Crónicas de la JusticiaLawfare

Los presos políticos de Larreta

El lawfare de la calle (segunda parte)

Entrevistado en exclusiva por Adriana Meyer, desde la alcaidía 8 de la Policía de la Ciudad, Jaru Rodríguez Carrero cuenta qué pasó el 10 de marzo frente al Congreso, cuando en rechazo al nuevo acuerdo con el FMI volaron piedras e impactaron, entre otros, en el despacho de CFK. De La Candelaria en Venezuela a la UBA, pasando por la calle, lleva más de un mes detenido mientras la Justicia porteña retiene una causa que no investigará. Además, ¿qué hace la división Antiterrorismo en las causas por protesta social?

Por: Adriana Meyer
Foto: Matías Adhemar (archivo)
imagen destacada

Si acaso su nombre no era conocido, luego de la trifulca entre agrupaciones de izquierda en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA eso cambió. El motivo del intercambio de puñetazos fue la rotura y quite por parte de unos de un cartel que exigía la libertad de Jaru Rodríguez Carrero, colocado por los otros.

Jaru son las iniciales del nombre de su padre. Es de La Candelaria, en Caracas, y se fue de Venezuela a finales de 2015 para estudiar y trabajar en Argentina, a sus 23 años. En ese país había empezado a estudiar Comercio Exterior, pero al llegar ingresó a la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. “Viví una pobreza estructural muy fuerte aunque nunca me faltó comida y amor, me fui llenando de frustración y preguntas, pero lo más fuerte fue la inseguridad, en Caracas sales a la calle y no sabes si vuelves”. Jaru cuenta que cuando entró a Sociales vio los carteles y los militantes debatiendo eufóricos y esa efervescencia lo impulsó a la militancia. “A pesar de sus diferencias teóricas tratan de ir hacia la misma senda, al principio estuve en un grupo de estudiantes independientes, hice amigos que hoy son dirigentes de diferentes orgas”.


“Privado de la libertad y humillado en los canales de televisión, no me taparon la cara, difundieron mis datos personales, todo eso duele”, dice Rodríguez Carrero. 


El venezolano de cabello negro y barba recortada se define como migrante, que paga un alquiler, ayuda a su madre, tiene una compañera, trabaja y milita. “Tengo que dividir el tiempo. Como soy gastronómico me dediqué a planificar la olla popular de La Dignidad, en Humberto Primo y Santiago del Estero. Estuve en el Frente Migrante de la UTEP para atender a los hotelados de la Comuna 1. Nunca milité para un dirigente sino por las situaciones, no me interesa la grieta”, cuenta a Perycia.

“Estuve con los compañeros de Nuestra América, y luego entré a la cooperativa agroecológica Qué comes cuando comes. Fui aprendiendo con el trabajo genuino, levantarse temprano, tener un pago. Antes de mi detención estaba en el MTR Cuba, pero no es cierto que cobraba un salario ahí como se dijo. Los últimos meses tenía que trabajar más horas porque estaba en Pedidos Ya”.

Los compañeros de encierro lo recibieron bien. “Los presos me han humanizado y apoyado. Tenemos comida, aseo, agua, no me falta nada, tengo la visita de mi compañera y compañeros aunque sea a través de un vidrio. Privado de la libertad y humillado en los canales de televisión, no me taparon la cara, difundieron mis datos personales, todo eso duele”.

¿Qué pasó el 10 de marzo frente al Congreso?

“Llego a la plaza con la convocatoria de los compañeros del MTR Cuba. Tomo el tren, el subte solo, sin nada, con barbijo, una campera y un pantalón negro. Llego al grupo, me enlisto, no fuimos a romper un acto porque estamos discutiendo una deuda, no tendría ningún sentido. No pertenezco a ningún grupo de autodefensa, las cámaras lo vieron, nunca estuve adelante. Los testigos del grupo Antiterrorista dicen que me ven deambulando, sí, me fui a comer un chori con un compañero a la esquina. Tenía hambre. Volví al grupo”.

Jaru recuerda que en ese momento “del lado izquierdo estaba el MTR Histórico con ponchos celestes, no los conocía”. Según dice, “venían con mucho agite, no estaban en la plaza. Hice un video de cuando quemaron los cauchos y las letras del FMI. No participé, no accioné ni planifiqué eso. Subí el video al Instagram, No al FMI. El rechazo es hacia esa institución internacional que viene a imponernos políticas económicas que nos dañan mucho históricamente. No era contra Larreta, ni contra Alberto ni contra Cristina, era contra una institución más poderosa”.


«Hice un video de cuando quemaron los cauchos y las letras del FMI. No participé, no accioné ni planifiqué eso».


Cuando empiezan a tirar cosas al Congreso se suma más gente, pero Rodríguez Carrero dice que no quiso tirar nada. “Retrocedemos hasta la primera parada de colectivos. Ahí vino la brigada y tiraron a todo el mundo. En eso los compañeros se van, me pongo nervioso, los pierdo. Me piden mover un tacho para obstaculizar a la Montada que había llegado, lo hago y salí. Los compañeros me hacen señas que están por allá y salgo de la plaza caminando”. Luego de la desconcentración se fue a su casa, en tren y subte. Nunca se cambió de ropa ni se tapó el rostro. “No hay ninguna prueba que certifique fehacientemente la culpabilidad de Jaru Rodríguez”, señala su abogado, Martín Alderete.

