Si tarda en llegar, no es justicia. A 20 años de los asesinatos en manos de las fuerzas policiales que por orden del gobierno de Fernando de la Rúa intentaban despejar de manifestantes la Plaza de Mayo, familiares y amigos de las víctimas convocan a una conferencia de prensa.
Después de dos décadas, solo un puñado de funcionarios policiales y uno político fueron condenados por ordenar y ejecutar aquella masacre, pero todavía sigue en discusión el monto de las penas que recibieron recién en mayo de 2016.
En ese juicio, De la Rúa —que falleció en 2019— declaró como testigo. En 2015, la Corte Suprema había confirmado su sobreseimiento.
La conferencia se realizará este jueves 9 a las 12.30 en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.
Memorias de un juicio sin sentencia firme. A más de 5 años de que concluya el juicio en el que se condenó a uno de los responsables políticos de aquella masacre, el ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, familiares y amigos de las víctimas reclaman que las penas se hagan efectivas.
En mayo de 2016, después de 2 años y 3 meses de debates, Mathov fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión por haber ordenado la represión en la que Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón fueron asesinados por la Policía Federal cuando intentaban llegar a la Plaza de Mayo.
Los otros 16 imputados eran policías de la Federal, entre ellos, Rubén Santos, el jefe de la fuerza que ejecutó la represión. Como Mathov, Santos fue condenado a 4 años de cárce por homicidio culposo; otros 7 policías recibieron penas de entre 3 y 6 años y los restantes fueron absueltos.
Por el asesinato de Alberto Márquez, el TOF6 solo condenó a los que dispararon y están filmados e incluso, en algún caso, reconocieron haber disparado. Se trata de Carlos López (6 años de prisión); Ariel Firpo Castro (3 años de prisión en suspenso) y Roberto Juárez (4 años y seis meses de prisión). Ni el jefe del grupo, Orlando Oilverio, ni los que manejaban o iban como acompañantes en los vehículos desde los que ejecutaron a Márquez fueron condenados.
Omar Bellante, el ex subcomisario acusado de borrar las pruebas del asesinato de Gustavo Benedetto, frente a la sede del banco HSBC, en avenida de Mayo al 700, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso porque encubrió un delito “grave”.
Durante el debate, se proyectaron más de 300 horas de filmaciones aportadas por documentalistas, canales de TV privados y del Canal Policial. Y declararon más de 500 testigos.
Condenas simuladas. El 4 de noviembre de este año, los familiares de los asesinados volvieron a enfrentarse a los dimes y diretes de los tribunales. Las defensas de Mathov, Santos y las de algunos de los policías pidieron que los montos de las penas se vuelvan a revisar a la baja. Algo que ya había conseguido con otra presentación en la que el mismo tribunal que los condenó, el TOF 6, les redujo seis meses de condena a cada uno.
Rodrigo Borda, el abogado del CELS que representa a un grupo de víctimas de lesiones y familiares de los fallecidos, le explicó a Perycia además que en esa audiencia la defensa de Mathov volvió a pedir la prescripción de la causa y consiguió la adhesión Santos y otros de los condenados. Esto es algo que ya habían planteado y el TOF6 primero y la Cámara de Casación después rechazó porque hay policías involucrados en estos hechos —condenados o aún investigados en otras causas— que continúan cumpliendo funciones.
Sin embargo, detalló Borda, como el TOF6 solicitó al ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al de Seguridad de la Nación que le actualice la situación de todos los funcionarios policiales y esa respuesta todavía no llegó, las defensas insisten en un planteo que ya está resuelto, pero que no deja de mantener la incertidumbre sobre el cumplimiento de las penas.
“Cuando hay causas en las que no los pueden absolver, suelen recurrir a planteos dilatorios. No es virtud de las defensas, hay un montón de alternativas como el rechazo in límine o la inadmisibilidad”, dijo Borda y recordó que de hecho el Estado argentino fue condenado por la falta de investigación y la dilación indebida en la sanción de los responsables por la detención arbitrario y asesinato del joven Walter Bulacio.
