17.4.2022
Se escuchan los tiros. La tierra retumba. Se ve la sangre derramada. Aparecen los cuerpos en el monte. Asesinados a balazos, rematados a machetazos. Muchos cadáveres son incinerados en fosas comunes y los restos de los líderes indígenas, exhibidos en una plaza. Los que corrieron, los que lograron escapar, sobreviven con miedo.
El primer crimen de lesa humanidad del siglo XX contra pueblos originarios en Argentina se produjo el 19 de julio de 1924, en la Reducción Napalpí (hoy Colonia Aborigen), a poco más de 130 kilómetros de Resistencia, capital del Chaco. Se estima que fueron asesinadas más de 300 personas.
Esa carnicería, conocida como la “Masacre de Napalpí”, fue la brutal respuesta estatal al reclamo de familias de los pueblos Qom y Moqoit quienes realizaban un paro agrario exigiendo mejores condiciones de vida y trato.
En ese entonces, se desempeñaban en la cosecha del algodón y recibían como paga ropa vieja y alimentos vencidos. A este panorama de esclavitud, se le sumaba la imposibilidad de buscar trabajo en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy: para evitar el éxodo de esa mano de obra barata, y a pedido de los terratenientes de la zona, la intervención del Territorio Nacional del Chaco les prohibió la salida temporal de los límites provinciales.
La “Masacre de Napalpí”, fue la brutal respuesta estatal al reclamo de familias de los pueblos Qom y Moqoit quienes realizaban un paro agrario exigiendo mejores condiciones de vida y trato.
La represión por parte de la Policía de Territorios Nacionales y Gendarmería se llevó la vida de niños, niñas, hombres, mujeres y ancianos. No hubo miramientos. Dispararon contra civiles desarmados. Que ningún uniformado haya salido herido, lo confirma. “Los cuervos no volaron una semana porque estaban comiendo de los cuerpos”, recordaba Melitona Enrique, una de las últimas sobrevivientes.
El expediente judicial que se abrió poco tiempo después argumentó que esta matanza fue una reacción de la fuerza pública a una “sublevación indígena”. Así se instaló la mentira histórica.
Un juicio que hará historia
A casi cien años, la Masacre de Napalpí tendrá ahora una instancia de reparación simbólica en la Justicia Federal: un Juicio por la Verdad. Las audiencias comenzarán este 19 de abril, en coincidencia con la conmemoración del “Día del Aborigen Americano”, y se realizarán en la Casa de las Culturas de Resistencia y Machagai y en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” (ex ESMA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Permitirán la presencia del público y se transmitirá a través de medios digitales.
Las partes propusieron cincuenta testimonios, entre los que se encuentran sobrevivientes como Rosa Grilo, quien tiene 114 años, y los registros audiovisuales de entrevistas a Melitona, Rosa Chara y Pedro Balquinta.
También se escucharán las voces de hijos y nietos de distintos sobrevivientes que contarán lo revelado por sus padres, madres y abuelas según la tradición indígena del relato oral. Se pondrá en contexto además las investigaciones realizadas por diversos investigadores indígenas que trabajaron en la reconstrucción histórica y en el relevamiento de las voces de los abuelos sobrevivientes, como la entrevista filmada a Juan Chico. Fallecido el año pasado víctima de la COVID-19, Chico es autor de los libros de investigación “La Voz de la Sangre” y “Las Voces de Napalpí” y uno de los principales impulsores de esta instancia judicial.
Además, brindarán testimonio distintos investigadores chaqueños, la mayoría pertenecientes al CONICET y a la Universidad Nacional del Nordeste, como Mariana Giordano, Graciela Elizabeth Bergallo, Francisco Romero, Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios y Rubén Omar Guillón.
También hablarán especialistas que han trabajado en investigaciones científicas históricas de reconstrucción de la Masacre o de cuestiones directamente vinculadas o de contexto: Nicolás Iñigo Carrera, Marcelo Musante, Silvina Turner (del Equipo Argentino de Antropología Forense), y el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni.Entre los testimonios estará el de sobrevivientes como Rosa Grilo, que tiene 114 años, y los registros audiovisuales de entrevistas a Melitona, Rosa Chara y Pedro Balquinta.
