Publicado: 29/10/2018
A las 8:08 de la mañana, Sergio Movilio hizo andar la locomotora para dejar atrás la estación de City Bell. Era el lunes 14 de octubre de 2002, empezaba la semana y el tren de la línea Roca llevaba cientos de trabajadores y estudiantes desde La Plata hasta Buenos Aires. Apenas dos minutos después de retomar la marcha rumbo a Constitución, el maquinista y su acompañante, Claudio Barjacoba, vieron algo sobre las vías. Tocaron una de las bocinas que tiene la locomotora Loc A 912 capot corto. Después hicieron sonar la otra, la alternativa. Cuando llegaron a 200 metros del bulto, ya no tuvieron dudas: se trataba de una persona. Activaron los frenos de emergencia, pero no lograron detener la marcha a tiempo. A la altura de la calle 459 y kilómetro 41 de la localidad de City Bell, Cristian “el Rusito” Pérez fue atropellado por toneladas de fierros que estallaron su cráneo. A diferencia de otros arrollamientos que los maquinistas habían protagonizado, antes del impacto, Cristian no miró, ni se movió. Estaba inconsciente. Su cuerpo esperó la locomotora boca arriba, totalmente inmóvil.
Cristian Pérez. Foto cedida por su familia. |
Según la investigación del fiscal Marcelo Martini, Cristian no llegó a las vías del tren por sus propios medios. Lo llevaron en un patrullero cuatro policías de la Comisaría 10ma de City Bell, después de golpearlo y dejarlo inconsciente con heridas y golpes en todo el cuerpo.
Todavía vivo, en estado de “indefensión” y con la intención de “ocultar las lesiones y darle muerte”, tal como dice el informe del fiscal, Cristian fue dejado en las vías poco antes que pase la formación ferroviaria. Buscaron armar una escena de suicidio y así los caratularon rápidamente los efectivos (de la misma seccional décima) que llegaron al lugar para hacer el informe preliminar sobre el hecho.
Durante cinco años, la Justicia avaló esa hipótesis, pero este lunes 29 de octubre, a 16 años, en otra mañana en la que trabajadores y estudiantes tomarán el tren para iniciar su rutina semanal, finalmente comienza el juicio contra siete policías por el crimen de “El Rusito”, un pibe que en aquel momento apenas había cumplido 18 años y hoy tendría 34.
Era amante de los autos y ayudaba a su papá en el taller mecánico, en Santa Ana, un barrio humilde de City Bell, lejos de los fondos con pileta y prolijas ligustrinas que caracterizan la zona.
Según el cronograma previsto por el Tribunal Oral Criminal N° 2 de La Plata, integrado por los jueces Silvia Hoerr, Liliana Torrisi y Claudio Bernard, el juicio oral se extenderá un mes: hasta el 29 de noviembre y en el banquillo habrá siete policías, cuatro de ellos por el homicidio doblemente agravado: David Alejandro Koenig –el único que será juzgado además por el encubrimiento del crimen, aunque insólitamente llega al juicio en libertad y en funciones: es el actual subcomisario de la Primera-, Juan Alejandro Pavela, Rubén Eduardo Lago y Juan Marcos Condoleo.
Y otros tres por su encubrimiento agravado: Pedro Oscar Djurasek –sumariado además por torturas en una comisaría de Lomas de Zamora-, Jorge Alberto Luna y Miguel Ángel Álvarez (además del mencionado Koenig).
¿Qué pasó antes de las 8.10 de la mañana, la hora en la que el tren arrolló a Cristian? Alrededor de las 4, el “Rusito” había sido llevado a la Comisaría Décima acusado de atropellar con el auto de su papá a dos jóvenes en bicicleta, que por el impacto terminaron en terapia intensiva. A la dependencia policial lo condujeron por la fuerza un grupo de hombres que amenazaba con lincharlo. Una de las víctimas del accidente era hermano de Juan Pavela, uno de los policías de la seccional, hoy detenido por el homicidio de Cristian.
El fiscal Martini determinó que mientras estuvo detenido, le falsificaron la firma del acta de extracción sanguínea en el Cuerpo Médico, lo interrogó el propio Pavela y entre las 6 y las 8, lo golpearon provocándole heridas graves en todo el cuerpo hasta dejarlo inconsciente.
También falsificaron el asiento del libro de Guardia, donde los policías quisieron hacer creer que a Cristian lo habían dejado en libertad pasadas las 6 de la mañana.
— Señora, las pruebas las tiene que encontrar usted.
Heidel Marie Cejrowaska, la abuela de Cristian, nunca creyó la versión del suicidio y por eso solía visitar todos los días al fiscal Tomás Morán, antecesor de Martini en la causa. Esperaba novedades y avances en la investigación, pero Moran le pedía que se encargara ella misma. Era un acto de sinceridad: el no iba a mover un pelo en la búsqueda de justicia.
