Foto: Leo Vaca/ Archivo Infojus Noticias
Un nuevo juicio contra Miguel Etchecolatz, ex Comisario general de Policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar, empieza este lunes en La Plata. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata –integrado por los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo- estará a cargo de la causa conocida como «Brigada San Justo», en el que se investigan hechos acaecidos en el centro clandestino de detención que funcionara en la Brigada de Investigaciones de San Justo, ubicado en el Partido de La Matanza. Son 18 los imputados, por hechos que tienen un total de 84 víctimas.
La lista de los 18 represores que estarán sentados en el banquillo de acusados es la siguiente: 1) Roberto Armando Balmaceda, 2) Leopoldo Luis Baume, 3) Rubén Alfredo Boan, 4) Raúl Carballo, 5) Jorge Héctor Di Pasquale, 6) Miguel Osvaldo Etchecolatz, 7) Roberto Armando Félix, 8) Ricardo Armando Fernández, 9) Ricardo Juan García, 10) Rodolfo Enrique Godoy, 11) Emilio Alberto Herrero Anzorena, 12) Alejandro Alberto Menichini, 13) Juan Carlos Ojeda, 14) Carlos María Romero Pavón, 15) Jaime Lamont Smart, 16) Juan María Torino, 17) Jorge Héctor Vidal y 18) Carlos del Señor Hidalgo Garzón.
Entre ellos se cuentan militares de la estructura de mando, oficiales del área de inteligencia militar, jefes de la Brigada de San Justo, agentes que realizaban custodia e interrogatorio y los titulares civiles del Ministerio de Gobierno provincial en dictadura, como Jaime Smart.
Con la presencia de los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, el expediente comprende hechos sucedidos en la Brigada, que formaba parte del denominado «Circuito Camps», compuesto por más de 30 centros clandestinos en el conurbano bonaerense. A su cargo estaba directamente la Dirección General de Investigaciones que también dirigía Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Según investigaron los organismos de derechos humanos, entre marzo de 1976 y agosto de 1978 por ese centro clandestino pasaron 101 personas identificadas con nombre y apellido y otras nueve individualizadas sólo con nombre de pila o apodo. De esa lista el juicio se recorta a 84 casos, de los cuales 31 continúan desaparecidos.
La mayor parte de las víctimas fueron trabajadores y estudiantes, militantes sociales, políticos y sindicales de la zona oeste del conurbano que sufrieron la desaparición forzada, la privación ilegítima de la libertad, torturas, apropiación de hijas e hijos, y homicidios que fueron parte de un plan sistemático orquestado por el aparato estatal.
«Este centro clandestino de detención funcionaba de forma articulada con otros del conurbano, lo que significa la coordinación de diferentes fuerzas, traslado de personas detenidas y que varios de los imputados en esta causa también lo estén en otras del mismo circuito represivo. En ese sentido venimos reclamando la unificación de este juicio con otras causas conocidas como las de Pozo de Banfield, Quilmes e Infierno (Lanús) que se encuentran elevadas a juicio en el mismo Tribunal. Pero este planteo fue rechazado y eso implica un retardo de justicia que se traduce en que cientos de víctimas sigan esperando y que, a su vez, en el camino muchos represores mueran en absoluta impunidad», dijeron desde el colectivo Justicia Ya!
