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Sexta audiencia

Napalpí: «El Estado argentino aún no reconoció el genocidio indígena»

El pasado jueves, en la recta final del juicio por la Verdad de la matanza de más de trescientos indígenas en Napalpí, en 1924, el doctor en Historia, Mariano Nagy, advirtió sobre la deuda del Estado Argentino. Como él, el ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, coincidió y resaltó que este «no es un conflicto del pasado, sigue vivo en la memoria de nuestros pueblos y el Estado tiene que por lo menos esclarecerlo». El 19 de mayo, en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, se leerán los alegatos.

Por: Bruno Martínez
Foto: Secretaría de DDHH del Chaco
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Cobertura conjunta con Revista Litigio

Un genocidio no es un hecho aislado. Tampoco se da de momento a otro. Un genocidio forma parte de un proceso. Tiene una genética, un pasado, una historia. Está atravesado por un contexto social, político y económico. Un genocidio, además, deja huellas. Por su magnitud, por la dimensión de la barbarie, crea una marca imborrable en la comunidad, una cicatriz que estará ahí para siempre.

En la sexta audiencia por el juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, que se realizó en la ex ESMA, se abordó este entramado a partir de los testimonios de diferentes especialistas quienes brindaron su aporte para desentrañar las condiciones en las que se produjo la matanza de indígenas de las etnias Qom y Moqoit en 1924 y sus secuelas en la actualidad.

Ante la jueza Federal, Zunilda Niremperger, declararon este jueves Silvana Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); la documentalista, Valeria Mapelman; el historiador, Mariano Nagy; los antropólogos, Héctor Trinchero y Diana Lenton y el exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni.

Estuvieron presentes los fiscales, Diego Vigay y Federico Carniel, en representación del Ministerio Público Fiscal. La Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), ambos querellantes en la causa, fueron patrocinados por los abogados Duilio Ramírez y Emiliano Núñez, respectivamente. Acompañaron la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Silvana Pérez; la subsecretaria, Nayla Bosch y el presidente del IDACH, Miguel Gómez.

“Estas búsquedas generan expectativas”

Silvana Turner, antropóloga forense y líder del equipo del EAAF que realizó excavaciones en la zona donde ocurrió la masacre hace casi cien años, reconoció en su testimonio que, si bien los hallazgos que se realizaron hasta el momento no fueron los esperados, es solo el comienzo de un largo trabajo de pesquisas que queda por delante.

La especialista recordó que en 2018 fue el primer contacto que tuvo con las autoridades de la fiscalía Federal de Resistencia y con el historiador Qom, Juan Chico. En el marco de la investigación por la Masacre de Napalpí, se le solicitó a Turner y al EAAF su colaboración para realizar excavaciones que pudieran detectar la presencia de fosas comunes en la zona de Colonia Aborigen. Según sobrevivientes y sus familiares, allí estarían enterrados los restos de muchos indígenas asesinados en la matanza.

Turner recordó que, en la primera visita de 2018, se recorrió el lugar y se tomó contacto con la comunidad para identificar las zonas en donde podrían realizarse hallazgos. De septiembre a octubre de 2019, se planificó el primer trabajo de exploración arqueológica para realizar las excavaciones. Uno de los puntos principales a indagar era el que estaba debajo de una gran cruz de madera.

Se hicieron sondeos, trincheras de manera manual y se utilizó una máquina retroexcavadora bajo la supervisión de un arqueólogo. En total, contó Turner, se excavaron 18 sitios. Como indicio de posibles sepulturas antiguas, el equipo del EAAF buscó también detectar alteraciones en las distintas capas del suelo, las cuales se mantienen en el tiempo a pesar de que se le coloque tierra encima.

Las pericias arrojaron primero un dato desalentador: no se encontró nada bajo la gran cruz de madera. Sin embargo, en otra excavación, sí se encontraron restos que pertenecían a un hombre adulto. Huesos de los miembros inferiores, parte de los superiores, vertebras y costillas.

