Gabriel Gersbach y Octavio Romero llevaban diez años de novios cuando se aprobó la ley de Matrimonio Igualitario, en julio de 2010. Esa madrugada de frío vieron la votación por Youtube, se abrazaron y lloraron juntos. “Al otro fin de semana, él le pidió la mano a mis padres”, cuenta Gabriel a Perycia.
También pidió permiso —como debían hacer los suboficiales y el personal en general— a sus superiores en la Prefectura Naval. Iba a convertirse en la primera persona en toda la historia de la institución en casarse con alguien del mismo género. Tenía 33 años, pero los 12 de antigüedad que sumaba en el edificio Guardacostas no le alcanzaron para esquivar las burlas, los comentarios hirientes, las amenazas homofóbicas anónimas en las puertas de los baños y hasta alguna verbal y explícita. Él se lo contó a sus allegados, pero nunca lo denunció. ¿A quién, además? ¿Con qué garantías?
El 11 de junio de 2011, Gabriel salió a trabajar con el taxi y se despidió de “Tavo”, que iba a juntarse con amigos. Cuando regresó, su novio no estaba, pero la luz y la TV encendidas no concordaban con la ausencia. Por eso, pocas horas después hizo la denuncia. Fueron seis días de incertidumbre y después, el horror: el cuerpo sin vida de Octavio apareció flotando en el río a la altura de Vicente López, desnudo y con golpes en la cara y la nuca. La autopsia determinó que murió ahogado; primero lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, y luego lo arrojaron al agua.
¿Cómo se investigó el crimen de Octavio?
La causa por el homicidio de Octavio tiene más de 20 cuerpos, ningún sospechoso y menos aún detenidos. Durante la etapa de instrucción, la mira de la fiscal y del juez, por entonces Estela Andrades de Segura y Juan Ramos Padilla, apuntó más al viudo que a la institución a la que Octavio pertenecía. Sin embargo, nunca lo imputó.
“Lo que siempre me molestó de la Justicia es que me investiguen solo a mí”, cuenta Gabriel con la voz pesada, durante una videollamada con esta agencia. “Pudieron comprobar rápidamente que desde ese día me encerré en casa a llamar gente; no salí a trabajar durante una semana. Y estaba bien que allanen, pero me allanaron dos veces, y a toda mi familia. Fue innecesario que se metieran en la casa de mi mamá y tiraran todo, aunque no encontraron nada. Estaban, supuestamente, buscando el arma”, resume.
El arma reglamentaria de Octavio nunca apareció, al igual que su teléfono y el chip. “Cuando los llamaron a declarar a ellos, no les hicieron preguntas consistentes y reiterativas, como sí me hicieron a mí. Les daba lo mismo”, agrega en referencia a los superiores y compañeros de Octavio.
La Justicia tardó más de un año y medio en admitir a Gabriel como querellante, algo que él había pedido desde el primer momento a través de abogados de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
Tal como remarca el abogado del viudo, Pedro Paradiso Sottile, de Fundación Igualdad, Gabriel se quedó afuera del proceso durante todo el primer año, el período más importante en investigaciones penales. El abogado asegura que “la línea investigativa nunca cambió. Nosotros estamos seguros de que esto fue parte de un plan en el que estuvo involucrado personal de las fuerzas de seguridad, pero eso nunca se investigó”.
Once años más tarde, el expediente “continúa en pleno trámite y aún no se ha descartado ninguna hipótesis delictiva”, informan a Perycia desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40.
“Operativo Dignidad”
“Muchas de las medidas que pedimos se conseguían, pero solo porque se apelaban, iban a Cámara. Sino, lo primero que recibíamos desde el juzgado y fiscalía era una negativa. Era imposible”, reconoce Paradiso Sottile. En 2015, las organizaciones LGBTIQ+ argentinas (y otras en Brasil y hasta España) ya reclamaban justicia por el caso Octavio, calificándolo como un crimen de odio. “Nunca fue investigado desde ese lugar”, asegura el abogado.
Ese año le llegó a Franco Torchia, periodista y referente de la comunidad LGBTIQ+, la copia de un presunto informe interno de Prefectura, el “Operativo Dignidad ‘Oscar Costa’” (Oscar era el segundo nombre de Octavio). El documento de 12 hojas doble faz, que habría sido elaborado por integrantes de la fuerza, le llegó también a la fiscal. “Decía con nombre y apellido las personas responsables, y mencionaba un disco duro con toda la información del operativo que se hizo para secuestrar y asesinar a Octavio”, cuenta Gabriel. Pero el juez Ramos Padilla se opuso a seguir investigando, por considerar que “carecía de verosimilitud”.
