La patota que tenía sitiada Bahía Blanca

Tras 45 años de impunidad, la justicia intenta echar luz sobre 24 crímenes de estado cometidos en Bahía Blanca, en los años previos a la última dictadura cívico militar. El juicio se lleva a cabo bajo modalidad mixta, vía remota y de modo presencial por el contexto de pandemia. La causa abarca asesinatos cometidos por miembros de la Alianza Anticomunista Argentina, Triple A, en Bahía Blanca durante 1974 y 1975.

Los imputados, Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, están acusados de haber pertenecido a la banda parapolicial de derecha, dedicada a eliminar “opositores” al gobierno de María Isabel Martínez de Perón. En el caso de Aceituno, se lo acusa, además, de ser uno de los autores del asesinato del militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. Excepto éste último, con prisión domiciliaria, y el único acusado de homicidio, están todos excarcelados.

En la causa intervienen el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento. Como querellantes actúan HIJOS Bahía Blanca, la familia de Luis Jesús “Negrito” García (una de las víctimas) y la Universidad Nacional del Sur (UNS). El juicio entró en su tramo final y esta semana continúan los alegatos de la defensa.

–Fue la noche más larga de mi vida –cuenta con la voz entrecortada Azucena Racosta a La Pulseada–. Salí del trabajo y estaban ahí. Con otro compañero íbamos a la casa de un amigo, a su departamento, frente al Mercado Municipal. Empezaron a seguirnos, Juan Carlos Curzio manejaba y Aceituno mostraba un arma larga. Desde la ‘Fiambrera’ (el Fíat 128 azul con el que recorrían la ciudad y hacían sus desastres) nos empezaron a disparar. Dispararon al edificio. Temíamos una masacre. Pudimos entrar y quedamos como en una madriguera. Cada vez que oía subir el ascensor, creía que nos venían a matar. Fue la noche más larga de mi vida. Yo tenía dieciocho años.

Azucena Racosta es periodista y docente universitaria. Nació en la humilde barriada de Villa Mar, en el seno de una familia militante. La impronta de su padre anarquista motivó que abrazara la militancia desde temprana edad. “Abrimos una Unidad Básica en el barrio, los compañeros confluían desde distintos espacios. Soñábamos con cambiar el mundo. Con la efervescencia del triunfo de (Héctor) Cámpora fuimos a recibir a (Juan Domingo) Perón a Ezeiza. Cuando llegamos nos esperaban las balas. Ahí empezó otra historia, que no era la que soñábamos. El regreso de Ezeiza a Bahía fue nuestra condena a muerte”, recuerda.

–Habíamos abierto varias unidades básicas donde hacíamos trabajo de militancia territorial. Nos resistíamos a dejar la ciudad. Tenían tomada la ciudad y con ella nuestras vidas–. Azucena recuerda uno de los primeros hechos de violencia paraestatal que la marcó. Fue en noviembre de 1974, cuando colocaron una bomba en el estudio jurídico de Néstor Franscisco Bueno, abogado de presos políticos. Tras la masacre de Trelew, Bueno presentó un hábeas corpus en favor de Norma Arrostito y los sobrevivientes que habían arribado a la ciudad y estaban detenidos en el V Cuerpo del Ejército.

–El primer evento violento fue contra Néstor Bueno, a quien consideraban un infiltrado comunista. Empezamos a certificar que no eran “compañeros”, que nos consideraban infiltrados, plausibles de ser eliminados. Era la patota de (Rodolfo) Ponce, luego supimos que era la Triple A. No entendíamos lo que estaba pasando, nunca lo imaginamos. Néstor y otros cinco abogados fueron detenidos. Salió con un brote psicótico de la cárcel. No mataban solamente con las armas, mataban la posibilidad de que siguiéramos con nuestras vidas. Néstor sufrió una descompensación y lo llevaron al Borda; ahí murió de un paro cardíaco. Eso jamás se investigó. Los compañeros Adrián Tuchi y Pocho Vigil habían abierto una librería, la llamaron Martin Fierro. Le pusieron una bomba: ése fue el primer anuncio concreto de que iban por nosotros. En junio del 74, secuestraron a Pocho Vigil, lo golpearon, lo destrozaron y lo dejaron tirado en la calle. Se salvó como pudo. Pero quedó esquizofrénico. Tenían tomada la ciudad, no había lugar para nosotros en ninguna parte–.

Con ayuda de su padre, Azucena escapó de la ciudad. “En mis 65 años de vida, no he conocido lo justo”, cuenta. Y agrega: “Uno se va reconstruyendo, yo no sé si quería dar testimonio, lo pienso por ellos, por mis compañeros. Pude nombrar a los tipos que están en el banquillo, pude decir, fueron ellos. Tuve que soportar a (Alfredo) Astiz tomando café en la vereda de la librería donde pusieron ocho kilos de trotil. No creo que este poder judicial sea justo”.