Turner mostró un mapa del lugar de la masacre donde podría haber restos y las zonas en donde ya se realizaron excavaciones. Las áreas coloreadas, es decir las ya intervenidas, no representan ni el 5% del total a relevar.

El hallazgo fue trasladado a la sede del EAAF, en Ciudad de Buenos Aires, respetando los protocolos y la cadena de custodia. Se lo analizó con las técnicas de antropología y comparó con otros restos recuperados en 2016, en el trabajo realizado por peritos criminalísticos de parte, en la demanda civil de Napalpí. Los mismos eran compatibles. Es decir, pertenecían a la misma persona.

“Estas búsquedas generan expectativas”, reconoció Turner. Indicó que si bien los resultados obtenidos hasta ahora, tal vez, no cumplan con esas expectativas, esto no implica deslegitimar la información transmitida a través de la memoria oral indígena con respecto a los entierros masivos. Para sostener su posición, mostró un mapa del lugar de la masacre donde podría haber restos y las zonas en donde ya se realizaron excavaciones. Las áreas coloreadas, es decir las ya intervenidas, no representan ni el 5% del total a relevar.

Comentó en este sentido que se tenía previsto en 2020 avanzar con la búsqueda en otros sectores, pero la pandemia frenó las intervenciones. De todos modos, está previsto darle continuidad a este trabajo a partir de la utilización de otras herramientas y tecnologías, como la comparación de imágenes satelitales, por ejemplo.

Los sobrevivientes de la masacre y sus descendientes contaron en reiteradas ocasiones que algunas de las víctimas fueron incineradas. ¿Un cuerpo en esas condiciones es más difícil de identificar?, fue la duda del abogado querellante, Duilio Ramírez. Turner respondió que la quema de un cuerpo provoca la fragmentación de los restos y dificulta su identificación. Sin embargo, en este caso, no modifica el punto de investigación ya que lo que se busca en esta causa es describir las características generales y cantidad de personas inhumadas.

“Un proceso de control y disciplinamiento”

Valeria Mapelman integra la Red de Investigadores sobre Genocidios y Política Indígena. Es investigadora, escritora y documentalista. Produjo los documentales “Mbya, tierra en rojo” (2004), “Octubre Pilagá, relatos sobre el Silencio” (2010) y “La historia en la memoria” (2010). En 2015, publicó el libro “Octubre Pilagá: memorias y archivos de la masacre de La Bomba”.

Al iniciar su presentación, brindó datos respecto a la investigación que realizó sobre la Masacre de Rincón Bomba, ocurrida el 10 de octubre de 1947, 23 años después de Napalpí. Ambas tienen grandes similitudes y algunas diferencias.

Entre las coincidencias está el asesinato masivo de indígenas. En el caso formoseño, contra el pueblo pilagá. La persecución y aniquilamiento posterior que se produjo contra quienes sobrevivieron a esa matanza, que se prolongó durante unas tres semanas, fue otro punto de similitud con lo ocurrido en Napalpí. Previo a la balacera, al igual que en la masacre chaqueña, se entregaron alimentos y caramelos a las víctimas.

En lo que respecta a las diferencias, hay una muy clara: la situación previa. En Napalpí, los crímenes se produjeron luego de una huelga en donde se exigían mejores condiciones laborales y de pago a la administración de la reducción, mientras que en Rincón Bomba la matanza se dio contra los pilagás que no quisieron incluirse en el sistema de reducción indígena.

Las comunidades de Formosa sabían que allí, en las reducciones, iban a padecer todo tipo de penurias, como la pérdida de libertad, el hambre constante y las enfermedades. Todo a cambio de un trabajo esclavo por una paga mínima. El no querer sumarse a esa maquinaria de explotación le costó la vida. En los documentos de la época, al hablar de los indígenas que se revelaron, se menciona la palabra “irreductibles”.

