En las últimas semanas se produjeron dos juicios y una sentencia histórica: por primera vez fueron al banquillo empleados y responsables del Hospital Neuropsiquiátrico Borda, en la Capital Federal, y de la Clínica San Camilo en la provincia de Buenos Aires. En este último caso, fue condenado un encargado de seguridad que golpeó a Saulo Rojas, de 23 años, descompensado y deprimido, y lo encerró sin quitarle el cinturón y los cordones.
“Era un flaquito morochón, de metro sesenta, devoto de Dios, al que le gustaba lucir ropa deportiva y llantas Nike; era hincha de Independiente Rivadavia de Mendoza y cuentan que en los picados de San Camilo los dejaba a todos despatarrados”. Así lo describe el periodista Pablo Galfré en su libro La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación (Sudestada, 2017).
Además de su consumo problemático de sustancias, Saulo era insulinodependiente. Había llegado a la San Camilo en junio de 2012 desde el Barrio La Gloria, una barriada de pobreza estructural de Godoy Cruz, ciudad vecina a Mendoza, porque los centros terapéuticos de esa ciudad le negaron atención con el argumento de que era “imposible de manejar”. Un año más tarde se quitó la vida.
Morir en la celda
Los cientos de pibes del interior internados en este tipo de comunidades del conurbano bonaerense la pasan peor que los locales. A las pesadillas que implica el trato que reciben se suma el sufrimiento por estar lejos de sus familias. La asistente social mendocina Mari Perrone recuerda a Saulo como un chico dócil, de familia trabajadora, que no tenía motivos para matarse, con rasgos depresivos pero no suicidas. Para la doctora Norma Carrasco, que lo trató por su diabetes tipo 1, era ubicado y muy respetuoso.
Fue breve el tiempo de las salidas a visitar a una tía en Hurlingham y de retomar el secundario. Saulo comenzó a andar triste mientras que nadie controlaba sus tres dosis diarias de insulina. En los hechos, Ángel “Pipi” Suñez lo había castigado y encerrado en una celda de aislamiento, algo que prohíbe la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM). Era una pieza pequeñísima con el piso y las paredes de cemento sin revocar, una ventana sin vidrio y la puerta con rejas y candado.
Saulo estaba deprimido y lloraba. Cuando le llevaron la comida habían pasado demasiadas horas.
Otras muertes en San Camilo
A años luz de ser un caso aislado: en San Camilo murió otra persona, un hombre acusado de ser violador, sin ningún consumo problemático que resultó tener un retraso madurativo y había sido internado por su familia.
Galfré concluye que los dueños de la clínica “compraban los cuerpos a los familiares para revenderlos dentro del sistema manicomial, los dejaban internados durante años a través de informes médicos falsos para expoliar las finanzas del Estado, obras sociales, prepagas y familias ingenuas; un engranaje bien aceitado que moviliza millones de pesos al año para médicos, psiquiatras, empresarios y farmacéuticas, frente a un sistema judicial miope y cómplice”.
De hecho, en la causa por la muerte de Saulo la fiscal Cecilia Chaieb ni se molestó en llamar a declarar a testigos ni a las autoridades de esa comunidad terapéutica ubicada en Pilar y en Del Viso, le alcanzó el relato policial. Los testimonios indican que el hombre que llegó a juicio disfrutaba pegando a los pacientes, que una vez le tiró agua hirviendo a uno, que la orden de “engomar” (encerrar) a Saulo la dieron las autoridades, y que Suñez además era el encargado de secuestrar a los pacientes para llevarlos a la clínica.
El Estado ausente
Miriam Lucero, la madre de Saulo, buscó internar a su hijo diabético y adicto no solo en Mendoza sino en varias provincias. Ante el requerimiento del ministerio de Salud, San Camilo fue la única que respondió. “El Estado argentino es responsable porque nunca me dio soluciones y no controló a San Camilo”. Las autoridades de esa clínica le mintieron cuando le informaron que Saulo había fallecido de un paro cardíaco.
Ella, su abogado Yamil Castro Bianchi y el periodista Galfré aportaron pruebas y testigos a la causa y la impulsaron. Verificaron que golpes, maltratos y sobremedicación eran algo cotidiano en San Camilo. Recién en 2017 fue clausurada por el Ministerio de Salud bonaerense a instancias de una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), por “graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes a los usuarios”.
Saulo había gritado toda la tarde que se sentía mal, que necesitaba su insulina. En el encierro, la violencia se vuelve tan cotidiana que no se distingue sobre los cuerpos. No hay suicidios sino suicidados que ejercen la violencia sobre sí mismos como un desesperado gesto de protesta, para hacerse ver.
