7/4/2020
El lunes 23 de marzo a las 21:30, Marcos (23) estaba en la vereda de su casa del barrio platense de Altos de San Lorenzo, fumando un cigarrillo mientras despedía a un amigo que había pasado a buscar una vianda de comida. A toda velocidad aparecieron tres motos de la Policía Bonaerense. Eran agentes de la Comisaría Octava. No les dieron tiempo ni a reaccionar.
—Metanse adentro, hijos de puta.
Marcos sólo atinó a correr hacia el fondo.
Hasta el lunes 6 de abril a las 14 horas, las fuerzas federales habían hecho un total de 1.244.309 controles durante la cuarentena, a 30.923 personas se les había hecho una infracción, 912.637 vehículos habían sido controlados y 2.534 secuestrados.
Otro cifra asombrosa es la de casi 30.000 personas a quienes se les abrieron causas penales tras haber sido detenidos por fuerzas federales que comprobaron que habían roto el aislamiento. Otras 855.141 fueron demoradas y se les pidió que regresaran a sus hogares por no tener la documentación para circular en cuarentena.
El número no incluye las detenciones realizadas por fuerzas provinciales y locales, y por eso se calcula que el total de arrestos en el país supera las 100.000 personas.
Según pudo saber Perycia, en la Provincia de Buenos Aires el número de detenidos ya pasó los 22.000. Es un registro actualizado el viernes 1 de abril e incluye, además de las fuerzas federales, el accionar de la Policía Bonaerense.
Las penas que deben enfrentar esas personas dependen del delito: el artículo 205 del Código Penal dispone de 6 meses a dos años por violar «las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia». El artículo 202 habla de la intencionalidad de propagar una pandemia: entre 3 y 15 años de prisión. Por otro lado, las multas van de 5 mil a 10 mil pesos cuando la propagación fuera «por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo». Y si además esto último tuviera como resultado enfermedad o muerte «se aplicará prisión de seis meses a cinco años».
Según detallaron a Perycia fuentes del Ministerio de Seguridad de Nación, tanto la aplicación de cada artículo como las multas dependen del juez de turno: si la persona interceptada no tiene la orden correspondiente para circular, el efectivo de la fuerza debe llamar al juzgado que será quien decida. Si lo dejan seguir, si le avisan pero además le labran un acta, si además se lo “escolta” hasta el domicilio y se disponen una o varias visitas “sorpresa” para constatar que no ha vuelto a violar la cuarentena. La última de las posibilidades es que se inicie una causa penal, y en ese caso la persona queda detenida, pero “en casa”. En todos los casos la aplicación de la multa -y el monto- también está sujeta al criterio del juez.
Marcos corrió al fondo.
En el camino de la persecución, la familia denuncia que embistieron al hermano, de 15, tirándolo al suelo para esposarlo. A la mamá le dieron un culatazo en la cabeza y una oficial tomó al abuelo de 73 del cuello hasta que el hombre se desmayó. Cuando vieron que la policía estaba por golpearlo, Marcos y la mamá lo abrazaron para protegerlo y ahí recibieron golpes y disparos de balas de goma a medio metro de distancia. Marcos y el hermano quedaron detenidos en la Comisaría Octava de avenida 7 y 74. El menor salió a las pocas horas, pero a él lo tuvieron casi 20. En la seccional policial volvieron a pegarle y cuando finalmente lo largaron, se enteró que le adjudicaron cargos por violación de la cuarentena, resistencia a la autoridad y robo. Sus familiares cuentan que no tiene antecedentes y que «es un laburante».
De todos los efectivos que formaron parte de operativo, la familia logró reconocer a uno: Martín Gauna, el jefe de calle. Medio año antes ya había protagonizado un abuso hacia Marcos y su grupo de amigos. Los encontró una tarde en la vereda del comercio de uno de ellos y les pidió documentos, bajo la amenaza de llevárselos detenidos.
A eso de las 3 de la mañana, la policía científica le tocó el timbre a las casas de la abuela de 67, de Marcos y de Florencia Bustos, la prima que vivía al fondo y que fue testigo de todo, junto a su nene de 2 y su nena de 10. Dijeron que buscaban pruebas y se llevaron los cartuchos de las balas de goma que habían disparado esa noche.
Cuando Florencia fue a denunciar el hecho a Asuntos Internos, había sólo empleados de mesa de entradas, que la atendieron desde la puerta. Le dijeron que llame al 0800 y que envíe un mail, y luego esperar a que la llamen para darle número de causa.
Perycia se comunicó con la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense que conduce Sergio Berni y comprobó que el parate administrativo también alcanzó a esa oficina. Las únicas personas que atienden están en mesa de entradas y derivan a quien llama al 0800-999-8358, una línea gratuita de denuncias las 24 horas.
Marcos estuvo demorado hasta las 16 horas del día siguiente: 19 horas. Dijo que le pegaron adentro del patrullero, mientras lo humillaban. Después lo tuvieron una hora con hielo en la cabeza para bajarle los hematomas y así presentarlo en la guardia del Hospital San Martin, donde fue atendido. Cuando su prima lo fue a buscar el comisario pidió que vaya en auto, que si no llegaba en auto “no se lo daban». Cuando Florencia llegó a la comisaría, se horrorizó: su primo estaba morado de los golpes, y tenía cortes en la cabeza y en varias partes del cuerpo, además de las marcas que le habían dejado las balas que le dispararon en la cacería.
Los vecinos de Altos de San Lorenzo están alarmados, más de uno ya se ofreció de salir de testigo. “Están todos consternados, no pueden creer el ensañamiento”, le cuenta Florencia a Perycia.