Mapelman contó que en la documentación de la época a la que tuvo acceso durante su investigación siempre se hablaba del “problema indígena”. Es que luego de que el blanco se apropiara y controlara los territorios a través de diversas campañas militares genocidas (autodenominadas “conquistas del desierto”), tenían que pensar qué hacer con los sobrevivientes. Y una de las soluciones eran las reducciones, lugar donde se los exprimiría como mano barata para las diferentes industrias. “Las reducciones indígenas fueron parte de un proceso de control y disciplinamiento”, sostuvo la documentalista.

Otra lúgubre coincidencia entre ambas matanzas fue el uso de un avión. La documentalista mostró un documento del 16 de octubre de 1947, seis días después de la masacre y en plena casería de sobrevivientes, en el cual se lee como el Ministerio de Guerra informa al de Interior que un aeroplano salió desde El Palomar hacia la zona de la persecución. El vehículo hizo una parada en Resistencia, en la sede de Gendarmería Nacional, para que se le agreguen una ametralladora. Participó de la captura de 100 personas.

En Napalpí, los crímenes se produjeron luego de una huelga en donde se exigían mejores condiciones laborales y de pago en la reducción, mientras que en Rincón Bomba la matanza se dio contra los pilagás que no quisieron incluirse en ese sistema.

La documentalista contó que durante los días posteriores se realizaron más capturas de sobrevivientes y fusilamientos. De los grupos de detenidos, cada tanto se sacaban a alguno para asesinarlo. Los relatos de la época cuentan que una nena de 14 años fue ejecutada de esa manera. Muchos pilagás continuaron muriendo no sólo por las heridas mal curadas sino de sed porque no los dejaban acercarse a los ríos.

Los que se rindieron fueron trasladados a las reducciones de Bartolomé de las Casas y Muñiz. Allí obligan a trabajar a todos, hasta a los niños, a quienes enviaban a cazar langostas con fuego.

“Verdad histórica”

“Aportar a la verdad histórica y que el Estado reconozca el genocidio perpetrado contra las comunidades indígenas en Argentina”, fue la respuesta del doctor en Historia e investigador del Conicet, Mariano Nagy, al ser consultado respecto de su interés en esta causa.

El historiador explicó que el término “genocidio” fue acuñado por el jurista polaco, Raphael Lemkin, en 1944.  Tras escapar de la persecución nazi en 1939 y perder a 49 familiares en el Holocausto, Lemkin fue uno de los principales impulsores para que este concepto sea reconocido como delito por el derecho internacional.

Nagy señaló que hay dos consensos claros dentro de este término: el primero es que se trata de destruir a un grupo étnico o nacional (aunque la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio lo define de manera más estrecha, según aclaró). Y el segundo es el de la gran pérdida que sufre la humanidad cada vez que ocurren matanzas masivas.

Recuerda que Lemkin describe en primer lugar hechos vinculados al pasado reciente, como el primer genocidio del siglo XX perpetrado por las fuerzas coloniales alemanas en la actual Namibia, entre 1904 y 1907, que produjo la muerte de 70 mil personas pertenecientes a los pueblos Herero y Nama. Y el denominado “Holocausto Armenio”, casi una década más tarde, a manos del gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio Otomano. En este último caso, las víctimas se calculan en 1,5 millones de personas.

“El concepto de genocidio es la consagración de un crimen que ya existía con otros nombres”, explicó el historiador, y recordó que anteriormente se lo nombraba como “barbarie” o “barbarismo”.

Todo esto venía atado a la constitución de los estados nacionales, las políticas imperialistas y a la segunda revolución industrial. A partir del avance de la tecnología, explicó Nagy, se podía matar o lesionar gravemente a más personas en menos tiempo y a menor costo. Este panorama que auguraba tiempos oscuros para la humanidad hizo que nacieran instituciones de ayuda internacional, como la Cruz Roja, y acuerdos internacionales como la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado.

De lo que se trataba, explicó Nagy, era de “humanizar los usos bélicos”. Sin embargo, y de manera contradictoria, se desarrollaban en simultáneo todo tipo de genocidios y se multiplicaban los campos de concentración en el mundo, como los de Estados Unidos en la Guerra de Secesión (1861-1865), en Cuba a manos del colonialismo español (1896-1898); en Filipinas por los norteamericanos y en Sudáfrica por parte del Imperio Británico (1901-1902).