Condena por la muerte de Saulo
El 8 de agosto se produjo la primera condena en la historia por una muerte ocurrida en una institución de ese tipo.
El juez en lo Correccional de San Isidro Facundo Ocampo determinó que se habían cometido graves violaciones a los derechos humanos y encontró culpable de homicidio culposo a Súñez, ex empleado de seguridad de la comunidad, que cumplirá una pena de tres años de prisión efectiva.
Fue la primera sentencia desde la sanción de la Ley 26.657 de Salud Mental por el suicidio de un paciente. Sus jefes, el director de la institución, Martín Iribarne, y el director terapéutico, Alejandro Jacinto, se libraron del juicio a cambio de realizar tareas comunitarias.
En su fallo, Ocampo también determinó la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires por no fiscalizar a la Fundación San Camilo, y afirmó que “el cumplimiento de este deber podría haber evitado la muerte de Saulo”. Sin embargo, no imputó a funcionario alguno.
El magistrado remitió el veredicto a la subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia para que se investiguen otros casos ocurridos allí. Así lo había pedido en su alegato la fiscal de juicio, Paula Valeria Oyola. “Los horrores vividos en San Camilo no deben suceder nunca más”, cerró su intervención la representante del Ministerio Público.
“Con esta condena el juez le está diciendo al Estado que todas estas cosas pasaron incumpliendo la LNSM”, sintetizó el abogado de la familia, Yamil Castro Bianchi, del Grupo de Litigio Estratégico.
¿Nunca Más?
Sería una obviedad expresar que a Miriam nada le devuelve a Saulo. Pero ella pretende que se terminen las prácticas del horror de estas granjas de rehabilitación, donde aumentan los padecimientos de los usuarios a la par de las ganancias de sus dueños. Lucero pretende que el Estado las controle, algo que la CPM viene denunciando que no sucede.
La CPM había denunciado que en San Camilo se realizaban prácticas sistemáticas de torturas y malos tratos a personas privadas ilegalmente de su libertad, había medidas de aislamiento sistemáticas y arbitrarias, uso abusivo de psicofármacos en el marco de la ausencia completa de un abordaje interdisciplinario de los cuadros médicos.
Galfré tiene comprobados otros 25 homicidios en Pilar. “Si el Estado bonaerense no actúa ante los delitos denunciados en este juicio por una fiscal —torturas, privación de la libertad, secuestro y abuso sexual— el Poder Judicial va a archivar todo como hizo con esas otras muertes”, advirtió el periodista en diálogo con Perycia.
En su fallo, el juez Ocampo también determinó la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires por no fiscalizar a la Fundación San Camilo, y afirmó que “el cumplimiento de este deber podría haber evitado la muerte de Saulo”. Sin embargo, no imputó a funcionario alguno.
Así en la CABA como en el resto del país
En tanto, a principios de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires seis profesionales de la salud del Hospital Borda comenzaron a ser sometidos a juicio oral por la muerte de un joven —casualmente también de 23 años como Saulo Rojas— que se encontraba internado en este neuropsiquiátrico.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), constituye «el primer caso de torturas dentro de un hospital ocurrido en democracia que llega a juicio en la Argentina”. Matías Carbonell murió el 12 de noviembre de 2010, después de 24 días de agonía en el Hospital Penna, al que había sido trasladado de urgencia, totalmente descompensado, “inconsciente y en estado crítico”.
Ante el Tribunal Oral 14 de la Ciudad de Buenos Aires estarán en el banquillo los jefes de servicio responsables del tratamiento y el cuidado de Matías, quienes están imputados por “tortura, abandono de persona seguido de muerte, ocultamiento de medios de prueba y omisión de denunciar hechos de tortura”. Son el psicólogo Roberto Capiello; los psiquiatras Fabián Pintow y Silvia Scheweitzer. Y también los enfermeros Hugo Dospital, Ismael Portillo y Jorge Mastricola.
Matías había sido internado “compulsivamente, por disposición judicial”.
¿Qué le hicieron a Matías?
La investigación judicial comenzó cuando Carbonell aún se encontraba con vida, a partir de la denuncia realizada por los médicos que lo atendieron en el Penna tras descubrir diferentes lesiones, entre ellas golpes y quemaduras en el tórax y uno de sus brazos, compatibles con electrocución. «A ninguno de los funcionarios a cargo de su salud (en el hospital Borda) le pareció pertinente denunciar”, advirtieron desde el CELS.
La autopsia revelaría que Carbonell murió “a causa del daño irreversible que había recibido su organismo”. Además, “se verificó que el uso de medicación no se relacionaba con su cuadro o en dosis excesiva, cuya finalidad no era el tratamiento de la víctima sino el control social”, aseguró el abogado Tomás Griffa, del grupo de litigio del CELS y en representación de la familia de Matías.
