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Violencia institucional

Violencia policial

Siete días

Hace una semana, alrededor de 400 policías militarizaron la emblemática plaza San Martín de La Plata. Los funcionarios consultados por Perycia se limitaron a informar que seguirán con el operativo que impide trabajar a 600 personas que vendían ropa usada para sobrevivir a la crisis. El intendente Garro quiere el traslado forzoso de la feria a un predio escondido en las afueras de la ciudad. La crónica del drama y la resistencia mantera. 

Por: Ana Aliberti y Lucrecia Bibini
Foto: Matías Adhemar
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14/06/2019

—¿Galletitas sin sal? Cuarenta pesos. ¿La leche? Cincuenta pesos. ¿Qué hago si nos sacan de la plaza? ¿Qué como?

Rosa avanza despacio, como en una procesión. Su cuerpo menudo, encorvado por la edad, se mueve con dificultad. Tiene 69 años y viajó casi una hora desde San Carlos -un barrio en las afueras de La Plata- para vender en el centro unas poquitas ropas que consiguió esta semana, pero cuando se bajó del micro encontró la plaza San Martín militarizada.

Desde el viernes 7 de junio, alrededor de 400 efectivos de al menos cinco fuerzas policiales -la Unidad Táctica de Operaciones Inmediata, el Grupo Apoyo Departamental, el Grupo Halcón, el Regimiento de Infantería, la Brigada de Narcotráfico y civiles encubiertos- forman una reja humana para impedir que se instalen las más de 600 manteras que encontraron en la feria americana una salida a la crisis.

 -¿Por qué? -se pregunta Rosa-. Si lo nuestro es un trabajo.

Perycia intentó hablar con funcionarios municipales, pero no contestaron. Sus voceros se limitaron a decir que buscan eliminar las actividades comerciales en la vía pública, argumentando que violan las ordenanzas municipales referidas a la propiedad intelectual, de patentes y marcas, de contrabando y de régimen tributario.

Rosa es jubilada de la mínima, pero PAMI no le cubre la medicación que toma a diario y que paga de su bolsillo. Hace más de un año que vende en la feria de plaza San Martín; antes lo hacía en Parque Saavedra, pero también los sacaron.

Marta, también jubilada, tiene 77 y es profesora de pintura. Hace seis años se separó de su marido y se mudó a un terreno en Villa Elisa, donde empezó a construir su casa. Dice que atravesó una depresión tan profunda que la llevó a pensar en el suicidio, pero trabajando en una feria de Villa Elisa se enteró de que podía acercarse a plaza San Martín a vender la ropa que le donaban.

Mientras come el guiso de lentejas de una olla popular, sentada a un costado de la Municipalidad, dice:

—Cuando vengo a la feria revivo. Hago amistades, charlo, salgo de los pensamientos negativos.

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La feria comenzó en 2015 y creció al ritmo de la crisis económica: de veinte personas pasaron a 60 en menos de un año, hasta llegar a las más de 600 que venden en la actualidad. En su mayoría son mujeres que en 2018 se agruparon bajo la «Asociación Civil Feria Americana Plaza San Martín» representada por diez feminidades.

El último miércoles movilizaron, como lo hacen cada día desde que comenzó el conflicto, de plaza San Martín a plaza Moreno junto con los feriantes de la «Mixta Ripoll», una feria de Los Hornos que también fue desalojada el sábado. “Es una tristeza enorme. Hay gente que no viene al reclamo porque ya no tiene ni para cargar la SUBE. Es tan difícil”, dice Gladys, una de las mujeres que forma parte de la organización.

—Me da mucha tristeza ver a la gente mayor marchando con frío, con viento; los chicos que tendrían que estar en su casa mirando dibujitos acompañando a sus mamás. ¿Por qué tienen que estar pasando por esto? —pregunta Gladys—. Muchos de los manteros son gente recibida en la facultad que no consigue trabajo y también hay muchos en situación de calle.

Gladys tiene 28 años, un hijo y una hija, y su pareja trabaja en la construcción. “Yo estudio profesorado de matemáticas y con esto me podía bancar los estudios y sumar a la casa. Ahora ya no lo tengo”, cuenta a Perycia.

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—¿Vos preferís que tiren una manta y que los nenes tengan que cagar en la plaza, en vez de ir a un predio privado? —preguntó uno de los colaboradores de Darío Ganduglia, Secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia del municipio.

—Lo que yo digo es que el Estado no puede hacer entender nada a la fuerza. Si fuese un problema de control de comercio, no vendría migraciones ni narcóticos, y vendría AFIP. Claramente es una persecución contra los manteros —contestó Gastón Castagneto.

El concejal de Unidad Ciudadana presentó un proyecto a principio de mes para que se habilite la venta en plazas hasta que la pobreza en el Gran La Plata sea inferior al 20%.

