– Me dijeron que por ‘puto’. Que me iban a hacer ‘macho’.
«Me hice la que convulsionaba porque no aguantaba más lo que me hacían”, contó la joven al medio Radio FM Speed. Delfina Antonella Díaz estaba en la vereda de su casa con unas amigas en la ciudad de Libertador General San Martín, en Jujuy. Era una tarde como cualquiera del mes de abril del 2020 cuando vieron llegar a la Policía que buscaba hacer respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Delfina, con sus 19 años, se levantó para ordenar las sillas que habían revoleado los policías a su paso. Según relata, en ese momento la agarraron del cuello, la metieron en una camioneta, la esposaron y le pegaron en la cara. El destino del viaje no era una comisaría sino un descampado de la zona, al lado de un canal. Ahí le ordenaron bajarse el pantalón. Ante la resistencia de Delfina la golpearon y forzaron. Sus agresores eran tres policías varones y una mujer, quien, según la joven, amenazó con violarla con la cachiporra. Ese día Delfina tuvo que fingir convulsiones para que dejaran de abusarla.
La violencia institucional no es una expresión nueva para un colectivo que se vio judicializado con edictos policiales desde el año 1923 hasta 1996. Ser trans era un delito de autor y era el Jefe de la Policía Federal quien actuaba como acusador, juez y ejecutor. “Se les perseguía por ser lo que se es, no por hacer algo”, así explica Cristina Montserrat Hendrickse, abogada trans, docente y activista por los derechos humanos, los resabios de persecución y violencia que quedan en el aparato judicial, las instituciones y los servicios de salud. El caso de Delfina, señala la ex candidata a jueza, ocurre en una de las provincias más religiosas, reacias al aborto e imbuidas en siglos de colonialismo cristiano: “Se muestra esta paradoja, la discriminación y condena que satisfacen sus perversiones y sus fantasías en los cuerpos trans.”
A pesar del esfuerzo de la comunidad y organismos de Derechos Humanos por denunciar estas violencias aún hay un velo sobre la problemática. “Lo complicado no es generar estadísticas, sino que el Estado las quiera llevar adelante”, cuenta a Perycia Claudia Acuña, periodista y directora del Observatorio Lucía Pérez. “Visibilizar esas violencias implica inmediatamente encontrar dónde están las fuentes de responsabilidad del propio Estado y la Policía”, profundiza.
En 2020 se registraron 104 ataques de odio y 99 trans-travesticidios sociales, según los datos del Observatorio MuMaLa. Jujuy es la provincia donde más femicidios ocurren anualmente. Su tasa provincial triplica a la tasa nacional: 2,6 femicidios cada 100 mil mujeres contra 0,9 en el promedio del país. En esta misma provincia la Policía se negó a tomar la denuncia de dos jóvenes desaparecidas en Palpalá durante la cuarentena en 2020. Fueron los propios familiares y vecinos quienes organizaron la búsqueda y encontraron a ambas asesinadas. Según detalla el Observatorio Lucía Perez, ningún policía implicado fue sancionado por el gobierno jujeño.
«El policía mira a la enfermera y la baja para hablar a un costado. Ambos me miraban y se reían», contó Delfina al día siguiente a los medios locales. Después de fingir convulsiones para evitar ser violada, los tres efectivos llamaron al SAME donde la joven trató de pedir ayuda y explicar lo que le había pasado al personal del Hospital Oscar Orias. Nuevamente es violentada: el silencio cómplice y el descreimiento discriminador la vuelven a dejar a merced de la policía. Delfina es transportada hasta la Comisaría 39. Antes de bajarla de la camioneta intentaron garantizar su silencio. “Un policía me agarró del cuello y me dijo que si yo llegaba a hablar o decía lo que pasó me iban a matar”, declaró Delfina. Su madre, María Pérez, no supo su paradero desde el momento de su detención hasta las tres de la mañana. En cada comisaría en la cual preguntaba por su hija le decían que no sabían nada.
No somos todes iguales ante la ley
Dejando de lado las amenazas de muerte, Delfina decidió iniciar una causa contra la policía provincial de Jujuy. Andhes y el Movimiento Ailén Chambi (FALGBT), denunciaron ante el Ministerio de Seguridad de la provincia el brutal ataque físico y sexual. Malka Manestar, una de las abogadas de la causa y magíster en Derechos Humanos, explica a Perycia que la violencia no terminó el día del ataque sino que fue perpetuada por el aparato judicial al momento de realizar la denuncia: todas las actuaciones se hicieron sin respetar su identidad de género ignorando el artículo 12 de la Ley 26.743.
Recaratular la causa con su identidad de género autopercibida fue uno de los primeros obstáculos y principales reclamos. “El fiscal general del Ministerio Público de Jujuy sacó una instrucción donde le hace este lineamiento a todo el personal del ministerio público. Lo primero que establece es que se va a tener que respetar la identidad de género autopercibida tanto de las personas que trabajen dentro del ministerio como de aquellas personas ajenas”, explica Malka Menestar. La medida fue aprobada el 28 de abril del 2020 y dispone además que el Jefe de Policía de la provincia debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la identidad de género de las personas al momento de ser registradas, asistidas o detenidas.
La violencia correctiva es una de las formas más brutales de violencia en contra de las mujeres trans, travestis, representa una cuestión histórica y cotidiana que las atraviesa y que habitualmente es invisibilizada, colocándolas como víctimas de la discriminación y estigmatización estructural, como explica la organización de DD.HH Andhes. Tras realizar la denuncia en abril del año pasado, Delfina fue notificada por resistencia a la autoridad pero no hubo imputaciones inmediatas para el otro lado. Malka Manestar dice que esto es frecuente. Cuando una víctima trans hace una denuncia, su identidad de género constituye una causal de descrédito. Por el contrario, cuando una persona trans es denunciada su identidad de género constituye una causal de agravante.
“Nuestro petitorio es que los tipos penales se amplíen a otros delitos más graves con mayor pena. Que sea tenido en cuenta como tortura, parte de los hechos que hicieron contra Delfina pero la fiscalía, sólo imputó por vejaciones y abuso de autoridad”, explica Marina Vilte, abogada y representante del Movimiento Ailén Chambi. Actualmente finalizó la etapa instructora del caso y el fiscal solicitó la elevación a juicio pero rechazó el pedido de las abogadas. Marina Vilte cuenta que en el caso de Delfina, en un principio, también intervino el Consejo Provincial de la Mujer. Sin embargo amplía: “Nosotres encontramos falencias en la defensa donde, por detalles técnicos, no se estaba respetando su identidad de género ni siquiera del lado de la querella. Ahí hablamos con Andhes y nos ofrecimos para hacer un patrocinio.”
Lejos del imaginario feudal que se tiene sobre las provincias con autoridades más clericales, la violencia institucional que imparte el aparato judicial no difiere del todo entre el interior y la Capital Federal, según la directora del Observatorio Lucía Pérez. Esto significa que la mirada que se tiene sobre el colectivo en el poder judicial está unificada. De los reducidos casos que identificaron un culpable, pocos de ellos fueron condenados. Aún así, no reciben las mismas penas que otros casos por los mismos crímenes. Tal como explica Claudia Acuña: “No somos todas iguales ante la ley y claramente la desigualdad que soporta la comunidad es económica, social y jurídica.” La comunidad travesti-trans en Argentina es un caso único en el mundo, el dolor social lo ha politizado y profundiza su organización. Aún así, según la periodista: “falta muchísimo para que la letra de las leyes que fueron conseguidas con mucho dolor y muchas muertes puedan cumplirse todos los días.”
