Cuarenta y ocho días tardó en reaccionar. Todo indica que en su fuga hacia adelante, la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare impulsó la denuncia por dádivas contra el grupo autodenominado Los Huemules, pero dejó sin respuesta el pedido del denunciante original de que sean detenidos por haber intentado entorpecer la investigación, tal como surge del festival de chats filtrados donde pergeñaron decenas de maneras de encubrir su paso por la mansión del magnate Joe Lewis, a partir del 13 de octubre. Y también dejó la puerta abierta para que la causa termine en manos de la Justicia Federal porteña con sede en Comodoro Py, algo que surge de las conversaciones como una posibilidad beneficiosa para los acusados, a pesar de que Etchepare salió a desmentir que los conozca.
“El regalo de 5 mil a 10 mil dólares de valor se recibió entre Bariloche y El Bolsón, así que la única justicia competente es la del lugar donde recibieron alojamiento, comidas, transporte en helicóptero y avión”, dijo a este medio el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, autor de la primera denuncia que dio origen a la causa por dádivas en la justicia federal de Bariloche.
Perycia accedió al dictamen en el cual los investiga por aceptación y entrega de dádivas, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, cohecho y tráfico de influencias. Agregó el artículo 291 del Código Penal que establece la inhabilitación absoluta por el doble de lo que dure una eventual condena. La fiscalía federal de Bariloche, que Etchepare ocupa como subrogante, también deberá lidiar con la denuncia presentada por los mismos hechos y presuntos delitos de parte del ministro de Justicia Martín Soria. El funcionario nacional apunta a conocer el financiamiento del vuelo y solicita que la Justicia tenga acceso a los celulares de los participantes.
Como si fuera una mamushka de escándalos en la cual los más altos funcionarios ya no saben cómo tapar el sol, la Procuración difundió una copia del dictamen donde tachó las partes en que la fiscal solicita el levantamiento del secreto fiscal de los acusados.
La acusación de la fiscal que ahora da impulso a la causa dió por cierto lo planteado por el abogado denunciante Hertzriken Velasco, que había formulado una acusación por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias. Los tres jueces, un camarista de Casación, el jefe de fiscales porteños y el ministro de Seguridad de la CABA aceptaron el regalo de ser trasladados, alojados y racionados, cuando no paseados, a costas de integrantes del PRO y del propio magnate inglés Lewis quien los habría recibido en su residencia.
¿Qué hay hasta ahora en la investigación?
Sin notificar al denunciante, el 25 de noviembre la fiscal incorporó al expediente la documentación presentada por Nicolás Von Ditmar, gerente de Hidden Lake de Lewis, y le tomó declaración testimonial. Fue un trámite para el cual el testigo había sido preparado por los acusados, siempre según surge de sus propias palabras en los chats.
Van Ditmar aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados (a excepción de Leonardo Bergroth, ex agente integrante de la SIDE, y del publicista Tomás Reinke) por la suma de USD 605 cada una, que acorde a la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $97.707,5. “Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28. También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, expresó la fiscal.
Para verificar la veracidad de las facturas y los pagos la fiscal le pidió a la jueza que solicite el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los acusados, y que se requiera a la AFIP-DGI que analice la autenticidad de las facturas presentadas por las empresas mencionadas, “algunas de ellas emitidas dos semanas después de que hubieran consumido los servicios consignados”.
Final de la fábula
En la copia sin tachaduras del dictamen firmado ayer por la fiscal Etchepare, consta que “el 13 de octubre del corriente año se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La fiscalía también verificó que la empresa, conocida bajo el nombre de fantasía “Flyzar” pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona. La firma presentó copias de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. “Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ‘contado’ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, escribió la fiscal. En los chats los acusados pasan largas horas organizando la presentación de estos comprobantes, ahora finalmente bajo sospecha.
También se mostraban muy preocupados los “Huemules” por la eventual entrega de la PSA de las imágenes que los mostraban juntos en el aeropuerto, al punto de imaginar presiones y venganzas contra su titular, José Glinski.
En el dictamen que firmó ayer, Etchepare da cuenta de que esas imágenes ya estaban en el expediente. La pregunta del millón ahora sería ¿por qué no informó al denunciante y por qué no hizo nada antes que explotara el escándalo?
Etchepare introduce que la empresa de Lewis es conocida por los conflictos a partir del bloqueo que hizo del acceso a Lago Escondido.
“Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia Lago Escondido, puede advertir que en las filmaciones se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia”.
La fiscal describe que “en las imágenes, aquél está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados. Allí también se ve como, instantes después, se levantan de una mesa de cafetería (ubicada al fondo de la filmación) dos sujetos que se acercan al grupo y saludan a sus integrantes. De un simple cotejo con las imágenes de Google es posible suponer que se trata de los antes nombrados (Pablo) Casey y (Jorge) Rendo”, directivos del Grupo Clarín.
Evitar a las mapuches
En cuanto al regreso, en las filmaciones se observa cómo dos camionetas de alta gama ingresan directamente a la pista de aterrizaje y frenan junto a un avión privado, sin ingresar al edificio del aeropuerto. “Como consecuencia de ello, convoqué a prestar declaración testimonial al Jefe de la UOSP Bariloche, Subinspector Gómez, en pos de determinar los motivos por los que el grupo no había pasado por los controles de rigor, quien explicó que sí lo habían hecho, pero ingresando por un portón en el que no hay cámaras y directamente a la pista, para evitar su encuentro con un grupo de personas reunidas en el aeropuerto en la zona de control de los pasajeros de vuelos privados para visitar a las mujeres detenidas en la relevante causa FGR 16.149/2022”, dijo la fiscal en referencia a Betiana Colhuan Nahuel, Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas y Luciana Jaramillo, con arresto domiciliario luego del operativo de desalojo en la comunidad mapuche de Villa Mascardi.
La fiscal llegó a la conclusión de que los hechos denunciados “podrían implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien —presuntamente— los alojara”. Y agregó: “A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas al contado e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios”.
La puerta abierta a Py
Sobre la competencia, la fiscal acepta que es su jurisdicción pero le dice a la jueza Silvina Domínguez que debe realizarse “una mínima investigación en tal sentido”.
“Estoy esperando la resolución de la jueza de Zapala subrogante en Bariloche, Silvina Domínguez, de tenerme o no por parte querellante. No fui notificado del dictamen de la fiscal Etchepare, me enteré por los medios, en 48 días no me ha informado nada de lo ocurrido en el expediente, a pesar de haber dispuesto medidas”, dijo Hertzriken Velasco a Perycia. Poco antes de que la fiscal firmara su dictamen, el letrado le había sugerido en un escrito que si no estaba en condiciones de promover la acción penal se apartara. También le pidió “explicaciones sobre cómo apareció Van Ditmar en el expediente preliminar, aportando la facturación falsa de los días de alojamiento”.
Para el letrado, presidente de la Fundación de Abogados Querellantes, “los mismos temperamentos procesales que adoptó la fiscal confirman la existencia de la conversación con Juan Mahiques, y una suerte de acuerdo con ellos”. En el chat de Los Huemules, el jefe de los fiscales porteños había grabado un audio en el que dijo: “Muchachos, la fiscal de Bariloche bien, buena predisposición, ofreció mandar la causa a Py o en su defecto pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje con los denunciados digamos, sin Jorge (Rendo) y sin Pablo (Casey) y en base a eso cerrarla, así que si están de acuerdo avanzo en alguna de estas opciones”.
Adivina adivinador, ¿dónde terminará la causa? ¿en el fuero ubicado cerca del Puerto de Buenos Aires, cuya tasa de condenas por corrupción es del 1 por ciento?
Guía para entender los chat del escándalo, parte II
Conversación en orden cronológico, del 20 de octubre al 28 de noviembre
Luego de borrar el chat del grupo Operación Página12 de Telegram, el 20 de octubre armaron otro. Se pasan consejos de seguridad porque “hay que cuidarse”.
Ercolini comenta que la “opereta” habría sido obra del viceministro de Justicia Juan Martín Mena y del camarista Alejandro Slokar.
Anticipándose a la denuncia que les caeria en el Consejo de la Magistratura, el 24 de octubre vuelven con la idea de denunciar a la PSA que los habría espiado, o en su defecto “apretar” al senador Mariano Recalde para que “escupa” quien habría exigido la entrega de la planilla de vuelo.
D’Alessandro (que ahora es MD) les anuncia que hará la denuncia por el robo de la línea telefónica e imaginan posibles escenarios.
