La siesta del 17 de noviembre de 2017 sonó el teléfono del juzgado federal de Caleta Olivia y la tranquilidad del despacho patagónico desapareció para siempre. De un lado de la línea estaba el secretario judicial de turno, del otro, el Auditor del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada Argentina, Omar Balbo, quien comunicó en un mensaje lacónico que dos días antes habían perdido todo contacto con el ARA San Juan, el último submarino en operaciones de la Fuerza: llevaba 44 tripulantes a bordo y estaba desaparecido.
La causa 17379/17 recayó en esa jurisdicción por las coordenadas de ese último contacto con la nave: 46 grados, 44 minutos y 0 segundos al sur, y 60 grados, 8 minutos y 0 segundos al oeste. En aguas del Golfo San Jorge del océano Atlántico y a 505 kilómetros en línea perpendicular a la playa de Caleta, la pequeña ciudad petrolera. La jueza, durante unos días, fue Eva Parcio de Seleme, pero cuando Marta Yáñez regresó de una corta licencia se hizo cargo de la investigación.
Al principio se la vio activa: hizo allanamientos y tomó varias declaraciones. El 23 de noviembre, la Organización del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO, por su sigla en inglés) de Naciones Unidas, con sede en Austria, informó de un «evento anómalo singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión». El 27 de noviembre declaró el ministro de Defensa Oscar Aguad ante Yáñez, pero no dijo nada relevante.
Recién el 28, 11 días después del inicio de la causa, la jueza le ordenó al jefe del Estado Mayor de la Armada Marcelo Srur “preservar por todos los medios posibles, los elementos de prueba obrantes en su poder y de sus subordinados”.Pronto comenzaron a llover causas de otras jurisdicciones en las que los jueces se declaraban incompetentes y las remitían por conexidad a Caleta Olivia.
Los delitos y los destinatarios de esas denuncias son variopintos: hábeas corpus contra Srur; encubrimiento y estrago culposo contra Mauricio Macri, Aguad y Srur; abandono de persona contra Macri y su ministro. El 6 de diciembre de 2017, el ex combatiente de Malvinas Jorge Oliver presentó una denuncia en la justicia federal de Córdoba asegurando que el submarino había sido atacado por fuerzas extranjeras y que había calculado el punto exacto donde estaba con la ayuda de un exsubmarinista. Pedía que el Estado dispusiera de una expedición allí para que pudiera rescatarlo. La causa se conoció cómo “la búsqueda”, y empezó a acumular otras denuncias —algunas delirantes, como la que aseguraba que transportaba el oro robado por Cristina Kirchner— sobre las circunstancias del rastreo de la nave. También pasó a manos de la jueza Yáñez.
Nueve de los doce jueces de primera instancia de Comodoro Py tuvieron denuncias y las enviaron: desde Daniel Rafecas a Claudio Bonadío. Yáñez las acumulaba en el expediente principal, pero no las instruía. “Eso provocó que sus objetos procesales específicos se diluyeran dentro de la causa madre, y no se investigaran”, dice Luis Tagliapietra, uno de los abogados querellantes. Por ejemplo, el contralmirante Luis López Mazzeo —uno de los cuatro procesados en el expediente— denunció ante Yáñez al almirante Marcelo Srur por falso testimonio: la jueza la anexó a la causa madre. Pero nunca resolvió si existió o no el delito.
Durante el primer semestre de 2018, la magistrada hizo al menos tres viajes a Buenos Aires que despertaron malos presagios. Se reunió con Aguad en el Ministerio de Defensa, y visitó tres veces el edificio Libertad, sede de la Armada. El abogado querellante Luis Tagliapietra incluyó esas reuniones dentro de las acusaciones con las que pidió su juicio político —que no prosperó— ante el Consejo de la Magistratura. Para defenderse en ese expediente, la jueza reconoció las citas, pero dijo que se trataban de “visitas institucionales”. “Hemos concurrido por requerimientos puntuales de la causa”, dijo Yáñez a Perfil. El Consejo de la Magistratura la confirmó en el cargo.
El 31 de enero de 2020, procesó a seis marinos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio, pero no al Jefe Srur ni a los funcionarios políticos que tenían bajo sus responsabilidades el mantenimiento y la renovación de la flota. Encaminaba a cerrar la investigación y elevarla a juicio oral. Pero los imputados, por un lado, y algunos familiares apelaron ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En noviembre de ese año, los camaristas le ordenaron a Yáñez seguir investigando a Srur, Aguad y Macri. Y desprocesaron a dos marinos. Quedaron acusados Claudio Villamilde, ex comandante de la fuerza de submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de adiestramiento y alistamiento naval; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones.
La premonición
Hay un hecho que las querellas consideran fundamental para entender las responsabilidades penales que piden para el ex jefe Srur y los funcionarios políticos: la expedición del San Juan del 1 al 19 de julio, cuando el submarino navegó hasta la misma zona de la que no volvería tres meses después. La incursión, para los familiares de los marinos, dejó señales inequívocas de que los desperfectos requerían un tratamiento cuidadoso antes de volver a zarpar.
El 6 de julio entró agua salada por el snorkel y llegó al ventilador de baterías de proa. El comandante Pedro Martín Fernández tomó la decisión alejarse al este —según reportaría en un informe que presentó ante la superioridad el 1 de septiembre—, lejos de la zona de pesqueros y buques, y bajar a plano de seguridad (40m) para solucionar el inconveniente.
