Cristina Fernández fue procesada durante 2016 por el juez Julián Ercolini en la causa Vialidad por «asociación ilícita» y «administración fraudulenta agravada» en la concesión de fondos para obras de la provincia de Santa Cruz. A la vicepresidenta se la acusa de haber facilitado 51 licitaciones públicas a Lázaro Báez, empresario y dueño de Austral Construcciones.
Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri e intendente de Capitán Sarmiento, fue uno de los principales denunciantes en la causa. Argumentó sobreprecios en las licitaciones, además de adelantos en los pagos y la adjudicación de la mayor parte de la obra pública al Grupo Báez.
La primera denuncia por obra pública fue presentada por Elisa Carrió en 2008, la cual cayó en manos del mismo Ercolini, que se declaró incompetente.
La causa finalmente fue investigada en Santa Cruz y archivada por inexistencia de delito, por lo que la defensa presentó ante la Corte Suprema el recurso de cosa juzgada y non bis in ídem (nueva aplicación de pena por el mismo hecho ya juzgado), los cuales fueron rechazados. La Corte argumentó que durante la primera causa Cristina no había sido acusada. Además, para el máximo tribunal, ya no se investiga un delito a nivel local, sino que es a nivel nacional.
En la causa Vialidad se encuentran imputadas otras doce personas, entre ellos: Julio de Vido, ex ministro de Planificación Federal, José López, ex secretario de Obras Públicas, Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, y el mismo Báez. Todos los funcionarios estuvieron en su cargo desde 2003 hasta 2015.
La causa fue elevada a juicio oral en 2018, y en diciembre de 2019, dio una extensa declaración indagatoria donde acusó al gobierno de Mauricio Macri de haber llevado a cabo el lawfare (persecución judicial y mediática) en su contra.
El lunes 8 de agosto de 2022 salieron a la luz una serie de fotos que vincularía al ex presidente, al Juez del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, y al fiscal de la causa, Diego Luciani. Ese mismo día, Cristina Fernández pidió la recusación de los implicados, pero el tribunal la rechazó.
Ya en instancia de alegatos finales, durante todo el mes de agosto los fiscales introdujeron nuevos argumentos que no habían sido mencionados en las audiencias anteriores, y entre ellos intentaron vincular la causa Hotesur, donde los acusados fueron sobreseídos, y la causa de los cuadernos, que todavía no tuvo juicio.
Los jueces admitieron nuevas pruebas de otros expedientes, que tampoco fueron presentadas en instancias anteriores. Entre ellas, se encontraban las conversaciones entre José López con empresarios de la obra pública. Uno de ellos es Nicolás Caputo (íntimo amigo de Macri) y otro Eduardo Gutiérrez, empresario del grupo Farallón.
Este 22 de agosto la Fiscalía pidió la proscripción y una pena de doce años de prisión para Cristina Fernández. Ella solicitó ampliar su declaración indagatoria, pero su solicitud fue denegada por el Tribunal. Luego de denunciar la falta de garantías constitucionales, decidió exponer públicamente sus argumentos mediante una transmisión en vivo.
