19/12/2017
Las cinco ventanas de la sala de los Tribunales Federales de La Plata tienen cortinas rojas por donde apenas pasan los rayos de sol. Del techo cuelgan dos arañas de cristal. Los jueces se acomodan en sus sillas. Entonces un hombre alto y de pelo blanco corta el silencio mientras con su mano izquierda se aferra a un puñado de papeles.
—Luego de escuchar varios disparates… luego de escuchar muchísimas mentiras, le he pedido a mi abogado que me hiciera hacer uso de la palabra —dice, con voz clara y pausada—. Mi amigo me dijo: “Éste es tu juicio, ésta es tu libertad. Sentate y decí tu verdad”.
Juan José «Pipi» Pomares tiene 62 años y a quienes no le crean les pide que hagan la cuenta porque él nació en el ‘54. «Vengo de una familia humilde», dice. Cuenta que de joven no podía ir a ciertos lugares de la burguesía platense porque le daba vergüenza su ropa, que por el mismo motivo se perdió hasta partidos de rugby. Se define peronista, “hoy más que nunca”. Es mayo y «Pipi» está acusado por crímenes de lesa humanidad en la causa de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Las audiencias son en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, ubicada en calle 8 entre 50 y 51, y está conformado por los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris.
—Los peronistas fuimos siempre víctimas. Fuimos el salame del sándwich, por derecha y por izquierda. Siempre nos fagocitaron. ¡Yo me enamoré, señores! —aprieta sus parpados y cierra sus puños— Me enamoré de ese hombre que dijo: “Esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”.
La CNU fue una agrupación peronista de derecha, que surgió a mediados de los años 60 bajo la tutela de su ideólogo, Carlos Alberto Disandro, que se desempeñaba como profesor universitario en latín. En diciembre de 1971, la organización con sede en Mar del Plata irrumpió en una asamblea de la Facultad de Arquitectura y asesinó a la estudiante Silvia Filler, de 19 años, al considerar que la Universidad atravesaba una crisis. Fue su bautismo de fuego.
Se estima que, a partir de 1974, la Concentración comenzó a funcionar como un grupo terrorista paraestatal, haciendo operativos en conjunto con Aníbal Gordon (a) El Viejo (acusado de dirigir el Centro Clandestino Automotores Orletti y sospechado de encabezar la Triple A). Además, contaban con el aval del por entonces gobernador bonaerense Victorio Calabró. Es decir: el Estado le daba amparo, financiamiento, protección.
En el 2012 la Sala I de la Cámara Federal de La Plata accedió a los procesamientos de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y de Pomares por los crímenes que tuvo como víctimas a Néstor Dinotto (secuestrado y asesinado), su pareja, Graciela Martini (secuestrada y asesinada), Daniel Pastorino (secuestrado y liberado), Adelaida Barón (secuestrada y liberada), Leonardo Miceli (secuestrado y asesinado), Roberto Fiandor (secuestrado que escapó) y a Carlos Domínguez (secuestrado y asesinado).
Pomares fue imputado por los primeros cuatro casos y Castillo por todos ellos. Ambos se desempeñaban en puestos del Estado mientras formaban parte de la CNU; El Indio trabajó en el Congreso Nacional como asesor del diputado Emilio Morello y Pipi tenía un cargo en el Ministerio de Economía (1974-1976), y luego en la Cámara de Senadores de la provincia, donde figuraba como asesor del bloque del Frente Para la Victoria hasta el momento de su detención.
—En ese banco donde se sientan los acusados —continúa Pomares, señalando a su izquierda—, donde estuve sentado tanto tiempo, me han salpicado con sales que nunca derramé. Me han disfrazado de policía, de militar…me falta de bombero voluntario.
«Sabrán que en la historia del mundo la lengua ha matado a más gente que las balas —agrega el acusado—, y en este recinto se ha disparado la lengua de forma indiscriminada, ¡indiscriminada! —toma los papeles y hace silencio.
Pero la historia del mundo no parece ser la historia de Pomares. El sábado 3 de abril de 1976 a las once de la noche, unos golpes violentos en la puerta despertaron a Walter Fabián Martini, un chico de diez años, que vivía en la calle 34 entre 14 y 15 de Villa Elisa.
—¡Abran la puerta!¡Policía!¡Abran la puerta porque si no la tiramos abajo!
