8/8/2022
El primer intento para indagar a Carlos Blaquier fue una noche invernal de 2012. En ese momento iniciaron los juicios de lesa humanidad de la Provincia de Jujuy, y a pesar de que el juez Fernando Poviña lo citó a las cinco de la tarde en el Juzgado Federal ubicado en el centro de la capital jujeña, el empresario no apareció.
Organizaciones sociales y de derechos humanos se mantuvieron firmes frente a las puertas del tribunal hasta que a las ocho de la tarde, cuando ya estaba oscuro, el empresario bajó de su auto blindado y sin mediar palabra con los militantes entró al edificio. Fue una de las pocas apariciones públicas del propietario del Grupo azucarero Ledesma que, sin embargo, no declaró esa noche.
¿Por qué delitos se lo investiga?
Jujuy fue una de las últimas provincias en dar comienzo a los juicios de lesa humanidad. También donde más tardaron en avanzar las causas que buscaban sentar en el banquillo a los grandes representantes del poder económico de la región. Hace diez años, un mes después del intento fallido donde el fiscal aseguró que no estaban dadas las garantías para tomar la declaración, Blaquier finalmente fue interrogado. Declaró por teleconferencia el 8 de agosto de 2012.
En la causa “La noche del apagón”, se los imputa a Blaquier y al ex administrador de la empresa, Alberto Lemos por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad agravada y aplicación de tormentos contra Luis Ramón Arédez, Ramón Luis Bueno, Antonio Filliu, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.
Además, se les atribuyó haber prestado colaboración en las detenciones llevadas a cabo por parte de las fuerzas de seguridad y del Ejército Argentino. El ingenio azucarero habría facilitando los medios de transporte para trasladarlos, ilegalmente, hasta las dependencias de las Seccionales N° 11 y N° 24 de la Policía de Jujuy, y a la Ciudad de San Salvador de Jujuy.
Luego de estar paralizada durante ocho años en la Cámara Federal de Casación Penal y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2021 fue elevada a juicio la causa en la que el empresario finalmente está procesado por la privación ilegal de la libertad de 20 personas en las localidades de Ledesma, Calilegua y Libertador Gral. San Martín entre el 20 y el 27 julio de 1976.
«El Estado era él»
En la investigación se estima que durante la semana del 20 de julio del ‘76, en medio de una sucesión de cortes de luz en aquellas localidades ocurrió el secuestro de al menos 400 personas. Muchos de ellos fueron llevados a cabo con vehículos del Grupo Ledesma, empresa de la que Blaquier continúa siendo propietario.
Según las declaraciones del mismo Blaquier en aquella audiencia privada hace diez años, el Ingenio Ledesma se desempeñaba con “funciones que parecen más propias del Estado”. Oscar Rodríguez, abogado en representación de Adriana Arédez, hija de Luis Arédez, y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Nacional, recordó que el Ingenio funcionaba como un “pequeño Estado” donde los niños nacían, iban a la escuela, sus padres trabajaban allí y ellos eran formados para eventualmente ser empleados de la misma empresa.
“La comisaría estaba dentro del Ingenio, la Gendarmería también, y termina diciendo Blaquier que hasta el cajón lo aportaba él junto a la sepultura, por lo que el Estado es él”, explicó Rodríguez a Perycia.
Durante la indagatoria Blaquier negó su responsabilidad en todos los hechos de los que se lo acusa, tanto a título personal como en su rol de presidente de la firma. Dijo que era víctima de una “persecución” de parte de organizaciones sociales que “más que aportar pruebas se empeñan en criticar públicamente su pensamiento político”.
Causa Arédez
“La noche del apagón” es una de las causas emblema que demuestra la participación civil y empresarial en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Pero además, Blaquier se encuentra involucrado en la causa “Arédez” donde se le imputan tres secuestros entre marzo y abril de 1976, incluído el de Luis Arédez, el entonces intendente de San Martín.
Perycia habló con Adriana Arédez, hija de Luis y de Olga Márquez de Arédez, impulsora de las primeras rondas de Madres de Plaza de Mayo en Jujuy y de la marcha en el aniversario del apagón que aún continúa vigente. Ella y sus hermanos son los principales querellantes de la causa, y luego de que su madre falleciera comenzó a integrar la organización en su lugar .