–Abran la puerta, hijas de puta–. El 22 de septiembre de 1974, la puerta de la cocina de la humilde casa fue aplastada por las patadas. Era el único ruido en la silenciosa madrugada del barrio Noroeste. –Ustedes dos se quedan acá– les ordenaron a Marcela y Julia, mamá y hermana de Luis Jesús García, el “Negrito”. A la hermana menor, de 11 años, le pusieron una ametralladora en la sien. –Mamá, no te preocupes, no va a pasar nada– fueron las últimas palabras del “Negrito”. Lo arrastraron de la cama, se lo llevaron de los pelos y lo subieron a un cupé Dodge GTX. No volverían a verlo con vida.

El “Negrito” García tenía 18 años. Trabajaba en la empresa Interamericana como obrero de la construcción. En su casa mamó la política y el sentido de la solidaridad. Toda injusticia lo conmovía y todos lo querían en el barrio Noroeste. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y en el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). Al día siguiente, una masiva y silenciosa caravana acompañó el cortejo fúnebre que lo despidió- “Era muy querido en las bases de la UOCRA, pero la burocracia sindical lo tenía marcado”, cuenta su hermana Julia en la declaración testimonial. Tras el asesinato de Luis, Julia y sus dos hermanas se fueron a Salta. La mamá se quedó unos días más en Bahía Blanca y luego partió al norte. “Nos tuvimos que ir”, dice Julia. Y cuenta que siguieron persiguiéndolas. Ella estuvo presa cinco años en distintas cárceles. En 1980, la dejaron en libertad y finalmente se radicó en Viedma junto a su padre.

–Hasta antes del asesinato del Negrito no identificábamos de donde provenían las patotas parapoliciales, a quién respondían– explica en diálogo telefónico Carlos Corbellini a La Pulseada. Fue compañero de Luis en Villa Nocito y militante del PRT, y declaró como testigo en el juicio. Fue secuestrado al mes siguiente del crimen de García. Lo llevaron a un lugar que reconoció como la Brigada de Investigaciones, donde identificó a su compañero Julio Fernández por los gritos cuando lo torturaban. Entre sus captores se identificó al oficial Kussman (miembro de la Policía procesado en causas de lesa humanidad) como el líder.

Lo torturaron con picana eléctrica en sus genitales y en todo el cuerpo, con la presencia de quien cree, era un médico que, tras revisarle el corazón, habilitaba a continuar con los vejámenes. –Luego me llevaron a un galpón que sería Cuatrerismo. Me picanearon y me colgaron por horas con los brazos atados hacia atrás”– recuerda. “Te conviene hablar o vamos a utilizar el tratamiento que le hicimos al Negrito, Agua, Agua, Agua”, le dijeron, en clara alusión a las siglas tres A.

Corbellini debió iniciar un tratamiento de rehabilitación por la inmovilidad que le provocaron en los brazos durante dos meses. “Hice rehabilitación con un fisioterapista que venía a la cárcel. En marzo del 75 me llevaron a Sierra Chica, donde pasé cuatro años. Luego a Rawson y a Caseros. Me habían procesado en causas armadas, como portador de material de guerra. Nueve veces pedí la opción de salir del país. Nos fue bien; los demás compañeros están desaparecidos”.

Alberto Elizalde Leal, militante del PRT, sostiene que quizá quien mejor definió lo que buscaba la dictadura con el régimen inhumano fue el jefe de la requisa de la Unidad 6 de Rawson, Jorge Osvaldo Steding, cuando le dijo a un detenido: “Ustedes van a salir de acá locos, putos o muertos”. La finalidad del accionar de la Triple A, anticipándose al horror dictatorial en escala sistemática, se le asemejó bastante.

Todos en la ciudad sabían de quién hablaban. Fue el brazo armado de la Triple A en Bahía Blanca. Bajo el mando de Rodolfo Ponce, secretario de la CGT local, la banda actuaba de civil y con autos sin patente. Su accionar incluyó secuestros, asesinatos a quemarropa y explosiones. Cuando actuaba la patota de Ponce –cuentan– había mucho ruido en las noches de la ciudad. Con “La Fiambrera” y otros autos recorrían Bahía Blanca sembrando terror.

