El juez federal Ernesto Kreplak procesó al intendente platense Julio Garro junto a exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Lo hizo en la causa en la que se investiga la llamada mesa judicial, que a partir de los primeros meses de 2017 habría iniciado una estrategia para involucrar en procesos penales a dirigentes de la UOCRA platense.
En Perycia, repasamos las pruebas que fundamentan estos siete procesamientos
A través de la agenda del ex ministro de trabajo bonaerense Marcelo Villegas y de los registros de ingresos a la Casa Rosada, el juez pudo determinar que el 4 de mayo de 2017, Villegas, Mauricio Macri y los funcionarios nacionales Guillermo Dietrich, Gustavo Arribas (AFI), Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio estuvieron en la casa de gobierno en horarios coincidentes y podrían haber dado inicio a la estrategia de judicialización de los sindicalistas.
Los medios anticiparon la estrategia de persecución judicial:
En un artículo publicado el 2 de enero pasado en el portal de internet del diario “La Nación”, titulado “Espionaje ilegal: las reuniones secretas detrás de la captura del “Pata” Medina», el periodista Hugo Alconada Mon expuso diversas circunstancias relacionadas con los hechos investigados.
Allí señaló que la ofensiva contra el entonces jefe de la U.O.C.R.A. en La Plata comenzó en marzo de 2017, cuando el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez, habló sobre Medina con el entonces presidente Mauricio Macri durante un viaje oficial a Holanda.
Como testigo, Alconada Mon declaró que esa nota se apoya en una investigación que dirigió como editor, realizada por la periodista Emilia Delfino, en la que se relató que la ex gobernadora María Eugenia Vidal interrumpió una reunión de su entonces Jefe de Gabinete Federico Salvai con el titular de la UOCRA nacional, Gerardo Martínez, y le preguntó a Martínez si podía contar con su beneplácito para avanzar contra Medina.
Los informes de inteligencia que aportó Alconada Mon.
El periodista entregó copias de supuestos informes de inteligencia de fechas 9, 10, 12 y 18 de mayo de 2017 y otros dos, de fechas 15/6/17 y 12/9/18, con datos relacionados con Juan Pablo Medina (de la UOCRA platense) y algunos de sus allegados.
Los informes incluyen fotografías y descripciones de la casa de Medina, de los vehículos que ingresaban, datos y fotografías obtenidas de las redes sociales del nombrado sindicalista, y datos sobre su pareja que luego fueron incluidos en la denuncia anónima ante el juzgado Federal de Quilmes que terminó con su detención.
Actividades de inteligencia se realizaron sin orden judicial.
En la AFI, hasta el momento, no se encontró registro alguno de que un juzgado solicitara tareas de inteligencia sobre Medina y sus allegados.
Tampoco surge un pedido en ese sentido del estudio de los expedientes judiciales en los que se investigó a Medina, tanto en las 12 causas que tramitaron en la Justicia provincial como la que llevó adelante la Federal.
En su descargo por escrito, el agente de la AFI Diego Luis Dalmau Pereyra señaló que a fines de julio de 2017, le solicitó a su entonces Director General, “la autorización para suspender temporalmente las tareas operativas hasta que el caso fuera judicializado”.
La reunión que se llevó adelante el 15 de julio de 2017 en la sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires —cuyo registro fílmico dio inicio a la investigación en la que se dan los procesamientos — sería la punta de lanza para el lanzamiento de la estrategia.
Participaron funcionarios nacionales, provinciales y municipales, entre los que se encontraban Julio Garro y personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además de un grupo de empresarios sobre los que Kreplak dictó la falta de mérito, es decir que todavía no tiene pruebas suficientes para procesarlos pero seguirán siendo investigados.
Ese encuentro fue filmado y su viralización fue de la mano con el inicio de esta investigación, de allí transcribe el juez los dichos del ex ministro de Trabajo bonaerese, Marcelo Villegas que afirma:
“hemos tomado la decisión como gobierno, cuando digo como gobierno nacional y provincial y municipal de comenzar a resolver de forma definitiva, la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA seccional La Plata”.
Y agrega: “necesitamos pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial (…) Hemos chequeado con la Procuración, la fiscalía y con el juez que eso va a funcionar, fue el primer paso, hace unas cuantas semanas atrás”.
La denuncia anónima del 31 de julio de 2017 con la que se inició la causa contra Pablo Medina contiene datos que no son de acceso abierto. Por ejemplo, de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y del sistema Nosis.
Además, diferentes organismos públicos informaron que antes de esa fecha recibieron consultas de la AFI y de los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires sobre Medina, su familia y allegados.
El trámite del expediente en el juzgado Federal de Quilmes a cargo del juez Luis Armella y la docena de expedientes que tramitaron en la justicia ordinaria platense —por el modo y las fechas en las que se iniciaron— podrían ser, según advierte Kreplak, parte de la estrategia de judicialización que se trazó el 15 de junio en el Banco Provincia.
Vale la pena leer completo el último tramo de análisis sobre estos expedientes que consta en el procesamiento:
“En suma, sabemos con un impactante nivel de detalle que entre los meses de mayo y septiembre de 2017 se decidió, puso en práctica y tuvo los resultados esperados en ese momento una estrategia parajudicial para resolver la conflictividad asociada a la actividad del sindicato UOCRA-La Plata, desde los máximos niveles de decisión de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata».
«Esta estrategia implicó la proliferación de una docena de denuncias en el escaso margen de dos meses, fundadas en muchos casos sobre denuncias anónimas realizados a partir de actividades de investigación criminal ilegal, en ocasiones en infracción a las reglas de competencia y a otras previsiones procesales, y destinadas casi exclusivamente a servir como receptáculo de elementos probatorios obtenidos por fuera de esas investigaciones y a partir de la actuación directa de algunos de estos funcionarios jerárquicos de los poderes ejecutivos”.
Por último, cabe recalcar que en el procesamiento el magistrado advierte que las patas de la llamada “mesa judicial” contarían además con representantes de los niveles superiores de los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, sobre quienes habría que continuar la investigación; así como sobre las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, y las judiciales y del ministerio público fiscal que podrían ser parte de la estrategia de persecución judicial a los sindicalistas.
