“Ahora van a ver cómo los matamos y nadie se entera”

La tarde del sábado 17 de septiembre, un vecino del barrio Libertad vio al patrullero que pasaba lento por la casa de un adolescente de 14 años, a quien en esta nota se llamará Walter para proteger su identidad, y vio cómo los policías mostraban las armas y le apuntaban. Pero ni siquiera él pudo imaginar lo que sucedería unas horas más tarde.

A las diez de la noche, Walter caminaba a pocas cuadras de su casa, por la calle Berutti al 9100 junto a otro adolescente de  16 años —a quien se llamará Miguel— cuando los oficiales de la Comisaría Distrital Sexta Ariel Estévez y Micaela Estigarribia los pararon. Con la excusa de identificarlos, les hicieron apoyar las manos en el capot del patrullero. Otro vecino se acercó y preguntó qué ocurría. Los agentes le contestaron que no sucedía nada, que se fuera.

Cinco minutos más tarde llegaron los oficiales Jonatan Cabrera y Vanesa Cano a bordo de otro móvil. Con el correr de las semanas —en la investigación judicial— se comprobó que nadie llamó al 911 para denunciar que algo ocurriera a esa hora en la calle donde detuvieron a los adolescentes. Pero eso se sabría más tarde, todavía faltaba lo peor.  

Cabrera le pegó una trompada en la boca a Walter mientras Estévez le apoyaba la 9 milímetros reglamentaria sobre las costillas y le decía que si gritaba, lo mataría. Cabrera también sacó su arma y empezó a gatillarle en la cabeza mientras Cano intentaba colocarle la suya en la boca. Después, les colocaron las esposas y los subieron a uno de los patrulleros. 

Desde el asiento delantero, la oficial Cano gritaba: “Ahora van a ver cómo los matamos y nadie se entera, cómo yo tengo un montón de muertos y nadie se enteró. Dos más no me van a hacer nada”.

Simulacro de fusilamiento

Si el miedo y los gritos de la oficial se lo permitían, quizás Walter pensara que como ya le había sucedido lo iban a llevar a la Comisaría Distrital Sexta como en las ocasiones anteriores —porque según consta en el expediente judicial, era la tercera vez que la policía lo paraba—. Pero no. Los policías condujeron unas doce cuadras hasta el descampado de la calle Strobel al 10000. 

A Miguel lo dejaron en el patrullero. A Walter lo hicieron bajar y lo obligaron a arrodillarse. Le exigían que le pidiera perdón a Cabrera. Estévez mantenía el cañón de la 9 milímetros sobre la sien izquierda de Walter y le gatillaba: 

“Mirá como te tenemos. Te vamos a enseñar a respetar porque los que mandamos somos nosotros”, decían mientras le pegaban cachetadas en la nuca para que mantuviera la cabeza baja. Cano, que filmaba todo, también le pegaba. 

En un momento, a patadas y pisotones bajaron a Miguel  del patrullero. “Esto te pasa por andar con éste”, le decían. “La próxima vez que te vea no te vamos a perdonar”, pero volvían sobre sus propios dichos y redoblaron la amenaza: “Me parece que te vamos a matar acá”. Después, lo obligaron a arrodillarse junto a Walter. 

Estévez les apuntaba con una escopeta anti tumulto cuando les ordenaron que se levantaran, que corrieran: “Tienen tres segundos. Tres, dos, uno”, dijeron y empezaron a disparar las balas de goma mientras ellos corrían. Según el sistema de monitoreo en tiempo real de los móviles policiales, a  las 10:23 los patrulleros se fueron del descampado: la tortura había terminado.

La denuncia

La mamá de Walter recibió a los chicos embarrados, asustados, con la ropa rota y decidió hacer la denuncia que quedó bajo la órbita del Juzgado de Garantías Nº 3 cuya titular es la jueza Rosa Frende. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12, que encabezada por Juan Pablo Lodola tramita causas por usurpaciones, apremios ilegales, torturas y vejaciones. 

La fiscalía procesó a los cuatro oficiales por los delitos de “privación Ilegal de la libertad agravada y torturas”. Desde el pasado 4 de octubre, Estévez y Cabrera están detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán y Cano en el destacamento femenino. En tanto, Estigarribia recuperó la libertad porque el fiscal consideró que tuvo una actuación más pasiva aunque continúa procesada. 

Todos  están sumariados y fueron exonerados. De manera extraoficial, este medio supo que uno de los cuatro oficiales implicados tenía un sumario abierto por otra denuncia en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad Bonaerense. No se informó el delito ni la identidad del o la oficial porque el hecho se encuentra en investigación. También supo que en Mar del Plata hay más de 400 efectivos de la policía sumariados por diferentes tipos de delitos. 

En el Registro de Actuaciones Judiciales por Hechos de Violencia Institucional, durante el segundo semestre del 2021 Mar del Plata figura segunda —después de La Matanza— en cantidad de investigaciones penales iniciadas con víctimas menores de edad por situaciones ocurridas en la vía pública. Y tercera, también después de La Matanza y de Quilmes, en la totalidad de causas por violencia institucional en la provincia. La Unidad Fiscal 12 es la que toma esas denuncias y, al menos en el último año y medio, no había tenido conocimiento de un caso como las torturas que sufrieron Walter y Miguel. 

