Publicada: 15/03/19
Miguel Ángel Sánchez tenía 31 años, trabajaba cortando pasto y se daba maña con la albañilería. “Era un re compañero”, lo define su pareja Sandra Rivero. Lo detuvieron por tenencia simple de estupefacientes. Quedó preso en la comisaría 3ra. de Transradio, en Esteban Echeverría, porque ya tenía una causa anterior por robo. Allí también estaba alojado su hijastro Rodrigo Osuna. Sandra dice que cada vez que iba de visita la policía la trataba mal, le rompían las cosas que le llevaba y no dejaban que recibiera a los hijos más chicos. Miguel Ángel era de River, tenía asma y su comida preferida eran las milanesas con puré. Le quedaba una semana para salir en libertad. Murió el 15 de noviembre del 2018, horas después del incendio en la comisaría, en el hospital Santamarina de Monte Grande. Su hijastro sobrevivió.
Fue hace cuatro meses en Esteban Echeverría, en el conurbano bonaerense, a media hora del obelisco: la mayor masacre de la historia en las comisarías del país. Murieron diez personas que no debían haber estado ahí: la comisaría había sido clausurada seis veces por orden judicial. Tenían prohibido alojar presos. Al lado, pared contra pared, mientras sus cuerpos se quemaban y los policías gritaban, la puerta del destacamento de los bomberos estaba cerrada.
Pasaron 120 días y por ahora sólo hay policías desafectados. La causa no avanza. El fiscal Fernando Semisa, titular de la UFI 4 especializada en Violencia Institucional de Esteban Echeverría y el hombre a cargo de la investigación, sigue la hipótesis policial: cree que la culpa del incendio fue de tres de los presos que están muertos. Se basa en un video filmado por la policía en el momento del incendio y los testimonios de otros presos que declararon dentro de las 48 horas del siniestro.
“Ahora se van a quemar como las ratas que son”, escucharon varios sobrevivientes de parte de los efectivos. El fuego se inició cerca de las 3.30 de la mañana. Algunos presos empezaron a limar los barrotes y quemaron colchones. Colchones que debían ser ignífugos, pero no lo eran.
Los sobrevivientes denunciaron después, ante la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que el fuego podría haber sido apagado, pero eso no pasó porque les habían cortado arbitrariamente el suministro de agua en los calabozos.
Esa línea de investigación, a la que apuntan los familiares y los integrantes de la CPM, la que indica que los dejaron morir, no está siendo considerada por el fiscal. Lo cierto es que la comisaría tenía seis resoluciones judiciales de prohibición para alojar personas, todas incumplidas por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Tampoco existía red de prevención de incendio, ni colchones ignífugos y los dos matafuegos tenían las cargas vencidas.
“Esto fue algo que se le ocurrió a dos o tres detenidos y no se imaginaron el desastre que iban a ocasionar”, dijo el fiscal Semisa a Perycia. Sobre el destino de los sobrevivientes no sabe mucho: “No te sé decir si siguen detenidos. Algunos de los heridos, al menos dos, el juez ordenó la inmediata libertad en la causa en la que estaban, que era por venta de drogas. Esos dos que sobrevivieron están en libertad”.
Hasta ahora sólo fueron desafectados por la dirección de Asuntos Internos el subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco. Ellos cinco estaban esa noche en el lugar.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se convirtió en querellante de la causa, acompañando a la mayoría de las familias. “La comisaría estaba clausurada por orden judicial. La orden estaba vigente, y en la realidad no se cumplía”, dijo a Perycia Roberto Cipriano, subsecretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
Rostros e historias de la masacre
Deslizá las imágenes y conocé las historias de las diez víctimas de la masacre.
«Provocaron el incendio para hacer lío»
El juez Javier Maffucci Moore es el juez de garantías de Esteban Echeverría. El que interviene en la causa. El que había clausurado la comisaría, pero también el que seguía mandando a los presos allí.
“El juez dice: clausuro. Pero se siguen alojando personas. Cuando el juez se entera inicia una denuncia penal por desobediencia a los policías. Esa causa va la fiscalía y ahí se archiva», explicó Cipriano.
Para el fiscal, la sobrepoblación en la comisaría 3ra de Esteban Echeverría no es una excepción. Es, más bien, una regla. “La mayoría de las comisarías de la provincia tiene prohibición de alojar detenidos. El problema es que no hay lugar. Los comisarios mandan oficios a los superiores, y ellos a los ministerios y la realidad es que no hay lugar. Desde los ministerios no se responde nada. No hay ningún oficio que diga: `alójenlos igual´”, explicó a Perycia.
Ahora que volvió de sus vacaciones, espera que le lleguen respuestas de muchos oficios: filmaciones, informes de los ministerios, pedidos de otras causas, informe del ministerio de Seguridad respecto a los expedientes administrativos de la clausura de la comisaría, pedido de los ministerios para la compra de colchones ignífugos.
“El de los colchones ignífugos es un faltante que hay en toda la provincia. Si hubiesen estado los colchones, esto no habría ocurrido”, advirtió Semisa.
Según el criterio de la fiscalía, “los efectivos desafectados no tuvieron responsabilidad en lo que ocurrió”. Hasta ahora definió que quienes iniciaron el incendio son presos que están muertos. Para él, no querían escapar. “Fue algo muy bizarro porque no se podían ir a ningún lado. No era que daba a la calle. Provocaron el incendio para hacer lío. El que se quiere escapar lo hace haciendo algo de rigor”, dijo el fiscal.
En su despacho lo visitan frecuentemente los familiares de Elías Soto, otra de las víctimas de la masacre, para exigirle las novedades de la causa. Para recordar a Elías, los amigos le hicieron un mural en el barrio Malvinas de Monte Grande. Al lado de un dibujo de él con la camiseta de River y la Copa Libertadores, hay una inscripción sacada de una canción del Indio: “Nadie es capaz (no pueden borrar mis recuerdos), nadie es capaz de matarte de mi alma”. En ese lugar, el 2 de febrero, el día que habría cumplido 21 años, hicieron una suelta de globos rojos y blancos.
Elías fue detenido el 15 de junio del año pasado. Estaba preso por robo calificado, aunque tenía otro antecedente que lo obligaba a ir periódicamente a firmar al juzgado.
El día de la masacre cumplía cinco meses de estar detenido, y tres en la comisaría de Transradio. Estaba esperando que lo trasladen a un penal, pero no había cupo. Estaba de novio con Melany hacía siete años, y trabajaba con su papá colocando aires acondicionados.
Era fanático de River y desde los 15 años iba a la cancha. “Era muy buen amigo, hermano, hijo. Muy leal y fiel a sus amigos y familia”, cuenta a Perycia su mamá, Matilde.
Riesgo de vida en comisarías bonaerenses
En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado una serie de medidas cautelares solicitadas por la CPM y la Defensoría de Casación por el riesgo de vida de las personas alojadas en seis comisarías de Lomas de Zamora y La Matanza.
En diciembre de 2018, pidieron la ampliación de estas medidas al ver cómo aumentaba cada vez más el hacinamiento.
En febrero de 2019, la CIDH dictó una resolución que alcanza a quince comisarías bonaerenses más
-entre ellas la de Esteban Echeverría-, después de verificar que existe riesgo de vida para los presos. En ese documento insistió en que «no son lugares apropiados para la permanencia prolongada».
Nada de esto era novedad.