Desde que comenzó el conflicto, el último lunes fue el único día que Ganduglia accedió a recibir a los manteros y las manteras de la San Martín. El Ejecutivo Municipal presentó ante el Concejo Deliberante local, y como propuesta alternativa, la creación de un nuevo predio ferial en 134 y 80, en el barrio de Altos de San Lorenzo, para alojar a los vendedores ambulantes, que fue aprobada por unanimidad por el cuerpo legislativo.

Mediante un comunicado oficial sostienen que ofrecieron que los feriantes no abonen ningún tipo de alquiler durante los primeros seis meses ni la cuota del monotributo social, y que se encargarán del transporte desde y hacia el predio.

—Al predio no queremos ir porque está en un barrio, la gente no va y, además, no tenemos dinero para irnos tan lejos en micro —dice Gladys a Perycia—. De todos modos, nadie quiere firmarnos ningún papel que nos asegure que el dueño va a cumplir con la promesa que nos hizo de no cobrarnos alquiler.

La feria de Plaza San Martín no es la única que Garro pretende desalojar. También quiere hacerlo con la que funciona sábados, domingos y feriados en el Parque Jorge Julio López, en Los Hornos. El sábado pasado a las 8 de la mañana los feriantes se encontraron con un gran operativo de Gendarmería, Policía y Control Urbano, que les impidió el ingreso al parque. El sueño de una ciudad blanca.

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Enrique está sentado sobre los escalones de un juego para niños en plaza Malvinas. Hace frío y subió hasta el tope el cierre de su campera verde. A pocos metros, sobre la esquina de 20 y 50, un grupo de alrededor de 100 personas toma mate y conversa. En sus manos sostienen carteles que dicen que son manteros y que quieren trabajar. Algunos tocan tambores y bombos mientras miran de frente hacia la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano.

Gaby, una de las que coordina el grupo, completa unas planillas con los datos de todos aquellos que pretendan inscribirse como vendedores. Enrique se niega.

—Yo no quiero que mis datos aparezcan ahí —dice, tranquilo—. No quiero que me condicionen.

Enrique es jubilado y vive con su esposa, quien cocina los dulces que todos los sábados, domingos y feriados desde hace cuatro años venden en la feria del Parque Jorge Julio López. Si bien las ventas decayeron, los dulces de higo, de tomate y otras de frutas de estación se siguen vendiendo y, de esa manera, llevan a su casa un dinero extra que les permite cubrir los aumentos en los servicios.

Al lado de Enrique está sentada Marta, también jubilada, que hace un año y medio perdió su casa en un incendio y vive en una habitación que logró acondicionar con ayuda de sus hijos y de sus vecinos.

—Yo vendo la ropa que me dan —dice—. El incendio no me dejó nada. No tengo muebles. Pero al menos sigo teniendo mi terreno, mi casita. Estos días, desde que nos desalojaron el sábado, se me disparó la presión.

—Es emocional —le dice Enrique.

—Sí. Es emocional —le responde, y llora—. Mis hijos me pagan los remedios, pero ellos tienen su familia, sus hijos, no pueden hacerse cargo de mí. Esta feria nos mantiene ocupados y podemos conseguir lo que nos hace falta.

—Es mentira que le sacamos el trabajo a los negocios —dice otra señora—. Nos han dicho: “Ustedes le devolvieron la vida a este parque, gracias a ustedes yo vendo los fines de semana”.

La mañana es fría y gris, y los feriantes y manteros esperan que el Intendente o alguno de sus representantes los atienda dentro de la Secretaría de Convivencia y Control Urbano. Gaby avisa que fueron recibidos y que dejaron una propuesta que el municipio va a analizar.

—Es fácil para ellos. Está en sus manos la solución. Nosotros queremos trabajar.

***

Según las autoridades el operativo, que está bajo las órdenes conjuntas del gobierno local y del Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Cristian Ritondo, va a continuar focalizado en plaza San Martín. La sensación que sobrevuela entre los feriantes es que buscan que el paso del tiempo produzca un efecto de desgaste para que, cansados por no encontrar respuesta, se retiren por su propia cuenta.

La Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación Miguel Bru presentaron un habeas corpus que el Juez Penal Federico Atencio rechazó. La medida se antepuso para asegurar el derecho a la libre circulación de las feriantes, además de prever una posible represión.

—A mí me dan una lástima los policías, pobrecitos —dice Blanca, una mantera—. El viernes me acerqué a uno de ellos y me decía que estaban ahí parados desde la una de la madrugada, algunos de ellos sin haber comido.

—Ellos reciben órdenes y no tenemos que agarrarnos con la policía —agrega Jenny, otra integrante de la feria de Plaza San Martín—. Nosotros queremos trabajar. No vamos a provocar, no le vamos a dar motivos para que nos repriman. Se nos está haciendo tan dificil, eso es lo que quieren ellos, debilitarnos, que demos el brazo a torcer. No lo van a conseguir.