Arte y JusticiaDesapariciones forzadas

Derechos Humanos

Democracia, deudas en diciembre

Lo de José Luis fue hace 38 años. Lo de Hernán hace 1. De una punta a la otra de la recuperación democrática, de Alfonsín a Fernández, las fuerzas de seguridad estatales desaparecieron más de 200 personas. ¿Cuántas ocurrieron en el simbólico mes de los derechos humanos? La investigación de Adriana Meyer.

Por: Adriana Meyer
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Fragmentos de Desaparecer en Democracia, cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina (Marea Editorial)
 
10/12/2021
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José Luis Franco, Rosario, Santa Fe

Fue detenido la noche del 24 de diciembre de 1983 por el Comando Radioeléctrico y trasladado a la comisaría 11ª de la ciudad de Rosario. Horas más tarde la Justicia rechazó un hábeas corpus presentado en su nombre. Tiempo después, la policía provincial comunicó que el joven de 23 años resultó “muerto en un enfrentamiento con la policía” cuando su cuerpo masacrado apareció en un descampado. Es el primer caso del que se tiene registro en el inicio de la era democrática postdictadura. Habían pasado apenas dos semanas de la asunción de Alfonsín y en la ciudad de Rosario ya había un desaparecido, que luego fue hallado sin vida. El asesinato de José Luis anticipaba de lo que vendría: desde aquella Nochebuena hasta diciembre de 2020 los muertos a manos de miembros de distintas fuerzas de seguridad del Estado superaron los 7.500, según el relevamiento anual de los archivos que elabora la Correpi.

Néstor Lito Gutiérrez, Neuquén

Tenía 23 años y desapareció el 26 de diciembre de 1984. A “Lito”, como lo llamaban, lo detuvieron y subieron a su auto, un Fiat 127 celeste, que hicieron arrancar flanqueado por dos patrulleros. Había salido de madrugada tras el brindis navideño con su vehículo, que fue encontrado abandonado en Colonia Valentina Sur, camino a Balsa Las Perlas. Tenía los vidrios bajos y le faltaba el pasacasete. Al día siguiente, Héctor Gutiérrez radicó la denuncia por la desaparición de su hijo, que no había vuelto al hogar y no estaba en ninguna comisaría ni hospital de la zona. Lito había salido con dos amigos. Luego de pasar por el balneario municipal, se dirigió por la ruta 22 hacia el oeste y se detuvo a la altura del Barrio Jardín para orinar bajo unos árboles. Estaban los tres lejos del auto cuando llegaron al lugar dos móviles policiales, un Renault 18 y un Falcon, con varios efectivos a bordo. Uno de sus amigos atestiguó que vio cómo se abalanzaron contra Lito, le dieron una paliza, lo metieron al patrullero y salieron en dirección a Valentina Sur. En Neuquén gobernaba Felipe Sapag, reelecto en ese cargo desde 1962, y su ministro de Gobierno era Aldo Robiglio, quien había nombrado jefe de policía a Luis Marcelo Jaureguiberry. “Estos hechos, las desapariciones de personas, pasan en todo el país”, dijo el ministro Robiglio cuando el caso tomó estado público. En tanto, su jefe de policía Jaureguiberry se apresuró a negar cualquier posibilidad de que policías a su cargo hubieran participado de semejante operativo ilegal. El juez de Instrucción Ricardo Mendaña indagó a decenas de uniformados y procesó a ocho, mientras trató de encontrar a Gutiérrez. Los propios imputados confesaron que Lito murió por los golpes y que su cadáver fue arrojado al río Limay a la altura de Balsa Las Perlas. Uno de los policías lo habría rematado de un disparo. En el juicio oral fueron condenados los policías Francisco Cárdenas, Rubén Jara, Carlos Pena, Félix Varela, Carlos Quilapi, Raúl Curinam, Omar Ramírez a penas de 2 a 13 años de prisión. En julio de 1988 la Cámara en lo Criminal confirmó la sentencia. “Otra Navidad pasó, otro año más tu silla en la mesa está vacía. Se cumple otro aniversario de tu ausencia y ya son 35 años que sigo esperando que golpeen a mi puerta o suene el teléfono para decirme que encontraron el cuerpo de mi hijo Néstor Gutiérrez, quien, en la noche del 25 de diciembre de 1984, a pocos días de la vuelta de mi adorada democracia, fue víctima de la represión policial neuquina, reproductora de las prácticas de la dictadura militar, convirtiéndolo en un desaparecido más”. Con estas palabras comienza una carta pública de su padre, Héctor Gutiérrez. El papá de Lito dijo que sus vidas jamás volvieron a ser las mismas, que fueron víctimas de la “desidia investigativa y el encubrimiento policial”, y que necesitaba respuestas para encontrar su cuerpo. “¿Por qué el juez de la causa nunca me hizo ninguna prueba para saber si el cuerpo desmembrado hallado en el río era mi hijo? ¿Por qué nadie lo siguió buscando? Solo cuando encuentre respuestas y podamos llevarte una flor a tu tumba habrá un poco de paz y alivio para el corazón de mi señora y el mío”. En junio de 2013 el nombre del segundo desaparecido en democracia fue pronunciado en la presentación de un libro en Buenos Aires. “El caso tuvo mucha resonancia por la proximidad con la dictadura y porque la forma en la que las fuerzas de seguridad actuaron era igual a la de los grupos de tareas”, relató el periodista Walter Pérez en esa oportunidad. El autor abordó el asesinato y desaparición de Lito, y también los de Pablo Ramírez, Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba. “Lo terrible es que dentro de las fuerzas de seguridad siguen existiendo estas prácticas propias de la dictadura, donde hay jóvenes que son formados desconociendo lo que establece la Constitución, los derechos de los demás. Y las manifiestan no solo en protestas sociales, sino que es una conducta diaria de la policía para con los jóvenes, en particular con los más humildes, que son todos los días golpeados y maltratados”, consideró.