Dos recursos rechazados y una apelación después, la Cámara aprobó el pedido de allanamientos de la querella, que se hicieron dos meses más tarde. En total, desde el hallazgo, habían pasado dos años. Los superiores de Octavio estaban retirados o bien cumpliendo funciones en alguna otra dependencia del vasto territorio argentino.
El reclamo internacional
Al año del crimen, en junio de 2012, Gabriel acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la inoperancia judicial y la nula adecuación de la investigación a los estándares internacionales dispuestos por la Convención Americana. Siete años después, en 2018, la CIDH admitió estudiar el caso y publicó un informe que ratificaba la falta total de avances en el expediente y la injustificada dilación del proceso.
“Todo estuvo elaborado para la impunidad absoluta, el silencio y la falta de acceso a la Justicia. Era tan evidente y alevosa la negligencia en la causa que por eso la CIDH la aceptó. Este es el caso perfecto para estudiar cómo no hacer las cosas”, asegura Paradiso Sottile.
El año pasado, a una década del crimen, el tema reflotó en los medios y Gabriel recibió un llamado de la división de Homicidios de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que había tomado intervención en el caso: le pidieron que prestara declaración otra vez, y, según asegura, cuando lo hizo uno de los policías le dijo: “Nosotros estamos investigando un crimen pasional”.
Lo cierto es que la fiscalía interviniente, siempre la misma, tuvo dos cambios de titular y la última asumió en febrero. Ante la consulta de Perycia, fuentes de la UFI informan que “se siguen realizando diversas medidas de investigación y otras probatorias” para esclarecer el hecho. Entre ellas, en 2021, “volver a recibir el testimonio de personas allegadas a la víctima, en caso de que pudieran aportar nueva información; analizar distintos soportes magnéticos con imágenes de diversas cámaras y analizar la totalidad de las comunicaciones captadas por las antenas donde se desplazó Romero antes de desaparecer”. Según la Fiscalía, estas son las últimas medidas de importancia tomadas en el caso.
Mientras tanto, tres años después de su informe de admisibilidad del caso, la CIDH comenzaba a darle forma al acuerdo amistoso entre Gabriel y el Estado argentino, un acto reparatorio que él mismo define como “una luz al final del túnel”.
Cambiar el rumbo de la historia
“Tiempo atrás me escribieron varios chicos de prefectura que fueron amenazados como Octavio, por su orientación sexual. ‘Me dijeron que iba a terminar como Octavio Romero, lo googleé y te encontré a vos. No sé qué hacer’”, cita Gabriel. ¿Qué hacer siendo una persona LGBTIQ+ en una fuerza de seguridad (como todas) verticalista, con ritos casi ineludibles y obediencias debidas, y donde ser homosexual es sinónimo de ser indigno? Es el trasfondo de lo que busca abordar el acuerdo al que se llegó por intermedio de la CIDH.
La rúbrica implica que Argentina se hace cargo de su responsabilidad por la falta de adecuación a los parámetros internacionales para investigar, lo que provocó un “severo impacto” en Gabriel como familiar de la víctima. El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), se compromete a dar “todo el apoyo” que pueda necesitar la fiscalía; y el ministerio de Seguridad deberá implementar un Protocolo de Actuación frente a denuncias por discriminación en razón de orientación sexual y/o identidad de género, su expresión y característica sexual, con normas de actuación e investigación frente a las denuncias que incluyan la confidencialidad total.
A poco más de un mes del asesinato, el 11 de julio de 2011, el ministerio de Seguridad nacional publicó una resolución que eliminaba el requisito de solicitud de casamiento, tanto en Prefectura como en la Policía Federal. Octavio no llegó a presenciar ese momento, ni a hacer uso del derecho al matrimonio igualitario; pero ahora el acuerdo dispone que la resolución llevará su nombre en homenaje. Jornadas de sensibilización en las fuerzas de seguridad, capacitación de docentes instructores de los centros de entrenamiento y medidas de fortalecimiento de acceso a la justicia para personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género, son algunos de los puntos que componen el acuerdo, además de la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento de la causa y del acuerdo en sí mismo, a través de informes semestrales y reuniones conjuntas.
“Existen los discursos de odio, de violencia, la discriminación y el estigma, y la peor expresión de todo eso es el crimen de odio. Octavio pasó por todas”, asegura Paradiso Sottile, y celebra a su vez que con el acuerdo “ningún jefe, aspirante, oficial ni suboficial va a poder evadir el nombre de Octavio Romero: van a tener que estudiar el caso, reconocerlo, trabajarlo”. La memoria colectiva como garantía de no repetición es la posibilidad que se abre con el acuerdo, ahora a nivel institucional. Gabriel afirma que “Octavio no denunció nada entonces porque no tenía a quién recurrir o dónde confiar. Con el acuerdo queremos cambiar la historia, sentar precedente y afirmar una nueva historia de educación para la formación en todas las fuerzas de seguridad”.