“Se le imputan los delitos de asociación ilícita, lesiones, atentado a la autoridad, incendio y varias contravenciones cometidas ese día en la plaza de los dos Congresos. Supuestamente fue una asociación ilícita que tiene por objeto cometer desmanes en movilizaciones. Lo particular es que no se lo ve hacer nada ilícito en esa jornada, ni tampoco las cámaras registran nada. La fiscalía tampoco puede demostrar que forma parte de una organización delictiva. De hecho no hay ninguna organización política en particular identificada, le endilgan a la llamada Movimiento Teresa Rodríguez cuando hay no menos de cinco desprendimientos que llevan las mismas siglas. No hay vinculación entre los diferentes detenidos en la causa”, explica Alderete. A su criterio, Jaru era un manifestante más entre tantos.

La defensa consistirá en denunciar “la estigmatización a las organizaciones sociales y la persecución a personas por el simple hecho de manifestarse y ser reconocidas en una marcha en la cual hubo incidentes”. Alderete agregó que las imágenes y publicaciones políticas no son delito sino “estaríamos hablando de persecución al pensamiento”.

El pasado que vuelve

Cuando se trata de criminalizar a los que luchan, algunos periodistas y funcionarios del Poder Judicial ingresan a la cápsula del tiempo y van al pasado dictatorial.

En búsqueda de otro manifestante, la justicia llegó a Guernica, en el conurbano bonaerense, pero el sospechoso no estaba. Para identificar la casa, los funcionarios pusieron que “en la pared está pintada una imagen del Che Guevara. Además de la detención la orden incluía el secuestro de todos los elementos de papelería, folletería, banderas, ropa que lo identifiquen con alguna agrupación política, y elementos para fabricar bombas molotov, gomeras y pintura. “En la justicia interpretan que el supuesto militante social fue advertido y se fue después de ‘limpiar el lugar’”, escribió un medio reproduciendo la jerga judicial y policial.

El escándalo derivado de la utilización por parte del gobierno porteño del sistema de reconocimiento facial de prófugos para hacer seguimientos ilegales se entronca con la utilización de la Ley Antiterrorista, y sus derivados. ¿Qué tiene que hacer la división Antiterrorismo aportando testimonios a las causas por protesta social?

El ex funcionario Marcelo Sain reconoció hace algunos años que esa norma había sido “un error” del gobierno que la impulsó. La declamada Seguridad Democrática parece haber perdido terreno frente al punitivismo, y cada nueva manifestación vuelve a arrojar manifestantes perseguidos y encarcelados, no importa qué administración política se encuentre en el poder.

La politización de la Justicia 

“Nuestros padres fundadores de la Gremial (de abogados y abogadas) vivieron esta situación con intensidad durante fines de los 60 y principios de los 70. Nosotros lo vivimos mucho durante el menemismo. Causas políticas originadas en hechos políticos, a partir de las cuales lo jurídico pasa a ser relativo y la ideologización y politización de la Justicia es lo que guía el procedimiento. La Ley Antiterrorista votada hace varios años aporta también mucho a esta situación”, reza uno de los comunicados de esa agrupación emitido el 15 de marzo.

“La pedreada al Congreso e incluso a determinados despachos fueron acciones políticas. Oscar Santillán es un compañero, como lo son todos y cada uno de los integrantes del MTR Histórico. Y esto no implica valorar las acciones que se produjeron frente al Congreso. Lo acusan de pertenecer a una organización cuyo objeto es cometer delitos determinados, esta asociación ilícita sería el MTR Historico, y sus referentes como el Negro Martino serían los jefes de esta banda. Y ya nos encontramos entonces en fines de los 60, principios de los 70. En éste momento se allanan los locales del MTR H, se ordena la detención del Negro y así retrocedemos 50 años”, agregó.

Para la Gremial, “los jóvenes fiscales y jueces relacionados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han demostrado poseer una clara ideología de represión”, y escucharlos es “como escuchar a aquellos jueces del famoso ‘Camarón’, latristemente célebre Cámara Federal en lo Penal, Fuero Antisubversivo de ladictadura”.

En este contexto, ¿qué les espera a los nueve imputados por manifestarse en contra del acuerdo con el FMI? Años de estar encausados, como los de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que intentó implementar el macrismo. Mientras tanto, en el feudo de Gerardo Morales también van presos quienes protestan. Los movimientos sociales y algunos partidos de izquierda repiten que el ajuste no cierra sin represión. Las marchas son ya casi parte del panorama cotidiano. Que no lo sean los presos por luchar.

ENCONTRÁ LA PRIMERA PARTE DE ESTA CHARLA CON RODRÍGUEZ CARRERO, CON OSCAR SANTILLÁN Y JULIÁN LAZARTE LOS OTROS DOS DETENIDOS Y SUS ABOGADXS EN EL LAWFARE DE LA CALLE / 1

social social social social social