—Los quiero muchísimo, cuídense—, les dijo y los abrazó por última vez.
Vicenta Orrego Meza agitó un trapo blanco y colocó un colchón en la ventana. Pidió que dejaran de disparar y sacó a sus hijos de la casa de calle Nother al 5100 en Adrogué, partido de Almirante Brown, la noche del 15 de marzo de 1977, cuando la Brigada de Investigaciones de Lanús arremetió contra su vivienda. Un efectivo recibió a Alejandro (2), María (4) y Carlos (5) e instantes después, la asesinó a quemarropa.
Los disparos, sin mediar aviso alguno, hirieron a Carlos, que fue alcanzado por una bala en la nuca mientras intentaba poner a resguardo a su perro.
Cuando terminó el tiroteo, los efectivos les hicieron cargar los cuerpos de Vicenta Orrego Meza, María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga a unos pibes con un carro y el personal de la comisaría de Almirante Brown se encargó de su traslado, para luego enterrarlos como NN en el cementerio de Rafael Calzada. Los restos de Vicenta nunca aparecieron.
La policía dejó a Alejandro, a María y a Carlos en el baldío lindante. Los niñxs caminaron hasta la casa de un vecino que —días más tarde— los llevó al Tribunal de Menores N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Martha Delia Pons. La funcionaria los envió al Hogar Casa Belén donde permanecieron seis años en cautiverio.
El secuestro
«Es inmenso lo que he pasado, pero recuerdo a mi mamá, quien no me abandonó, hizo todo correcto para que nosotros pudiéramos salir en vida, nos salvó». Este es un fragmento de declaración testimonial de María Ramírez ante el TOF N°1 de La Plata. Iniciado el 4 de marzo de 2022, el proceso se desarrolla a cargo de los jueces José Antonio Michilini, Andrés Fabián Basso y Nelson Javier Jarazzo.
El debate procesal unificó las causas de dos operativos represivos realizados en la provincia de Buenos Aires, en los que murieron seis personas, entre ellxs Vicenta, María Florencia y José Luis, y al día siguiente, en una vivienda en la calle Ascasubi y Camino de Cintura, en Lavallol, fueron asesinados Juan Pedro Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee.
Tanto el ataque de la casa donde vivían Vicenta y sus hijos como el del día siguiente se enmarcan en la lógica de una “sincronicidad represiva”, esto es, la persecución de personas por razones políticas e ideológicas, su asesinato y posterior desaparición. El caso de los hermanos Ramírez evidencia, además, cómo la dictadura redireccionó sus planes hacia los hijos e hijas de los “blancos destinados a aniquilar”.
Un papá que los buscó
Después del ataque, Julio Ramírez, el papá de Alejando, María y Carlos, buscó a lxs tres hermanxs infructuosamente durante seis años. Detenido desde 1974 por su militancia política —fue primero alojado en un centro clandestino para ser luego trasladado a la Unidad 9 de La Plata—, logró exiliarse en Suecia en 1980, a partir de la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Desde allí continuó reclamando por sus hijos.
La jueza Pons se los negó a él y a su hermana, Lucila Domínguez, cuando viajó desde Paraguay para buscar a los hermanos. El 22 de diciembre de 1983, tras sendas actuaciones de Emilio Mignone, presidente y fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a partir de un dictamen de la Corte, la jueza le devolvió a los niños.
La jueza Pons, que desoyó sistemáticamente los reclamos de Abuelas de Plaza de Mayo —en su infatigable búsqueda de los bebés robados y los niños secuestrados—, los había enviado a un orfanato (el Hogar Casa de Belén), donde fueron sistemáticamente maltratados y abusados durante seis años. «Estoy convencida de que sus hijos eran terroristas y terrorista es sinónimo de “asesino”. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos porque no sería justo hacerlo. Tampoco me voy a pronunciar por la devolución de los niños a ustedes. Solo bajo mi cadáver van a obtener la tenencia de estos niños», les dijo una vez que las recibió, en el año 1978.
¿Dónde se llevaron a los hermanos Ramírez?
Según una publicación local, el Hogar Casa de Belén comenzó a funcionar el 19 de marzo de 1977, cuatro días después del ataque sufrido en la casa de calle Nother, donde asesinaron a Vicenta. El lugar fue creado ese mismo año por el cura Oscar Delgado Carrizo, que estuvo al frente de la parroquia Sagrada Familia de Nazareth de Banfield más de 20 años, hasta su muerte en 1981.
