Violencia institucional

Represión

El desalojo anunciado en la comunidad mapuche de Villa Mascardi

Un Comando Unificado de cuatro fuerzas de seguridad federales entró con gases y balas a la comunidad Lafken Winkul Mapu y encarceló a mujeres y niños mapuches. El operativo se realiza en una causa que la comunidad denunció como armada, pero además Patricia Bullrich basada en la Ley Antiterrorista hizo una presentación judicial —a la que Perycia accedió— para que se unifiquen los expedientes contra la comunidad de Mascardi.

Por: Adriana Meyer
Foto: Alejandra Bartoliche
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Los uniformados de todos los colores que desembarcaron ayer en Bariloche entraron en acción esta madrugada para desalojar a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, la misma que integraba el asesinado Rafael Nahuel en 2017. «Fuimos desalojadas del territorio, sacadas a la fuerza con nuestros bebés y una embarazada, uno de nuestros niños está perdido en la montaña, fuimos gaseadas en nuestras propias casas y ahora estamos detenidas, hemos sido golpeadas y maltratadas, nos quemaron las ropas, nos informan que hay orden de disparar con plomo, la situación está muy grave”. Así relataba lo sucedido Betiana Colhuan, la machi (sanadora) que fue obligada a comer tierra durante el operativo ocurrido dos días antes de la muerte de Nahuel. 

Patricia Bullrich está en Bariloche, ayer encabezó una marcha por la «defensa de Villa Mascardi” y pidió que “el desalojo sea inmediato”. Todo indica que la exministra de Seguridad de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO no perdió autoridad. Tomando como verdaderas las denuncias de terratenientes, del PRO y de las corporaciones mediáticas, el gobierno nacional mandó a más de 200 efectivos federales a detener a miembros de esa comunidad que hace cinco años recuperó su territorio. Si bien el allanamiento fue realizado en el marco de la causa abierta por el incendio de una casilla de Gendarmería, hay una denuncia muy dura presentada por Bullrich en las últimas horas —basada en la ley Antiterrorista, a la que Perycia tuvo acceso—, en la que solicita unificar todos los expedientes contra la comunidad de Mascardi. “Esa presentación es muy burda, hecha para la tribuna, por urgencia nos abocamos a la causa por el incendio porque evidentemente fue una acción que armó esta gente, sé que la comunidad no fue, para provocar esta situación, y lamentablemente el gobierno cayó a la presión política”, dijo a este medio Laura Taffetani, de La Gremial de Abogados y Abogadas.

Esta vez no fueron los mapuches quienes cortaron la ruta 40 sino el operativo de desalojo con que se estrenó en nuevo Comando Unificado. Según la agencia Télam, el procedimiento “se enmarca en el conflicto por las tierras en esa zona, a 35 kilómetros de Bariloche, que produce desde hace varios años tensión entre habitantes y el asentamiento de la comunidad mapuche de Lof Lafken Winkul Mapu

En la madrugada de este martes desplegaron unos 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales, vehículos de comunicación, retenes móviles, carros hidrantes, camionetas y un camión antitumulto para «resguardar al resto de las personas» durante el desalojo. El Comando está integrado por la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y está destinado a la gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito en Villa Mascardi

Al cierre de esta edición había siete mujeres mapuches detenidas en dependencias de la PSA, una de ellas con un embarazo de 40 semanas de gestación, y dos con bebés de un mes y tres meses. Tres varones mapuches también están presos pero ni les abogades saben sus identidades. “Y hay pibes en el territorio donde sigue el procedimiento, se puso al tanto a la jueza y a la Defensora Nacional de la Niñez porque están violando todos los protocolos”, describió Taffetani.

Testimonios de mujeres integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu

«Atentado de falsa bandera»

Semanas atrás, desconocidos encapuchados incendiaron una casilla móvil de Gendarmería, instalada en Villa Mascardi para custodiar una propiedad que había sido vandalizada a principios de agosto en un hecho que está bajo investigación, pero que los mapuches denominan “atentado de falsa bandera” y adjudican a “la derecha”: el PRO, los servicios de inteligencia y la gobernadora.

