Publicada 26/6/2021
En un pueblo de 4 mil habitantes, a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, hay un monolito con la siguiente inscripción: «…En estos parajes de Zelaya, en el actual Partido de Pilar, (…) se produjo en la zona, el prodigioso detenimiento de la carreta que llevaba la sagrada imagen de la Pura y Limpia Concepción del Río Luján, Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Argentina, venerada en la Basílica de Luján. Ad perpetuam rei…».
Aquí, desde el sábado 19 de junio, vive alguien más: Raúl Anatol Sidders, un sacerdote acusado de abuso sexual gravemente ultrajante. La casa es de su hermana y está ubicada sobre la calle Comodoro Rivadavia, una asfaltada rodeada de verdes. El ícono de este pueblo rural es una capilla de adobe réplica de otra donde se veneró a la Virgen María hace casi 400 años, y sobre todo otra réplica de la carreta que transportaba la imagen que luego se convirtió en la patrona de la Argentina para los católicos. A ese sitio lo llaman El Lugar del Milagro.
El cura cumple allí la prisión domiciliaria: lleva puesta una tobillera electrónica con geolocalización, y tiene prohibido contactarse con Rocío, la mujer de la que abusó, que, en su momento, era una niña de 11 años.
La decisión de permitirle salir de la cárcel para seguir cumpliendo prisión en esa casa de pueblo la tomaron los camaristas Alejandro Gustavo Villordo, Fernando Jorge Mateos y Ariel Osvaldo Larrea de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala III de La Plata.
Sidders permaneció poco más de 6 meses en la Alcaidía Roberto Pettinato de Lisandro Olmos con prisión preventiva. El Servicio Penitenciario Bonaerense le confirmó a Perycia que el cura ya no está en esa cárcel desde hace una semana. El delito por el que está acusado, tal como figura en el expediente, es “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de su realización doblemente calificado por resultar un grave daño en salud mental de la víctima y por ser el autor ministro de un culto religioso, en concurso real con corrupción de menores calificada por ser la víctima menor de trece años”.
Su abogado defensor, Marcelo Peña, quien tomó el caso cuando ya había sido confirmada la prisión preventiva, dijo a Perycia que cree que hubo un “componente ideológico”: “Hoy en día existe una persecución a la Iglesia Católica como nunca se ha dado. Son inverosímiles los elementos probatorios que incorporaron en cómo fue prosiguiendo la investigación”, dijo Peña.
Ahora el pedido de elevación a juicio depende de las nuevas pruebas que se puedan sumar a la causa. A A.J, madre de un alumno del colegio y ex trabajadora del San Vicente de Paul, la escuela de La Plata donde ocurrieron los hechos denunciados, le da mucha bronca la domiciliaria: “Las cosas que cuenta Rocío son aberrantes. Es un asco leerlo y escucharlo de ella. Me he reunido con Rocío y con su mamá. Además, soy mamá del colegio y a su vez trabajé en la institución. Como mamá me siento asqueada”.
La causa de abuso
En el Colegio confesional San Vicente de Paul, a Raúl Sidders lo llamaban “frasquito”: hacía masturbar a los varones y les decía que debían guardar el semen en frasquitos. Eso, y muchas cosas más, contaron quienes fueron sus alumnos y alumnas. Entre ellxs estaba Rocío. En diciembre del año pasado, cuando pudo denunciar, le contó al fiscal Álvaro Garganta todo lo que le había hecho el cura:
“Recuerdo que era malo con todas mis compañeras, pero conmigo no. En ese momento pensaba que me tenía un cariño especial. A partir de los 11 años empezó a acosarme. En invierno, adelante de todos, me hacía poner mis manos en los bolsillos de su sotana porque decía que yo tenía las manos frías, y me hacía sentir su erección”.
“Nos hacía confesarnos a solas en la capilla. Ahí me empezó a preguntar si había visto alguna vez a mis papás tener relaciones sexuales, si había visto a mi papá desnudo, si sabía lo que era un pene. A los 12, cuando yo estaba en sexto grado, empeoró. Me preguntaba si sabía masturbarme y como le decía que no, me explicó con sus dedos, sin tocarme, cómo tenía que hacer. Me sugirió que lo hiciera pensando en él y que en la próxima confesión le contara cómo me había sentido”.
“Me propuso enseñarme a mí y a un alumno a tener relaciones sexuales, que nos iba a indicar todo mientras lo hacíamos. Me largué a llorar y le pedí que por favor no lo hiciera, que mis papás no lo iban a permitir y que yo no podía vivir una cosa así. Entonces buscó tranquilizarme, me pidió que no dijera nada y me dijo que cuando fuera el momento lo iba a hacer”.
Todo ocurrió entre los años 2004 y 2007 en el San Vicente de Paul, barrio Hipódromo de La Plata, donde Rocío fue alumna desde el jardín de infantes. Después de esos años se empezó a escapar del colegio, la echaron y tuvo que terminar en otra ciudad.
