Por: Julia Molina
Fotos: Matías Adhemar
Publicada: 10/12/18
El teléfono de Fernando Esteche sonó en la noche del 6 de diciembre de 2017.
—Fernando, te largan la orden de captura a la madrugada —le advirtió una periodista.
No lo sorprendió; después de todo, hacía una semana que el rumor recorría los medios de comunicación y sabía que eran ellos los que marcaban la agenda. Agarró su celular y llamó a sus dos hijas mayores; les explicó que iban a encarcelarlo con preventiva en la mañana del día siguiente. Juliana, la mayor, tampoco se sorprendió, porque supo que en los últimos días la habían estado vigilando de cerca.
Entonces llegó el momento. El 7 de diciembre, a las cinco de la mañana, el juez federal Claudio Bonadio dictó la orden de captura por los delitos de traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, respecto a la causa AMIA. El primero en caer fue el exsecretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini; le siguió el dirigente social, Luis D’Elía, y después el representante de la comunidad islámica, Jorge Khalil.
—Juli, me van a ir a buscar —le dijo Fernando, exdirigente del movimiento Quebracho, a su hija—. Yo estoy en Buenos Aires y me voy a entregar en unas horas. Necesito que vayas a mi casa a recibir a la policía.
El edificio de la calle 37, que habitaba en La Plata, estaba rodeado de periodistas. Juliana entró, subió hasta el segundo piso y vio una buena señal: la puerta del departamento no estaba rota. Temía que la policía hubiera llegado antes que ella y la hubiera derribado para hacer un allanamiento, que terminaría con la casa de su papá dada vuelta. Cuando llegó el primer uniformado, Juliana recibió la notificación y firmó un papel que certificaba que lo había atendido.
A las 11:31, el abogado de Esteche, Fernando Burlando, dijo ante las cámaras de televisión: “Estoy para pactar la presentación de Fernando Esteche”. Explicó que había presentado un escrito pidiendo que no se lo trasladara a la cárcel de Marcos Paz, porque cuando había estado allí, en 2007, había tenido incidentes con el genocida Miguel Etchecolatz y con el Servicio Penitenciario.
Al mediodía, sobre la avenida Inmigrantes de Capital Federal, Esteche caminaba bajo el sol con una remera roja y un pantalón gris, acompañado de su pareja, Florencia Prego, de su abogado y de su amigo Néstor Segovia. Se dirigían a la comisaría 46 a “entregarse”, como habían pactado las partes. Detestaba la idea de que lo filmaran esposado, con un chaleco antibalas y un casco negro, rodeado de oficiales de la Policía Federal Argentina. Pero cuando estaba por ingresar, un policía de civil lo detuvo y lo cacheó. La prensa puso los micrófonos:
—Sólo la verdad nos hará libres. Despabílense porque vienen por todo. (…) No tuve nada que ver con el gobierno kirchnerista, ni con la política exterior ni con el Memorándum.
“Esta división quiere incorporar protagonismo en su accionar y lo detienen antes de entrar. Es una locura”, dijo Burlando frente a las cámaras. “Esto es, ni más ni menos, que un intento por escarniarlo públicamente”.
Esteche esperaba sobre la vereda con los uniformados, listo para ser trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales. Quiso retomar su marcha hasta la comisaría, pero la policía lo frenó sin mostrarle la orden de detención. Burlando insistió en que la exhibieran. Recién entonces mostraron la orden y le comunicaron que Fernando Esteche estaba detenido. Lo subieron al auto, prendieron la sirena y tomaron por la avenida rumbo a Madariaga y General Paz.
No era la primera vez que Claudio Bonadio tenía en sus manos un expediente vinculado al atentado del 18 de julio de 1994 a la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA). A las 9:53 de aquella mañana explotó un coche bomba que asesinó a 85 personas e hirió a otras 300. El magistrado tuvo en su despacho, entre los años 2000 y 2005, la investigación del encubrimiento al atentado, por una serie de maniobras en las que estaban involucrados el ex presidente Menem, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex comisario Jorge “Fino” Palacios. Entre los acusados de segunda línea estaba Carlos Vladimiro Corach, su mentor político, que en septiembre de 1992 había llevado al juez como su hombre de confianza a la Secretaría Legal y Técnica. En 2005, la Cámara Federal decidió apartarlo del expediente del encubrimiento, porque la investigación estaba cajoneada, calificándolo de “juez y sospechoso al mismo tiempo”.