Marcelo Painepe, Neuquén

Desapareció una noche que fue a nadar al río con un amigo. Ambos jóvenes eran detenidos a menudo por la policía. Esa noche hubo un gran operativo policial cerca del río, y hay testigos que afirman que los dos fueron presos. Marcelo tenía 19 años el 14 de diciembre de 1994, y estuvo desaparecido diez días. Están implicados efectivos de la Unidad Especial de Policía

David Gómez, Puerto Iguazú, Misiones

Corría diciembre de 2007 cuando David Gómez, de 18 años, salió de su casa en el barrio Belén de Puerto Iguazú hacia la fiesta de egresados de su escuela, la Polivalente 23 de Villa Alta. Pasaron las horas y la policía fue dos veces al lugar por las quejas de algunos vecinos molestos por el volumen de la música. Cuando Calixto Gómez fue a denunciar que su hijo de 17 años no aparecía, la policía no le quiso tomar la denuncia “con pretextos y excusas”. El sábado 9 de diciembre a las 4 de la madrugada un oficial apareció para informarle que su hijo se había suicidado, que lo habían encontrado colgado de un árbol en un predio privado de Puerto Libertad, un pueblo al que no había ido jamás, a unos 40 kilómetros de su casa. Los uniformados no quisieron mostrarle el lugar donde David se habría quitado la vida. Luego, la rama donde se habría colgado apareció cortada y el terreno bajo el árbol, quemado. Unos días más tarde, una chica se acercó a la familia y reveló que vio cuando dos policías “lo molían a palos’’, pero al momento de declarar se desdijo. Aparentemente un tal “Quique”, recientemente ingresado a la policía, le quería cobrar que le había ganado la novia, según el relato de sus amigos. Pasaron seis años y la familia dejó de organizar marchas, sus parientes comenzaron a sentirse sin fuerzas sobre todo por la mala actuación de la Justicia de Misiones. Ese día se reunieron en su casa en Villa Alta, recordaron a David en silencio y rezaron por la reapertura de la causa, que había sido archivada a los seis meses del crimen. “Todavía había varios puntos oscuros pero el juez que cerró el caso fue muy contundente: no se abre salvo que vayamos con un dato objetivo de quién fue el que mató a mi hijo”, dijo en aquella oportunidad el padre de David. Él y su familia afirmaban conocer al asesino que pasaba “todos los días frente a mi casa”, y denunciaban que la ropa del joven había desaparecido luego de la autopsia. “La chica esa nunca más apareció y esa noche en el hospital nos dijo a mí y a mi familia que estuvo presente cuando los policías le pegaron a David, y que ella tenía miedo de declarar porque ya la habían amenazado”. Su muerte fue caratulada como suicidio, pero al poco tiempo las sospechas de asesinato crecieron. Al revisar él mismo el cuerpo de su hijo, Calixto encontró marcas de castigo: hematomas, testículos rotos y restos de sangre, además de otras heridas sangrantes en las rodillas. Casualmente, no tomaron fotos durante la autopsia. Como si todo esto fuera poco, el fiscal Néstor Monzón no quiso pedir el libro de guardias de esa noche y el juez, contra toda lógica, sostuvo que pedirlo sería “excesivo”.

