9/12/2019
—¿Estamos todos locos? —le dijo Nancy Rizzo a una mujer que estaba sentada a su lado, dentro de la sala del Tribunal Oral Federal N°1.
Hacía una hora atrás le había confesado a «Fernández» (como llama a Gabriel Fernández, hermano de dos jóvenes desaparecidos) en las escalinatas del Juzgado Federal de La Plata, que esperaba que al ex subsecretario de gobierno, Juan María Torino, le dieran perpetua. Se lo dijo mientras sacaba de una valija roja las siluetas pintadas de los desaparecidos de la Brigada de Investigaciones de San Justo (BISJ), una comisaría que funcionó como centro clandestino durante los años 1976 a 1978.
Una de ellas tiene escrita el nombre de su padre: «José Rizzo, 17-11-1976».
Nancy continuó atónita mientras apoyaba su codo derecho en un post-it amarillo con los nombres de los imputados y la pena que los fiscales consideraban que el tribunal debería darles. La tinta estaba fresca, el nombre de Torino también. Seguido de dos puntos, se leía: «15 años».
A Juan María Torino la fiscalía lo encontró culpable por su contribución en 79 secuestros coactivos y tormentos; privación ilegítima de la libertad y tormento de María Lavalle (quien tenía un año y tres meses de vida al momento de su secuestro); nueve hechos de homicidios; y seis hechos de abusos sexuales. En tanto el ex ministro de gobierno, Jaime Lamont Smart, carga con los mismos delitos, pero la fiscalía pidió perpetua en su caso.
“A Torino se lo está acusando con un grado de participación secundaria y no como partícipe necesario”, dicen desde la fiscalía y, por lo tanto, esa sería la pena que debería cumplir el acusado. No todas las partes querellantes están de acuerdo: consideran que Torino no fue cómplice, sino coautor de los hechos que se le imputan.
En su petitorio, además, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que “se declare que los delitos de secuestro coactivo, homicidios en ocasión de secuestro, tormentos, privaciones ilegales de la libertad y abusos sexuales que se les imputan a los acusados sean calificados también, por los fundamentos que hemos hecho, en los términos del artículo segundo, inciso A, B y C de la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio y, por ende, se declaren delitos imprescriptibles”.
El juicio de la BISJ comenzó en agosto del año pasado y se prevé que la sentencia sea en marzo de 2020. Este centro clandestino fue parte del Circuito Camps y una pieza clave del Plan Cóndor. La causa tiene, en principio, 84 víctimas y 18 imputados, entre los cuales hay exmilitares, expolicías y civiles. Sus nombres son: Roberto Armando Balmaceda, Leopoldo Luis Baume, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, Jorge Héctor Di Pasquale, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Roberto Armando Félix, Ricardo Armando Fernández, Ricardo Juan García, Rodolfo Enrique Godoy, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan María Torino, Jorge Héctor Vidal y Carlos del Señor Hidalgo Garzón.
—Nosotros desde la fiscalía entendemos que los autores no podían ser intercambiables. Eran personal especialmente preparado para esas tareas —comentó a Perycia el asesor fiscal, Agustín Vanella.
La fiscalía, en su petitorio, consignó que trece de los imputados deberían recibir perpetua; otros cuatro, veinticinco años de prisión; y, Torino, quince. Otro de los puntos en los que hizo hincapié fue en la cantidad de pruebas que demostraron que “la Brigada de San Justo no sólo fue centro de secuestro, tortura e interrogatorio, sino también de exterminio de prisioneros”, en palabras del fiscal general, Alejandro Alagia.
Unos días antes, el TOF N°1 había coincidido con la fiscalía en el pedido de ampliación de la imputación respecto al homicidio de nueve personas (Alejandro Aibar, Sonia Von Schmeling, Marcelo Moglie, Jorge Luis Fernández González, Juan Alejandro Fernández González, Enrique Ricardo Rodríguez, Luis Ángel García, Herman Von Schmeling y Rubén Cabral), entre los cuales se encuentran estudiantes de la Unión de Estudientes Secundarios (UES) de Zona Oeste, fusilados en diciembre de 1977. La noche de otros lápices.
