Publicada el 17.11.2021
Con la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde el 1 de noviembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación está integrada por cuatro hombres: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Como en todo el país, el vértice del Poder Judicial sigue siendo una escalada difícil para las mujeres que si bien en 2020 ocuparon el 61% de los cargos de funcionarias, sus pares varones tuvieron el doble de chances de convertirse en magistrados/as, procuradores/as, fiscales o defensores/as, y 3,5 veces más de alcanzar los puestos más altos.
Los datos surgen del Mapa de Género que la Oficina de la Mujer (OM) que la Corte Suprema de Justicia de la Nación publica desde 2011 con información propia, y la que recibe de los Superiores Tribunales provinciales; de las Cámaras Nacionales y Federales del país, así como también de los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa de la Nación y de las provincias, y de los Consejos de la Magistratura provinciales y de la Nación, actualizados hasta octubre de 2020.
El Mapa refleja, además, que entre los administrativos y los cargos que dependen de la carrera judicial, hasta el puesto de secretarias, las mujeres llevan la delantera (60%). Pero para ser juezas, fiscales o defensoras y procuradoras, una instancia en la que intervienen los Consejos de la Magistratura e incluso los otros poderes —el Ejecutivo y el Legislativo—, el techo de cristal se impone y solo ocupan el 44% de estos puestos.
Entre fiscales y defensores y sus equipos de trabajo, los números revelan disparidades similares. La Procuración General de la Nación reportó que en 2020 solo un 26% del total de 272 procuradoras/es y fiscales eran mujeres; mientras, que el número de funcionarias (53%) y de administrativas (53%) hacen que el plantel femenino represente el 50% del total de los cargos.
En la Defensoría General de la Nación, actualmente presidida por una mujer, se reproduce la baja representación femenina en el vértice de la pirámide. En 2020, solo el 37% de quienes detentaban las defensorías eran mujeres. Sin embargo, ellas conformaron el 58% del funcionariado y el 65% del personal administrativo.
Ya en 2019, referentes de la OM-CSJN anticiparon la intención de incorporar en el relevamiento «una categorización inclusivade las diversidades sexo genéricas«, algo que todavía no se concretó pero sobre lo que vuelven a hacer mención en el último informe.
Alerta para las judiciales bonaerenses
En la provincia de Buenos Aires, a la disparidad de acceso a los cargos más altos se suman las distintas formas de violencias que relevaron desde la Colectiva de Trabajadoras Judiciales y dieron a conocer en marzo pasado. El 95% de las empleadas, funcionarias y magistradas encuestadas (267) padecieron en el ámbito laboral algún tipo de violencia, y solo el 27% de ellas realizaron una denuncia, queja o reclamo. Las restantes no lo hicieron por temor a represalias, a que no les crean o a que se traduzca en un perjuicio o desventaja laboral para ellas.
Los números confirman las sospechas de estas trabajadoras, ya que solo el 12% de los agresores denunciados recibieron algún tipo de sanción y casi el 60% de las denuncias cayeron en saco roto. Todo ello, en un Poder Judicial que en su cabeza —la Suprema Corte de Justicia Bonaerense― todavía no cuenta con una Secretaría de Género u Oficina de la Mujer y donde los números de la disparidad en relación al total nacional son todavía más elevados: si bien en las funcionarias ocupan el 61% de los puestos de esa categoría, en los cargos con mayor nivel de responsabilidad, mayor poder de decisión y mejores niveles de ingresos las mujeres solo representan el 38,8%.
Ese es el panorama sobre el que deberá trabajar la Comisión Permanente en Materia de Género e Igualdad que impulsó en agosto el máximo tribunal bonaerense y que tendrá como fin elaborar políticas en gestión con perspectiva de género tanto para la administración de justicia como para las relaciones laborales en dicho ámbito.
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| La feminista Carmen Argibay fue la segunda mujer en integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en democracia, en 2009 creó la Oficina de la Mujer . Foto: CIJ |
Por más ministras en las Cortes
En los máximos órganos de justicia de las provincias el 66% son hombres. Sin embargo, mientras en 2013 ocho provincias no contaban con ninguna Ministra en el Superior Tribunal o Corte, en 2020 esto sucede solo en cuatro: Chubut, Corrientes, La Rioja y Formosa. Lo que no existe es un máximo tribunal compuesto solo por mujeres. En once provincias, los varones son más; en los Superiores Tribunales de Jujuy y Chaco hay paridad y solo en cinco jurisdicciones ―San Luis, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Cruz, Catamarca y Misiones— las ministras llevan la delantera en cuanto a mayor cantidad de cargos.
En 2002, Hilda Kogan se convirtió en la primera mujer en integrar la Corte bonaerense y actualmente es su vicepresidenta. A ella se suman el presidente Luis Genoud y los ministros Daniel Soria y Sergio Torres (propuesto por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal); y hay tres sillas vacantes. Una oportunidad, señalan desde la Colectiva de Trabajadoras Judiciales, para que dichos puestos sean ocupados por mujeres con formación en género.
En similares términos, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) lanzó una campaña para que el lugar que dejó recientemente Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sea ocupado por una mujer que cuente con formación en perspectiva de género y sea parte del Poder Judicial. En la campaña Por una mujer de la Justicia a la Corte las integrantes de esta asociación destacan que si el techo de cristal es atravesado por una mujer con trayectoria judicial se «enriquecerá la diversidad de la composición de la Corte Suprema, cuyos integrantes actuales son varones que tampoco fueron antes jueces».