Dante Garbini. Mendoza

 

Dante era un guía de rafting marplatense, de 20 años. El 20 de diciembre de 2015 desapareció después de que patovicas y policías lo echaran de una fiesta electrónica de fin de año, la Moonfest. A principios de marzo se encontró el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, colgado del precipicio de un cerro en la localidad de Potrerillos. Murió por ahorcamiento con su propio pulóver. Fueron investigados los custodios del boliche, con quienes habría tenido un altercado, y policías provinciales que participaron del festejo. La confirmación de su identidad se realizó mediante el cotejo de las huellas dactilares que dio positivo luego de que Victoria González, la madre del joven, reconociera objetos personales y la ropa hallada en el cadáver del muchacho. Garbini era nieto de Mirta Masid, una testigo clave en la causa que atravesaba en Mar del Plata la etapa de juicio oral por los crímenes cometidos en la década del 70 por la Concertación Nacional Universitaria (CNU). “El cuerpo de Garbini estaba suspendido de la extremidad de un pulóver sujeto a su cuello y la otra extremidad atada a una raíz gruesa”, dijo la fiscal Claudia Ríos. “A Dante lo llevaron hasta ese lugar, hay indicios que apuntan a un responsable, no creo en el suicidio”, dijo la abuela del joven.

Ezequiel Franco Meza Toledo, Villa Dique Florentino Ameghino, Chubut

 

El domingo 10 de diciembre de 2017 se vio por última vez al joven de Rawson, Ezequiel Meza Toledo, de 27 años, quien junto a tres amigos había disfrutado de un recital de la banda de cumbia Repatra, en el camping de la villa. Cuando terminó se separaron y no se supo más de él. Seis meses después, circuló la versión en redes sociales de que un policía le habría disparado a Ezequiel, pero no se confirmó. “Los tres efectivos policiales que estaban de turno esa noche no dejaron ningún informe en el libro de actas como es habitual cuando hay cambio de turno, y encima al otro día dos de ellos presentaron certificado psicológico y al otro lo derivaron a otra parte. Además, nunca se presentaron”, denunció el hermano de Ezequiel, Emir Salinas.

Hernán Andrada, Nueva Población, Chaco

“Aparición con vida”, reclaman desesperadamente la mamá y el papá de Hernán Andrada, un joven wichí de 26 años que fue visto por última vez el 10 de diciembre 2020 cuando salió de su casa en el Paraje Nueva Población, a 15 kilómetros de Misión Nueva Pompeya en el norte chaqueño. Iba hacia El Impenetrable para “mariscar”. Con ese reclamo que resuena como un eco de décadas pasadas, la comunidad se organizó rápidamente y comenzaron la búsqueda. La policía realizó rastrillajes, pero la familia denuncia que ninguna autoridad se comunicó con ellos, y que cuando se dirigieron a realizar la denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Penal Multifuero de Nueva Pompeya no fueron recibidos. Así decidieron acampar en la puerta. “Yo me ofrecí como veedor del caso y estuvimos una semana sentados en la vereda de la fiscalía. Primero nos dijeron que el fiscal no estaba y después que no nos podía atender porque recién había asumido en su cargo y tenía que leer los informes. Acompañé a los padres todos estos días, estuvieron sentados en la vereda pasando hambre, calor, cansancio, son personas mayores. Ellos creen que Hernán pudo haber sido asesinado y están pidiendo que se investigue con los datos que recién ahora les dejaron aportar”, dijo Zenón González, miembro de la comunidad wichí que vive a pocos kilómetros del lugar donde desapareció Hernán. “Era un compañero nuestro de la Federación Nacional Campesina, de la comunidad wichi de Nueva Población, tenía un copeo, tres veces por semana hacía copas de leche para los chicos. La mujer y el abuelo cuentan que no tenía carne ese día para darles de comer a sus tres chicos y salió a mariscar, a cazar con la gomera alguna charata, algún bichito. Generalmente salía con otra gente, pero esta vez salió solo al monte”, contó Jorge Gómez, integrante de la Corriente Clasista Combativa local y responsable de una de las cuadrillas de búsqueda.
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