El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (OVG) publicó en 2016 un informe de diagnóstico del funcionamiento de la justicia especializada en violencia de género en el territorio bonaerense. El material advierte sobre las dificultades que tienen las mujeres para acceder a un proceso judicial que garantice la aplicación de un marco jurídico orientado a combatir la problemática. Siete año después, en una entrevista con dos peritas psicólogas que trabajan en el Poder Judicial los principales puntos del documento, y queda claro que el camino hacia una reforma judicial transfeminista es largo todavía.
Una de las dificultades que destaca el OVG se relaciona con los modelos de intervención. Por ejemplo: en los juzgados especializados podrán tratarse las denuncias por violencia y medidas de protección de la víctima, pero si esta fuera madre, se derivará a un juzgado de familia las “cuestiones de fondo”, como puede ser el divorcio, régimen de comunicación, alimentos y cuidado.
Además, para las mujeres denunciar a sus victimarios resulta muchas veces un proceso tedioso y que no desemboca en una respuesta concreta: “Ningún fuero está en comunicación con el otro, no ponen en común la información y la trayectoria, la mujer tiene que ir de un lugar a otro como si fuera su propia abogada siguiendo la causa”, explica Ayelén Rodríguez, perito psicóloga de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense.
Invisibilizar la violencia
La Defensoría del Pueblo también manifestó su preocupación por la falta de comprensión de los operadores judiciales sobre las dimensiones en que la violencia puede ser ejercida contra las mujeres, además de la física, la económica, la psicológica y la sexual. Sostiene que se realiza una “desvalorización y/o invisibilización” de las mismas.
“En los varones abogados, que despachan causas de violencia, se observan muchas dificultades para terminar de interiorizar las dinámicas de la violencia. Eso les genera mucha frustración a veces”, explica Carla Alfaro, perito psicóloga. “Por ejemplo, si una mujer violentada retoma la relación con su agresor (cosa que a veces pasa incluso con medidas cautelares vigentes), se ve enojo en quienes tienen que despachar el expediente. Entienden que se trabaja en vano, que las mujeres no quieren resolver, que las medidas no sirven. Si bien entienden que es una posibilidad y que es parte del círculo de la violencia no lo logran leer del todo”.
Revictimización
La revictimización en los procesos judiciales es, además, otra de las problemáticas que atraviesan las denunciantes. Las mismas deben dar un relato de los hechos en una primera instancia en una comisaría, y luego en los juzgados se realizan entrevistas de distintas áreas que solicitan que las víctimas den cuenta de lo sucedido en reiteradas ocasiones.
“Es muy común creer que las mujeres mienten, exageran, quieren obtener algún beneficio, entonces, desde el vamos se prejuzga, por las dudas. Esto vulnera gravemente a las mujeres y hace que pierdan credibilidad en el sistema que debería proteger sus derechos, lo que perpetúa la ruta crítica que les dificulta salir de las violencias y las expone a riesgos de feminicidio muchas veces”, explica Alfaro.
Las operadoras judiciales
El rol de los y las peritos es fundamental en el proceso judicial ya que se realiza de manera multidisciplinar y proporciona un análisis técnico dentro de la especialidad. En casos relacionados a las violencias por género, usualmente intervienen peritos de distintas especialidades que trabajan con las víctimas.
Para Rodríguez, quien se desempeña hace diez años en su cargo, este trabajo es “una tarea feminizada” que cuenta con una mayoría de mujeres que la desempeña: “ya sabemos que las tareas de cuidado, de contención y de escucha son más elegidas por las mujeres, porque las aprendemos en nuestras crianzas”.
El trabajo con víctimas e imputades debe contar con profesionales que puedan abordar las problemáticas sin estereotipos de género y de una manera particularizada respecto de las condiciones de vulnerabilidad socio históricas que atraviesan a las mujeres y las personas del colectivo LGBTIQ+.
Cuestión de clase
Para las peritos, además de la cuestión de género es importante tener en cuenta otras características de la persona que están comúnmente vinculadas a los estereotipos de clase: si es migrante, si pertenece a un pueblo originario o si no habla el idioma. Otro de los roles que debe tener el proceso es, además, concebir subjetividades y roles familiares desde perspectivas no discriminantes .
