20/8/2022
En 2019, la provincia del Chubut estaba atravesando una de las crisis más significativas de la historia, económica, política y, por consiguiente, social. Desde junio, mes en el que el gobernador de Chubut Mariano Arcioni fue reelecto, los sueldos de los estatales comenzaron a pagarse en cuotas y, eventualmente, a no pagarse en absoluto. Primero un mes, luego dos, y hasta tres meses seguidos sin cobrar, los trabajadores comenzaron a manifestarse fervientemente ante la falta de respuestas del gobierno.
El 17 de septiembre de ese mismo año se estaba cumpliendo la novena semana sin clases en las escuelas, y los docentes ya se habían tomado el trago amargo del día: Mariano Arcioni había presentado un proyecto de ley que impulsó el aumento de por lo menos el 100% de los sueldos de los funcionarios de su gobierno.
El acampe que docentes y gremialistas estaban llevando a cabo se tornó extremadamente tenso luego de conocer esa medida, hasta que la cuerda se rompió completamente durante la noche. Los manifestantes allí concentrados recibieron la noticia de que cinco docentes oriundas de Comodoro Rivadavia, que habían participado de las protestas de aquel día, sufrieron un accidente en la Ruta 3 de regreso a su ciudad y dos de ellas perdieron la vida.
Casi de inmediato, el intercambio entre fuerzas de seguridad, docentes y gremialistas de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) subió de tono, derivando en incendios y destrozos dentro y fuera del edificio de la Legislatura provincial, que concluyeron luego de la llegada de la Infantería de la Policía del Chubut.
Cintia Gómez, entonces docente miembro de ATECH, estaba en el Hospital Zonal de Trelew con las tres docentes que sobrevivieron al accidente. Por medio de mensajes de texto, fue viviendo el minuto a minuto de los incidentes.
“En el momento luego de saber del accidente, le comentan (los otros gremialistas) a Santiago (Goodman) que querían empezar a quemar cubiertas. Al ser la cabeza del gremio, todos le exigían que él era el que tenía que hacer algo, tenía que decidir qué hacer, cómo hacerlo y demás, y pasó lo que pasó, pero no era lo que tenía que pasar, se fue de las manos”, contó Cintia a Perycia.
La sentencia
Santiago Goodman, Mariana Castro y Marcela Ancaleo fueron llevados a juicio oral y público el 18 de julio de este año, encabezado por la jueza Maria Tolomei.
El 4 de agosto del 2022 Goodman fue declarado culpable de “incendio estragoso”, mientras que sus compañeras de gremio fueron sobreseídas por falta de pruebas que las vinculen con el inicio del fuego, la logística o los daños posteriores dentro del edificio.
Marcela Capón, ex secretaria de hacienda de ATECH y compañera de militancia de Santiago, explica a Perycia que “las absolvieron porque si bien las vieron bajar cubiertas de la camioneta, no las vieron utilizando esos elementos ni para iniciar el fuego, ni tampoco las vieron arrojando ningún elemento de esos al fuego después”. Aún faltaba la audiencia de cesura de pena que no tuvo lugar hasta el miércoles 17.
“Lo conozco y sé que es temperamental para discutir, pero no es violento. No merece estar en el lugar en el que lo colocaron”, dice Cintia.
Las caras visibles del gremio
El 17 de agosto, en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza María Tolomei sentenció a tres años de prisión en suspenso a Santiago Goodman. Tolomei preguntó a las partes si querían leer la sentencia o pasar directamente a la condena, a lo que el gremialista solicitó leer las 58 páginas.
En ellas, la justicia determinó que, si bien tomaron como atenuantes el contexto de conflictos salariales y la falta de respuesta del gobierno, nada justifica los daños materiales y el riesgo de vida del personal de seguridad del edificio que provocaron los incidentes avalados por Goodman. Sin embargo, la jueza reivindicó el derecho a manifestarse, sobre todo en defensa de lo que les corresponde como trabajadores, pero enfatizó en que siempre debe hacerse de manera pacífica, sin el uso de armas y sin destrozos ni violencia de ningún tipo.
Además, Tolomei remarcó como agravante el hecho de que Goodman representaba en aquel entonces a la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, y que eso lo convierte en un referente y un ejemplo, exigiendo un compromiso alejado de este tipo de actos.
“Solo se los juzgó a ellos porque son las caras más visibles del gremio. El oficial Gómez, en el control de detención cuando lo apresan a Santiago el 7 de noviembre del 2019, dice que al agarrar al líder, se desarticula todo el gremio y eso les sirve”, reafirma Marcela en su testimonio.
Espionaje ilegal
Los abogados de Santiago, Sergio Miranda y Miguel Moyano, planean apelar el fallo dentro de los próximos diez días, argumentando “falencias e incongruencias por parte de la fiscalía, y sobre todo quieren apelar por el espionaje ilegal que quedó comprobado durante el juicio”, confirmó Marcela. Los defensores alegan “ambigüedades e imprecisiones” en la investigación, además de provocaciones y actos de violencia por parte de las fuerzas policiales contra los manifestantes.