«El concepto de genocidio es la consagración de un crimen que ya existía con otros nombres: barbarie o barbarismo”, explicó Nagy. 

También es contemporáneo a esas experiencias criminales el campo de concentración montado por el gobierno argentino en la Isla Martín García (entre 1871 y 1886), donde fueron trasladados indígenas que habían sido capturados en las campañas genocidas de la Pampa, la Patagonia y el Chaco. “Por cada muerto indígena, 10 quedaban en manos del Estado argentino”, contó Nagy.

El historiador indicó además que la isla fue uno de los lugares desde donde los originarios fueron luego repartidos a diversos destinos con el fin de utilizarlos como fuerza de trabajo en actividades productivas o en el servicio doméstico, y como soldados o marinos en el Ejército o la Armada.

Por otra parte, Nagy sostiene que el genocidio no acaba con su concreción material, sino que continúa en lo simbólico. “Esta idea se representa cuando alguien dice que los argentinos bajamos de los barcos”, añadió el historiador, en una crítica directa a los polémicos dichos del presidente, Alberto Fernández, en una conferencia de prensa que brindó el año pasado junto a su par de España, Pedro Sánchez.

Nagy añadió que el proceso genocida instala una serie de relaciones que se perpetúan y denunció que el Estado argentino no reconoció en ningún momento que perpetró un genocidio contra el pueblo indígena. “Napalpí no se puede explicar sin el proceso genocida del siglo XIX”, sostuvo y dejó en claro que las prácticas genocidas “no caen en un vacío cultural”.

“Desprecio total por la vida”

La doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, Diana Lenton, fue la cuarta testigo en exponer. Investigadora del CONICET, Lenton es cofundadora de la Red de Investigadores en Genocidio y Pueblos Indígenas.

Comenzó su exposición recordando la intervención del senador, Aristóbulo del Valle, en la sesión de la Cámara Alta del 19 de agosto de 1884, la cual fue leída en el Congreso 40 años más tarde por el legislador socialista, Francisco Pérez Leirós, al denunciar la Masacre de Napalpí.

La exposición de Del Valle era una fuerte respuesta al proyecto del por ese entonces presidente de la Nación, Julio A. Roca, quien propuso repetir en el Chaco “la feliz experiencia” genocida que se dio en las campañas militares de La Pampa y La Patagonia.

¿Qué dijo Aristóbulo del Valle? “Hemos reproducido escenas bárbaras –no tienen otro nombre-, las escenas bárbaras de que ha sido teatro el mundo, mientras ha existido el comercio civil de esclavos”, sostuvo el senador. Y añadió: “Hemos tomado familias de los indios salvajes, las hemos traídos a este centro de civilización, donde todos los derechos parecen que deberían encontrar garantías, y no hemos respetado a estas familias ninguno. (…) Al hombre, lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño lo hemos arrancado del seno de la madre y al anciano lo hemos llevado a servir a cualquier parte (…) Hemos desconocido y violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre”, denunció. En otro discurso, también dicho en el Senado, sostuvo que la sociedad  mantenía un silencio cómplice por los beneficios que les generaba la explotación y el sometimiento indígena.

En sintonía, Bartolomé Mitre utilizó la expresión “crimen de lesa humanidad” al denunciar el fusilamiento de ranqueles en Villa Mercedes, San Luis. “Es un bofetón a la civilización”, señaló en un artículo del diario La Nación del 16 de noviembre de 1878. Al día siguiente, volvió a referirse al tema al señalar que la “impunidad produce la repetición de los crimines” y si “toleramos que hoy en día se fusile a prisioneros desarmados, el día de mañana se seguirá fusilando a los ciudadanos, se quitará a los indígenas de sus familias y se los mandará a servir a cualquier parte”.

“Había un desprecio total por la vida de los indígenas. Incluso hay una frase que se repite mucho como muletilla en la década de 1880 y es que el trabajo de los indígenas era la única razón por la cual justificar su existencia”, sostuvo Lenton. 

