A río revuelto, dice el refrán, ganancia de pescadores: los primeros detenidos en llevarlo furiosamente a la práctica parecen haber sido los peores criminales de la sociedad. Desde el lunes hasta el viernes de la semana pasada, 55 represores condenados y procesados por torturas y asesinatos de personas, violaciones a mujeres cautivas y secuestros de bebés recién nacidos, entre otras atrocidades, entrevieron en la pandemia del Coronavirus una inmejorable oportunidad.
La emergencia sanitaria fue dispuesta por el gobierno nacional el jueves 12 de marzo, a través del decreto 260/20, después de que la Organización Mundial de la Salud categorizara al COVID-19 como una pandemia mundial. Sin perder tiempo, los represores pusieron a sus abogados a trabajar. El lunes 16 entró la primera tanda de pedidos de arresto domiciliario en distintos tribunales del país, y continuó escalonadamente hasta el viernes a última hora, cuando ya sumaban 55 presentaciones similares, según el registro interno de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal al que accedió Perycia. Esa cantidad representa el 20% de los 277 criminales de lesa humanidad que aún se encuentran tras las rejas (hay 608 que ya gozaban previamente de detención domiciliaria), aunque desde el organismo estiman que hay una cifra negra por información no remitida que podría engrosar la cifra un 10% más.
Según los datos oficiales, de los 55 ya fueron concedidos 12, mientras que 7 fueron rechazados. Las fuentes de la Procuraduría consultadas reconocen que el cuadro actual de hipersensibilidad por la pandemia, predispone a una resolución favorable para los restantes en la mayoría de los despachos de la justicia federal. Así, de una forma impensada, muchos genocidas alcanzarán el viejo sueño de cambiar sus celdas en cárceles federales por la serenidad del hogar. Un cometido que, en tiempos de reclusión doméstica generalizada, significa nada menos que equiparar el régimen ambulatorio del resto de la población.
En la nómina de solicitantes de prisiones domiciliarias, hay algunos de los mayores íconos del terror de Estado. Miguel Etchecolatz, número dos de la policía bonaerense, la pidió el miércoles ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de Capital Federal, que en el año 2018 lo condenó a perpetuidad por sus delitos en “Brigada Güemes”, aunque aún no tuvo respuesta. Buena parte del Grupo de Tareas 3.3.2, que secuestró y desapareció miles de personas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), también exigieron el ansiado boleto a casa. El jefe Jorge Oscar “el Tigre” Acosta, y otros sádicos ex marinos como Jorge Rádice, Ricardo “Sérpico” Cavallo y Antonio Pernias, alias La Rata. También Alfredo Astíz, el “Ángel de la muerte”, preso desde diciembre de 2007, que está a la espera de la decisión del Tribunal Oral N°5, que ordenó una junta médica antes de responder.
Tres botones
Juan Nazareno Risso, Walter Omar Ale y Ramón Carlos Velasco, tres ex policías de la provincia, ya cumplen la cuarentena obligatoria en sus casas. Estuvieron detenidos hasta el jueves pasado en la Unidad 34 de Ezeiza por el asesinato de Horacio «Chupete» Benavides, referente de la Juventud Universitaria Peronista y militante de Montoneros. Los habían detenido a fines de noviembre pasado, y su caso tuvo cierta repercusión por la curiosidad de que uno de ellos, Juan Risso, había sido futbolista -llegó a integrar la selección argentina- antes de alistarse en la policía de Ramón Camps.
El martes pasado, los tres invocaron el decreto 260/20 y la Acordada 3/20 de la Cámara Federal de Casación que instaba a los tribunales inferiores por la «urgente tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes».
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, pasó el expediente al fiscal y finalmente se las concedió. “A partir de la reciente propagación de distintos casos de Coronavirus (COVID-19) corresponde contemplar la situación de personas que, según criterio médico, se aprecia como de mayor vulnerabilidad”, argumentó el magistrado en su escrito, al menos “hasta tanto se mantenga la situación de emergencia provocada por la pandemia”.
Marcelo Benavides, el hermano de Horacio, presentó junto a sus abogados un pedido de nulidad de la decisión del juez, centrándose en una cuestión procesal puntual: nunca les pidieron opinión sobre el pedido de los imputados, requisito que debe cumplir el juez. “La U34 mantiene condiciones de higiene general, posibilidad de lavado de manos con agua y jabón, espacio para mantener la distancia entre las personas allí alojadas. No hay hasta la fecha Coronavirus en ninguna cárcel, ni casos sospechosos”, dice el escrito al que accedió Perycia. En el documento se resalta que Ezeiza aloja, en la actualidad, menos de 90 internos en un lugar con capacidad para 112. Y que además el complejo cuenta con «enfermería permanente, médico de guardia y hasta aire acondicionado». Eso significa, detalla el escrito firmado por el abogado Pablo Llonto, que no hay hacinamiento ni situación de emergencia.
“Las condiciones carcelarias de los detenidos en general difieren mucho de las condiciones carcelarias de los detenidos de lesa humanidad, que se encuentran en pabellones especiales y con atención médica las 24 horas”, explica Mercedes Soiza Reilly, quien durante más de una década fue fiscal de la Causa ESMA. “La Cámara de Casación pidió un protocolo específico para la prevención y protección del Coronavirus en resguardo de las personas bajo encierro carcelario”, agrega la fiscal. Ese protocolo de prevención, y el hecho de que aún no se hayan reportado casos positivos en cárceles, son para fiscales y querellantes dos argumentos de peso para, cuanto menos, analizar cuidadosamente cada petición. «Se entiende una vez más que la prisión domiciliaria no debe ser de concesión automática», advierte la fiscal Soiza. Otros tribunales, como el TOCF 4 de San Martín, han rechazado esos pedidos.
Una fuente con acceso al expediente del homicidio de Benavides, explica el procedimiento rápido e inconsulto del juzgado bajo la emergencia que supone la propagación de la enfermedad. “Resolvió provisoriamente rechazar la excarcelación y conceder la domiciliaria, en atención a que se trata de población de riesgo. Si se establece posteriormente que está mejor en la cárcel que en la casa desde el punto de vista epidemiológico (lo que sería realmente novedoso) nada impediría retrotraer la situación”, dijo a Perycia.
