Publicada 31/8/2026
Plagado de versiones contradictorias, cabos sueltos e incógnitas inquietantes, y envuelto en la oscuridad de la última dictadura cívico militar, el secuestro y asesinato del pequeño David Kraiselburd, de apenas 20 meses, ocurrido en La Plata en una secuencia que se extendió entre las últimas horas del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre de 1976, constituye uno de los episodios más estremecedores de la historia criminal argentina.
Aquella noche, tres hombres ingresaron en la residencia de los Kraiselburd, en Villa Castells, y se llevaron al niño mientras dormía. Sus padres, Cecilia Valera y Raúl Kraiselburd, director de El Día de La Plata, habían salido a cenar y lo habían dejado al cuidado de una niñera, que no advirtió lo ocurrido. Otros dos cómplices aguardaban en el exterior para facilitar la huida. Pocas horas más tarde, los delincuentes mataron al chico y arrojaron su cuerpo al Río de la Plata, frente a la costa de Berisso. Sin embargo, durante las semanas siguientes exigiendo un rescate de 5.000 millones de pesos ley, que en ese momento representaban unos 20 millones de dólares.
Argentina transitaba los primeros meses del gobierno de facto instaurado el 24 de marzo. El jefe de la Policía bonaerense, coronel Ramón Camps, se puso a disposición de la familia y ofreció a Kraiselburd elegir quién conduciría la investigación. La tarea quedó en manos del comisario Juan Fiorillo, entonces al frente del Departamento de Coordinación de la Dirección de Investigaciones. Era uno de los oficiales con mayor experiencia en secuestros extorsivos, aunque su trayectoria arrastraba antecedentes inquietantes: había integrado la Triple A y, en 1962, dirigido la brigada que secuestró al delegado gremial Felipe Vallese.
La pesquisa se orientó inicialmente hacia el supuesto accionar «subversivo». Sin embargo, un detalle sembraba dudas desde el comienzo: todos los accesos a la vivienda estaban cerrados con llave, sin signos de haber sido forzados. El expediente Nº 41.491, caratulado “Privación ilegal de la libertad”, quedó a cargo del juez en lo Penal N° 6, Ángel Nelky Martínez, con intervención del Tribunal de Menores N.º 1, cuyo titular era Mario Cordero.
Apelando a una retórica propia de las organizaciones armadas, los secuestradores volvieron a comunicarse: enviaron un chupete y un escarpín como prueba de vida y ordenaron a Raúl y Cecilia viajar a Estados Unidos para concretar el intercambio. La pareja permaneció dos meses en un hotel de Miami, a la espera de instrucciones que nunca llegaron, y finalmente regresó al país. A partir de entonces, el silencio de los captores y el estancamiento de la investigación sumieron a la familia en la incertidumbre.
La familia ya conocía de tragedias. Dos años antes, el 17 de julio de 1974, David Kraiselburd, padre de Raúl y director de El Día, había sido asesinado durante un secuestro perpetrado por Montoneros. Tras su muerte, Raúl asumió la conducción del diario y se refugió con su esposa, embarazada, en California, donde el 3 de noviembre nació su hijo, al que llamaron David en homenaje a su abuelo.
Ese antecedente contribuyó a que el secuestro tuviera gran repercusión en el país y en el exterior. El apellido Kraiselburd era conocido entre los editores nucleados en ADEPA y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Desde la desaparición de su hijo, Raúl realizó gestiones ante autoridades argentinas y estadounidenses, que también se involucraron en la búsqueda debido a la
nacionalidad del niño. Según documentos confidenciales del Departamento de Estado desclasificados en 2009, los esfuerzos por localizarlo se extendieron por varios países de América Latina, donde se sucedieron falsas alarmas.
