Justicia desigual: 91 días preso por una denuncia con datos falsos

Lo primero que Carlos Mamani hizo cuando salió el martes pasado de la Alcaidía n° 3 de Melchor Romero, en La Plata, fue pensar en sus dos hijos. El trayecto que duró desde la ciudad de las diagonales hasta Villa Hidalgo, en José León Suarez, fue largo. Pero Carlos, de 28 años, se aferró a esa imagen: la familia que lo esperó y luchó por su libertad. 

Carlos fue víctima de una serie de denuncias hechas por una abogada, vecina de José León Suarez ─a la que no podemos nombrar por orden de la Justicia ─, contra él y su familia. Todo empezó el año pasado, luego de que él y su esposa, Vanesa Benítez, adquirieran una casa en un terreno dividido en tres partes. La abogada quería otra de esas parcelas, pero no llegó a un acuerdo con su dueña, Ayelén Pacheco. “Vino tres veces a verla, hizo una oferta pero se la rechacé y se fue enojada”, agrega. Esa fue la última vez que la vio.

Fue entonces que comenzó el calvario para Carlos y su familia. La Policía Bonaerense primero empezó a hostigarlos para que dejaran la propiedad con una supuesta orden de desalojo que nunca mostraron. “Sabíamos que venían de parte de ella”, cuenta Vanesa, en referencia a la letrada. “Tiene llegada con la comisaría del barrio”, agrega.

El 31 de abril del 2021 los efectivos llegaron de nuevo a la casa de la familia. Esta vez tenían una orden de exclusión de hogar por violencia familiar contra Carlos y debían desalojar la propiedad. Allí el joven se enteró de la primera denuncia. 

La letrada había declarado ante el juzgado de familia n° 3 de San Martín que Carlos fue su pareja durante diez meses. También que convivieron  en esa casa, que él no tenía hijos y que Vanesa Benítez era, en realidad, su hermana. En el transcurso de esa supuesta relación, la letrada además dijo que Carlos había intentado abusar de su hija. Cuando en una declaración testimonial se le consultó si poseía fotos o mensajes de WhatsApp que confirmaran su relación con Mamani, la abogada afirmó que “no se saca fotos con nadie” y que su celular “se lo habían robado”. Aquella jornada, vecinos y familiares del matrimonio impidieron que la policía los desaloje. 

¿Qué hacer ante la denuncia? 

Carlos fue al Juzgado de Familia días después. Allí, sorpresivamente, se cruzó con la denunciante. “No creo que haya sido casualidad que estuviera el mismo día que yo tenía turno en el juzgado”, dice hoy Mamani. Desde el Tribunal, le explicaron que ella le había hecho una nueva denuncia, esta vez por amenazas con armas de fuego. 

La elección de la letrada no fue casual. Al hacer una denuncia de estas características en un tribunal de familia, en un contexto de emergencia por el aumento de femicidios y casos de violencia de género, los mecanismos de la Justicia suelen activarse con mayor celeridad, a diferencia de otros fueros.

Lo primero que hizo Carlos fue contratar a un abogado particular, pero su defensor no estuvo a la altura de las circunstancias. Durante los meses siguientes, su padre enfermó y estuvo ocupado en su cuidado. El 30 de agosto de este año lo pararon para un control vehicular y quedó detenido por una orden de captura. 

Lo habían citado tres veces para declarar por la denuncia de abuso, pero él nunca se enteró. “Estaba con la cabeza en la salud de mi viejo”, cuenta. Carlos no tenía antecedentes y era el sostén económico de su familia. 

La demanda por supuestos abusos fue finalmente desestimada por la Justicia ante la falta de pruebas. Carlos, en cambio, siguió detenido en una  causa por amenazas agravadas por arma de fuego. Allí, la abogada señala que él y otro miembro de su familia la increparon con revólveres y le gritaban que sacara las denuncias que hizo en su contra, mientras ella pasaba con su auto acompañada de su hija por la zona de los terrenos en disputa. La menor prestó declaración testimonial sobre ese hecho. Como su madre, sostuvo que Vanesa es la hermana de Carlos y que participó de las agresiones en contra de ambas ese día.