Sidders estuvo a cargo del colegio desde el 2002 hasta el 2020, cuando se fue a Puerto Iguazú. Rocío supo de ese traslado cuando leyó una nota en los medios: “Me hirvió la sangre. Lo que no pude soportar fueron los comentarios defendiéndolo. Ahí decidí hablar. Me contacté con un grupo de gente que ayuda en estos casos de abusos eclesiásticos”, contó en una entrevista con Pulso Noticias y La Izquierda Diario. Entonces, en agosto del año pasado, acompañada por las abogadas Pía Garralda y Claudia Ferrero, presentó la denuncia por abuso sexual.
“Hay cómplices ahí adentro que también deberían ser denunciados y juzgados. Mi hijo lo que me dijo es que lo quiere ver preso”, contó a Perycia A.J, la madre de un alumno del Colegio. “Yo me voy cruzando con ex alumnos del colegio porque fueron compañeros de mi hijo, y todas, todos, todes están haciendo su proceso. Hemos tenido contacto con ex docentes que tienen miedo de hablar”.
Aunque el hecho haya ocurrido hace ya más de 15 años, la causa no prescribe gracias a la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Abusos Sexuales (27.206), impulsada por la ex senadora de Entre Ríos, Sigrid Kunath y sancionada en noviembre de 2015. Esta ley modificó el artículo 67 del Código Penal, incorporando un supuesto de suspensión de la prescripción en los delitos contra la integridad sexual contra víctimas menores de edad.
Julieta Añazco, fundadora, junto con otros sobrevivientes, de la organización Iglesias sin AbuS@S Derecho Humanos, explicó que esa ley no suele cumplirse: “En casi todas las causas de abuso pasa que los denunciados y los abogados de los denunciados juegan con la prescripción”.
La causa en la que está siendo juzgado el sacerdote Raúl Sidders está en etapa de investigación, todavía no se pidió la elevación a juicio. Después de la denuncia de Rocío aparecieron nuevas víctimas que aún no se han animado a declarar.
Domiciliaria con 60
El 1 de diciembre de 2020, Sidders, después de haberse ido a Puerto Iguazú, volvió a La Plata y se presentó en la Fiscalía. Tenía una orden de detención del 30 de noviembre. Eso, después, le jugaría a favor. Para los jueces que decidieron sobre su prisión domiciliaria, en ese momento demostró una “actitud colaborativa con el desarrollo del proceso y contraindicativa de elusión”. Esto significaría que si se presentó ese día, no hay razón para pensar que podría escaparse ahora.
En realidad, antes de que se entregara ya había efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) que lo buscaban en Bella Vista, porque allí había fijado domicilio en el expediente penal. Según las organizaciones que luchan contra los abusos en la Iglesia Católica, quería evitar el momento -y la foto- en que la policía le pusiera las esposas. Finalmente, esa foto nunca existió, ni siquiera cuando lo llevaron detenido: del edificio de la Fiscalía en La Plata salió en una camioneta blanca con vidrios polarizados.
Peña, su abogado, dio su versión de esos días en Misiones: “Cuando se enteró que había un pedido de detención, se vino en micro”. Los policías estaban en Bella Vista, según él, “para notificarlo de la formación de una causa”. Ahora, antes de que los jueces decidieran otorgarle la domiciliaria, lo que su defensa pidió es que no se le pusiera una tobillera electrónica. Pero el pedido fue rechazado.
Sidders, entonces, ya desde el sábado 19 de junio vive en Zelaya y tiene puesta una tobillera con GPS que monitorea el Servicio Penitenciario Bonaerense, con control periódico del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. Como obligación de la medida tiene que “abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto por cualquier medio con la víctima y de efectuar cualquier acto de hostigamiento u hostilidad hacia ella”. Si lo hace, volverá a la cárcel.
El fiscal Álvaro Garganta fue quien había pedido su prisión preventiva en diciembre pasado, y también quien aprobó la domiciliaria. “El tipo declara, lo empezamos a conocer, y el informe médico aportó. Además, si tiene una casa donde puede estar a buen resguardo, ¿para qué lo vamos a seguir teniendo en la cárcel? Sigue detenido, pero en un lugar mejor”, dijo Garganta a Perycia.
Para el fiscal, como criterio general siempre apunta a que la prisión preventiva es la última ratio, y que hay que respetar el principio de inocencia: “Lo vas a ver en un cura o en un pobre pibe de una villa que yo le trato de dar una domiciliaria. Prefiero que esté en un lugar donde pueda esperar el juicio. Primero trato que espere en libertad, pero el hecho es grave, así que por lo menos que espere en una domiciliaria”.
Según los camaristas, la casa de la hermana en Zelaya está lejos de la vivienda de la víctima y su grupo familiar, que viven en La Plata, y además Sidders no tiene antecedentes penales. También consideraron que al tener 60 años es grupo de riesgo de Covid-19.