También le dio lugar a la ampliación de los delitos de agresiones sexuales. A lo largo del juicio, también quedó claro que no son solamente 84 las víctimas del centro clandestino, tal como lo contempla este tramo de la causa. Por eso, la fiscalía requirió que se investiguen más de una decena de casos y se extraigan testimonios para incorporarlos a una investigación que se está instruyendo, la causa residual «Brigada de Investigaciones de San Justo N° 373».
—Una mujer dijo que vio cómo mataban a mis hermanos. Esto fue en el 2012. A mis hermanos se los llevaron el 19 de septiembre 1977 a las 23 horas —dice en la puerta del Juzgado Federal, Gabriel Fernández, hermano de los chicos de la UES, Jorge Luis y Juan Alejandro, dos de las víctimas del juicio de la BISJ. Una ráfaga de tiros cortó el silencio de la madrugada del 28 de diciembre de 1977.
“¡Súbanlos!”, ordenó una voz. En el desconcierto de la ceguera por estar tabicada, Adriana Martin de 16 años escuchó uno, dos, tres clicks cerca de su cabeza. No salió ningún tiro. Adriana fue la única sobreviviente de aquel traslado en el que se llevaron a sus compañeros de la UES, todos secuestrados y cautivos en la BISJ.
Gabriel tenía 14 años cuando, tres meses antes a los fusilamientos de diciembre, una patota entró a su casa. Su papá, Juan José Fernández, les preguntó qué querían. “Buscamos a Rulo Ramírez”, le contestaron. Rulo no vivía ahí y, en su lugar, se llevaron a Alejandro, de 17 años. José caminó hasta la comisaría para ver si su hijo estaba ahí. Ante la negativa, volvió a su casa y en el camino el grupo de tareas lo detuvo y le dijo que se quedara tranquilo, que su hijo ya estaba de regreso. Al llegar a su casa, la alegría de Juan José por encontrar a su hijo se destruyó: se habían llevado, también, a Jorge Luis, de 16 años.
Durante los 41 años que pasaron desde el asesinato de sus hermanos hasta el inicio del juicio, la familia Fernández se dedicó a buscar a los dos hijos mayores. Su madre, Inocencia González, conoció a Norita Cortiñas y se unió a la lucha de Madres de Plaza de Mayo. Juan José envió notas a distintas dependencias militares, obteniendo la respuesta del coronel Raúl Galarza de Campo de Mayo, quien le confesó que se llevaron a sus hijos porque “estaban en colegios subversivos”.
—Mi viejo tuvo un ACV cuando empezó el juicio —le cuenta Gabriel a Perycia—. No podíamos contarle todo. Falleció con 82 años, el año pasado. Mi vieja cumplió 82 ahora. Les fuimos contando lo que ellos podían asimilar, porque su salud es muy frágil.
En lo que va del año y medio de juicio oral ya fallecieron cinco personas como Juan José, esperando que la sentencia lleve un poco de alivio. El proceso tiene una audiencia semanal.
Al igual que Juan José, Alberto Manfredi, ex detenido que falleció dos días después de declarar, producto de una larga enfermedad; Dominga Celia Vélez (esposa de Héctor Galeano); Claudia Inés Kohn; el hermano de Jorge Luis De Iriarte y Jorge Gambero (esposo de María Elena Iannoti) murieron sin escuchar la sentencia por la que esperaron 42 años.
—No sé hasta qué punto uno puede decir que es justicia. Nosotros realmente hemos estado esperando por esto toda la vida y luchamos por eso. La política no pudo declarar la emergencia para crear tribunales especiales y que se termine esto de una vez por todas —dice Gabriel en las escalinatas, rodeado por flores rojas de papel afiche—. Mi forma para solucionarlo es militar por la memoria, por la justicia y por la verdad.