El ex SIDE en tiempos de Jaime Stiusso, Leo Bergot (Leonardo Bergroth), afirma que “se puede generar la radicación de la causa” y que “hay que estar atento y tener una estrategia uniforme y sólida”, haciendo ostentación de su experiencia en la materia de causas armadas.
Bergroth repasa el libreto del viajecito privado en el que no hubo “ningún crimen, no hubo prostitutas ni droga, no pasó nada”.
El 27 de octubre Juan Mahiques tranquiliza al grupo al afirmar que el denunciante de la causa radicada en Bariloche no puede apelar porque no es querellante. Esto es exactamente lo que sucedió, el denunciante Hertzriken Velasco no fue aceptado como querellante por la jueza María Silvina Domínguez.
El 28 de octubre Juan Mahiques graba el audio más difundido del escándalo, donde afirma que la fiscal de Bariloche tiene “buena predisposición” para que ellos presenten las facturas truchas o para enviarla a Comodoro Py. A continuación, Ercolini responde que “lo ideal sería que la mina pida las constancias a Flyzar y a Lago Escondido, con eso se descartan las dádivas y lo que sigue es todo un bluf”.
El 2 de noviembre Yadarola cuenta al grupo que habló con Glinski, el titular de la PSA.
A continuación Mahiques padre —el mismo que también fue viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de la gobernadora María Eugenia Vidal— insiste en la contraofensiva por el espionaje ilegal y remata con “ni olvido, ni perdón”, otra burla al campo popular.
Además de capturas de pantalla sobre noticias de empresarios de medios y adversarios del grupo en problemas, subieron decenas de fotos de vinos importados más caros que un auto. Y al igual que en el primer chat grupal, insultan a periodistas. En el caso de los autores de la nota que destapó el viaje —la de Página12, no la de El Destape— imaginan la posibilidad de que digan quién les dió la información.
Al día siguiente Mahiques informa al grupo: “Muchachos, acordamos que la fiscal pidiera la lista de pasajeros del vuelo a la PSA y con eso el oficio a la empresa para pedir las facturas”.
Yadarola explica que fue apartada de la fuerza una mujer que habría sido parte de la filtración de la planilla de vuelo, y que planea vengarse de la PSA.
El 11 de noviembre, Yadarola plantea como interrogante si “de acuerdo a la relación con la fiscal”, es decir Cándida Etchepare que niega conocerlos, hay margen para que con el pedido de sobreseimiento, (es decir se dan por victoriosos) agregue que la información acerca de la existencia del viaje se origina de la “filtración de un documento bajo custodia de la PSA”.
Quien tendría “la relación” con la fiscal sería Juan Mahiques, al punto del enamoramiento. Y lamentan haber borrado las fotos del tour a Lewis Land.
Ercolini rescata una real y Rendo se burla con la imagen de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes.
El 18 de noviembre Mahiques informa que “ya habló”, que la declaración de Nicolás Van Ditmar será por Zoom para que diga por qué estaba en el aeropuerto, que le va a preguntar si quiere presentar las facturas, y que ahí la cierra”, a la causa.
A continuación planean el coucheo al testigo Nicolás Van Ditmar, que está a punto de ser interrogado por la fiscal como testigo. Mahiques piensa que será “liviana” a lo que Bergot le responde que “por las dudas tendría un libretito pensado”.
Ercolini apunta que el testigo omita decir que los llevaron en helicóptero al centro de esquí. “Hicimos cabalgata, comimos choripanes en la montaña, jugamos a las cartas y al padel, que sea todo parecido a lo que hicimos para que no se pueda equivocar”, dice. Rendo advierte que le pueden preguntar por qué todos pagaron en efectivo y el mismo día, y que ahí se le puede complicar. Bergrot relativiza esos temores.
Casey, el sobrino de Magnetto, se explaya sobre el “libretito”.
Al día siguiente festejan que la declaración armada “salió muy bien”.
El 25 de noviembre comparten una noticia sobre la actuación de la PSA en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Ercolini se burla de Glinski, augurándole la muerte.
El 28 de noviembre a las 19.06 termina el intercambio de chats que se dio a conocer del autodenominado grupo “Donatto contrataca”. “Así estamos”, dice el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, después de criticar e instalar sospechas sobre el rol de la PSA en la investigación del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández.
El Grupo «Donatto contrataca (sic)»
*Esta es por el momento la única foto que se conoce de la fiscal federal María Cándida Etchepare.