En el 2010, el fiscal Alberto Nisman lo denunció por formar una asociación ilícita junto al “Fino” Palacios y el propio Corach para correrlo del caso. También lo acusó de amenazar a sus hijas, y de ordenar ilegalmente pinchar sus teléfonos. El 14 de enero de 2015, a nueve meses de las elecciones presidenciales, Nisman acusó al Estado Argentino de haber firmado el Memorándum como parte de un plan para encubrir a los terroristas. Lo calificaba con la figura de traición a la patria. El resto es un relato conocido: cinco días después el fiscal apareció muerto en el baño de su lujoso departamento en Puerto Madero. Muerto Nisman, Bonadío recogió su denuncia sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán y procesó a la plana mayor del gobierno de Cristina Fernández
Pero Roland Noble, ex secretario general de Interpol, desmintió a Nisman rotundamente. “Lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos las alertas rojo contra los funcionarios iraníes”, dijo el 18 de enero de 2015 al diario Página 12. Y continuó: “Al contrario, señor Nisman: el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí”. Había cartas entre Timerman y Noble, fechadas en febrero y marzo de 2013, donde quedaba explícitamente comunicado que las alertas rojas no se verían modificadas cuando el Memorándum fuera puesto en vigencia.
El Memorándum de Entendimiento con Irán fue firmado en enero del 2013 por los ministros de Exterior de Irán, Alí Akbar Salehi, y de Argentina, Héctor Timerman. El objetivo declarado en ese texto de tres páginas era el de facilitar el diálogo entre países para poder investigar el ataque terrorista de 1994 a la AMIA. El Memorándum crearía una Comisión de la Verdad, compuesta por cinco comisionados y dos miembros designados por cada país (que no serían ni iraníes ni argentinos). Fue propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso Nacional en febrero del mismo año, pero nunca entró en vigencia porque el Congreso Iraní no lo firmó. Tiempo después, fue declarado inconstitucional por el Poder Judicial argentino.
La denuncia que había presentado Nisman fue desestimada por falta de pruebas e inexistencia del delito por cinco de siete jueces federales. Pero luego el escenario político y judicial daría un giro impensado. En 2017, Claudio Bonadio -el juez que anteriormente había sido apartado de la causa- llamó a indagatoria a los acusados y pidió el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. El extitular de la Interpol, Noble, se contactó con el juez y con la Cámara Federal para ofrecerse a declarar en la causa. Pero Bonadio cerró la instrucción.
A Fernando Esteche lo acusan de haber redactado el documento -hoy por hoy, sólo está procesado por la figura de encubrimiento, habiéndose desestimado las restantes- por unas escuchas entre Luis D’Elía y Jorge Khalil, donde el referente de la comunidad islámica le pregunta: “¿Sabés quién me lo escribió ese día el memorándum ese (hace seis años atrás)?, Fernando, boludo”. El excanciller Timerman sostuvo que él mismo lo redactó, y que luego consultó con Cristina Fernández y Carlos Zannini antes de firmarlo, en enero del 2013.
Juliana tapó con su dedo índice el agujerito del cuerpo de la lapicera bic trazo fino y le dio un sorbo hasta sentir el gusto a yerba mate. Cuando terminó, su papá cebó otro en el pasillo del hospital carcelario, al lado de su pequeña celda donde sólo había un colchón. Hacía tres días que no sabía nada de él, desde aquel 7 de diciembre en el que se entregó a la policía.
—¿Cómo estuviste estos días, pá? ¿Estuviste bien?
Fernando le contestó que había pasado por Tribunales y que lo habían tratado bien.
—Me dieron de comer un pollo duro con cubiertos de plástico. El tenedor casi no tenía dientes.
A pesar de los pedidos de Burlando, a Esteche lo trasladaron al Complejo Penitenciario Federal II (penal de Marcos Paz). Sus primeros cuatro días los pasó en ese hospital –los protocolos habilitan hasta 48 horas-, donde apenas le daban algo de comer.
Luego lo trasladaron al pabellón cinco, de población común, con otros 49 internos. Armó su “ranchada” con siete presos, a los que les compartía la comida y los cubiertos que su familia le traía. Para la navidad del 2017, comieron todos juntos un lechón que llevó Patricia, la hermana de Esteche.