No son casos aislados
El letrado destacó que, a pesar de que lo que vivió Matías no fue un hecho aislado sino el resultado de “prácticas punitivas comunes del encierro manicomial, en donde prevalece un régimen centrado en el castigo y el control en base al abuso de poder”, este tipo de muertes difícilmente llegan a hacerse públicas y a obtener justicia.
“El juicio de Matías Carbonell sin duda marca un hecho histórico en el enjuiciamiento de personas que ejercen cargos en el Hospital Borda”, dice a Perycia Macarena Sabin Paz, Coordinadora del Equipo Salud Mental del CELS. La experta sostiene que en Argentina hubo una tendencia a naturalizar y no se han investigado las muertes en instituciones psiquiátricas, siendo que son personas bajo tutela del Estado.
“Esto (los juicios) es un freno a la impunidad en estos lugares, es la demarcación de que no se puede hacer cualquier cosa, desde la sanción de la LNSM hay órganos de control, se empieza a revertir esta idea de la peligrosidad de quienes tienen padecimientos mentales”, agrega Sabin Paz.
El juicio por la muerte de Matías tiene previstas audiencias una vez por semana, lo que llevará el debate hasta fin de año. “Es un juicio de mucha trascendencia, que va a ayudar a visibilizar la realidad que se vive dentro de los hospitales neuropsiquiátricos y que se mantienen en muchas jurisdicciones del país, como la Ciudad de Buenos Aires, en un claro desapego a la LNSM a 12 años de su sanción”, dijo Griffa.
El censo también tuvo un apartado para establecer si los internos tuvieron acceso a distintos canales de comunicación y realización de salidas. En ese sentido, el 41,6% de las personas refirió poder realizar llamadas telefónicas y el 34,1 % no recibió visitas. Por otro lado, se constató que el 28,5% firmaron un consentimiento informado y sólo el 36,4% de las personas que continúan internadas es por presentar riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
LA LEY Y LA TRAMPA
“La LNSM fue un avance importante en materia de derechos humanos para las usuarias y usuarias del sistema, pero su reglamentación y aplicación, en tanto no existen políticas concretas de aumento de presupuesto para sumar recursos humanos y dispositivos de atención, la termina convirtiendo en insuficiente para transformar la realidad de la población que necesita atención en salud mental”. Consultado por Perycia, Mariano Veiga —licenciado en Psicología (UBA) y miembro del Servicio de Internación en el Hospital Moyano— explica que esa fue la conclusión a la que llegaron en la Asociación Gremial Interdisciplinaria de ese centro de salud, de la que es secretario adjunto, ante el renovado debate sobre la norma.
“Para nosotros como trabajadores y como defensores de la salud mental y pública el problema se reduce al presupuesto, que no se cumple porque la ley marca que debe alcanzar un 10 por ciento del presupuesto general de salud, y en algún distrito apenas ha llegado a un 3 por ciento”, agrega.
Hay un doble discurso entre apelar al cierre de las instituciones manicomiales, pero no poner la plata para la transformación del sistema, es decir, la creación de esos dispositivos de atención que los reemplazarían.
Psicólogo Mariano Veiga
¿A qué apunta este profesional? Veiga considera que ante los casos más dramáticos como los de Rojas y Carbonell, la corporación médica sale a la defensiva contra la LNSM como si el problema estuviera ahí. A su criterio, los abusos deben ser punibles y sancionados, sobre todo si derivan en homicidios. Y describe que la gran mayoría de profesionales terminan en tela de juicio, pero por la falta de recursos que redunda en un mal servicio. “No tenemos calefacción para las pacientes, somos pocos en relación a la cantidad que atendemos, la comida es mala, los ascensores no funcionan, es imposible atender bien así”, apunta.
Veiga explica que el sistema no acompaña. “El órgano de seguimiento de la Ley de Salud Mental, las Curadurías y Defensorías, los juzgados en general no viven el día a día en un manicomio, y hacen recaer la exigencia en el equipo de salud mental, cuando la culpa es del gobierno y del sistema”, afirma. “En lugar de ser organismos de cumplimiento de la aplicación de la Ley se transforman en persecutorios y de control”, agrega.
En los hechos, el psicólogo expresa que hay un doble discurso entre apelar al cierre de las instituciones manicomiales, pero no poner la plata para la transformación del sistema, es decir, la creación de esos dispositivos de atención que los reemplazarían. “Tanto en provincia como en Capital a nivel público es casi imposible conseguir un turno para psicología en el país con más psicólogos por habitante”, ejemplifica. Además, en la última década, los profesionales sufrieron una devaluación salarial, pasaron de cobrar 1000 dólares a 400, lo que implica que trabajan más horas, con el estrés del pluriempleo.
