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| Foto de archivo: Helen Zout |
Publicada 22/11/2018
—Ahora se van a morir como las ratas que son —escupió un efectivo de la Comisaría 3º de Transradio, en Esteban Echeverría, poco antes de que se desatara el incendio que mató a ocho personas.
Los testimonios de los sobrevivientes en la causa judicial que investiga las causas en las que se produjo, vuelven a apuntar a la responsabilidad policial. Por el hecho, ocurrido el jueves 15 de noviembre hay 8 personas muertas, todos ellos detenidos sin condena, en un calabozo que debería haber estado cerrado por una clausura del Juzgado de Garantías Nº2 de Lomas de Zamora. Además, había 27 detenidos en un lugar con capacidad para 10.
Es la crónica de una masacre anunciada. Hace pocas semanas, Perycia publicó el informe «Comisarías hacinadas: un problema sin solución». Ahora, presentamos este imprescindible repaso de los casi 18 años que lleva la demanda judicial contra la violación de derechos humanos en seccionales policiales de la Provincia.
Algunos datos:
– Pese al fallo de la Corte en 2005 (ordenó que no haya más presos en comisarías) y los reclamos de organismos internacionales, hay récord de detenidos y la cantidad triplica las plazas disponibles.
– Las 8 muertes se suman a las víctimas de otras masacres similares, como las ocurridas en Lomas del Mirador en 2009 (4 muertos) y en Pergamino en 2017 (7 muertos).
– La última audiencia judicial entre organismos de derechos humanos (el Cels y el CIAJ) y el Gobierno de Vidal debía realizarse en agosto, pero fue suspendida y todavía no tiene fecha.
– En Mayo, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo dijo que a los presos los prefiere «adentro y apretados». En esas condiciones acaban de morir Walter, Elías, Miguel, Jeremías, Jorge, Eduardo, Juan y Juan Carlos en Esteban Echeverría.
Acá la crónica de 18 años de agonía tras las rejas:
La peor masacre
A través de un comunicado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) – el organismo interviene en la investigación acompañando a las familias de las víctima-, desmintió la información oficial que habla de un supuesto intento de fuga y motín en la comisaría de Esteban Echeverría. Además, calificó el hecho como «la peor masacre en una comisaría argentina».
La CPM asegura que «los relatos de los sobrevivientes coinciden en que la policía, primero, cortó la luz en los calabozos cuando un grupo de detenidos se negó a apagar la música. Esa decisión, sumada a las degradantes condiciones de alojamiento como la falta de colchones, derivó en una protesta con fuego por parte de los detenidos. Fue allí cuando los efectivos deliberadamente cerraron el suministro de agua a los calabozos que habría evitado las muertes».
El comunicado revela que lo ocurrido en Esteban Echeverría «es el resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres».
Agrega que «había 27 detenidos en esa comisaría, que tenía ordenada una clausura judicial para alojamiento y ni siquiera contaba con la cantidad de plazas ni colchones para la mitad de ese número».
Según la Comisión, «el fuego podría haber sido rápidamente apagado de no haber sido cortado arbitrariamente el suministro de agua hacia los calabozos. ‘Ahora se van a quemar como las ratas que son’, escucharon varios sobrevivientes de parte de los efectivos que asistían, impávidos, al horror y en medio de los pedidos desesperados de ayuda».
Para la CPM, «resulta urgente la necesidad de avanzar en las responsabilidades de los efectivos y autoridades de la Comisaría 3° así como de los funcionarios policiales de la departamental y funcionarios políticos y judiciales, considerando las graves circunstancias y acciones directas en esta masacre y también la ilegalidad del alojamiento de detenidos en esa comisaría por orden judicial».
«El Estado es responsable del hecho – continúa el comunicado – Todas las denuncias de la CPM —presentadas ante tribunales internacionales y la Corte bonaerense— señalaban que otra masacre como la de Pergamino era posible. Sigue siendo práctica generalizada la detención de personas en comisarías bonaerenses inhabilitadas por orden judicial para hacerlo, y el 80 por ciento de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios».