“Acá nos tienen demoradas con los niños, entraron los milicos a los tiros y con gases, no podemos atender al bebé, los konas están resistiendo, la jueza estuvo dos horas mirando, se quieren llevar a nuestros hijos y pusieron una antena que inhibe las señales de celular”, completaba el cuadro otra mujer mapuche al lado de la machi Colhuan. La orden de desalojo la dió la jueza federal subrogante Silvina Domínguez que dictó el secreto de sumario y de esa manera justificó no dar información a les abogades de la comunidad, de La Gremial

“La APDH denunciamos la falta de cumplimiento de las leyes que protegen a las comunidades mapuches, y lo terrible que significa que los gobiernos nacional y provincial cedan a las presiones de grupos como Consenso Federal Bariloche, integrado por un senador del PRO cuyos asesores defienden a los autores del intento de magnicidio (de  la vicepresidenta Cristina Fernández)”, dijo a Perycia Mara Boy, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Río Negro. “Se quieren quedar con la Patagonia, Bullrich que ya tiene las manos con sangre de Santiago Maldonado y Rafa Nahuel, vino acá a fogonear, lamentablemente hubo una respuesta espantosa del gobierno nacional, pedimos diálogo y en lugar de eso los compañeros mapuches reciben represión”, agregó.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indicó que «un desalojo violento no resuelve el conflicto» sino que «lo pospone y agrava», y lamentó que «el Gobierno nacional abandonara la política de mesas de diálogo que había iniciado en 2020», ya que esa decisión «agudizó» la tensión en Villa Mascardi. En tanto, diversas comunidades indígenas de Río Negro, Chubut y Neuquén, se pronunciaron en apoyo de la Lafken Winkul Mapu, con un corte del tren Trochita en Esquel y otras medidas. «Desde el territorio ancestral de la comunidad Nahuelpan, zona de El Bolsón, queremos expresar nuestra solidaridad con la comunidad por el avance de grupos supremacistas violentos que permanentemente amedrentan y estigmatizan al pueblo nación tehuelche mapuche en general», indicaron en un comunicado.

El garrote judicial con ley Antiterrorista

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández dijo a la señal TN que están actuando «en función de decisiones judiciales» y con el objetivo de «poder regularizar esa situación, porque no es la correcta». El jueves pasado, Fernández había recibido a la titular de la cartera de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, con quien habían acordado desplegar un «comando unificado» en las tierras de Villa Mascardi a partir del incendio de una casilla móvil que solía utilizar la Gendarmería como puesto de vigilancia. 

Pero cuando Aníbal Fernández dice que cuenta con respaldo judicial en realidad se refiere a un remedo de las acusaciones contra supuestas organizaciones terroristas mapuches que quedaron en la nada durante el macrismo. Taffetani, de La Gremial que representa a la Lof, explicó a Perycia que «el allanamiento se hizo en el marco de la causa por el incendio de la casilla de Gendarmería, que fue atribuido a la comunidad y que indirectamente lo que están haciendo es el desalojo que no pudieron hacer en las otras causas donde estamos”. Como si esos expedientes fueran pocos, Bullrich y Ricardo López Murphy se presentaron la semana pasada en el marco de una causa abierta contra la expresidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda; y quien fuera su segundo, Luis Pilquimán, por los presuntos delitos de traición a la Nación Argentina y asociación ìlícita.

¿El objetivo? Que más de cien causas contra los pueblos originarios de la Patagonia sean acusadas de “terroristas”, unificadas en un único caso.

Los dirigentes del PRO, junto a la exfuncionaria de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico pidieron que la justicia los acuse también de haber financiado a quienes participan, promueven y apoyan ataques, tomas e incendios con el objetivo de formar una Nación Mapuche, y que se encuadre el caso en el marco de la ley Antiterrorista. Esto sucedió a pocas horas de que la gobernadora Arabela Carreras denunciara la connivencia de funcionarios nacionales con “agrupaciones mapuches extremas”. También exigieron que se inscriba a las organizaciones que definen como extremas MAP (Movimiento Autónomo Mapuche del Puel Mapu) y RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en el Registro Publico de Personas y entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. Y que sean acusados María Nahuel, su marido Cristian Colhuan y la hija de ambos Betiana Colhuan, casualmente detenida esta madrugada.

La denuncia contra las comunidades mapuches

Bullrich y López Murphy denunciaron supuestos «acontecimientos ilícitos obrados por pseudo mapuches en estos días” y solicitaron además que los hechos investigados en más de cien casos penales que involucran a las comunidades Lafken Winkul Mapu, Lof Gallardo, Lof Millalonco-Ranquehue, Lof Che Buenuleo y Pu Lof Cushamen “reciban la agravante prevista en el art. 41 del Código Penal, pues son obrados con la finalidad de infundir terror en la población para imponer sus ideas por la fuerza, desafiando el estado de derecho, a la autoridad del Gobierno Provincial primero y Nacional después». 

