Después de 18 años de prohibición legal, la megaminería a gran escala y a cielo abierto volverá a ser posible en Chubut. Por supuesto: los catorce legisladores que acaban de aprobar la modificación de la ley 5001 de esa provincia –promulgada en el año 2003, tras una movilización en la ciudad de Esquel y una consulta popular que rechazó el extractivismo con el 81% de las voluntades- tuvieron que dejar el edificio legislativo por una discreta puerta trasera y rodeados de un nutrido cerco policial. Ese escape, más como prófugos que representantes del pueblo, marcó el comienzo de la represión.
En términos técnicos, la aprobada ley 128 modificó la que estaba vigente hasta hoy, XVII-Nº 68 (ex Ley 5001), y estableció un perímetro de excepción para la explotación minera en la meseta patagónica, dentro de los departamentos de Telsen y Gastre. En términos prácticos, le permitirá a la empresa transnacional con sede en Vancouver, Pan American Silver -cuyas acciones en la bolsa de Nueva York escalaron un 8,6% el jueves, máximo aumento desde mayo-, iniciar el llamado Proyecto Navidad, un yacimiento de plata, cobre y plomo que perforará los suelos patagónicos a 35 kilómetros de Gastre. Además, la norma podría irradiar un precedente peligroso hacia el resto de las provincias con minerales bajo la tierra.
Los intentos legales que naufragaron
En los meses previos a este desenlace, las organizaciones sociales intentaron una serie de acciones judiciales en la justicia provincial para frenarla, pero fueron infructuosas. Algunas lograban medidas preliminares auspiciosas y en cuestión de días los jueces daban marcha atrás y todo se empantanaba. En noviembre de 2020, apenas se presentó el proyecto, la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA) radicó una denuncia penal por falsedad ideológica. “El proyecto cita un informe del CONICET y lo tergiversa; el propio coordinador de las investigaciones de CONICET dijo públicamente que habían falsificado su informe”, explicó a Perycia Silvia de los Santos, asambleísta de la Unión de Asamblea de Comunidades de Chubut (Uacch) e integrante de REDASA. El legajo Nº 22.641/2020 tramitó ante la Fiscalía de Rawson de Osvaldo Heiber, que en enero, en plena feria, dispuso su archivo. Se había convocado a sesión extraordinaria para tratar el proyecto el 5 de febrero, pero las Asambleas pidieron el desarchivo y la jueza Mirta Del Valle Moreno lo concedió. El cuestionado fiscal Heiber, con al menos dos juicios políticos pendientes –ninguno por este caso- renunció. “La jueza le asignó el caso al equipo de la fiscal general María Florencia Gómez, pero nunca nos dio traslado de la causa para verla, y ya no se movió” completa la abogada de los Santos.
También en noviembre, REDASA presentó una medida autosatisfactiva para frenar el tratamiento del proyecto. La denuncia 193/2020 entró en un Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel. “Al principio habíamos tenido una respuesta favorable de la jueza Alicia Catalina Arbilla -explica de los Santos- que dictó una medida cautelar de oficio diciendo que el proyecto de ley no podía tratarse (al día siguiente) y transformó el proceso en un sumario”. Las organizaciones ambientalistas se esperanzaron. Pero el lunes la magistrada se arrepintió: desdiciéndose, dejó sin efecto la cautelar y rechazó la medida autosatisfactiva.
-En octubre 2020, justo antes del proyecto, salió a consulta un pedido de permiso de uso de agua de Pan American Silver. Presentaron observaciones a la consulta y un recurso contencioso administrativo de competencia originaria al superior tribunal (es decir, salteando las instancias inferiores). El Superior Tribunal de Chubut rechazó el recurso 000429/2021-00 y luego la Corte Suprema de la Nación. Los asambleístas apelaron ese rechazo “en queja”.
-Hubo además otra presentación de las comunidades mapuche tehuelches que se verán afectadas por la zonificación, ya que no hubo consulta previa, libre e informada como indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): rechazada también.
-El 4 de marzo de 2020, preventivamente, habían pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “que el Presidente de la Nación se abstenga de enviar al Congreso un Proyecto de Ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero, que no cuenta con consulta previa al mundo indígena ni licencia social”.
Heridos y detenidos
Los videos y las imágenes que circularon desde el mismo miércoles en redes sociales mostraron la rabia de gran parte de la población. La noticia de la aprobación de la ley se desperdigó en segundos por los alrededores del Palacio Legislativo y los y las manifestantes se enardecieron. El jueves, la protesta social que se extendía a otras localidades fue respondida con gases lacrimógenos y balas de goma por la policía de Chubut, infantería y agentes de civil, que disparaban desde las camionetas o entraban a los comercios e hirieron a varios manifestantes:
Otra vez, fueron los medios alternativos y populares –muchos de ellos nucleados en la naciente Red de Medios Digitales (RMD)- quienes inmediatamente salieron a dar testimonio y contaron lo que ocurría mientras estaba ocurriendo. La agencia Anred informó minuto a minuto lo que pasaba. La agencia Luan, Colectiva de Acción Fotográfica mostró las instantáneas impactantes de la cacería policial, el desbande de la manifestación y la reacción popular, del fuego en algunos patrulleros y la mismísima casa de Gobierno.
Las imágenes y los relatos trascendieron rápidamente las fronteras y, ante una denuncia del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina, en tan sólo dos horas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió la investigación MC-1162-21 por la represión luego de la aprobación de la ley. Circulan por las redes sociales los petitorios y juntas de firmas para torcerle el brazo al poder político, cuyo brazo fue torcido, a su vez, por el lobby minero. Mientras tanto, abogados y abogadas que acompañan y asesoran a las asambleas vecinales, barriales y las organizaciones sociales, planifican acciones legales para frenar la ley que denuncian como ilegítima.
“Hasta ahora estuvimos abocados a presentar habeas corpus por las personas detenidas, pero algo vamos a hacer”, pronostica la abogada De los Santos.
La represión fue extensa e indiscriminada. Desde el miércoles 15 al viernes 17 de diciembre, la Comisión contra la Impunidad – Trelew documentó cuarenta personas detenidas en Rawson –en su mayoría- y Trellew: varias golpeadas e incluso un joven, Gonzalo Tacuman, baleado con un perdigón en la cara. Todas fueron liberadas.
La movilización continúa en calles y plazas provinciales. En Trellew, donde parece haberse trasladado ahora el epicentro, anoche sonaban las balas. La historia argentina parece un gigantesco loop y se empeña, para colmo, en respetar aniversarios: a unos días de cumplirse dos décadas del estallido social de 2001, aun en una escala más pequeña, la tríada traición – pueblada – represión vuelve a reeditarse.
