El 18 de noviembre pasado, la jueza en lo contencioso administrativo N 1 de la Ciudad de La Plata ordenó a la municipalidad de La Plata dar información sobre la implementación de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que le habían solicitado Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) para conocer cómo se garantiza el acceso al aborto en dicha ciudad. De las 15 preguntas realizadas en el pedido de información, 9 no fueron respondidas y las restantes 6 lo fueron de modo incompleto.
La sentencia señaló que el municipio no solo debía dar la información requerida vinculada con la ejecución de la norma que conste en los registros comunales, sino que además tiene la obligación de hacerlo de manera “proactiva”. En una muestra de falta de compromiso con el cumplimiento de sus deberes en materia de transparencia, la Municipalidad de La Plata decidió apelar la sentencia.
La transparencia sobre la gestión de los asuntos públicos es fundamental. Permite la rendición de cuentas de quienes integran los poderes del Estado, el control de la gestión pública por parte de la ciudadanía, el acceso efectivo a derechos y la mejora en los procedimientos de toma de decisiones públicas. Tan crucial es la transparencia de la actividad del Estado, que es reconocida como un derecho humano: el de acceso a la información pública. Este derecho le reconoce a toda persona la capacidad de acceder, utilizar y difundir libremente información en poder del Estado y de ciertas entidades privadas (por ejemplo, las que reciben fondos públicos).
El Poder Judicial cumple un doble rol respecto de la transparencia. Por un lado, puede promoverla mediante sus decisiones en casos concretos, obligando a distintos sujetos a proveer información. Por el otro, en su carácter de poder del Estado, él mismo está obligado a actuar de manera transparente y rendir cuentas sobre su funcionamiento.
¿El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires garantiza el derecho de acceso a la información pública?
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, existen varios ejemplos que ilustran cómo estos roles pueden cumplirse o incumplirse, y las consecuencias muy significativas que esto puede tener. El caso mencionado al comienzo es sin duda un ejemplo positivo, pero no todos los amparos por acceso a la información que tramitan en la Provincia son historias felices.
Este mismo año, por ejemplo, el Juzgado Correccional N° 4 de La Plata a cargo de la jueza Claudia Greco archivó un amparo que interpuso una periodista de Perycia para conocer la cantidad de muertes por disparos con armas oficiales que se contabilizaban en la policía Bonaerense. La periodista estaba buscando esa información desde el año 2018, pero a pesar de que la Cámara de Apelaciones le dio la razón, y de que la Provincia cuenta con esos datos, la jueza validó en los hechos la actitud resistente del Ministerio de Seguridad a transparentar la información.
En este contexto de altibajos en las decisiones de los tribunales sobre acceso a la información, nos interesa reflexionar sobre la transparencia del propio Poder Judicial bonaerense, que nos muestra un panorama mucho más uniforme: las deudas de la justicia de la Provincia son grandes, cualquiera sea el punto de vista desde el que se las mire.
Las deudas del Poder Judicial bonaerense con la transparencia
A lo largo de 2022, CIDC realizó en el marco de su proyecto “Nuevos Aires: por una Justicia para los Derechos” una serie de acciones para discutir sobre el estado de la transparencia en la justicia bonaerense (muchas de ellas con organizaciones aliadas que empujan por esta agenda, como Perycia).
Entre esas acciones presentamos una solicitud de información a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires donde preguntamos cómo procesan pedidos de información pública, si existe una autoridad designada para ello y si hay alguna regulación específica para garantizar el acceso a la información en el marco de su funcionamiento, entre otros puntos. La solicitud no fue respondida.
También hicimos una solicitud similar ante el Ministerio Público. En su respuesta, indicó una serie de páginas web oficiales donde publican activamente información relativa al funcionamiento del Ministerio Público, aunque no contestó de manera precisa si existe una «institucionalidad» preparada para recibir, procesar y responder pedidos de acceso a la información pública de manera robusta.
