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Masacre de Napalpí

“Las reducciones fueron un sistema de explotación laboral”

La quinta jornada del juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí se llevó a cabo este martes, en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” (Ex ESMA). Declaró el sociólogo, Marcelo Musante; el historiador, Nicolás Íñigo Carrera; los antropólogos, Lena Davila y Carlos Salamanca; el exaviador militar, Alejandro Covello y las archivistas, Alejandra Aragón y Eva Nazar. Brindaron detalles del contexto histórico, el trasfondo económico y las pésimas condiciones de vida de los indígenas. También se dieron datos respecto al avión biplano que sobrevoló la reducción de Napalpí, previo a la matanza.

Por: Bruno Martínez
Foto: Secretaría de DDHH del Chaco
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(Cobertura conjunta con Revista Litigio)

El contexto histórico, el trasfondo económico, las condiciones de vida, los documentos recabados y el avión biplano que sobrevoló Napalpí. Estos fueron algunos de los tópicos que se abordaron este martes en lo que fue la quinta audiencia del juicio por la Verdad por la masacre de Napalpí.

A diferencia de las anteriores, que se llevaron a cabo en el Chaco, en esta oportunidad el juicio se realizó en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” (ex ESMA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Marcelo Musante inició la ronda de testimonios. Sociólogo, docente e investigador, Musante es autor de diversas publicaciones que dan cuenta del genocidio indígena en Argentina, entre ellos, el ocurrido en Napalpí.

El investigador centró su testimonio en la información que recopiló hasta el momento respecto del funcionamiento de las reducciones, al que denominó como un sistema de “concentración, disciplinamiento y sometimiento de las comunidades indígenas”. El mismo, según explicó, fue copiado de Estados Unidos.

Recordó que las reducciones existieron en Argentina entre 1911 y 1956, y que Napalpí no fue la única. También estaban las de Bartolomé de las Casas, Muñiz y Ameghino, en la provincia de Formosa, que llegaron a funcionar en simultáneo.

“Hubo momentos en el que llegaron a haber siete mil personas reducidas”, contó Musante y señaló que, en 1915, en Napalpí, había 1.600 personas; en 1936, 2.800 y en 1937 el número ascendía a 3.100 indígenas.

En este sentido, consideró que las condiciones en las que estaban las comunidades en Napalpí hacían que fuera “inevitable en algún momento determinado ocurra una masacre”. Para fundamentar esta afirmación señaló dos ejes: uno, vinculado con lo que era el afuera de las reducciones, y otro con el adentro.

“En el afuera, entre 1911 y 1956, en una gran parte de ese período en que funciona Napalpí, toda esa región de Chaco y Formosa era un territorio aún militarizado”, señaló Musante. “Eso es muy importante para entenderlo porque explica también por qué comunidades indígenas aceptaban ir a la reducción. En el afuera, eran sujetos de ser detenidos y asesinados, todavía en el marco de las campañas del desierto”, aseveró.

“Un hecho planificado”

El especialista también afirmó que la masacre no se decidió de un día para el otro sino que fue “un hecho planificado”. A través de imágenes que se proyectaron en la gran pantalla gigante que se instaló detrás de la jueza Niremperger, Musante compartió documentación que prueba la presencia de tropas apostadas en la cercanía de Napalpí desde el 16 de mayo de 1924, dos meses antes de la matanza.

Respecto del funcionamiento en sí de las reducciones, Musante mostró la portada del “reglamento para el personal de las reducciones de indios”, una suerte de manual de instrucciones que funcionaba como ley suprema del lugar.

“Este es un reglamento que va a definir los roles de las diferentes personas que van a formar parte de la administración. Y que también va a definir la mirada que hay sobre el indígena”, graficó. Existieron tres reglamentos destinados a tres grupos diferentes: uno para el personal de las reducciones, otro para los indígenas de Napalpí y otro para los indígenas de Bartolomé de las Casas.

Para dar una idea de la mirada que había hacia el indígena, en el reglamento para el personal se menciona la palabra “vigilar” o “vigilancia” 26 veces en 25 páginas. Respecto a la función del administrador, el reglamento señala que es “la primera autoridad de la reducción, el único juez dentro de ella”.