Los testigos recuerdan el crimen de Carlos Alberto Davit, estudiante de Ciencias Económicas y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Su cuerpo apareció acribillado, con signos de tortura colgado de un puente camino a Punta Alta. Oriundo de Guatraché, La Pampa, Davit integraba la comisión del comedor universitario. Tenía 26 años. También, que la patota andaba por las calles exhibiendo las armas, ametralladoras, Itakas, 16 recortadas. Se los veía salir y entrar de la céntrica sede de la CGT, en la calle Mitre y Rodríguez, ostentando armas en mano. José Lolli declaró en videoconferencia desde Neuquén. Era amigo de Davit, compartían pensión. Contó que una noche los estaban esperando en la entrada. Los empujaron contra la pared, los patearon y a Davit le dijeron que estaban buscándolo. A él lo hicieron entrar y secuestraron a Carlos. Escuchó el portazo. Al otro día, hoyó por radio el pedido de reconocimiento de un cuerpo aparecido en la morgue.

“No hay condenas firmes sobre el accionar de la Triple A. Es el período pre golpe, con una elaboración jurisdiccional fuerte, en el contexto de los pocos juicios que se están haciendo (La Plata, Mar del Plata, Almirón)”, explica el fiscal auxiliar Pablo Fermento, que actúa en representación de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca. “Buscamos un juicio que exponga todos los casos, con todas las víctimas. A partir del asesinato de ‘Watu’ Cilleruelo, entender qué estaba sucediendo. Probar el plan de intimidación, en una ciudad que vivió aterrada, durante dos años. Es un juicio raro, este proceso se sale de la lógica de los juicios que veníamos manejando antes, por el tipo de testigos, porque algunos son familiares de las víctimas que no tienen un grado de elaboración de lo que pasó. Falta una elaboración. El Estado histórica e institucionalmente lo negó. Cuesta volver a hablar o en algunos casos hablar por primera vez luego de 45 años. Entendemos los crímenes como genocidio en un contexto de intimidación y persecución previo a la instalación de la represión con la dictadura del 76. Hay que entrar de lleno ahí”, explica Fermento a La Pulseada. La fiscalía calificó a los crímenes como de lesa humanidad y constitutivos de genocidio.

–Con la llegada de Remus Tetu, profesor de Sociología, nazi exiliado de Rumania, se formaliza el ingreso de la patota en la Universidad. Los contrata y la universidad pasa a bancar el aparato represivo. La madre del Negrito reconoce a quienes intervinieron en el secuestro de su hijo porque uno de los autos era el mismo que usaba la patota en la toma de la Universidad, estacionado ahí. La patota hacía base en el rectorado. En marzo del 75 a la persecución y las amenazas se suma la utilización de fondos y logística de la Universidad. Es la Universidad bancando el aparato represivo-, señala Fermento.

Claudia Bellingeri, directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), sumó en su declaración las pruebas del trabajo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de Provincia de Buenos Aires (Dippba) que vinculan a Remus Tetu, interventor de la Universidad del Sur con el accionar de la Triple A. Entre otras, un memorándum de Prefectura informaba que el objetivo del arribo de Tatu era liberar la Universidad de agrupaciones estudiantiles connotadas como de izquierda. Para tal misión, se creó el Departamento de Seguridad y se enlistó a los integrantes de asociaciones de trabajadores de la UNS que serían exonerados. Otro documento, fechado el 4 de abril de 1975, detalla la reunión realizada el día anterior, en la que el rector hizo una amplia exposición sobre los acontecimientos que culminaron con la muerte del estudiante David Cilleruelo. “El profesor Tetu nombró a distintos activistas dentro de la Comunidad Informativa para los cuales solicitó a través de la presente su detención y posterior puesta a disposición del PEN”, dice ese reporte.

Días atrás, terminaron los alegatos del Ministerio Público Fiscal a cargo de Fermento. El fiscal requirió penas para todos los acusados por el delito de asociación ilícita y en un caso, por la coautoría en el asesinato del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo. Para Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Juan Carlos Curzio se reclamaron diez años de prisión y perpetua para Raúl Arobert Aceituno. También se postuló la detención inmediata de todos ellos / / La Pulseada

La siguiente es la lista de 24 víctimas por las cuales se realiza el juicio: Fernando Antonio Alduvino, Ovidio Oscar Ancel, Hugo Norberto Ardiles, Alberto Noé Bayarsky, David Hober Cilleruelo, Carlos Alberto Davit, Carlos Dorñak, Gabriel Raymundo Ganuz, Julio Alberto García, Luis Jesús García, Manuel Santiago García, Rodolfo Celso Gini, Mario Oscar Golberg, José Manuel González, Nélida Ester Guiorzzo, María Isabel Mendivil, Carlos Aníbal Nakandakare, Ángel Enrique Ogues, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, Alberto Mario Pojomovsky, José Alberto Surace, Salvador Julio Trujillo, Hugo Alberto Vita y Orlando Walker.