—Quedáte ahí, la concha de tu madre.
A T. le gritaron desde el patrullero. Era la madrugada del lunes 27 de marzo y el chico de 17 años volvía caminando de lo de una amigo. Estaba llegando a su casa, en Verónica -7 mil habitantes, a menos de 100 km de La Plata-, cuando vio a la policía. Al oír el grito, la primera reacción que tuvo, igual que Marcos, fue correr: la policía lo agarró de los pelos y le empezó a pegar.
El Concejo local de Control Ciudadano para la prevención de la violencia Institucional denuncia que lo torturaron, asfixiándolo al límite de que dejara de respirar, para luego volver a comenzar, como si fuera un juego. Luego lo subieron al auto, esposado, y le subieron la calefacción, para que, en esa situación, golpeado, sangrando, volviera a faltarle el aire. Así hasta volver a empezar.
Una vez en la comisaría no sólo no intentaron dar aviso a la familia, ni se le pidió intervención al Servicio Local ni al Consejo para la Prevención de la Violencia Institucional, como indica el protocolo, sino que lo tuvieron hasta las seis de la mañana. Cuando por fin lo liberaron, quisieron sacarle una foto pero Thiago se negó: ya había visto cómo el Municipio publica en sus redes sociales las fotos que le toma la policía a otros pibes, exponiéndolos sin su consentimiento, casi como un botín de guerra. Entonces, fue peor; lo volvieron a golpear mientras lo insultaban.
El operativo estuvo a cargo del jefe de calle, Abel Ríos, que todavía sigue en funciones pese a haber sido denunciado anteriormente por otros abusos policiales. En lo que lleva la medida de aislamiento, el de Thiago es el séptimo caso de violencia institucional denunciado en la zona. Además, la policía que torturó a Thiago es la policía que nunca pudo responder cómo murió Sebastián Nicora: su cadáver apareció en la playa El Pericón de Punta Indio las últimas horas del 14 de febrero de 2013. La Bonaerense dijo que a Sebastián lo mató un amigo con un palo y eso dijo también la primera autopsia, aunque la segunda -un pedido de la familia, acompañado por la CPM- arrojó que a Sebastián lo mataron de un balazo en la cabeza, a medio metro de distancia: a quemarropas.
Ya van casi 20 días con un escenario extraordinario: todos en sus casas y la policía en las calles. El despliegue de control incluye a las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria), más las fuerzas provinciales y locales.
Los organismos de derechos humanos denunciaron decenas de casos graves de violencia institucional, en su mayoría contra varones jóvenes de barrios humildes. Hay casos de golpes, torturas, amenazas y traslados ilegales a comisarías o allanamientos sin orden judicial.
Según fuentes del Gobierno, por los menos 10 efectivos de la Bonaerense fueron separados de sus cargos por cometer abusos. Entre ellos, los dos agentes que en La Matanza obligaron a hacer ejercicios físicos a jóvenes que habían violado la cuarentena, un hecho que quedó registrado en un video que se difundió por redes sociales. No ocurrió lo mismo con los efectivos que detuvieron a Marcos y a T: todos siguen en funciones.
«Se instalan nuevas condiciones de legitimar el accionar de las fuerzas represivas” y lo que es más preocupante aún, el accionar “va a estar avalado y legitimado por jueces y fiscales”, advirtió el colectivo de abogadxs populares La Ciega ni bien se publicó el 20 de marzo el decreto 297/20 de aislamiento obligatorio. «No estamos en estado de sitio ni de excepción – recordó a través de un comunicado – estamos en estado de emergencia por razones de salud pública, lo que significa que están vigentes nuestros derechos constitucionales».-.
Presionada por las denuncias, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, anunció que el Gobierno ya procedió «a pasar a disponibilidad a quienes tuvieron un comportamiento por fuera de la ley». Según la funcionaria, «si bien estamos en una situación excepcional, esto no debe dar lugar a atropellos de las fuerzas». También ratificó que la línea 134 para denunciar personas que violen la cuarentena también está disponible para denunciar el accionar ilegal de las fuerzas policiales.
A través de una videconferencia, Frederic dialogó con los ministros de Seguridad provinciales y anticipó además la puesta en marcha de un protocolo para evitar hechos de violencia institucional. Pidió «no avanzar sobre derechos y garantías constitucionales y evitar todo tipo de maltrato, violencia u hostigamiento a las personas”.
Mientras tanto, los casos de violencia policial crecen y circulan en videos de redes sociales. El 29 de marzo, la Comisión por la Memoria (CPM) le envió al ministro Berni una nota de más de 50 páginas con el detalle de las denuncias. En el documento al que accedió Perycia, la CPM enumera unos 15 hechos graves, ocurridos en La Plata, Berisso, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Dolores, Bahía Blanca, Lobos y Mar del Plata. Sin datos oficiales, se trata del único registro, junto con el reporte diario que hacen organismos como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).-
«En la provincia de Buenos Aires estamos asistiendo a una suerte de policiamiento de la cuarentena, lo cual es un problema – analiza en la Agencia Paco Urondo el abogado e investigador de violencias y fuerzas de seguridad, Esteban Rodríguez Alzueta- Las policías que tenemos no están entrenadas para el diálogo y la persuasión sino para la desconfianza y la confrontación, no están formadas para ponerse en el lugar del otro sino para que el otro se acomode a su posición. De modo que no siempre se puede esperar de la policía comprensión. Encuentran en este contexto las condiciones perfectas para hacer lo que les gusta hacer: imponer orden y, de esa manera, certificar la autoridad que se arrogan».