Para Ayelén Rodríguez aún no se ha alcanzado este ideal: “Todos estos sesgos basados en el género o en la clase que aparecen cuando una mira al Poder Judicial en su estructura o a la forma de intervención que tiene cada uno de los operadores judiciales, lo que termina visibilizando y la sociedad le reclama es que no está a la altura de responder de manera eficiente a la complejidad de las violencias basadas en el género”.
Otro de los factores que permite dar cuenta de la importancia de la perspectiva de género es que, generalmente, los casos de violencia o abuso sexual se dan de manera intrafamiliar o en el ámbito de lo privado. En este sentido, para Rodríguez la pericia psicológica resulta fundamental para evaluar el impacto en las víctimas.
Hacia una reforma judicial transfeminista
Además de las intervenciones de profesionales con formación en género, una de las deudas pendientes para con las mujeres es una justicia articulada que intervenga de manera rápida y eficaz ante las denuncias por violencia o abuso. Según el informe Mumalá, en 2022 ocurrieron 223 femicidios consumados y 425 intentos. También reveló que el 16,5% de las mujeres ya había denunciado a su agresor.
“Si uno hace la lectura retrospectiva, siempre encuentra que previamente hubo una instancia estatal donde eso podría haber sido escuchado y articulado en otras respuestas”, considera Rodríguez, que además señala: “en particular en el Poder Judicial encontramos que hay denuncias de violencia de género leves que terminan en graves, porque termina pasando que con la pata penal responde mayormente por la vía punitiva, y poca articulación con otros actores estatales para convertirse en una respuesta restaurativa de los derechos de las mujeres y LGTBIQ+”.
Para la perito, una reforma eficiente tendría que contar con organismos “multifuero”, donde un solo aparato intervenga en causas ligadas al género y brinde una respuesta interdisciplinar. Dentro de la Colectiva de Trabajadoras Judiciales que integra Rodríguez junto a distintas profesionales se dan este tipo de debates que aún no alcanzaron ningún tipo de institucionalización.
La Reforma Judicial Transfeminista propone intervenciones y soluciones libres de estereotipos de género y de patrones socioculturales, donde se analice el funcionamiento del sistema de administración de la justicia y las decisiones que allí se toman, en cada una de sus instancias. El reclamo continúa siendo democratizar una justicia cis hetero patriarcal para que la misma no siga empujando a mujeres y al colectivo LGBTIQ+ a permanecer en los círculos de violencia.
¿Cómo es para una mujer trabajar en el Poder Judicial bonaerense?
En un nuevo Día de las Mujeres Trabajadoras, desde Perycia analizamos las cuestiones que impiden la paridad de género dentro del Poder Judicial, tanto para los rangos altos como en el resto del cuerpo administrativo. La histórica doble carga laboral de las mujeres y los impedimentos del mismo sistema de selección de cargos son algunos de los rasgos que permiten que hoy en día continúe existiendo una segregación horizontal y vertical.
Según el Mapa de Género de la Justicia, en la Provincia de Buenos Aires existen un total de 61,1% magistrados varones, mientras que las mujeres son sólo 38,9%. Sin embargo, el personal administrativo está conformado por un 59,6% de mujeres y un 39,4% de hombres. Esto quiere decir que entre quienes intervienen en los procesos judiciales y en los distintos roles existe una mayoría de mujeres, sin embargo las decisiones judiciales continúan en manos de los varones.
Además, para las profesionales que no se desempeñan como abogadas, como es el caso de las peritos entrevistadas por Perycia, la carrera administrativa culmina en tres escalafones de ascenso, lo cual no permite ocupar lugares de mayor jerarquía. “Para les profesionales sociólogos, trabajadores sociales o psiquiatras, la carrera judicial está muy precarizada”, aseguró Ayelén Rodríguez, frente a la alta demanda de profesionales de la psicología en casos de violencias interpersonales.