Tomas Moran detenido. Foto Mauricio Nievas, Clarín. |
Tomás Alberto Morán fue detenido en septiembre último, acusado de pedir coimas a cambio de protección judicial y sospechado de integrar una asociación ilícita con jueces, barras, altos mandos policiales y delincuentes comunes. Uno de los jefes de la banda era el ex magistrado César Melazo, el juez de Garantías que participó en toda la causa de Cristian Pérez. Fue Melazo quien obstaculizó pruebas claves, como el secuestro del libro de guardia de la Comisaría y quien, de manera inexplicable, dejó en libertad a David Koenig, el único imputado por el homicidio que no fue detenido.
Además de Morán y Martini, en más de quince años la investigación tuvo otros dos fiscales: Betina Lacki y Leandro Heredia, éste último el primero que tuvo la causa en sus manos y que ni bien apareció el cuerpo en las vías dejó la instrucción en los mismos policías de City Bell que estaban involucrados en el hecho. Heredia fue destituido el pasado 23 de octubre por un jurado de enjuiciamiento. Se lo acusaba por irregularidades en unas 50 causas.
“A partir de esas detenciones y revelaciones entendemos por qué nos costó tanto llegar al juicio. Ahora comprendemos qué es lo que escondía Moran, por ejemplo, que en algún momento pensamos que era ineficacia judicial y ahora lo entendemos en otros términos. Ahora nos damos cuenta que esto es una gran organización, una red mafiosa que necesita de cada uno de sus engranajes, en este caso el engranaje judicial, para poder actuar”, le dice a Perycia Sofía Caravelos, una de las abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Judicial (CIAJ), que acompaña a la familia de Cristian.
El juicio llega después de 16 años de irregularidades y una cadena de protecciones. “No hay maldita policía sin maldito Poder Judicial”, dicen desde el CIAJ, la organización de abogados que el 15 de octubre de 2013 denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su inacción en la investigación.
“Lamentamos que llegue a juicio tan tardíamente, pero esto es el resultado de una investigación deficiente que roza el encubrimiento judicial”, dice Caravelos.
Melazo detenido. Foto Mauricio Nievas, Clarín. |
La “rutina del encubrimiento”
El CIAJ enumera 12 irregularidades en el caso Cristian Pérez:
1. El acta de extracción sanguínea -que se hace en el Cuerpo Médico policial en simultáneo con la de la revisación física- tenía una firma de Cristian que la pericia caligráfica estableció que era falsa.
2. De regreso desde el Cuerpo Médico a la Comisaría 10ma. el patrullero, que tenía equipo de localización satelital, hace un camino más largo que a la ida. La hipótesis más fuerte es que pudo ir a ver a un testigo.
3. A las 6:20 horas, el asiento del libro de Guardia de la seccional consigna que Cristian fue dejado en libertad. También se comprobó la falsedad del asiento.
4. Una hora después de “encontrar” a Cristian muerto sobre las vías, cuando las pericias no se habían realizado, los policías de la comisaría donde se lo vio con vida por última vez ya habían caratulado el informe preliminar como “suicidio”.
5. Los padres del “Rusito” fueron informados de la muerte cuando todavía no se había identificado debidamente el cuerpo. ¿Cómo identificaron un cadáver que estaba casi irreconocible por el golpe del tren?
Heredia, el primer fiscal de la causa. Foto: Agencia AG, Ignacio Amiconi |
6. El primer fiscal del caso, Leandro Heredia (hoy destituido por un jury en su contra), encomendó al personal policial de la Comisaría 10ma. las primeras medidas de prueba. Los cuatro primeros días (los más importantes de cualquier pericia), la investigación estuvo a cargo de los policías sospechados de su muerte. Es decir: ellos mismos se procuraron la impunidad.
7. La autopsia de la policía no hizo ninguna distinción entre las graves lesiones que tenía el cuerpo de Cristian y aquellas provocadas por la astricción ferroviaria. El testimonio de otro médico legista que estuvo en la autopsia y que discrepaba con esa versión no fue incorporado al expediente hasta mucho tiempo más tarde.
8. Las ropas y pertenencias de Cristian desaparecieron.
9. Se “extraviaron” las muestras de ADN de pelos hallados entre los dedos de Cristian.
10. Durante siete años, el Libro de Guardias de la comisaría fue ocultado deliberadamente.
11. Cuando el fiscal Marcelo Martini (UFI 3) pidió la detención de cuatro de los efectivos por el homicidio de Cristian, el Juez de Garantías César Melazo (hoy preso) hizo lugar al pedido, pero inexplicablemente rechazó la detención de David Koenig, el policía de mayor rango, por lo cual afrontará el debate oral como actual subcomisario de la Comisaría Primera.
12. Uno de los principales testimonios que avala la hipótesis del suicidio es el del tornillero (ajustaba los tornillos de las vías) Luis Valdéz, que dice haber visto a Cristian «muy afligido» por la zona en la que apareció muerto un rato después. El tornillero fue imputado por falso testimonio durante la instrucción y quedó sobreseído porque el delito prescribió. Es decir, tan sólo por el paso del tiempo.