“Hay una arbitrariedad sobre lo que puede hacer el administrador, como casi un estado de excepción”, explicó Musante.

“Algo interesante para mencionar de este reglamento es que ninguna de las personas que entrevistamos de la reducción Napalpí o de las reducciones de Formosa conoció jamás este reglamento. Por lo cual los sujetos indígenas reducidos eran castigados y estaqueados, pero no sabían por qué”, contó.

“Otra cosa que se recuerda mucho de este sistema burocrático de control era que de noche se cerraba, que tenían rejas. Los indígenas no podían pasar por allí. También se habla mucho de las rondas. Todos los capataces salían a la noche a hacer rondas para ver cómo estaban trabajando los indígenas”, explicó.

Musante comentó además que en la reducción Napalpí los niños indígenas no iban a la escuela, la cual estaba reservada para los hijos de los empleados de la administración. Esto colisionaba con la idea de “formar a los chicos indígenas” que pregonaba el primer administrador de la reducción Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga.

Al referirse a las condiciones sanitarias de las familias indígenas en las reducciones, Musante las tildó de “paupérrimas”. “Los informes son desbastadores”, aseguró. “Hay imágenes de las condiciones en las que estaban los indígenas, donde les sacaban fotos desnudos, que son inmostrables por la violencia”, dijo.

“Las reducciones fueron fundamentalmente un sistema de explotación laboral”, remarcó Musante.

Luego mostró una imagen de lo que era una suerte de planilla de trabajo donde se le hacía poner el pulgar como forma de registro.

El dinero con el cual se sostenían las reducciones salía, justamente, de ahí, del sudor y la sangre del indígena. Con su explotación se pagaban los sueldos a quienes formaban la administración a los miembros de la Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas, que funcionaba en Buenos Aires y también a las misiones religiosas que operaban en los territorios. Es decir, que se sustentaba a curas y a monjas.

“Rufina Chico” se leía en otra de las imágenes que aportó Musante para ejemplificar el modo en el que se abonaba la mano de obra en la reducción. El nombre de la tía del historiador Qom, Juan Chico, quien falleció el año pasado a causa de la COVID-19, aparece en un recibo de 1938 entregado por la administración de la reducción en donde se le abona 5,40 pesos moneda nacional por recolectar 10 líneas de algodón de 540 metros de largo cada una, al precio de 10 centavos los cien metros.

Musante comentó además que se encontró con una gran cantidad de listados en los cuales la administración califica con términos poco sutiles a los indígenas a los que considera prescindibles y los castiga con la expulsión de la reducción. Quienes eran echados del lugar debían sufrir la intemperie de lo que era un territorio militarizado en el marco de la aún vigente “campaña del desierto”, bajo el peligro constante del fusil policial.

En un listado de 1931, la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios explica que algunos indígenas fueron echados porque “formó parte de la sublevación de 1924/25”, “fue espía del elemento revoltoso durante la sublevación del año 24/25”, “ineptitud completa al trabajo”, “inadaptable”, “tuberculoso”, “curandero”, por ejercer “propaganda insidiosa contra la administración” o “por desacato a la administración”.

El abogado querellante, Duilio Ramírez, preguntó si el ingreso a las reducciones era libre. “Yo no lo definiría como libre”, respondió Musante. “Entraban en grupos familiares. En Bartolomé de las Casas, por ejemplo, uno puede ver que entró Garcé, un reconocido cacique Pilagá, con 300 o 400 personas. Eso tiene que ver con las negociaciones que les propone el Estado. Mientras va conquistando territorios se les propone a los indígenas que ingresen a las reducciones, pero no se puede pensar como un espacio de libre acceso”, añadió.

“Cuando ingresaban a la reducción, a los indígenas se les entrega elementos de labranza, ropa y automáticamente eso le genera una deuda con el almacén y la administración. Incluso los fletes que se le cobraba al administrador por mandar el algodón a Quitilipi se les descontaba a ellos”, explicó. “Todos los indígenas van a estar siempre en deuda. Y este poder de la deuda va a generar una gran presión en las familias”, contó.

 
Leé el resto de los testimonios en Revista Litigio: http://litigio.com.ar/2022/05/11/napalpi-es-un-ejemplo-de-despojo-y-violencia-colonial/

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