“Durante la pandemia el proceso judicial se corrió, y todo el tiempo el gremio, junto con el abogado, fuimos entendiendo que la causa estaba armada”, comenta Marcela.
“Por parte de la fiscalía había muchos errores e incongruencias, y esto nos trajo mucha ansiedad. Hubo cuestiones mediáticas por algo que fueron incidentes de los cuales tanto Santiago como las compañeras no fueron los autores, hubo zona liberada, malos tratos y provocación por parte de las fuerzas de seguridad”, detalla a Perycia.
Sobre esto, la ex gremialista detalló que “durante el juicio, más precisamente durante el testimonio del oficial Michael Barrera, él mismo cuenta cómo ese día desde temprano venían filmando, sacando fotos y siguiéndonos en el marco de una movilización pacífica, y la jueza plantea que toda esa parte efectivamente es ilegal, y el problema y por lo que van a apelar es que la investigación de la fiscalía está basada en ese informe ilegal”.
El apoyo de los gremios de educación
Marcela Capón presenció cada una de las audiencias llevadas a cabo. “Todo esto fue una sorpresa y a la vez no, porque este gobierno provincial nunca nos dejó de sorprender a lo largo de estos años”, asegura.
Miembros de agrupaciones como Atech, CTA, Sadop, Sisap, Utep, MTE y partidos de Izquierda realizaron manifestaciones fuera de la Oficina Judicial de Rawson durante todo el mes, realizando la mayor convocatoria para el día de lectura de sentencia, el 17 de agosto. Además, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional el 10 de agosto del 2022 tras conocer el fallo que declaró culpable a Godman.
La fiscal Florencia Gómez se había propuesto, junto con el Procurador Fiscal Leonardo Cheuqueman y el fiscal Jeremías Regueira, quienes la asistieron en las investigaciones previas, probar mediante testigos oculares, videos y fotos que los tres participaron de los incidentes en carácter de “incendio”, cuya pena va de los 3 a los 10 años de prisión.
“Somos un gremio docente, que va desde la palabra y de seguir enseñando desde donde podemos, lejos está en nuestro sentir y nuestro pensar querer destrozar algo”, dice Cintia, indicando que en principio el incendio era menor, pero los bomberos tardaron mucho en aparecer y las llamas aumentaron hasta perder el control. “Hay quienes en esto encontraron una forma de demonizarnos”, añade.
Una cuarta persona no identificada
La jueza Tolomei mencionó que aunque el fuego fue iniciado por “una cuarta persona de la que solo se sabe que vestía una campera roja”, recae sobre Goodman gran parte de la acusación, al ser dirigente del gremio y un referente dentro del rubro docente. Sobre esto, Cintia asegura que “Santiago es el primer procesado que vemos por algo así, no tiene que ver con el incidente, tiene que ver con lo que él representaba en ese momento, estaba en la mira”.
Durante la última semana de julio, declararon un perito que acudió al lugar con la policía científica para determinar el origen del incendio, un bombero voluntario que lo apagó junto con su equipo y una arquitecta que constató la gravedad de los daños.
Si bien cada uno de ellos dio sus justificaciones y sus opiniones basadas en su experiencia y profesión, los tres hablaron del riesgo de vida. Por un lado, el perito y el bombero detallaron los peligros de la inhalación del monóxido de carbono que emana el humo, principalmente por los neumáticos, y por el otro la arquitecta argumentó los daños que el fuego puede provocar a las estructuras pudiendo generar un colapso de las mismas. Los daños fueron valuados en 12 millones de pesos.
“En los registros hay muchas otras personas, por ejemplo uno de campera azul que incitaba a la gente. En uno de los videos que fue expuesto en el juicio muestran 25 minutos de personas arrojando cosas que avivan el fuego y Santiago no aparece en ninguno”, asegura Marcela, y agrega que ”el perito que hizo la prueba scopométrica para identificar a las personas testificó que a él le ordenaron identificar únicamente a ellos tres” (Goodman, Castro y Ancaleo).
“Las escuelas se caen a pedazos”
Cintia remarca más de una vez que “este suceso no puede leerse fuera de contexto”, y concluye que continúan apostando a los reclamos en pos de una mejor calidad de vida: “Seguiremos en la lucha, más o menos presentes, con más o menos fuerzas, pero vamos a seguir”.
El 3 de agosto de este año, el cuerpo docente realizó el décimo paro del año de 48 horas encabezado por ATECH en reclamo de «un salario acorde a la canasta básica», debido al ajuste salarial por parte del gobierno de Mariano Arcioni, además del 8% de inflación en julio que provocó un 40% de pérdida de poder adquisitivo para el rubro de la enseñanza.
“En la escuela donde trabajo hay un aula inhabilitada por las pésimas condiciones edilicias y muchas otras áreas del edificio en pésimo estado, en otras se han caído los cielos rasos”, dice Cintia.
Y concluye: “Estamos luchando por algo básico como un salario digno, por las escuelas que se caen a pedazos, nadie pretende que alguien muera o que algo se destruya”.