Los laberintos del caso
La investigación quedó atrapada entre sospechas y datos que no terminaban de encajar. Un sector de la policía y parte de la familia apuntaban hacia la guerrilla, en especial a Montoneros, la organización que en 1974 había convertido a los Kraiselburd en uno de sus objetivos. Pero el caso también siguió otras derivas. En ese contexto, los investigadores recibieron información según la cual Patricia Valera, hermana de Cecilia y tía de Davicito, había sido vista en Buenos Aires con un bebé en brazos. Militante del Partido Comunista Marxista-Leninista (PCM-L), llevaba más de un año en la clandestinidad. La posibilidad de que ese niño fuera Davicito puso en alerta a los pesquisas y reavivó viejas tensiones familiares. Patricia había estado casada con Víctor Kraiselburd, hermano menor de Raúl, con quien tuvo a Santiago en abril de 1972. Tras la separación, a mediados de 1975, se ocultó y se llevó consigo al pequeño. Ante la falta de noticias, Víctor inició una batalla judicial para recuperar a su hijo, sin obtener resultados hasta entonces.
El escenario familiar se enrareció aún más el 3 de noviembre, dos meses después del rapto de Davicito, cuando un grupo armado secuestró a Baldomero Valera, padre de Patricia y Cecilia y abuelo materno del niño. Conocido como Chiche, era un reconocido abogado y dirigente del Partido Comunista de La Plata. Baldomero era el único integrante de la familia que mantenía contacto regular con Patricia, a quien la Policía no lograba localizar. Nunca se pudo establecer si esa circunstancia tuvo alguna relación con su secuestro, pero la coincidencia alimentó las sospechas. Años atras, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos del letrado en una fosa común del cementerio de San Martín.
Otros datos, conocidos tras el regreso de la democracia, abrieron nuevos interrogantes a una trama ya de por sí enrevesada. Según los registros de familiares de víctimas de la represión, confeccionados en 1984 con vistas al Juicio a los integrantes de las Juntas Militares, cinco miembros del PCM-L fueron secuestrados durante la semana siguiente al rapto de Davicito. Décadas más tarde, al declarar ante diferentes tribunales el testigo y ex militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), Luis Velasco Blake,
relató que en julio de 1977, mientras estuvo detenido ilegalmente en la comisaría 5ª de La Plata, compartió calabozo con los miembros del PCM-L Héctor Baratti, Humberto Fraccarolli y Roberto Bonin. Según su testimonio estos le dijeron que estaban allí porque la Policía bonaerense sospechaba de que su organización estaba involucrada en el secuestro del hijo del director
del diario El Día. Velasco recuperó la libertad meses después y se exilió en España. Los tres jóvenes que mencionó continúan desaparecidos.
Un giro inesperado
Después de casi un año sin noticias de David ni avances en la causa, un episodio ocurrido el 12 de julio de 1977 cambiaría el rumbo de la investigación. Tal como consta en el expediente judicial, ese día Candelario Caballero, chofer y custodio de Raúl Kraiselburd, llamó a su jefe para advertirle que estaba en peligro. Le reveló que existía un plan para secuestrarlo y que acababa de asesinar a uno de los delincuentes que lo había contactado para proponerle participar del rapto y hacer un gran negocio. Según su relato, lo había matado porque amenazó con asesinar a su esposa y a su hijo. Por consejo de su patrón, Caballero se entregó y quedó detenido.
Ciertas inconsistencias en su declaración llamaron la atención de los investigadores que, al interrogarlo por el secuestro de Davicito obtuvieron la revelación que cambiaría el caso: Caballero, contratado por Raúl para reforzar su seguridad tras el asesinato de su padre, terminó confesando ser el ideólogo y cabecilla del secuestro de su hijo. Reveló que Davicito había sido asesinado la misma noche del rapto y que su cuerpo – de menos de 2 años- había sido arrojado al río. Identificó al resto de los integrantes de la banda: su primo Cleofe Gómez; Osvaldo Sosa, un changarín que trabajaba como sereno en un depósito de El Día; y el matrimonio formado por Raúl Giagame y Vilma Gallardo.