Otras de las acciones que realizamos fueron eventos con distintos actores de la academia, el Poder Judicial y de la sociedad civil que expresaron la necesidad de trabajar en reformas muy significativas en la justicia local.
Las acciones también incluyeron la realización de distintos informes y de un ciclo de entrevistas en las que una variedad de actores discutieron sobre las problemáticas principales del Poder Judicial.
¿Qué aprendimos de estas acciones? Primero, que es fundamental para promover una mayor transparencia en el Poder Judicial construir alianzas inter-sectoriales, que incluyan a organizaciones y coaliciones de la sociedad civil, al periodismo, la academia, etc.
También aprendimos que las deudas del Poder Judicial bonaerense con la transparencia son muy importantes, y que es urgente trabajar en revertirlas. Algunas de esas deudas incluyen:
- La falta de un marco institucional y regulatorio sobre el acceso a la información y la transparencia en el Poder Judicial de la Provincia. A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, Buenos Aires no cuenta con normativa propia del Poder Judicial que regule específicamente el derecho de acceso a la información pública en su ámbito de manera sistemática, ni con autoridades competentes en esta temática. Esto hace que exista poca claridad tanto por parte de las personas interesadas como de quienes integran el Poder Judicial sobre cómo proceder ante solicitudes de información. También genera demoras e ineficiencias en los trámites, opacidad sobre niveles de implementación del derecho, y ausencia de mecanismos para hacerlo efectivo en casos de incumplimiento.
- La falta de datos accesibles sobre las cuestiones clave del Poder Judicial. Como detallamos en este informe, existen graves problemas en la información que el Poder Judicial publica sobre las declaraciones juradas patrimoniales de sus integrantes, su presupuesto, los concursos y procedimientos de selección de funcionarios/as y magistrados/as, y las propias decisiones judiciales. Entre otros problemas, a diferencia de lo que acontece en la justicia nacional, las plataformas locales no contemplan un apartado específico de “datos abiertos” o “transparencia”. Además, la información suele ser parcial e inaccesible.
- La percepción de que el Poder Judicial no siempre cuenta con las herramientas necesarias para resolver los problemas que se le presentan de manera accesible y transparente hacia la ciudadanía, lo cual genera una crisis de legitimidad y confianza por parte de las personas destinatarias de sus decisiones. Esto se evidencia, por ejemplo, con los problemas para implementar la oralidad en los procesos, su duración durante mucho más tiempo que lo razonable, o la falta de lenguaje claro de las sentencias, y su inaccesibilidad.
¿Cómo revertir la falta de transparencia?
Al día de hoy, los problemas de falta de transparencia del poder judicial en la Provincia de Buenos Aires son graves, y ello repercute en los niveles de confianza y legitimidad que tienen los jueces frente a la ciudadanía. Para revertir esta situación, hace falta avanzar hacia una cultura judicial que no sólo desarrolle una «buena jurisprudencia» en materia de acceso a la información pública, sino que también dé el ejemplo y avance hacia una institucionalidad robusta en la materia.
Entre muchas medidas que pueden adoptarse, esto significa, por ejemplo, poner en práctica normas específicas que reglamenten el derecho de acceso a la información pública en manos de los órganos judiciales, establecer lineamientos de buenas prácticas en la materia, designar autoridades competentes para recibir y procesar las solicitudes, elaborar informes que identifiquen obstáculos en la materia y desarrollar políticas públicas que agilicen el acceso y la producción de información pública judicial –entre otras posibles acciones–.
Fortalecer nuestra democracia requiere de manera urgente iniciar un camino de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del Poder Judicial.
*El Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC) es una organización no gubernamental cuyos ejes de trabajo se centran en el fortalecimiento de las instituciones de la Provincia de Buenos Aires y en exigir el cumplimiento de los derechos humanos de sus habitantes. En particular, ha trabajado en temas de transparencia y acceso a la información pública, transparencia del poder judicial y derecho a la educación.
El CIDC fue fundado en 2017 por un grupo de profesionales con experiencia trabajando en otras organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de fortalecer la sociedad civil en la Provincia de Buenos Aires.
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