El 9 y 10 de julio, el ARA detectó un rumor en el sonar –el aparato que capta los sonidos a su alrededor- compatible con un submarino nuclear, que se apareó durante varias horas a la marcha del San Juan, hasta que finalmente cambió de rumbo. Los tres sonaristas lo interpretaron como un submarino.
Un día de esos, Alejandro Damián Tagliapietra y Carlos Cristhian Schutz estaban observando en la sala de máquinas cómo dos suboficiales ponían en marcha los motores. El hijo del abogado querellante notó un vapor que emergía del pozo de snorkel. No era normal. Como el ruido era ensordecedor, tocó con el codo a Schutz y le señaló el fluido con la linterna. A golpes de luz les indicaron a los suboficiales que estaban arrancando el motor. Medina, uno de ellos, detuvo la maniobra y volvieron el submarino a plano 40.
La escena fue narrada por Schutz a la jueza Yáñez, que a diferencia de su amigo Alejandro Tagliapietra pidió la baja de la escuela después de la misión de julio. “El motivo fue por el peso de la responsabilidad de llegar a ser algún día jefe de máquinas. Es una mezcla de cuestiones personales y profesionales. (…) tengo un hijo de dos años y medio y a mi mujer. Por ese factor fue que me lo replantee”, declaró el testigo.
“Fueron a la misma zona de peligro, les entró agua de mar al sector de baterías, navegaron con circuito dividido, pero algo más pasó, algo que aún no sabemos. Lo que sí sabemos es que con las malas condiciones del submarino y con la navegación de julio de 2017 con estos antecedentes reportados por su comandante, hoy fallecido junto a su tripulación, nadie evitó que zarparan a una muerte segura”, concluye la abogada Carreras en un escrito presentado en la causa. En su informe del 1 de septiembre, el comandante Fernández entregó consignó desperfectos, fallas de funcionamiento, falta de equipamiento y los arreglos que necesitaba. Aun así, todavía no se ha podido probar que haya sido alguna de esas deficiencias o la suma de varias lo que provocó la caída a pique del San Juan hacia el fondo del mar.
Ni la cúpula de la Armada ni el ministro de Defensa, Oscar Aguad, las escucharon. Algunos viejos submarinistas y los marinos imputados, en cambio, al intentar explicar la tragedia, aseguran que Fernández tomó una decisión errónea al bajar a plano de seguridad para verificar las averías y que, en las profundidades, aún ante la emergencia, el comandante es dueño del destino de la nave y de todos sus tripulantes.
Macri, Srur y las pericias
Pasaron dos años del fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia que obligaba a profundizar la investigación. Donde también le pedía que hiciera dos pericias. Una de las dos avanza, pero aún no hay resultados a la vista. “Todo está planchado”, dice el abogado Luis Tagliapietra sobre el rompecabezas judicial que rodea el hundimiento del Ara. “Para que te hagas una idea: hace dos meses y medio que el perito informático de la Corte empezó a trabajar con los discos rígidos que tienen las imágenes de la búsqueda, de la empresa Ocean Infinity, para verificar si fueron adulteradas o no. Y hace más de un año que estamos con esto. No es lo central, lo central es averiguar porque se hundió el submarino, por qué se murieron los chicos”, dice.
La querella de Valeria Carreras y Lorena Arias tiene un diagnóstico menos pesimista. “Era un juzgado de pueblo, al que no le dieron personal extra. No tenía preparación en submarinos ni le pusieron un asesor al efecto. Cada información que pedía a la Armada, debía reiterarlo y terminar en un allanamiento. A la vez, creyó ciegamente en el gobierno de Macri. Con mil contradicciones y peleas, lo mejor que le pasó a la causa es no tramitar en Comodoro Py”, dice. Según Carreras, ya hay resultados parciales de la pericia sobre las imágenes del Ocean Infinity. “Está probado que destruyeron imágenes del hallazgo. Ahora hay que determinar cuáles y por qué”, dice.
El 4 de noviembre último, el perito informático Marcelo Torok, le dirigió una nota a la jueza informándole sobre “las dificultades encontradas como consecuencia de no contar con el equipo de computación adecuado necesario”. Torok le hace una detallada distinción entre lo que pidió para hacer el trabajo satisfactoriamente, y lo que la Justicia le dio. El juzgado recibió el reclamo y tres días más tarde, se limitó a informar al “Administrador General del Poder Judicial de la Nación, Claudio Cholokian” sobre lo que pidió Torok.
La causa judicial del hundimiento del San Juan acumula 45 cuerpos y más de cincuenta cajas de documentación reservada y legajos. Pero el juzgado federal de Caleta Olivia envió dos hojas a Perycia cuando se los consultó para esta investigación. En el documento, alega que tomó testimonios a ex funcionarios del gobierno de Macri, y revela que la segunda pericia, la que debía hacer una junta de expertos para “graficar el modo en que se hubiera producido el lamentable desenlace”, corre serio riesgo: los recursos destinados a la guerra y la pandemia retacearían la ayuda que Estados Unidos y Francia habían prometido. Mientras, el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, que debería impulsar la investigación, brilla por su ausencia.