Lacerante. Hiriente. Así define el alegato de la Unidad Fiscal el infierno que transitaron los hermanos: un lugar que arrebató todo sentido de vida. El Hogar Casa de Belén funcionó como un campo de concentración, los hermanitos conocieron allí «el horror dentro del horror»: fueron obligados a adoptar el apellido Maciel, del director del hogar, Manuel Maciel; a llamarlos mamá y papá a Maciel y a su mujer, Dominga Vera; fueron despojados de sus raíces y mantenidos en cautiverio, a través de un proceso de guarda que buscó quebrantar su verdadera identidad. Sufrieron vejaciones, maltrato y fueron abusados sexualmente.
Los hermanos y los demás niños, otros ocho menores internados en Belén no podían hablar (aprendimos a leernos la mirada, dirá María en una de sus declaraciones) ni comunicarse entre sí. Maciel y Vera les decían que eran hijos del diablo en guaraní, su lengua materna. Una vez María se animó a contarle al párroco que Maciel la violaba, pero cuando volvió al hogar recibió una feroz golpiza. En otra ocasión, Maciel la llevó a su habitación y le mostró el arsenal que guardaba en el ropero: «te voy a matar como hicieron con la puta de tu mamá».
Por la verdad
En diálogo con Perycia, los fiscales auxiliares Ana Oberlin y Juan Nogueira señalan las particularidades de un caso que llegó a juicio con la mayoría de los imputados fallecidos.
—¿Qué balance hace la Fiscalía del proceso judicial?
—El balance que hacemos del proceso judicial es bastante crítico—, señala Juan Nogueira, auxiliar fiscal del Ministerio Público Fiscal, y agrega: Marcamos dos aspectos centrales, por un lado que pasaron cuarenta y cinco años desde que las víctimas están esperando una respuesta y por otra parte que en esos cuarenta y cinco años estos delitos vinculados a los delitos sexuales y la apropiación no estuvieron nunca comprendidos en las leyes de impunidad (las de Obediencia Debida y Punto Final). No hubo una justificación real para explicar por qué no avanzamos, ya que el proceso se inició en 2004. Este caso estuvo más de veinte años en proceso judicial, período en el que fallecieron casi todos los responsables de los delitos sexuales y casi todos los responsables que integraron el Tribunal de menores, imputados y acusados por la fiscalía, muchos de ellos murieron en la instancia oral, del 2016 a la fecha.
—En este caso, además, se agrega el hecho de que el Tribunal Federal N° 1 esté desde hace más de diez años sin un juez titular a cargo.
—El TOF N 1 viene funcionando con jueces subrogantes. Esta causa tuvo distintos jueces. Este elemento de coyuntura impidió tener una sentencia antes, con la mayoría de los responsables presentes. Como parte de los fundamentos pedimos la declaración de verdad; estos problemas de coyuntura no se los podemos cargar a las víctimas: al morirse casi todos los responsables, lo que implicaría la extinción de la acción, tenemos que dar una respuesta desde la Justicia a las víctimas. La declaración de verdad es una alternativa que encontramos dentro de las respuestas posibles ante esta situación, agrega Nogueira.
El fiscal auxiliar reconoce que hay gran expectativa en la sentencia que dicte el tribunal (se prevé un veredicto para principios de abril) y sostiene que desde el MPF presentaron argumentos muy sólidos. «Nos amparamos en los dichos de las víctimas pero también en el Derecho Interamericano, con una serie de jurisprudencia de la Corte Interamericana, y sobre todo antecedentes nacionales muy importantes, como los Juicios por la Verdad en La Plata y Napalpí».
En su presentación, los fiscales también trabajaron con fallos vinculados a la habilitación de una vía de verdad, en casos en los que hay prescripción, sobre todo en violencia sexual contra las infancias. «Esta jurisprudencia es aplicable para este caso, en ese momento, ellos eran dos niños y una niña víctimas de graves crímenes contra la humanidad. Entendemos que desde el momento en que se habilitó una instancia oral, el tribunal también ha visto esta necesidad de Justicia”, explica Nogueira.
«Esto es del orden de lo irreparable, no existe una reparación posible, pero desde la fiscalía nuestro trabajo apuntó a poner las cosas en su lugar», explica la abogada Ana Oberlin en diálogo con Perycia. «Estos niños y la niña fueron arrancados de su familia como parte de ese concepto que viene del franquismo, cuando los llevaban a los orfanatos para evitar el encuentro con sus familias. A ellos los pusieron en este lugar y todos los actos fueron tendientes a que no los encontraran».