Walter estaba solo con su mamá. Su papá se había ido de viaje por trabajo y su hermana Graciela había salido a comer con su novio, Néstor Dinotto, y una pareja amiga, Adelaida Barón y Daniel Pastorino. Por la ventana de su habitación vio tres autos y personas armadas. Bajó las escaleras con los músculos tensos, haciendo el menor ruido posible para poder llegar hasta el teléfono y pasar desapercibido, pero una voz le erizó la piel: «No llames a nadie porque no la cuentan». Un golpe seco obligó a Walter a destrabar la puerta y abrirles. Del otro lado había un hacha clavada. Entraron cinco hombres armados: el más grande, de unos 50 años, tenía un pañuelo en el rostro y los otros cuatro, que parecían más jóvenes, llevaban borceguíes y pantalones camuflados.
Madre e hijo fueron separados. Los interrogaron. Ella tenía una enfermedad psiquiátrica y se quedaba paralizada. Mal momento para que dos hombres armados perdieran la paciencia. “No mires para tu derecha”, le dijo el hombre a Walter, que no le hizo caso cuando vio cómo le pegaban a su mamá. Se levantó para protegerla, pero un manotazo lo agarró del cuello y lo tiró al piso; sintió el frío del caño de una pistola apoyada en su nuca: ¡Click!
El tiro no salió.
A las cuatro de la mañana intentaron tomar a la madre como rehén para ir a la casa de Adelaida pero no resultó. Cuando salieron a la calle, Walter vio una mirada curiosa de un vecino que se asomaba por la puerta y le gritó que llamara a la policía, pero fue ignorado. La patota, la madre y el chico de diez años volvieron a entrar a la casa. Los Martini fueron encerrados en un depósito.
El taxi que manejaba Daniel Pastorino pasó a las seis de la mañana por la casa de 34 entre 14 y 15 y Graciela vio una luz prendida. Algo no andaba bien. Decidieron dar una vuelta a la manzana. Entonces dos coches encendieron los motores de golpe, Daniel se asustó y hundió su pie en el acelerador; logró llegar hasta Camino Centenario y 422, pero desde las ventanillas de un Peugeot 504 salieron armas, y de las armas salieron balas. Las gomas de las ruedas reventaron y algunos proyectiles se clavaron en el tanque de nafta. Daniel Pastorino, Adelaida Barón, Graciela Martini y Néstor Dinotto iban en el taxi y estaban en problemas.
Los obligaron a bajarse y los pusieron en fila. Los cuatro jóvenes podían ver cómo los hombres preparaban las pistolas y las Itakas.
—¡Fuego!
Escucharon las detonaciones pero no las sintieron. Habían apuntado al cielo.
—Cierren los ojos —les dijeron mientras los subían a uno de los autos.
Todos menos Daniel empezaron a rezar en voz alta. En treinta minutos llegaron a destino: una casa en diagonal 113 y calle 64 que era del Indio Castillo, líder de la banda, y que funcionaba como una casa operativa de la CNU. Fueron bajándolos de a uno: primero Graciela y después Néstor. Los torturaron Pero de los tres rezos, sólo uno fue atendido.
—¿Qué relación tiene usted con la familia Barón?
—Soy la hija menor -respondió Adelaida.
«Soy la hija menor» fue la frase que la salvó a ella y a su pareja, Daniel. Al parecer uno de los secuestradores, Patricio Errecarte Pueyrredón, conocía a su hermano de la agrupación Tradición, Familia y Propiedad. Y así los soltaron, pero con una regla: «De nuestras caras se olvidan», ordenó Castillo. Pero no pudieron. Todavía se acuerdan del rostro de Castillo, de Pomares y de Errecarte Pueyrredón.
Graciela y Néstor fueron acribillados: sus cuerpos fueron tirados en la calle 11 de City Bell del barrio Los Porteños.
La familia Martini se enteró por el diario. En el certificado de defunción decía «muerte cardiorespiratoria». Pero Graciela tenía su abdomen perforado por balas.
Días después del secuestro Walter, su hermano, volvió a la escuela. Durante casi un año, todos los días, pasaba por la esquina de su casa donde se había hecho una pintada: «Graciela, tu crimen no va a quedar impune».
—No soy esa persona que ustedes quieren que sea —dice Pomares a los jueces, 41 años después de esa larga noche, desde el banquillo de los acusados.