“Esto es importante”, valoró Lenton, “porque muchas veces se nos dijo que estamos queriendo imponer conceptos de la actualidad a procesos anteriores donde no había conciencia”. “Está claro que se estaban condenando esos hechos en el mismo momento en que se producían”, subrayó.

De hecho, la generación del 80 tuvo mucho que ver con la génesis de Napalpí. La antropóloga recordó que esta es la generación de la organización nacional. A la par de los genocidios contra los indígenas, fue la que produjo la modernización del Estado, la institución de todos los ámbitos oficiales, como la Educación, el Ejército, la Justicia y la Administración Pública.

Por otra parte, Lenton se enfocó en un crimen que se practicó en el marco del genocidio indígena: la sustracción de bebés. Arrancados de sus familias, en escenas desgarradoras de violencias y tristeza, eran enviados a hogares de blancos que luego los rebautizaban con nombres que tomaban del almanaque santoral. Estas prácticas no eran para nada marginales y se impulsaban desde los altos mandos políticos de la época, con Roca a la cabeza. “Nos hace pensar en la última dictadura militar y en el proceso de sustracción de niños”, comparó la investigadora.

Lenton expresó en este sentido que la trata de personas es uno de los costados que no siempre se reconoce, “pero es una constante en los genocidios y específicamente en el genocidio indígena”. Contó que los sobrevivientes varones de la avanzada militar terminaron siendo trasladados como mano de obra para en alguna industria intensiva como los ingenios azucareros, el algodón y la madera. Mientras que las mujeres eran enviados para hacer trabajo doméstico.

“En esa época se hablaba de mujeres que se tiraban a las vías del tren con sus hijos para no ser llevadas a servir en cualquier parte, porque el terror tenía que ver con lo desconocido. Esta política no sólo fue de masacre y servidumbre, sino que también de desaparición de personas. Las comunidades no sabían a donde las llevaban ni a donde iban ni qué había del otro lado. Simplemente no los volvían a ver”, explicó.

El uso de esta mano de obra esclava, que también fue usada en la Ciudad de Buenos Aires por la oligarquía y las clases medias, era el principal fundamento que tenía el Estado de ese entonces para justificar el éxito económico de las campañas militares de ocupación territorial, tanto en el sur como en el centro y norte del país.

“Había un desprecio total por la vida de los indígenas. Incluso hay una frase que se repite mucho como muletilla en la década de 1880 y es que el trabajo de los indígenas era la única razón por la cual justificar su existencia”, sostuvo.

El antropólogo Héctor Trinchero explicó que las reducciones indígenas, como la de Napalpí, se usaron para garantizar la oferta de mano de obra barata para los ingenios azucareros, los obrajes y la producción algodonera. 

¿Por qué decimos que el genocidio continúa?, se preguntó Lenton. Su respuesta apuntó hacia las “huellas traumáticas” que padecieron desde ese momento las comunidades indígenas argentinas, el sufrimiento que se hereda y la invisibilización. Un pueblo no puede sobrevivir si no transmite su cultura y su identidad, sostuvo la antropóloga.

El fiscal Carniel le preguntó a Lenton sobre la pérdida del idioma en las comunidades indígenas, una de las marcas que dejó Napalpí. “Esta es una de las consecuencias del genocidio, un factor importante para tratar de proteger a los hijos de la discriminación y de la posible persecución de la policía”, explicó.

“Disciplinamiento por la violencia”

“Reparación histórica para los pueblos originarios y que los dirigentes dejen de decir que los argentinos bajamos de los barcos”, fue la respuesta del antropólogo Héctor Trinchero a la consulta respecto de su interés sobre el juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí. Otro dardo de un investigador contra las declaraciones de Alberto Fernández.

Doctor en Ciencias Antropológicas e investigador del CONICET, Trinchero escribió varios textos que abordan las matanzas a pueblos originarios, como “Las masacres del olvido. Napalpí y Rincón Bomba en la genealogía del genocidio y el racismo de estado en la Argentina” y “Los Dominios del Demonio. Civilización y Barbarie en las fronteras de la Nación”.