—Ese día fue terrible, porque estaba lleno de gente para la visita —recuerda Patricia ahora, en diálogo con Perycia—. Para Año Nuevo sólo pudimos verlo una hora, porque dos chicas se habían agarrado de las mechas y los del Servicio decidieron que no íbamos a entrar a las 14, sino a las 17.
Su familia se incorporó al Foro por la Democracia y la Libertad de Lxs Presxs Políticos, creado en noviembre de 2017, bajo el lema: “Con presos políticos no hay democracia”. Justamente, el Foro retoma una consigna formulada durante la última dictadura cívico eclesiático militar: “Por una Navidad sin presos políticos”, creada por los familiares de los militantes “blanqueados” en las cárceles. Lo que convoca al Foro es “la necesidad de afrontar el deterioro del Estado de Derecho en el país, que se manifiesta en la persecución de dirigentes políticos y sociales opositores”.
El 24 de marzo de este año Carlos Zannini y Luis D’Elía obtuvieron su libertad. El 27 del mismo mes, se la concedieron a Khalil. A Fernando Esteche, el fiscal Marcelo Colombo le había puesto una fianza de $400.000, un monto inalcanzable con su sueldo de docente universitario, pero gracias a la campaña que hizo su familia y la colaboración de militantes y dirigentes políticos, lograron conseguir el monto. Pero aún así el Tribunal Oral Federal 8 le negó la excarcelación por tener “antecedentes penales computables”, condición que le aplicaron sólo a él. “Así como nos habíamos vestido de esperanza, quedé alojado en la desazón”, dijo Fernando al recordar ese momento el 2 de abril en el programa de radio Crónica Anunciada, conducido por Juan Amorín.
Ese mismo mes empezaban las clases en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Esteche es docente del teórico de Relaciones Internacionales y debía estar presente para inaugurar su materia el 18 de abril a las 9:30 de la mañana. Les hubiese hablado a sus alumnos de historia política y económica de los países de África y Medio Oriente, la guerra de cuarta generación, el regime change, y les hubiera recomendado que leyeran lo que Rodolfo Walsh escribió sobre Palestina. Pero nada de eso pasó, porque Fernando Esteche sigue preso en Marcos Paz.
“Eligieron combatir la violencia con más violencia y recuerdan que la violencia no conduce a ningún lado; pero están obnubilados, están hastiados, indignados. Son los pobladores de Santiago, de los más pobres de la Argentina”, dijo el periodista Julio Bazán a las cámaras el 16 de septiembre de 1993, en Santiago del Estero.
La Casa de Gobierno provincial ardía en llamas. Los pobladores corrían por los pasillos y revoleaba las sillas de estilo rococó por los balcones, ante la mirada de todos. Después quemaron el edificio del Poder Judicial, la Legislatura Provincial y el Archivo Provincial. El periodista tenía razón: estaban hartos. El gobierno lanzó un anuncio que comunicaba una nueva demora en el pago de los salarios de los trabajadores de la administración pública; sólo les pagarían la deuda de noviembre, pero no la de septiembre ni octubre. Mientras tanto, decía Bazán con su voz rasposa, los jueces provinciales cobraban un sueldo de $15.000, los legisladores $10.000, y los concejales $7.000 (unos $560.550, $373.700 y $261.590 respectivamente, al cambio actual).
Por aquel entonces, Fernando Esteche tenía 26 años. Ya había pasado por la carrera de periodismo y por la de historia y entre sus lecturas de cabecera se contaban Arturo Jauretche, John William Cooke, Lenín, León Trotski y el Che Guevara. Ver las noticias sobre el hecho que se conoció como el Santiagazo le despertó algo: a pesar de todas las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem, el pueblo estaba despierto, resistiendo. Fue así que junto a sus compañeros crearon el Movimiento Popular de Unidad (MPU) Quebracho, bajo la consigna de “unir a los que luchan para unir al pueblo. Si gobiernan contra nosotros, no hay que dejarlos gobernar”.
MPU Quebracho se unió al reclamo de los jubilados con Norma Plá a la cabeza y los acompañaron durante la marcha cien de los jubilados; se unió también al movimiento obrero; a los estudiantes que estaban en contra de la ley de Enseñanza Superior. Y acompañaron a las Madres de Plaza de Mayo en la señalización de la ESMA como Centro Clandestino de Detención.