***
Daniel Cecchini está en el balcón del primer piso de los Tribunales Federales de La Plata y se prende un cigarrillo que deja a medio fumar. Da unos pasos inciertos bajo el sol que le pega de lleno en su pelo blanco. Ya son más de las tres de la tarde y todavía no lo llamaron a declarar.
A Daniel lo citan porque es periodista. Porque junto a su compañero Alberto Elizalde Leal realizaron numerosas publicaciones denunciando los crímenes que cometieron los integrantes de la CNU. Las notas fueron publicadas en el diario «Miradas al Sur» y recopiladas en el libro «La CNU: el terrorismo de Estado antes del golpe».
Entonces Cecchini es llamado por los jueces. Se sienta y clava sus ojos sobre los acusados. Empieza a hablar. En determinado momento es interrumpido:
—A su entender —pregunta el juez Esmoris—, ¿no se trataba de tensiones dentro del peronismo?
—Tensiones tienen los matrimonios. No había tensiones, era la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
—Pero había sectores del peronismo en pugna —retruca el juez.
—No, las víctimas de la CNU no fueron sólo militantes peronistas de izquierda —responde el periodista—. Mataron a militantes de otras organizaciones de izquierda, docentes, estudiantes, sindicalistas, delegados de fábrica. No hubo dos sectores en pugna: lo que hubo fue terrorismo de Estado.
Cecchini explica que «fue terrorismo de Estado» porque hubo estrecha relación entre la agrupación estudiantil y las fuerzas estatales, tales como los roles de la Policía bonaerense, el Batallón de Inteligencia 601 o la participación de Aníbal Gordon en operativos de la CNU. “Son imposibles [los operativos] de realizar por izquierda”, dice y da ejemplos de zonas previamente vigiladas y liberadas en donde luego se produjeron los secuestros de las víctimas.
—Me resulta imposible dar un número preciso de víctimas -continúa el periodista-. Para el 2013, 67 casos: como mínimo tengo que dar esa cifra.
Uno de los tantos casos que quedaron fuera de la lupa de la Justicia fue el del médico pediatra Mario Gershanik. El 10 de abril de 1975, el pediatra de 30 años había llegado a su casa de 50 entre 2 y 3 después de atender un parto en el Instituto Médico Platense. Pasada la medianoche escuchó un golpe seco a la puerta y luego un grito: “¡Policía Federal! ¡Abran!”.
Mario estaba preparado. Hacía tiempo le habían comentado a su hermana, Alicia, que él estaba en una lista negra. Miró a su esposa Graciela y a su hijo Pablo, que todavía no había cumplido el año. Corrió con ellos y se encerró en una habitación mientras marcaba el número de su trabajo en el teléfono, el del Hospital de Niños.
—¡Me quieren secuestrar! ¡Manden una ambulancia a la casa de 50 y 3!
Afuera había dos Torino, un Falcon y al menos ocho personas armadas, contando al que empuñaba un hacha que incrustó en la casa. Uno de los conductores de los Torino era el Indio Castillo, pero el operativo estaba a cargo de Aníbal Gordon.
La patota, compuesta por jóvenes de entre 20 y 30 años, con anteojos oscuros, irrumpió en la casa.
—Vas a tener que acompañarnos. Tenés que identificar a un detenido que tenemos en el auto— le dijo un verdugo al médico.
Gershanik se resistió: conocía el método de la CNU y sabía que acompañarlos era el camino a la tortura. Sus años como rugbier lo habían entrenado para esperar el golpe y entre cuatro no lo pudieron tumbar. Lo arrastraron hasta el living.
—¡Judío de mierda, te vamos a matar!
Una rápida balacera atravesó el cuerpo del médico. Le siguieron disparando aún muerto.
Los diarios publicaron el asesinato, pero lo disfrazaron como un «atentado terrorista» y negaron que el médico tuviese participación política o gremial. La noche anterior a la masacre, Gershanik participó de la asamblea de trabajadores de uno de los hospitales donde trabajaba: el Policlínico del Turf. Allí denunció las malas condiciones laborales a las que estaban sometidos y la persecución que sufrían por parte de la burocracia sindical del Hipódromo, protegida por el gobernador Victorio Calabró.
La noticia tuvo impacto: varios exilios y el desarme de todos los equipos profesionales donde Mario trabajaba. Un integrante de la CNU leyó el diario y le comentó a Castillo sobre el «quilombo que se había armado» y le preguntó quién era. El Indio contestó: «Un judío erpiano de mierda».