Si la Justicia no responde, la calle reclama

En septiembre, Vanesa Benítez denunció a la abogada ante la UFI n° 7 de San Martín por “falso testimonio”, pero su causa fue archivada por falta de pruebas. Hartos de un sistema judicial prácticamente imbatible contra los más desfavorecidos, la familia empezó a salir a las calles para reclamar la libertad de Carlos. Su pedido de justicia llegó al abogado Hugo Trindade, un letrado experimentado en derecho penal. “Nunca vi un caso así”, cuenta Trindade. “No había razones para que Carlos estuviera detenido tantos días”, agrega.

El martes pasado, en una audiencia de valoración de pruebas entre Trindade, la fiscalía y la jueza ─instancia que permite que las partes expongan las pruebas con las que irán finalmente a juicio─, el defensor presentó sus argumentos para la liberación de Carlos. 

“Él no tiene antecedentes penales, posee un arraigo familiar y un trabajo estable. Además, no hay riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación”, explicó el letrado. 

La titular del Juzgado Criminal y Correccional Nro. 4 de San Martín,  María Sol Cabanas, hizo lugar al pedido del defensor y Carlos fue finalmente liberado.

Sin embargo, debe mantener ciertas reglas de comportamiento hasta la fecha del juicio debido a la causa de amenazas agravadas contra la abogada. “No puede acercarse, ni contactarla por ningún medio telefónico o digital”, detalló Trindade. 

Mientras la situación de Carlos se resolvía, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) cedió un espacio propio en Villa Hidalgo para que algunos integrantes de la familia del joven pudieran vivir allí.

Las otras víctimas 

Carlos no fue la única víctima del modus operandi de la letrada. 

Ana María Moyano, mamá de Ayelen Pacheco ─dueña de una parte de los terrenos que le interesan a la abogada─ la conoció una tarde del 2021 en la casa de su hija. «Era amorosa», recuerda Ana. «Le conté que estaba tramitando la pensión en la ANSES por el fallecimiento de mi esposo y se ofreció a ayudarme», explica. 

Ana le pasó todos sus datos y claves fiscales, pero después del conflicto de los terrenos, la letrada no volvió a aparecer. «La llamábamos pero no nos atendía. Con el tiempo nos olvidamos e intentamos hacer el trámite nosotras», retoma Ayelén.

Cuando quisieron ir a cobrar la pensión al banco, las rechazaron. Alguien más había intentado hacerlo antes. «Nos dijeron que una mujer con el documento de mi mamá apareció e intentó llevarse el dinero».

Ana hizo la denuncia por robo de identidad contra la abogada en la comisaría de José Leon Suarez. «No sabemos en qué quedó eso. Nadie de la Justicia nos llamó», señala.

Otra familiar de Ayelen también sufrió las falsas demandas de la letrada. Su cuñada, Luna Farías, quien vivió un tiempo en la misma propiedad que Carlos, recibió una denuncia por amenazas de arma de fuego. “Gente de ella se quiso meter a la casa y nos resistimos”, cuenta Luna. “Después me entero que me denunció a mí”.

Sandra Albornoz tuvo que cambiar a su hijo de escuela, tras una denuncia que la misma abogada le hizo al menor por amenazas de agresión. “Mi hijo iba al mismo curso que la hija. Tuvieron una discusión donde la nena lo acusa de hacerle bullying”, detalla Sandra. “A los pocos días esta señora lo escracha a mi hijo por todos las redes diciendo que vendía droga y otras barbaridades. Después le hace una denuncia por agresiones en contra de ella”. 

La demanda tramita en un Tribunal de San Isidro. “Mi hijo la pasó muy mal por esta señora. Nos gustaría denunciarla, pero no tenemos recursos para pagar un abogado”, dice la madre. 

Según una fuente judicial del Tribunal de San Martín, tan solo en ese distrito la letrada hizo 19 denuncias entre 2016 y 2022. La que más se repite es la de amenazas. La misma fuente explica que, aunque suene raro pensar que alguien puede hacerse “adicto al sistema de justicia” como una forma de resolver sus conflictos personales, es “extraño” que existan tantas demandas por parte de una misma persona. 

Asimismo, el abogado de Carlos Mamani confirmó a este medio que solicitará todas las demandas que la abogada hizo en los Tribunales de San Martín y San Isidro como medida de prueba.