En 1996, Fernando fue encarcelado junto con otros compañeros en Caseros por incitación a la violencia. Entonces Quebracho se fusionó con Peronismo Que Resiste, exmilitantes de las organizaciones político-militares como el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros, y con el Cristianismo Revolucionario. Nació así Movimiento Patriótico Revolucionario (MPR) Quebracho, con iguales banderas.
Son las 10:42 del 3 de diciembre de 2018 y Juliana Esteche prende el motor del auto. Recién terminó el acto de egreso de jardín de su hermano menor, donde estuvo con sus hermanas Rocío y Emma, y con Fernanda, la expareja de su padre. Juliana está vestida con una remera celeste, un jean roto en las rodillas y unas zapatillas negras; está casi convencida de que esta vez, en la entrada a la cárcel, no le dirán ni un comentario sobre la rotura del pantalón.
El auto tiene cargado $800 de nafta, pero frena en una estación de servicio a cargarle $200 más. “No quiero quedarme en el medio de la ruta”, piensa. En unos veinte minutos llega a la casa de su tía Patricia, que tiene tres bolsas reciclables llenas de comida, las deja en el baúl y se sube en el asiento del acompañante. Arrancan, y en poco tiempo ya están por la calle 467, por tomar la ruta 36.
—Me olvidé de contarte: ¿viste mi vecina? ¿Esa que habla poco como yo? —le pregunta Patricia.
—Sí, me cae bien esa gente.
—Bueno, me dijo que conocía a mi hermano porque su hermano fue con él al Normal 2 y que la otra vez cuando vino Fernando (le concedieron un permiso especial para salir de la cárcel y ver a su mamá) quiso saludarlo pero se fue muy rápido. Me dijo que le quiere hacer un pasacalle diciéndole: “Fuerzas, Fernando”.
— ¿Un pasacalle? —dice Juliana, levantando las cejas.
Luego de una hora, el auto ya está por la Ruta Provincial 6 con destino a Marcos Paz. Por el espejo retrovisor, la hija mayor de Esteche reconoce a un auto que va más rápido que el suyo. Cruzan miradas con su tía, quien dice sonriendo: “Otra vez van a llegar antes que nosotras a la cárcel. Si íbamos en mi auto, esto no pasaba, Juliana”. Atravesar el Gran Buenos Aires para llegar a la cárcel ya es una rutina molesta.
Después de una hora y cuarenta minutos de viaje, llegan a la cárcel. Para ingresar, hay que pasar una barrera manual; si sos visitante, tenés que caminar, y si trabajas ahí o sos abogado, tenés un estacionamiento al aire libre con mucho espacio.
El complejo penitenciario de Marcos Paz tiene 120 hectáreas y su perímetro está rodeado por varias cercas de alambre y dieciséis torres de control. Tiene cinco módulos de alojamiento con celdas individuales y cuenta con un área donde funciona el Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) donde ahora, luego de cinco meses de estar “en población”, Fernando Esteche comparte el espacio con Julio De Vido y otras doce personas.
Juliana y su tía Patricia caminan casi tres cuadras bajo el sol y con los aguiluchos volando arriba de sus cabezas. Cuando llegan a la garita de control para los visitantes, Juliana frena en el corredor de cemento y en el pasto podado ve a un tero.
Al lado de una ventanilla donde se reciben las visitas hay un cartel. Para poder entrar, el visitante no puede ni vestir de negro ni tener piercings o anillos, ni usar musculosas ni prendas por arriba de la rodilla ni usar ojotas. Ambas dejan sus cosas en “Valores”, presentan su tarjeta de identificación y entran para ser revisadas por una especie de escáner a medida. Luego caminan otras seis cuadras y se encuentran con Fernando para almorzar. Comen unos sándwiches de milanesas y después toman mates con tortillas amasadas por un compañero de Esteche en el penal.
Pasan casi tres horas y regresan con las bolsas vacías. Caminan juntas hasta el auto y emprenden la vuelta. En una rotonda ven a un hombre que vende unas ollas de barro. “¡Ahí está! Desde hace un año le queremos comprar una pero siempre lo pasamos de largo”, comenta Juliana.
La vuelta es silenciosa; Juliana se prepara para afrontar la semana de finales en la Facultad y para organizar el acto por los 365 días que su papá está en prisión.