Los acusados quedaron detenidos en la Unidad Regional de La Plata. Todos pidieron ser llevados a otra dependencia, pero sólo Vilma Gallardo, la única mujer del grupo, fue enviada al penal de Olmos. En la madrugada del 27 de septiembre de 1977, los cuatro hombres murieron bajo las balas policiales durante un episodio poco claro que las autoridades presentaron como un intento de escape. Según la versión oficial, los detenidos burlaron la custodia y lograron salir de sus celdas protagonizando un tiroteo con los policías. Las pericias médicas y balísticas cuestionaron la versión oficial. Un mensaje de la embajada de Estados Unidos, desclasificado en 2009, planteaba incluso la posibilidad de que se hubiera aplicado la denominada «ley de fuga». Sin embargo, la Justicia provincial cerró el caso en menos de un mes y absolvió a los policías involucrados. Al año siguiente, Vilma Gallardo fue condenada a cinco años de prisión por la privación ilegal de la libertad de Davicito.
La ausencia del cuerpo se convirtió en una de las grandes incógnitas del caso y alimentó todo tipo de versiones: que el niño había sobrevivido y sido apropiado o vendido por integrantes de la guerrilla; que el secuestro había sido cometido por sectores del aparato represivo que utilizaron a la banda de Caballero y luego eliminaron a sus miembros en una fuga fraguada para silenciarlos; que el hecho respondía a disputas internas de la Policía, conflictos vinculados con la familia o incluso a un autosecuestro. Hipótesis que, hasta hoy, permanecen en el terreno de las leyendas. En La otra campana del Nunca Más, publicado en 1986, el comisario Miguel Etchecolatz atribuyó el secuestro a Montoneros. En 2009, la abogada y actual vicepresidenta Victoria Villarruel retomó esa línea en Los llaman jóvenes idealistas, donde sostuvo que el crimen había sido cometido por “delincuentes
comunes dirigidos por Montoneros”. Sin embargo, esa vinculación jamás pudo acreditarse.
En Estados Unidos, el caso de La Plata fue comparado con el llamado «crimen del siglo»: el secuestro de Charles Augustus Lindbergh Jr., también de 20 meses, hijo del célebre aviador Charles Lindbergh. Raptado en marzo de 1932 de su casa de Nueva Jersey, los captores exigieron 50.000 dólares en bonos de oro, pero el niño nunca fue devuelto. Dos meses después, su cadáver fue hallado semienterrado cerca de la vivienda. Bruno Hauptmann fue condenado a muerte en Nueva Jersey, aunque con el tiempo el FBI puso en duda la solidez de las pruebas. El caso condujo a la sanción de la Ley Federal de Secuestro de 1932, conocida como Ley Lindbergh.
En 2002, el escritor y doctor en psicología norteamericano Michael Newton incluyó el crimen de Davicito en su libro The encyclopedia of Kidnapped, un volumen que compila los raptos más impactantes en la historia.
Varios de los policías que participaron en la investigación del secuestro de Davicito quedaron posteriormente involucrados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Entre ellos estuvo el comisario Rodolfo Silva, condenado en 1986 por la sustracción, supresión de identidad y falsedad ideológica en el caso de María Eugenia Gatica, hija de desaparecidos, que se convirtió en el primer caso en obtener un fallo judicial que acreditó la apropiación de una niña y la alteración de su identidad durante el terrorismo de Estado.
En 2011, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad conocido como “Circuito Camps”, el oficial principal Carlos García relató su actuación en la investigación por el secuestro de David Kraiselburd. Al ser preguntado por el Tribunal si había detenidos por el hecho, respondió afirmativamente y, lacónicamente agregó que cuatro de ellos «murieron en la Unidad Regional». Ni los magistrados, ni los letrados de las partes repreguntaron. La historia de Davicito ya había pasado al territorio del olvido.