La Distrital sexta suma casos de torturas 

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como particular damnificado Institucional en la causa por el simulacro de fusilamiento de los adolescentes en Mar del Plata  y recordó que el 30 de marzo de 2020 hubo un hecho similar en el barrio El progreso cuando dos  agentes de la policía bonaerense le gatillaron en la cara a dos jóvenes.  En respuesta a Perycia, la AGAI informó que de 87 sumarios internos iniciados en 2021 y hasta el 17 de octubre por violencia institucional en el municipio de General Pueyrredón 4 son de esta comisaría (4.6%), casi un punto y medio más que el promedio en las 33 comisarías de la localidad balnearia.

El jueves pasado se conoció un nuevo abuso. Una mujer de 47 años denunció en la fiscalía 12, que el 2 de octubre a la madrugada —dos días antes de que los abusos sobre Walter y Miguel tomaran estado público— su hijo de 19 años pasaba en bicicleta por las vías del tren en la esquina de Chile y 25 de Mayo cuando seis hombres empezaron a perseguirlo. Se detuvo y dos de ellos se presentaron como policías, lo hicieron caer y se lastimó las manos. 

Entonces fue a la comisaría distrital sexta. El oficial que lo recibió se reía mientras le decía que no iban a hacer nada. Cuando intentó marcharse, el policía quiso tomarlo por la mochila y le rompió el cierre. “También me pateó la bicicleta para que yo hiciera algo”, dijo la víctima en la denuncia. 

La madre supo lo sucedido y regresaron a la seccional. Un oficial le gritaba a la mujer y el hijo le pidió que no la tratara así. Entonces el oficial lo insultó, lo golpeó y lo escupió. Todo antes de colocarle las esposas y encerrarlo en un calabozo. 

La mujer intentó pedir una explicación, pero el mismo oficial le ordenó que se callara y le dijo que el único que hablaría era él que, además, era el que mandaba. “Se me vino encima y me pegó una trompada desde arriba en el ojo izquierdo”. Después la esposaron y la metieron en un calabozo. A cada rato amenazaban con que a su hijo lo trasladarían al penal de Batán. Así, durante tres horas y media. 

La CPM advirtió que en 2021, 38 jóvenes menores de 20 años fueron víctimas del uso letal de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires: “En muchos de estos casos, la muerte es la culminación de prácticas de persecución, hostigamientos y torturas previas aplicadas por los agentes en su control o gestión de los territorios”.

A Brandon Romero lo mató un policía

Las torturas no sorprendieron a Romina, la madre de Brandon Romero, víctima de gatillo fácil. La madrugada del 5 de julio de 2020, Brandon que tenía 18 años y trabajaba como panadero, volvía de una salida con amigos, a bordo de una moto como acompañante de Kevin Farías a quien apenas conocía y que también se había sumado a la juntada. 

En la rotonda del Hipódromo, sobre la ruta 226, se cruzaron con Arcángel Bogado, un policía que estaba de civil en un scooter y volvía de un encuentro en el barrio Santa Paula. 

Bogado declaró que le quisieron robar la moto pero él pudo escapar regresando hacia Santa Paula. Frenó en el kilómetro 6 y se ocultó tras una arboleda. Los jóvenes lo siguieron. Una vez que se detuvieron, el policía le disparó al que conducía al menos una vez. Y cuando Brandon “se abalanzó”, le vacío el cargador. 

Romina dice que en la investigación consta que los dos primeros disparos sobre Brandon fueron a treinta y ocho metros de distancia. Uno en cada pierna. Entonces cayó de rodillas: 

—Le dispara acá, acá y acá— dijo Romina que se señalaba el glúteo, las costillas y el hombro y le dio dos tiros en la cabeza. 

En el documental sobre esta historia Sin Plata sin Miedo, los padres dicen que tal vez Brandon tuvo la mala suerte de cruzarse con Kevin Farías. Él sí tenía antecedentes. De hecho, fue detenido por robo días después del homicidio. “Brandon no tenía alcohol ni droga en sangre, no estaba armado. Bogado se escondió en la oscuridad, lo esperó y le vació el cargador para matarlo”, le dijo Romina a Perycia. 

En otras comisarías

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) aclaró que los abusos policiales se suceden en toda la ciudad. Karen Alderete, integrante del espacio, repasó algunas de las denuncias como una de extorsión contra oficiales de la seccional 12. 

O la que involucra a efectivos de la comisaría 2^da. que detuvieron a una militante de Política Obrera cuando intervino porque golpeaban a un joven en la calle. O la de la seccional 15, por la represión en un picadito que se jugaba en la plaza del barrio Félix U Camet donde había chicos y mujeres embarazadas. 

Alderete continúa la enumeración. Policías de la 5^ta. persiguieron a un chico que iba en moto. Como no se detuvo, entraron con él a la casa, lo golpearon, le sacaron la moto y después le pidieron setenta mil pesos a la familia para devolvérsela. Todo quedó filmado por las cámaras de los vecinos. 

La comisaría 3^era. tiene un largo historial de detenciones y abusos sobre mujeres trans:  “Removieron a la cúpula y las denuncias siguieron”, le dijo Alderete a Perycia y  lo consideró un ejemplo claro de que “la violencia va más allá de la individualidad, es sistemático e institucional”.

Entre las razones, recordó que “los manuales no fueron modificados desde la dictadura cívico, militar y eclesiástica” y, luego, insistió con uno de los conceptos que la CORREPI difunde en todo el país y que se basa en el fallo del caso Bulacio: “Basta de detenciones arbitrarias”.