado el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de La Plata en la causa caratulada como homicidio agravado por la participación de dos o más personas, privación ilegal de libertad e imposición de tortura agravada, que impulsa Marta. Como ella, la titular de la Secretaría Especial N° 13 de ese juzgado, Ana Cotter, también recibió las 54 fojas del informe, que incluían 2 planos descriptivos y 50 gráficos ilustrativos, entre estos últimos fotos de la autopsia al cuerpo de su padre. En su vida había visto una cosa así.
El Juzgado Federal había solicitado el peritaje para determinar si la destrucción parcial de la vivienda de Jauregui se produjo por la detonación de explosivos que se encontraban en el interior y si la muerte de Juan Martín la provocaron disparos de armas en razón de fuego cruzado o, de acuerdo con otra hipótesis, la vivienda fue dinamitada por las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo y Jauregui murió por “el uso excesivo de la fuerza por uso de explosivos”.
La versión de la Bonaerense
Ya había informes periciales incorporados a la causa: un expediente administrativo de 89 fojas que la Policía de la Provincia de Buenos Aires del 18 de octubre de 1975. El Juzgado también solicitó que se determinara si esos informes habían sido elaborados con imparcialidad y experticia, fundados en conocimientos técnicos.
En ese documento, las declaraciones testimoniales de un policía, de un perito de explosivos y el informe del gabinete de explosivos señalaban que parte de la vivienda se había derrumbado por la explosión de artefactos detonados desde el interior (llamados “cazabobos”) y que el cuerpo de Jauregui estaba sin vida en el suelo cubriendo con su brazo derecho una escopeta calibre dieciséis de caño y culata recortadas. En una descripción de inspección ocular se mencionan “paredes tachonadas por impactos de armas de fuego”.
Este 17 de octubre se cumplen 47 años de “la larga noche del Negro Jauregui” en la que, sabiendo que venían a buscarlo, se quedó resistiendo en su casa, una Unidad Básica donde se leía a Lenin, a Marx, a Mao, donde se enseñaba a leer y a escribir, donde se dictaban talleres de costura y se brindaba la copa de leche para los más chicos del barrio.
El nuevo peritaje
El 11 de diciembre de 2019 a las diez y cuarto de la mañana, bajo un sol abrasador, Marta y su abogado, Eduardo “el Negro” Soares, recibieron en la vivienda de calle 47 al Comandante Mayor Hugo Ariel Iseas, a la Primer Alferez Patricia Demetria Paniagua, a la Primer Alferez María Susana Guerrero y a representantes de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires para realizar una inspección ocular que se extendió hasta el mediodia.
Siete meses después el equipo concluía que la destrucción del frente y del fondo de la casa se produjo por la detonación de artefactos explosivos ubicados en el interior de la vivienda, pero que las lesiones en el cuerpo de Juan Martín eran compatibles con las producidas por armas de fuego y no por efecto de una onda explosiva o por esquirlas. El 20 de octubre de 1975 el Diario “El Día” había informado sobre el operativo bajo el título: “Volaron la casa de un extremista en Lisandro Olmos”. Volaron.
“Son 47 años en los que sigo sin parar para tener justicia”, dice Marta después de responder que “la causa está parada”. “Dicen una cosa de su muerte y la verdad que exijo es otra. Lo que quiero es que escriban que no fue suicidio, que lo asesinaron por la espalda con siete impactos de arma de fuego, y que la casa fue dinamitada, no que se derrumbó por el efecto de bombas molotov desde el interior”.
Marta sabe que no se puede “escribir” lo que ella quiere, aunque el último peritaje de Gendarmería Nacional prueba que a Juan Martín lo remataron en el suelo, disparándole por la espalda, algo que no explicita el firmado en el 75 por los peritos de explosivos de la provincia de Buenos Aires.
Indagatorias
La causa no está parada, se mueve, pero el movimiento es tan lento que resulta imperceptible y no resuelve en la búsqueda de verdad y justicia por este crimen cometido antes del 24 de marzo de 1976 que también fue parte de la violencia sistemática, organizada, estatal y paraestatal.
También en junio, pero de este año, el Juez Federal Ernesto Kreplak resolvió aceptar la excusación presentada por el Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, y asumir la causa como juez subrogante. Esto fue porque en marzo, Ana Oberlin, Auxiliar Fiscal integrante de la Unidad Fiscal especializada, solicitó que los expolicías de la Bonaerense Julio César Garachico y Carlos Alberto Rivera, condenados por otros delitos de lesa humanidad, fueran indagados en el marco de la investigación por el secuestro y la tortura de Martiniano Máximo Jáuregui, el abuelo de Marta, y el homicidio agravado su papá, Juan Martín.
Cuando Ramos Padilla fue patrocinante de Chicha Mariani había señalado a Garachico como uno de los policías que podría conocer el destino de su nieta Clara Anahí y también que había estado presente en el operativo de la calle 30, en el que asesinaron a su nuera Diana Teruggi de Mariani. Ese antecedente, sumado a las numerosas investigaciones y homenajes en los que señalaron a Garachico como posible partícipe y responsable, hizo que Ramos Padilla considerara que correspondía inhibirse de entender en la causa de Jáuregui para sostener la garantía de imparcialidad.
Una carta entre la balacera
A cuarenta y siete años de su muerte y ante el avance de la derecha en el mundo, es oportuno recordar un fragmento de la carta que Juan Martín le dejó a Lucy, su esposa: “No quiero que sufras por mi muerte, pues si he de morir en combate es la forma más honrosa a la que puede aspirar todo militante revolucionario que esté convencido de por qué lucha y de por qué vivió. El sistema es quien más claramente se encarga de demostrar con seguridad la victoria revolucionaria, trabajadora y socialista, con el adelantamiento de las Fuerzas Armadas y la subordinación en sus manos de todos los resortes que le permitan centralizar y generalizar la misma, pese a todo no podrán evitar ni detener nuestro avance, avance en que la lucha del Pueblo vencerá”.