Trichero recordó que la matanza de Napalpí se dio en el marco del sistema de reducciones indígenas, en donde “se pierden todos los derechos ciudadanos” debido a que es una organización que tiende al “control y disciplinamiento por la violencia de la fuerza de trabajo”.

Explicó que, a partir de ese sistema, se pretendía garantizar la oferta de mano de obra barata para los ingenios azucareros, los obrajes y la producción algodonera. Este último producto, el algodón, era el cultivo de moda en esa época, en esa zona del país. Desde 1895 a 1923, el crecimiento en la cantidad de hectáreas sembradas fue exponencial: pasó de apenas 100 hectáreas a contar con más de 50 mil. Todo esto se da también en el marco de un proceso de campañas militares de ocupación del territorio en el norte argentino que tenían el objetivo de ocupar el territorio que se consideraba “desierto”.

Por otra parte, al referirse a las consecuencias que persisten entre las comunidades que padecieron Napalpí y otras matanzas indígenas, señaló que se produjo una desestructuración de la economía indígena y la imposibilidad de reconstruir la memoria debido al terror que persiste.

Este silenciamiento, argumentó, también apunta a la subjetividad indígena. Desde la mirada del hombre blanco, toda su cosmovisión pasa a ser un horizonte mítico, fuera de toda razón del mundo civilizado.

“Una cicatriz en el pueblo del Chaco”

Cerró la ronda de testimoniales el ex juezde la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana deDerechos Humanos, Eugenio Zaffaroni. “Este juicio por la verdad responde no sólo al principio de imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, sino que también esclarecen la memoria histórica del pueblo argentino”, sostuvo el exmagistrado al iniciar su alocución.

El abogado querellante Duilio Ramírez le realizó dos preguntas. En primer lugar, le consultó sobre cuáles son los elementos esenciales que constituyen los crímenes de masa y, en segundo término, preguntó si según a su criterio la matanza de indígenas en la reducción de Napalpí fue un genocidio.

“Pongo entre paréntesis el concepto jurídico internacional de genocidio. Lo que nos interesa es si se trata de un crimen masivo, merezca la calificación internacional que merezca”, respondió Zaffaroni.

“En este caso, tenemos un crimen masivo, indiscriminado, cometido contra personas de distintas edades, en una comunidad. Las muertes masivas son crímenes de lesa humanidad. La calificación de genocidio o no genocidio es secundaria. Estamos ante un crimen de lesa humanidad. Y lo que interesa es la imprescriptibilidad”, explicó Zaffaroni.

«Este ha sido un crimen de Estado. No es un conflicto del pasado. Es un conflicto que sigue vivo en la memoria de nuestros pueblos originarios y el Estado tiene una deuda por lo menos de esclarecer la verdad”, aseveró Zaffaroni.

Por su parte, el fiscal Carniel le preguntó sobre la valoración que hace sobre los juicios por la verdad. Zaffaroni mostró su apoyo y valoración para este tipo de procesos.

“El proceso penal no persigue solamente la imposición de penas, sino que las víctimas tienen derecho a saber la verdad”, dijo el exjuez. Y añadió: “El proceso penal, aunque desde el comienzo se sepa que no va a desembocar en un resultado punitivo, contribuye a resolver el conflicto en lo que el conflicto sobrevive hasta el día de hoy”.

“Sin lugar a dudas, este hecho ha dejado una cicatriz importante en el pueblo del Chaco, sobre todo en la memoria de los pueblos originarios”, afirmó. “Esa cicatriz no ha sido borrada hasta el presente, nada se hizo. El Estado no ha hecho nada. Este ha sido un crimen de Estado. No es un conflicto del pasado. Es un conflicto que sigue vivo en la memoria de nuestros pueblos originarios y el Estado tiene una deuda por lo menos de esclarecer la verdad de lo sucedido”, aseveró.

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