La causa por el asesinato de Mario Gershanik se encuentra en proceso de instrucción junto con otros casos. Desde la querella de «Justicia Ya» intentaron anexarla a este juicio, pero el pedido fue rechazado.
***
Castillo entra al recinto. Su pelo blanco está peinado hacia atrás, el cuello de su camisa verde está delicadamente acomodado sobre su pulóver marrón.
El Indio quiere hablar sobre algo que sucedió en la primera audiencia: el retiro de un crucifijo que estaba ubicado detrás de los jueces. El pedido había sido realizado por las abogadas querellantes: la religión católica era uno de los pilares ideológicos de la CNU.
“En la Rusia de 1917 se constituyó un tribunal revolucionario que comenzó a funcionar sólo seis meses después de la Revolución de Octubre, acusando a Dios de todos los crímenes imaginables”, dice entonces Castillo y agrega que “100 años después en Argentina, la que está sentada en el banquillo de los acusados no es la biblia, sino la Constitución Nacional, ley fundamental de la República”.
Pero Castillo, en realidad, fue encarcelado por primera vez por los militares después del golpe militar
de 1976.
La CNU ya no servía como banda parapolicial a los nuevos propósitos de la represión. El Indio fue detenido en el intento de secuestro del militante Juan Carlos Arias en abril de 1976. Junto a Pipi Pomare los trasladaron a la Unidad N°9 de La Plata, donde estuvieron cuatro años. En el retorno a la democracia se camufló en la actividad política. Tras siete años prófugo, finalmente fue nuevamente detenido en 2011, en Córdoba, acusado por crímenes de lesa humanidad.
– Yo soy peronista. Por definición el justicialismo no es de derecha ni de izquierda: es un movimiento nacional y popular. Quiero decir que Los Montoneros no son peronistas, no tienen nada que ver con el peronismo. Ya lo dijo Perón: “Si quieren ser otra cosa cámbiense la camiseta y afíliense al Partido Comunista”.
Castillo no se inmuta por las acusaciones de secuestros, torturas y asesinatos en su contra.
—A mí me están acusando de haber participado de una organización que fue parte del terrorismo de Estado. Yo le estoy explicando que el terrorismo de Estado no existe como concepto, es un fallido. Es un Estado que se resiste con sus derechos. Hay leyes que dicen que ante una actitud de un sujeto que aparente tener más de 12 años y asuma una actitud hostil se le puede abrir fuego letal— dice Carlos Castillo sentado al lado de su abogado.
***
Sobre las rejas negras de los Tribunales Federales de La Plata cuelga una soga con fotografías de las víctimas de la CNU. En las escalinatas siete policías de la Federal esperan, mientras uno se termina de fumar un cigarrillo. Es el día de sentencia y se respira ansiedad.
Los jueces entran en la sala. Pomares pide el micrófono para decir sus últimas palabras. “Celebro que salgan a la luz los abusos del Estado, aunque siempre los abusos son malos, en todos los casos; vengan de donde vengan. Lo digo yo, que fui preso político del Estado”, dice el «Pipi» y su discurso culmina con los aplausos enérgicos de sus familiares.
-Quería aportar algún elemento más en un intento de cordura, pero me enteré por los diarios que me condenarían hoy a perpetua -dice, a su turno, el Indio Castillo-. Los hombres y mujeres de buena voluntad que con la ayuda de Dios, fuente de toda razón y justicia, deseamos habitar este suelo para vivir y trabajar en paz, sólo podemos prometer a nuestros hijos, a sus hijos y a los hijos de nuestros hijos, más sangre, más dolor, y más lágrimas. Nada más, señores jueces. Viva la patria.
Pasado el mediodía del 29 de noviembre de 2017 se dictó el veredicto: a Castillo le dieron prisión perpetua y a Pomares, por unanimidad, le concedieron el beneficio de la duda. Ordenaron su inmediata liberación. “¡No!”, se escuchó en la sala, de inmediato, mientras otros gritaron al unísono “¡Hijo de puta! ¡asesino!”. Hubo empujones, insultos. La policía desalojó la sala.
Ariel Suárez, hijo de Luisa Marta Córica, asesinada por la CNU, tiene los ojos rojos y busca a su hija, pero ella lo encuentra primero y lo envuelve en un abrazo. Lloran desconsoladamente.
Juan José Pomares está sonriente y también busca a sus familiares. En los próximos minutos caminará tranquilo por las calles.