Desmanicomialización: mucho más que una palabra difícil
En la provincia de Buenos Aires hubo algunos avances a nivel del proceso de desmanicomialización, pero sacar un turno para un tratamiento de psicología o psiquiatría sigue siendo una utopía. “Solicitamos al Congreso de la Nación que garantice una asignación de recursos suficiente y adecuada para las políticas destinadas a promover y apoyar la salud mental en Argentina durante 2022. Las previsiones del Poder Ejecutivo para el año próximo indican que el dinero destinado a esta finalidad será, una vez más, insuficiente”, exigieron desde la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACJI) medio centenar de agrupaciones vinculadas a la salud mental.
“La norma (LNSM) obliga al Estado a crear un sistema descentralizado y accesible, en el que todos los centros de atención primaria y los hospitales generales del país cuenten con equipos interdisciplinarios que brinden asistencia de calidad en salud mental y en el que todas las personas cuenten con apoyos para vivir en la comunidad y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad”, señalaron los especialistas. El problema es que estamos a años luz de obtener los recursos para ello.
La situación presupuestaria de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones es la más preocupante. Este organismo tiene a cargo ejecutar la Actividad de Apoyo y Promoción de la Salud Mental destinada a cumplir la ley. Sin embargo,sus recursos registraron una drástica disminución a partir de 2016: desde cuando perdió casi 600 millones de pesos en 6 años.
Compromiso político
En este aspecto Sabin Paz coincide. “Para poder transformar la lógica manicomial y dejar de pensar que la salud mental como estigma, abandono, segregación y aislamiento tienen que crearse los dispositivos alternativos, que es lo que la Ley dispone”, explica. La norma dice que esas instituciones deben transformarse hasta su cierre definitivo y ser sustituidas, las personas deben poder acceder a la salud mental como a cualquier otra especialidad, en hospitales generales con servicios especializados y la atención primaria debe estar en centros barriales y comunitarios.
“Es importante aclarar que hay que dejar las internaciones como último recurso terapéutico cuando todas las instituciones intermedias no hayan sido suficientes, la internación es una medida exclusiva para esas situaciones, que debe responder a tiempos cortos para atender la crisis y que la persona luego pueda volver a su comunidad”, dice Sabin Paz.
En este sentido fue tajante al expresar que para crear esos dispositivos que la ley exige, “sin duda hace falta un compromiso presupuestario, que es político, que también está en su texto, es el aumento del presupuesto de salud mental hasta el 10 por ciento del presupuesto general de salud, el gobierno anunció que iba a duplicarlo pero si eso se concretara apenas alcanzaría el 2 por ciento, por lo tanto estamos muy lejos de la pauta que indica la Ley”.
En debate
Como es habitual, los debates suelen surgir de noticias vinculadas a personajes famosos. Por caso, recientemente fue la madre del cantante Chano Charpentier quien cuestionó la LNSM en prime time porque ya no puede más con que su hijo tome sus propias decisiones en plena carrera adictiva.
Para Marina Charpentier, los padres necesitan un cambio en la normativa. «Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él», expresó la mujer en el Senado. Y agregó que «el supuesto equipo interdisciplinario (mencionado en la ley) lo tiene (el cantante) porque lo paga, pero me pregunto qué sucede con el resto de las madres de adictos que no tienen esa posibilidad. Está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen nada».
Ambos puntos resultan atendibles y veraces. Sin embargo, el nudo del asunto no está en el texto de esta norma, que reconoce a las personas con padecimiento mental como sujetas de derecho y apunta a la sustitución del manicomio por tratamientos dignos. En medio de esa polémica, más de 200 organizaciones se pronunciaron en defensa de la LNSM. Y también pidieron al Congreso acciones que garanticen su plena implementación.
Desatar el nudo, ya está dicho, no debería implicar retroceder en derechos sino la voluntad política de colmar de recursos a una Ley en esencia progresiva pero que falla porque no los tiene. Y la implementación de controles efectivos sobre las granjas y comunidades pseudo terapéuticas administradas por privados. Reza el prólogo del libro de Galfré: “Es un mundo donde nada es lo que parece, donde todo es mentira (…) con quienes se creen prohombres en la lucha ficticia contra las drogas donde en realidad encarnan lo peor de este sistema, señores capitalistas, esnifadores de otra droga letal: la plusvalía”.
Otras notas sobre el tema: 145 días en un psiquiátrico y 30 años sin Justicia
