Rubén, el hijo de Jorge Julio López, encabezó una de las marchas. A su lado, Leo Fossati,
nieto recuperado. Foto: Matías dhemar
El miércoles 27 de diciembre de 2017 fue un día paradójico.
Estela de Carlotto lo definió con las siguientes palabras: «Hubo una de cal, y otra de arena». Mientras la Justicia le otorgaba el beneficio de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, Abuelas de Plaza de Mayo anunciaba la aparición de la nieta 127. Por un lado, los organismos de Derechos Humanos repudiaron el fallo, al que consideraron como «vergonzoso»; por otro, celebraron la restitución de una nueva identidad.
El rechazo a la prisión domiciliaria del emblemático represor, acérrimo defensor de la dictadura y que ha sido condenado seis veces por delitos de lesa humanidad, se hizo sentir en todo el país.
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), por ejemplo, se expresó diciendo que «el Tribunal Oral Federal 6 otorga el beneficio de domiciliaria a Etchecolatz. Los jueces son Martínez Sobrino y Panelo, que condenan militantes por luchar y sancionan abogados usando decretos de la Fusiladora. Clima de época». Además, exigió «cárcel común y efectiva a todos los genocidas! ¡Basta de privilegios e impunidad a los asesinos de los 30.000!».
Foto: Nico Freda
En La Plata, durante dos días consecutivos después del fallo, distintos organismos de Derechos Humanos tanto como movimientos políticos y sociales coparon las calles.
Uno de los oradores fue Rubén, el hijo de Jorge Julio López.
«Mi viejo está desaparecido y este genocida vuelve a su casa», dijo, mientras denunció que Etchecolatz vivirá en su casa de Mar del Plata a metros de donde reside el familiar de una de sus víctimas.
Foto: Matías Adhemar
Se marchó el jueves y el viernes bajo un sofocante calor. Ambas movilizaciones fueron críticas con el gobierno de Mauricio Macri.
Los oradores acusaron al macrismo, entre otras cosas, de negar el terrorismo de Estado, desmantelar el presupuesto en áreas de Derechos Humanos y de «condicionar» los fallos judiciales.
HIJOS La Plata, Red Nacional, lanzó un comunicado donde marcó que Etchecolatz es «un genocida confeso que jamás se arrepintió de sus crímenes y que con vehemencia reivindica su accionar y el de los suyos. Un genocida que se ha convertido en un emblema del terrorismo de Estado. Un genocida repudiado por el pueblo. Su propia hija tomó la decisión de quitarse el apellido, de desvincularse de su origen filial en repudio a su perverso accionar».
Y en otro fragmento denunció el rol actual de la Justicia: «Una vez más, el poder judicial federal en sintonía con las políticas de vaciamiento de DDHH del gobierno, actúa beneficiando en todo el país a muchos genocidas con prisión domiciliaria».
HIJOS hizo referencia, por último, a que los condenados por lesa deberían continuar en las celdas de las prisiones federales: «Esta vez es el turno de Etchecolatz, quien este año ya ha recibido este privilegio en otras causas, pero que no se hizo efectivo hasta ayer, a través de la resolución del TOF Nº6. Poder judicial que históricamente ha puesto trabas y demoras en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, garantizando la impunidad de los genocidas y de los beneficiarios económicos del golpe de Estado cívico-militar. Reafirmamos que el único lugar para los genocidas es la cárcel común y efectiva».