«Esperemos que quede plasmado en la sentencia cada hecho por el que pasaron los hermanos que hizo que se sintieran personas humilladas. Quiero rescatar que trabajamos con experiencias de abuso en niños y niñas históricamente invisibilizadas en el marco del Derecho. Todavía en ese sentido hay una gran dificultad en nuestro país para avanzar en estos casos y lograr justicia para las víctimas», agrega Oberlin. «Se trata de un caso paradigmático en el que la única imputada (porque los demás responsables inmediatos murieron) es una funcionaria judicial. Ella integra la maquinaria desde el tribunal vinculada al accionar de las fuerzas represivas, que posibilitó el delito», indica la auxiliar del Ministerio Público.
El pedido de penas
Ana Oberlin y Juan Nogueira, integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, requirieron la pena de prisión perpetua para el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart; el ex comisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk; y los ex policías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabró y Rubén Carlos Chávez por los homicidios en los operativos de las casas de la calle Nother y la de Ascasubi y Camino de Cintura, en Lavallol, hechos por los que también pidieron pena para José Augusto López, ex policía de la misma brigada. Smart y Wolk fueron considerados coautores mediatos, mientras que el resto fue acusado en grado de coautores materiales.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) señaló que la individualización de los autores materiales se logró gracias al testimonio de vecinos —uno de ellos, miembro de la Policía provincial—. Fueron reconocidos algunos de los agentes actuantes y también se obtuvo documentación de sus legajos, donde figuran felicitaciones relacionadas a los procedimientos. Esta identificación de los autores materiales de bajo rango permitió a los fiscales avanzar sobre las responsabilidades de sus jefes Wolk y Smart.
La secretaria del tribunal de menores
Para Nora Susana Pellicer, ex secretaria del Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora que tuvo a cargo el expediente de guarda de los hermanos Ramírez, la fiscalía solicitó una pena de 21 años de prisión por considerarla partícipe primaria, como funcionaria de ese organismo, en la “sustracción, retención y ocultamiento de los hermanos y por hacer incierto, alterar o suprimir el estado civil de una persona menor de diez años”.
El pasado 16 de marzo expuso la querella, con los alegatos de la abogada que representa a las víctimas, Carla Ocampo Pilla. Desde Suecia, la familia Ramírez siguió la audiencia en vivo, transmitida (como todo el juicio) a través de La Retaguardia. Pidieron hablar y agradecieron el proceso judicial que trajo luz sobre el infierno padecido. «Pedimos Justicia y damos las gracias porque esto fortaleció nuestra identidad familiar, estamos más unidos», dijeron, visiblemente emocionados.
El alegato de la Unidad Fiscal —al que Perycia tuvo acceso— consta de casi cuatrocientas páginas. Los letrados comprobaron la experiencia concentracionaria padecida por los hermanos Ramírez, durante sus infancias y cómo actuó una Justicia al servicio de la apropiación. «Además, estos hechos criminales se integraron a otros de los objetivos del plan, en cuanto a la extensión y/o direccionamiento hacia los hijos e hijas de las personas desaparecidas, con acciones que tenían la finalidad de modificar la propia descendencia y/o filiación de las víctimas», señala el escrito.
Los fiscales Ana Oberlin y Juan Nogueira sostuvieron que los hechos se relacionan a un esquema de «sincronicidad represiva», que tuvo por un lado, «la persecución de personas por razones políticas e ideológicas, su asesinato y la desaparición de sus cuerpos» en el marco de la «lógica binaria imperante» que los concebía como «blancos que había que destruir o aniquilar», y por otro, «esos mismos hechos criminales se integraron a otros de los objetivos del plan, en cuanto a la extensión y/o direccionamiento hacia los hijos e hijas de las personas desaparecidas, con acciones que tenían la finalidad de modificar la propia descendencia y/o filiación de las víctimas».
En el marco del plan sistemático de apropiación de los hijos y las hijas de las personas perseguidas y desaparecidas orquestado por la última dictadura eclesiástica cívico militar, el sistema buscó desintegrar los recuerdos grabados en la memoria de los hermanitos, a través de un mecanismo asimilable a la tortura. Como parte de la dimensión reparadora de estos juicios, los fiscales auxiliares reconstruyeron las vidas de las víctimas de ambos operativos, con el fin de recuperar las identidades de quienes sufrieron terrorismo de estado.
EN SU MEMORIA
Julio Ramirez y Vicenta Orrego Meza se conocieron en Paraguarí, se casaron en 1970 y se vinieron para Argentina para dejar atrás las persecuciones sufridas bajo la dictadura de Stroessner. Aquí tuvieron a sus tres hijos. Julio se dedicaba a la construcción y militaba en la capilla del barrio, realizando todo tipo de actividades culturales. Fue secuestrado en el 74. Para Vicenta fue todo difícil desde entonces, debiendo mudarse periódicamente con los pequeños. Marzo del 77 los encontró en la casita de calle Nother, en Adrogué.