La perito médico de la Asesoría Pericial departamental es la doctora Claudia Becerra. En su informe médico escribió que el cura está en un buen estado general, que cuenta con antecedentes de cardiopatía isquémica y tiene implantado un Stent.
Después apuntó que la cárcel podría influir de modo negativo en la patología cardiológica de base que padece, al ser un factor estresante. Sin embargo, en la oración siguiente aclara que, por su temperamento, “no es posible, (…), asegurar que un estado diferente al de detención intramuros, asegure en la persona afectada, no padezca estrés”.
La respuesta del Arzobispado
Víctor “Tucho” Fernández, arzobispo de La Plata, escribió una carta a sus fieles el año pasado, después de que se conociera la denuncia de abuso sexual contra el cura, otro cura más de la diócesis. El año anterior había sido Eduardo Lorenzo, quien terminó suicidándose en la sede de Cáritas de la ciudad. Meses antes, la Iglesia había emitido un comunicado oficial, firmado por el Tribunal Eclesiástico, que decía, entre otros puntos: “El Arzobispo, por prudencia, decidió tomar una medida de precaución prohibiendo al sacerdote Lorenzo cualquier actividad con menores de edad”.
Esta vez, en agosto de 2020, “Tucho” tuvo que escribir otra carta: “Como ustedes saben, esta semana se ha presentado a la Justicia una acusación sobre el sacerdote Raúl Sidders, quien hace un mes vive en la provincia de Misiones. En caso de que la denuncia prospere, el sacerdote tiene derecho a defenderse. Por su parte, el Arzobispado está a disposición para colaborar con la Justicia en todo lo que ésta requiera”.
También decía: “A partir de la información recogida hasta ahora, el Arzobispo ha amonestado y reprendido al Pbro. Sidders para que evite todo lenguaje inapropiado, sobre todo ante menores de edad, y particularmente cualquier expresión referida a las mujeres que pueda interpretarse como menosprecio, discriminación o misoginia”.
Ante la consulta de Perycia sobre la decisión judicial de otorgarle la domiciliaria, desde el Arzobispado de La Plata respondieron: “No tenemos más novedades que ustedes”.
Sus denuncias ante el INADI
Hace ocho años, los medios ya habían hablado de este sacerdote. Raúl Sidders -decía la Agencia Télam- tuvo conductas discriminatorias según dictaminó el Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (INADI) al analizar el contenido de un programa de televisión que él mismo conducía en el que calificó de «loquitas», «chirusas» y «yeguas» a mujeres que se manifestaban en contra de la violencia de género.
Una de las denunciantes era la madre de Plaza de Mayo, Adelina de Alaye. La denuncia era sobre el programa de TV local «Somos Noticia», y decía: “El denunciado da clases a niños de primario del colegio San Vicente de Paúl de La Plata, reproduciendo enseñanzas de contenido discriminatorio”. Finalmente, sin mucho movimiento, la denuncia se archivó por desistimiento o inacción.
En el programa, el cura decía cosas como: «Había unas cuarenta o cincuenta loquitas; son esas que estudian Periodismo ahí, en la Universidad de La Plata, que nosotros les pagamos el estudio para que ellas no estudien y estaban en la puerta de la Catedral porque era el día de la violencia de Género». Y continuaba: «Contra la violencia no hay peor violencia que aquellas que pretenden matar bebitos que están por nacer porque estas minas…unas chirusas como decía mi abuela, ¿no?».
Para ese momento, los hechos que relató Rocío ante la Justicia ya habían ocurrido.
La Justicia y los abusos de sacerdotes en el país
Este año también hubo, en el resto del país, más casos de abusadores dentro de la Iglesia Católica que pasaron por la Justicia penal, con distintos finales.
En Catamarca, se está juzgando por abuso sexual de una niña de 9 años al sacerdote Moisés Pachado. Su defensa había presentado un recurso diciendo que la causa había prescripto porque los hechos ocurrieron entre 1997 y 2000, pero la Corte lo rechazó. También condenaron, por primera vez en la historia de esa provincia, a 12 años de prisión al sacerdote Juan de Dios Gutiérrez por abuso sexual de una adolescente en 2016.
Una causa por abusos sexuales a menores de San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde los acusados son el sacerdote Tulio Mattiussi, una preceptora y un portero, fue elevada a juicio. Lxs tres esperan en libertad.
Y en los Tribunales de San Martín la Justicia absolvió al ex sacerdote Carlos Eduardo José, acusado de abusar entre 1999 y 2008 de una alumna en el Instituto San José Obrero en Caseros. En realidad la absolución llega porque la causa, según los jueces, prescribió.
El abogado de Raúl Sidders, Marcelo Peña, busca -y está convencido- que con su defendido pueda pasar algo parecido: “No tengo dudas que va a terminar en absolución”. —-