¿Quiénes son los imputados? El por entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear; el ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo; el gobernador/interventor del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno; el administrador de la Reducción Napalpí, Mario Arigó; el jefe de la Policía del Chaco, comisario inspector Diego Tomás Ulibarrie; el piloto de aviación, sargento Emilio Esquivel; el copiloto Juan Browis, además de policías del Territorio y de Gendarmería Nacional. Todos muertos.
La investigación
¿Cómo se inició este camino hacia el Juicio por la Verdad? En 2014, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, integrada por los fiscales Diego Vigay, Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini, comenzó una investigación de oficio que logró dar con el testimonio de algunos sobrevivientes de la matanza.
Del proceso de reconstrucción de los hechos también formó parte el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que durante septiembre y octubre de 2019 realizó trabajos de excavación en el Colonia Aborigen, donde hallaron restos de una persona que coincide con la época.
Durante la investigación, se incorporaron además fotografías tomadas por el antropólogo alemán Roberto Lehmann Nitsche, una investigación especial del periódico de la época “El Heraldo del Norte”, además de informes del Ministerio del Interior sobre las reducciones indígenas y de investigadores e historiadores acerca del funcionamiento de las reducciones en general y en particular sobre la masacre, más una serie de trabajos de investigadores del genocidio indígena.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), durante septiembre y octubre de 2019, realizó trabajos de excavación en el Colonia Aborigen, donde hallaron restos de una persona que coincide con la época.
El último testimonio fue incorporado a la causa a fines del mes de abril de 2021, cuando el fiscal Carniel entrevistó al antropólogo e investigador principal del Conicet, Nicolás Iñigo Carrera, uno de los primeros en estudiar la explotación capitalista e indígena en el Chaco.
En ese testimonio, el investigador explicó que, a diferencia de las matanzas masivas de pueblos indígenas perpetradas en el sur del país para avanzar en la ocupación de sus territorios, en esta región el objetivo era lograr que la población originaria se incorporara como mano de obra barata para la cosecha de algodón.
Antecedentes de juicios reparatorios a pueblos originarios
En la Justicia Federal de Resistencia existen dos antecedentes de juicios civiles que concluyeron en condenas contra el Estado Nacional y ordenaron reparaciones económicas y simbólicas para las comunidades indígenas afectadas.
Esas sentencias se confirmaron durante 2020 y en ambas se reconoció que fueron delitos de Lesa Humanidad los cometidos contra los pueblos originarios. En el primero de ellos, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia consideró que fue un “genocidio” el perpetrado por agentes de Gendarmería Nacional contra el pueblo indígena Pilagá en la Masacre de Rincón Bomba (Formosa), en octubre de 1947.
El segundo es la demanda civil que formuló una asociación indígena por la propia Masacre de Napalpí, que ya fue reconocida como delito de Lesa Humanidad. Sin embargo, en primera instancia no se hizo lugar a la reparación económica. El tribunal de alzada revocó ese falló y condenó al Estado Nacional al pago de una indemnización y también a que se destinen inversiones públicas por más de 300 millones de pesos en beneficio de los integrantes del pueblo Qom a los fines de promover su desarrollo por un período de 10 años. No obstante, los alcances de esa sentencia sólo incluyeron al pueblo Qom y no al Moqoit que, según se estima, habría sido el que aportó el mayor número de víctimas.
En aquella sentencia, la Cámara Federal sostuvo que “la reparación más idónea para este concepto no resulta ser la reparación económica, sino que consiste en el reconocimiento de los hechos que ya ha sido efectuado por la magistrada de la instancia anterior, así como una serie de medidas que han sido adoptadas por los distintos poderes de la Provincia del Chaco”. El objetivo es claro: nunca más.
