Pasaron diez (10) años desde el secuestro de Marita Verón hasta que se inició el juicio contra trece de las personas que la privaron de su libertad y la prostituyeron; tras once meses de audiencias revictimizantes, terminó sin ninguna condena. Van veinte (20) años desde la desaparición de la joven, sin que haya la menor pista de su paradero. Números redondos, que confirman las complicidades y connivencias del sistema prostituyente con parte de la Justicia, la Policía y el poder político.
María de los Ángeles Verón, entonces de 23 años, es la antítesis de las víctimas de trata: provenía de una familia de clase media bien estructurada, convivía con su novio y tenían una hija de tres años; había comenzado a estudiar en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. También su captura, el 3 de abril de 2002, fue atípica: no ocurrió mediante engaños ni seducción sino con violencia, en pleno día y a veinte cuadras de la Casa de Gobierno.
Hubo al menos dos vecinas y un hombre que presenciaron el rapto; pero no se animaron a declarar, debido a la matriz de miedo impuesta desde 1975 por el terrorismo de Estado y que todavía se respiraba en la provincia. Los temores recrudecieron unos meses después, cuando se conoció que detrás del secuestro estaba Rubén la Chancha Ale, cabecilla —junto con su hermano Ángel (a) el Mono— del clan mafioso más impune y poderoso de Tucumán.
Los hermanos Ale, Rubén la Chancha, sentado y de pie, Ángel el Mono.
Ambos lideraban una asociación ilícita con varios rubros —máquinas electrónicas clandestinas de juego, explotación y trata sexual, usura—, para lo cual también cometían otros delitos, como lesiones, amenazas, extorsión, estafas, tenencia y portación de armas no declaradas, incluso de guerra. Y obviamente lavado de dinero, a través de la remisería Cinco Estrellas. En uno de esos autos fue levantada Marita por Víctor Rivero, entonces cuñado de la Chancha Ale.
El año pasado, la Cámara Federal de Casación confirmó la pena a diez años de prisión para los hermanos Rubén y Ángel Ale. Condenados en 2017 como jefes de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos del narcotráfico y la trata de personas, actualmente gozan de libertad condicional.
Complicidad política, policial y judicial
Desde el momento mismo de la denuncia de su desaparición, la Policía puso en marcha diversos mecanismos para impedir su hallazgo. Logró escaparse o la soltaron, drogada, en La Ramada, a 23 km de la capital tucumana; la Policía la subió a un micro y avisó a sus captores, que la recogieron en la estación. Drogada la mantuvieron un tiempo en casa de una de las reclutadoras de la red, Daniela Milhein, ex víctima de la Chancha, padre de una de sus hijas. Fueron Ale y su entonces pareja, María Jesús Rivero, quienes recurrieron a sus contactos policiales y políticos para desviar la investigación y sembrar pistas falsas, mientras Marita era trasladada a la ciudad de La Rioja, donde fue prostituida en tres burdeles de Lidia Liliana Medina y su familia.
En 2013, la Corte tucumana confirmó la absolución de Rivero por el secuestro de Marita; pero en 2017 fue condenada junto a los Ale como parte de la asociación ilícita que lavaba dinero del narcotráfico y la trata. Recibió una condena a seis años de cárcel y ya los cumplió; está libre.
En ese primer tramo del cautiverio, la complicidad del poder político se produjo al más alto nivel: el secretario de Gobierno durante la gestión de Julio Miranda, Fernando Juri, era compadre de la Chancha. Y el destino de Marita en La Rioja se descubrió por las indagaciones del comisario Jorge Tobar, de Bomberos, a quien recurrió el padre de la joven. Entonces, la complicidad se extendió a lo judicial: a cargo de la Fiscalía VIII tras la muerte de su titular, el secretario Ernesto Baaclini —compadre de Cergio Morfil, abogado de la Chancha Ale— se encargaba de alertar a funcionarios policiales y judiciales implicados con la y los proxenetas.
Aun así, Tobar llegó a rescatar a algunas víctimas de trata, que en el juicio contaron dónde y cómo habían visto a Marita Verón; y pudo identificar a veinticinco hombres y mujeres —incluidos policías— que integraban la red de trata y habían participado en los secuestros y explotación sexual de la joven. Pese a haber sido nombrado varias veces en el expediente, Rubén Ale nunca fue llamado a declarar, ni siquiera como testigo.