“Desde 1976 exigimos que Blaquier sea juzgado. Cuando mi padre fue desaparecido, mi madre lo buscaba semanalmente en la provincia junto a mí y a mis hermanos y en ese año se entrevistó con el genocida Lemos para que le responda dónde estaba”, aseguró Adriana. Recordó que en la causa, Madres de Plaza de Mayo también solicitó el procesamiento de la ex esposa del genocida, Maria Elena “Nelly” Arrieta de Blaquier, ya que no ignoraba los hechos.
La noche de la indagatoria, Adriana pudo ver a Blaquier a los ojos: “Cuando vio que estábamos en la vereda con la foto de nuestro padre y nuestra madre, que ya no nos acompaña, su chofer aceleró y se dieron a la fuga”. También recuerda que “sus matones se encontraban entre la multitud amedrentando a las organizaciones de derechos humanos y a la gente solidaria que se acercaba”.
Arédez aseguró que la primera y única audiencia que se realizó al empresario fue instruída por las pruebas que aportó junto a su familia: “el archivo Arédez es tal vez el archivo más grande de la represión y del terrorismo de Estado”.
“Los hijos de Luis Arédez logramos con todas las denuncias ante las Naciones Unidas que la causa vuelva a la Corte Suprema para ser revisada”, recordó Adriana sobre los reveses judiciales que produjeron dilaciones en la causa previamente. Junto a Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos realizaron presentaciones ante los organismos internacionales para evitar el “cajoneo” del expediente.
Blaquier estaría fingiendo
Este año el Tribunal Oral Federal de Jujuy apartó a Blaquier, de 94 años, de la causa ya que el Cuerpo Médico Forense había determinado que el imputado sufría de “incapacidad mental sobreviniente” mediante un exámen que se realizó de manera virtual. Dos peritos presentados por el Ministerio Público Fiscal lo desmintieron, y a principios de julio, la Cámara de Casación Penal ordenó que se realicen nuevos estudios para definir si realmente padece deterioro cognitivo.
El pedido de un nuevo peritaje médico fue elevado por la Fiscalía N°4 ante la Cámara Federal de Casación, a partir de la evaluación realizada por los médicos consultores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), Luis Ohman y Claudio Capuano. A partir de una serie de exámenes clínicos los peritos definieron en el informe que el diagnóstico del acusado era el de “simulación”.
“Después de preguntarle sobre diversas cuestiones contestando con bastante dificultad, al preguntarle si entendía el carácter de la acusación, de la imputación de determinados delitos en la noche del Apagón, esa pregunta fue lo que cambió la posición del Dr. Blaquier, la que lo perturbó y le molestó y respondió con absoluta claridad ‘no voy a colaborar con el interrogatorio’, ‘no voy a responder a las preguntas’”, explica Ohman en su evaluación.
Según el perito, “la organización de su defensa es pasar por demente, no contestar ninguna pregunta, no hablar prácticamente digamos. Entendiendo que si esa es su organización de la defensa, es que comprende el carácter de la imputación y por lo tanto está en condiciones de estar en juicio”.
Una chance más para evitar la impunidad
Perycia habló con Federico Zurueta, fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado (Jurisdicción Jujuy) y quien apeló la resolución que apartaba a Blaquier de la causa.
Zurueta recordó que el deber del Estado es llegar hasta las últimas consecuencias para resolver causas de delitos de lesa humanidad. Y, asegura que con Blaquier,“se compromete la responsabilidad estatal ya que a nuestro criterio no se ha determinado con la certeza que ello requiere que el imputado no pueda afrontar un juicio oral. Y por lo tanto, mientras ello no ocurra, se está incumpliendo la obligación internacional”.
Según el fiscal para que la causa pueda avanzar resta que se resuelvan las instancias recursivas aún pendientes y una nueva evaluación de la junta médica. En el recurso presentado por la Fiscalía también alegó que “el fallo que ahora se recurre también compromete el derecho a la verdad que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en referencia a la omisión del Estado de dar información acerca del paradero de las víctimas.
Se cumplió una década de aquel momento histórico donde se vio por primera vez al empresario azucarero: “Ese bicho es muy difícil de fotografiar», le cuentan a Perycia los organismos de derechos humanos en Jujuy. A la Justicia Federal de Jujuy también le resulta esquivo. Para cortar esta cadena de impunidad, el fiscal Zurueta considera que debería realizarse un nuevo peritaje “con la posibilidad de control de todas las partes en la realización de los estudios médicos necesarios para determinar su capacidad o no de someterse a un juicio oral”.