En el texto de su presentación, dijeron que «este accionar se vio potenciado en los últimos años por el rol de ciertos funcionarios públicos y otras organizaciones afines a éstos que han contribuido de manera determinante a envalentonar el accionar de quienes actúan al margen de la ley para crear una nación paralela invadiendo territorio del que se apropian por la fuerza, sublevándose al orden público, desafiando las normas del estado de derecho a sus instituciones y a la integridad territorial”. Como ejemplos mencionaron “la presencia del Embajador en Chile Rafael Bielsa en un trámite judicial donde el hoy prófugo de la justicia chilena, Jones Huala pedía su libertad condicional y el llamativo error del Ministerio de Defensa en un trámite que casi provoca el despojo de tierras reclamadas por una de estas comunidades al Ejército Argentino».

Entre las personas que pretenden se imputen mencionaron a María Isabel Huala; Felisa Curamil (Miembro del Consejo de Participación Indígena); Claudina Pilquiman (vocera de Pu Lof Cushamen), Nehuen Loncoman (Consejero Zona Andina del CODECI), Orlando Carriqueo (Coordinador del Parlamento Mapuche), entre otros. “También, harían sus aportes materiales o financieros o de logística y/o asesoramiento, entre otros la agrupación denominada “Convocatoria Segunda Independencia” o “Convocatoria por la liberacion Nacional y Social” dirigida y conducida por el abogado Edgardo “El Negro” Soares (Asociación Gremial de Abogados) y Carina Maloberti (Consejo Directivo Nacional de ATE); Ramón Duarte (MONAFE “Ferroviarios por la Liberación”); Facundo Guillen (Agrupación La Voluntad) y Roberto Perdía (Montoneros – OLP). “También son conocidos y públicos los vínculos entre el Sr. Diego Pereyra Cotaro (Asesor del Senador rionegrino Martín Doñate) y las comunidades que venimos a denunciar”, reza la denuncia que menciona a políticos y abogados de los mapuches. En su imaginario, Bullrich agregó, sin prueba alguna, la coordinación de estos grupos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) chilena.

Puesta en escena

Dentro de la puesta en escena en estas semanas las organizaciones mapuches denunciaron una nueva campaña de demonización por estos actos vandálicos, que niegan haber cometido. Precisamente uno de los denunciados por Bullrich, Orlando Carriqueo mantuvo un fuerte cruce por radio con el ex secretario de Seguridad del macrismo, Eugenio Burzaco. «Ustedes están detrás de los atentados», le dijo el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro a Burzaco. En sus redes sociales, Burzaco había atribuido a la RAM el ataque a la casilla de Gendarmería, a quienes definió como «un grupo de violentos terroristas que quieren quedarse con nuestras tierras de la Patagonia». En la red del pajarito azul Carriqueo le contestó: “Deja de mentir, la RAM la inventaron ustedes y ustedes desestabilizan la democracia porque son violentos y racistas”.

Carriqueo no dudó en afirmar que «es la derecha la que hace estos atentados». El werken (vocero) sospecha que Burzaco está preparándose para ser candidato a la intendencia de Bariloche, ciudad a la que se mudó durante la pandemia. «Es raro que la Gendarmería no repela el incidente. Es una de las zonas más patrulladas de la provincia, tienen cámaras. Es sospechoso. Hay un sector de la derecha que tiene injerencia sobre las fuerzas federales de seguridad», agregó.

Construyen al enemigo para justificar la persecusión

Manuel Aliaga, abogado especializado en derecho indígena que representa a varias comunidades, entre ellas Tripay Antú, del cerro Otto, afirmó ante este portal: «En más de veinte años que llevo patrocinando a comunidades mapuches, nunca conocí un solo miembro de este pueblo que revindicara actitudes, hechos o grupos violentos. Sin embargo a los que conozco los veo llevar su dura realidad con admirable entereza en una sociedad que los invisibiliza. No son violentos, están dolidos, y tienen motivo».

El letrado expresó que «la familia que patrocino vive en su territorio desde mediados del siglo XIX y aún no tiene su título de propiedad porque todos los gobiernos de los últimos 20 años se empeñaron en desconocer la vigencia de la norma que operativiza el derecho de propiedad indígena, la Ley 23.302. Es muy simple, dicen que hay anomia, que no hay ley, pero si la hay, la desaparecen, y reducen a este pueblo a la precariedad de unos ‘sin papeles’. Para ellos ‘la no ley’, la indefensión, el apartheid», agregó.

En este sentido, el grupo de profesionales que asesora a la Coordinadora de Neuquén y al Consejo Indígena de Río Negro expresó ante Perycia su preocupación porque esta campaña que hoy pasó a los hechos perjudica los reclamos judiciales de los mapuches, sobre todo por sus tierras. A su criterio, se trata de «grupos de tareas de la cloaca de inteligencia, protegidos por la gobernadora de Río Negro y gente ligada a Patricia Bullrich y la Gendarmería», que arman lo que se llama «atentados de falsa bandera: los hacen ellos y los adjudican al (que intentan construir como) enemigo».

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