La instrucción se cerró a fines de 2003, pero el deplorable sistema judicial de Tucumán dio lugar a todos los artiugios de las defensas; el expediente llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y finalmente fueron solo trece las personas imputadas, en un juicio que comenzó recién en febrero de 2012.
Prohibieron nombrar los prostíbulos en tribunales
En el centro está el presidente del Tribunal Alberto Piedrabuena; a su derecha Eduardo Romero Lascano y a la izquierda Emilio Herrera Molina.
Los jueces ignoraron el estrés postraumático provocado por la trata sexual y admitieron que esas mujeres tuvieran que declarar a menos de dos metros de sus proxenetas. Consintieron que sus defensores las interrogaran con ferocidad durante muchas horas y por varios días. Permitieron que utilizaran un lenguaje misógino y estigmatizante.
Bloquearon los intentos de las testigos de ampliar sus testimonios con nuevas informaciones. En cambio, prohibieron a todos los abogados y abogadas —incluida la querella— pronunciar la palabra «prostíbulo»: consideraron que era acusar o admitir la comisión de un delito, en vez de ordenar la investigación de los burdeles nombrados (la ley 12.331 prohibe desde 1937 «todo lugar donde se ejerza la prostitución»).
La escandalosa absolución
La voluntad del tribunal de absolver a María Jesús y Víctor Rivero, por ser la vía para “despegar” a Rubén Ale fue evidente desde el comienzo, como ya se dijo; pero cuando las testigos ubicaron a la mujer y a Ale en los prostíbulos de La Rioja, el 11 de diciembre de 2012 los jueces decidieron firmar absoluciones para todos y todas. La indignación provocada por el escandaloso fallo movilizó esa misma noche y el día siguiente a miles y miles de personas, en especial a mujeres, en todo el país.
Los fundamentos de la sentencia —por otra parte, pésimamente redactada— contienen decenas de omisiones, recortes, invenciones, tergiversaciones, errores, descontextualizaciones. El tribunal puso en boca de testigos, palabras y hechos que nunca dijeron; y en paralelo no incluyó afirmaciones y detalles que habrían modificado la valoración de las declaraciones.
El fallo abunda en contradicciones, incoherencias y falacias: afirma que no es posible aseverar que Marita Verón haya sido secuestrada por una red de trata, pero reconoce que estuvo en los burdeles de la familia Medina; resta credibilidad a las testigos de cargo, pero admite que “este grupo de acusados integraba una verdadera organización cuya finalidad era explotar la prostitución de mujeres, lo que desarrollaban en tres locales que bajo el rótulo de whiskerías o boliches eran prostíbulos”. Y a pesar de eso, ni siquiera ordena que se los investigue por esos delitos.
La querella recurrió en casación a la Corte tucumana, la que un año después revirtió buena parte del fallo y mantuvo la absolución de los Rivero. Un nuevo tribunal dictó penas de diez a veintidós años; Liliana Medina había fallecido. El juicio político contra los tres jueces, iniciado por los abogados de Susana Trimarco, no prosperó.
Hubo un “premio consuelo”: la madre de Marita llevó toda la información que había reunido a la justicia federal de Tucumán, la que inició una investigación por lavado de dinero contra el clan Ale. El 18 de diciembre de 2017, la Chancha y el Mono fueron sentenciados a diez años de prisión, y otros once imputados e imputadas recibieron condenas más bajas, entre ellas María Jesús Rivero; la absolución de su ex pareja Roberto Dilascio fue revertida en casación el 18 de julio de 2021.
Desde 2004 está abierta una causa por averiguación del paradero de María de los Ángeles Verón, alimentada por los datos que recoge su madre. Después del juicio se hicieron cuatro excavaciones (en La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero y la última en La Pampa, en noviembre de 2016); también se siguió una probable pista en España, pero hasta ahora sin ningún indicio firme.
Su hija Micaela ya tiene la misma edad que Marita cuando fue secuestrada.
