A medio siglo de una de las masacres que dieron inicio al Terrorismo de Estado en Argentina, los responsables de materializarla todavía no terminaron de pagar por lo que hicieron.
En 2012, la Justicia Federal condenó a algunos de los que dispararon contra 19 militantes detenidos en la base naval Almirante Zar, pero otros siguen sin ser juzgados o se mantienen prófugos de la Justicia Argentina.
Como Roberto Bravo, que enviado por la dictadura de Lanusse escapó a Estados Unidos y fundó una empresa (RGB Group Inc) para abastecer a las fuerzas armadas. Con ese negocio se volvió millonario. Hoy está pendiente la resolución de un segundo pedido de extradición para juzgarlo en Argentina, el primero había sido negado por el gobierno estadounidense.
El 22 de agosto de 1972 a las tres y media de la madrugada, 16 personas murieron y 3 sobrevivieron a la lluvia de balas que salió de las armas de oficiales de la Marina. Sus familiares todavía esperan justicia.
¿Qué pasa cuando una masacre queda impune?