30/12/2022
El 30 de diciembre de 2020 había un clima de mayor certeza en comparación de la última vez que el proyecto había pasado por la cámara alta. Luego de una sesión de doce horas, con 38 votos a favor, los pañuelos verdes de miles de personas concentradas frente al Congreso de la Nación se alzaron al cielo creando una imagen histórica: el aborto, por fin, era legal.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo resultó un logro del movimiento feminista y LGTB+. La conquista de este derecho para todas las personas gestantes significó grandes cambios para el sistema de salud pública y para el judicial. Sin embargo, dos años después de su sanción, aún quedan cosas por hacer.
El reporte del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) que monitorea el acceso a la IVE en todo el país durante el 2022, asegura que uno de los desafíos pendientes es trabajar sobre la calidad en la provisión de los abortos. Esto significa asegurar un proceso de atención adaptado al marco normativo, eficaz, eficiente, accesible, equitativo y seguro.
¿Cómo es la calidad del acceso al aborto actualmente?
Durante este año se registraron dos avances para la garantía del acceso al aborto. Por un lado, el 95% de los procedimientos médicos se realizan con medicamentos gracias al ingreso del combipack al país, que combina misoprostol y mifepristona. Por otro lado, esta última droga comenzó a producirse en laboratorios públicos del país, lo que no solo garantiza el abastecimiento sino que también se traduciría en un precio más accesible.
La difusión y el acceso a la información para garantizar la atención integral y continua es otro de los aspectos importantes en estos dos años. La formación de recursos humanos para fortalecer los equipos es una tarea continua que también representa complejidades porque, según el mismo informe, “la construcción de equipos empáticos y competentes requiere la deconstrucción de ideas, mitos y prejuicios de larga data”.
Sobre la deconstrucción ideológica también pesa la responsabilidad de jueces y juezas que deciden sobre este tipo de procedimientos contra el espíritu de la ley. De acuerdo a un informe de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se realizaron 36 demandas contra la IVE, de las cuales 3 se encuentran en la Corte Suprema por reclamos “técnicos”.
En 2021, la justicia civil de San Juan falló a favor de un hombre que ordenó suspender la interrupción del embarazo de su expareja. El juzgado argumentó que, por estar casados, “los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común”, más allá de que la Ley plantea el principio de autonomía de la persona gestante.
Demandas contra la Ley IVE
26 de las 36 demandas fueron archivadas. Sin embargo, según el estudio de la Fundación Mujeres x Mujeres, fueron cuatro los tribunales que hicieron lugar a distintas medidas cautelares y lograron suspender la aplicación de la ley por períodos acotados, hasta su revocación en segunda instancia.
Hay tres Recursos Extraordinarios Federales en trámite ante la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación), presentados por el Estado, organizaciones de la sociedad civil y los demandantes en las causas Fiore Viñuales en Salta, Portal de Belén en Córdoba y Kulanczynsky en Salta. Los argumentos de estas demandas se basan en la “defensa y protección de la vida del feto” y se apoyan en la supuesta contrariedad de la norma con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Los argumentos que se utilizaron en mayor medida están vinculados a criterios ideológicos o religiosos disfrazados de fundamentos jurídicos. En algunos casos las narrativas jurídicas de las demandas se refieren expresamente a postulados propios del derecho canónico que no tienen validez dentro del derecho constitucional.
“Los movimientos de mujeres y derechos humanos que lograron el reconocimiento legal del aborto deben seguir trabajando en la construcción y refinamiento de argumentos jurídicos, científicos y desde la bioética a fin de no declinar en la defensa de la autonomía reproductiva de las mujeres”, aseguran desde la Fundación.
¿Cuál es el siguiente paso?
Más allá de la persistencia de argumentos que intentan dar de baja el acceso a la IVE, su implementación continúa ampliándose.
Para el reporte del CEDES, aún quedan grupos que tienen dificultades para acceder a este derecho: “Identificar personas, grupos y poblaciones en situación de vulnerabilidad en el acceso al derecho a la salud sexual en general, y al aborto en particular, es el primer paso para mejorar el acceso y ofrecer lineamientos que permitan cumplir con los estándares de calidad adaptándolos a sus necesidades específicas”.
Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, mencionó a la población con discapacidad, aquellos que viven en zonas rurales o más alejadas de las urbes y la población indígena como ejemplos de estos grupos donde aún existen dificultades para garantizar el derecho a la salud reproductiva y sexual.
Isla aseguró en el mismo informe que una de las maneras de garantizar el acceso y la calidad es la sistematización de información y evaluación constante de los equipos de salud “en los nudos críticos que se detecten en cada provincia”. A partir de ello, resulta necesario consensuar avances en la política pública para continuar defendiendo y ejerciendo el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
