25/11/19
A Federico Zalazar lo atacaron por la espalda mientras tomaba mate en el patio del centro cerrado de Virrey del Pino, en La Matanza, la tarde del lunes 9 de abril de 2018. Tres jóvenes, con facas de hasta casi un metro de largo, lo apuñalaron varias veces por la espalda. Hoy comienza el juicio por homicidio agravado en el Tribunal Número 1 en lo Criminal y Correccional de La Matanza.
Los tres jóvenes acusados de matarlo estarán sentados en el banquillo, pero la expectativa de los familiares es mayor. Se apunta a la responsabilidad del Servicio Penitenciario (SP). “Entendemos que el homicidio de Federico no fue un caso aislado sino que ha sido el resultado de acciones promovidas por el Servicio. Por eso, en este juicio se siguen dos investigaciones: el asesinato de Federico, cometido por tres jóvenes y, por otro lado, la gravedad institucional de que esto sucediera dentro de un centro cerrado. Hay pruebas para entender que el Servicio fue partícipe necesario, es decir, creó las condiciones para que el hecho sucediera”, dice a Perycia Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas y parte de la querella.
Federico Zalazar era de Lomas de Zamora y estaba privado de la libertad acusado por un homicidio ocurrido en su barrio. La justicia de menores de la Provincia lo tuvo en distintos centros cerrados, hasta que en El Almafuerte de La Plata pareció encontrar un camino de salida, un proyecto de vida: soñaba con aprovechar sus conocimientos que estaba adquiriendo en el curso de Durlock para algún día hacerse una pieza en la casa de su papá.
Sin embargo, como ya contó Perycia en una crónica, Federico, que ya tenía 19 aunque había sido detenido a los 16, fue traslado de forma sorpresiva a Virrey del Pino, en La Matanza, un centro cerrado destinado a jóvenes que fueron condenados siendo menores de edad. El lugar, bajo la órbita del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, se había convertido en emblema de la «militarización» de los centros de encierro de menores, con el desembarco de los agentes del Servicio Penitenciario (SPB) en 2015 que desplazaron a los trabajadores de Niñez, encargados naturales del cuidado de los internos. Ese arribo de personal, formado para trabajar en penales de adultos, había generado denuncias por violación de derechos, el crecimiento de la violencia, la falta de espacios socio educativos y una consecuencia dramática: una seguidilla de suicidios.
— Los pibes no salen ni siquiera a recreación, no tienen talleres, las 24 horas están encerrados. El Servicio Penitenciario maneja todo y sólo van pastores evangélicos. Como no se puede trabajar, muchos profesionales renunciaron, como por ejemplo una psicóloga.—
Lo cuenta una persona que trabajaba en la institución y que habló con Perycia aunque prefirió preservar su identidad. Estuvo presente en Virrey del Pino cuando ocurrió el asesinato de Zalazar. Ese día notó movimientos raros, como si la escena hubiera sido preparada.
— Si no era él, era otro pibe –dice-. Unos días antes alguien del SPB me dijo que se estaba armando un conflicto grande desde arriba, tipo un motín. El Servicio tiene injerencia en las entradas y salidas de los pibes, con crear bardo entre los pabellones. Por eso es que los pibes saben que acá es el peor lugar donde pueden venir a parar. Porque, además, las condiciones son horribles: no hay mantenimiento, no hay salidas, el Servicio Penitenciario controla el área de Niñez.
Los días de juicio serán lunes y jueves. Hoy declaran los padres de Federico y tres testigos del hecho. La abogada Taffetani, sin embargo, pone reparos sobre la verosimilitud de los mismos.
— Estos testigos están presionados por el Servicio, de hecho son personas que están detenidas y sobre los cuales se tiene un enorme control. No podemos obviar que el Servicio sabe que a partir de las declaraciones pueden surgir pruebas para avanzar en su responsabilidad. Por lo cual, eso dificulta no el hecho en sí, que está probado, sino cómo el hecho fue producido y en qué contexto se realizó.
Para Taffetani, no existen dudas sobre el rol del Estado en el homicidio de Salazar. “Primero, hay una cuestión de políticas de control social sobre la infancia -reflexiona en diálogo con Perycia-: jóvenes que terminan enfrentados en un pabellón cuando antes, mucho antes, tendrían que haber sido asistidos por el Estado. Eso es lo doloroso de este proceso. Y, por otro lado, el centro Virrey del Pino venía acumulando denuncias, la muerte de Federico fue una suerte de crónica anunciada. En vez de hablar sobre medidas socioeducativas para la reinserción, acá tuvimos la cara de punición y muerte”.
Como ya adelantó Perycia, hay muchas sospechas sobre el rol que tuvo el Servicio Penitenciario: los guardiacárceles habían juntado en el patio a dos pabellones enfrentados y, además, las cámaras de seguridad que debían estar filmando la zona donde Federico fue atacado, habían sido desenchufadas y además estaban corridas apuntando hacia otro rincón.
Cuatro meses después de su traslado y un día después de haberle dicho a su mamá que “la gorra estaba tumbeando”, Federico fue asesinado en el patio de recreaciones. La versión oficial hablaba de una “feroz pelea” entre detenidos, pero junto a él había otro chico que se salvó encerrándose en el baño y pudo contar todo. A eso de las 15 horas del lunes 9 de abril estaban tomando mate y fueron agredidos por la espalda con arpones (un palo con un cuchillo en la punta). Los tres atacantes, todos imputados, estaban drogados, según el relato de los testigos. Los reiterados informes y denuncias penales hechas por la Comisión por la Memoria (CPM) coinciden con lo que afirman los pibes encerrados y el propio Federico en las charlas con su mamá: en Virrey del Pino es habitual el uso de facas y el consumo de estupefacientes.
Por otra parte, la Unidad 56 de Virrey del Pino constituye un dramático emblema de la militarización de los lugares de encierro para pibes. A contramano de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, la institución del Organismo de Niñez fue copada por el Servicio Penitenciario en 2014 dejando atrás cualquier objetivo socioeducativo. Como denunció la CPM ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso de “carcelización” que la Provincia decidió ampliar a otros centros cerrados con el arribo de 300 penitenciarios, provocó “condiciones inhumanas de detención, hacinamiento y una secuencia de suicidios y más de 19 pibes que se autolesionaron”.
Allí, en rigor, es donde apunta la querella: primero, condenar por el homicidio a tres jóvenes que además ya están detenidos por otras causas pero, sobretodo, que signifique el puntapié para investigar la violencia institucional bajo la órbita del Servicio Penitenciario de María Eugenia Vidal. En efecto, los nuevos datos que surjan del debate serán la clave para probar el rol de la institución carcelaria y avanzar en un segundo juicio.
— Me arruinaron la vida, quiero que estén encerrados de por vida— le dice a Perycia Romina, la madre de Federico, la noche anterior al juicio—. Se ensañaron sin piedad con Fede. Esperemos que se trascienda con la violencia institucional. Los responsables de cuidarlo fueron los que permitieron que esto pasara y a mi hijo no me lo devuelve nadie. Este asesinato fue planeado.
