La familia de Katherine Moscoso —la joven desaparecida y asesinada en Monte Hermoso en 2015— se hartó de maniobras y dilaciones por parte del sistema judicial, y concentrará sus energías en la demanda ya presentada por el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
En esta historia que incluyó una pueblada y un desfile de perejiles, actuaron seis fiscales. La mayoría fue denunciado o recusado por la familia, mientras que el único que estuvo dispuesto a avanzar dejó el caso por una enfermedad. El último fiscal, Luis Piotti a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Tandil, dictaminó a principios de marzo el cierre de la investigación por el crimen de la adolescente.
La apelación presentada por el abogado de los Moscoso, Leandro Aparicio, para evitar la clausura del expediente resume casi ocho años de maniobras tendientes a la impunidad. Un botón de muestra: Los “investigadores” tardaron dos años en pedir datos a Facebook, que en 2021 en dos semanas respondió. Ahora saben que las últimas personas con las que se contactó Kathy fueron su tía, su mejor amiga y uno de los patovicas del boliche al que había ido a bailar, nunca citado en la causa. El local nocturno era Arenas, y el encargado era el hermano del intendente de Monte Hermoso.
Boliches y médanos
Ella era una adolescente con rostro de niña, que vivía en un pequeño pueblo costero, y quedó atrapada en los boliches de la noche, los hijos y parientes del poder y sus custodios policías que liberan zonas. Un frío médano fue el escenario del crimen. Kathy Moscoso tenía 17 años y un leve retraso madurativo. Vivía con su abuela Marta Mesa y su tío Ezequiel Moscoso. Estudiaba en la Escuela Especial 501 de Monte Hermoso, pasaba horas en la hamaca con sus auriculares y adoraba bailar. El domingo 17 de mayo de 2015 fue vista por última vez en el boliche Arenas, adonde había ido con sus amigas. Ese fin de semana Ezequiel —40 años, de oficio albañil— se había ido a Bahía Blanca.
“Nunca volvió a casa, estuvo una semana desaparecida, la buscamos días enteros con los vecinos peinando todo el pueblo, hasta que aparece su teléfono cerca de nuestra casa y de uno de los sospechosos”, recuerda el tío. Su cuerpo sin vida apareció a las 22 del mismo día que el fiscal Sebastián Foglia hizo declaraciones públicas oprobiosas en las cuales ubicaba a Kathy de paseo por Neuquén. Su cuerpo estaba en un lugar que ya había sido rastrillado, semienterrado en un médano cerca de su casa. La autopsia determinó que murió de asfixia, fue golpeada y sepultada cuando aún respiraba. La familia Moscoso tiene su teoría sobre lo que pasó esa noche. “La llevaron engañada a una fiesta sexual, se resistió y por eso la mataron y la hicieron desaparecer.
“En la causa está acreditado que los patovicas del boliche organizaban fiestas sexuales junto con políticos en un lugar costero a 10 kilómetros de Monte Hermoso por la playa”, dice Ezequiel. Katherine habría sido asesinada por personas vinculadas al poder político de la ciudad que tuvieron la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación por medio de policías en los primeros tres días, y encubrir a los culpables los días posteriores a través de la Brigada de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca. En ese momento gobernaban Daniel Scioli, que envió a su ministro Ricardo Casal, y a nivel nacional daba órdenes Aníbal Fernández, quienes enviaron 300 efectivos al lugar.
¿La pueblada?
A raíz del crimen hubo una pueblada en Monte Hermoso durante la cual fue asesinado Juan Carlos «Canini» González, el vecino de 70 años, sindicado como proxeneta, al que el pueblo creyó sospechoso por las versiones que hizo correr la policía. Durante la protesta los vecinos atacaron a pedradas y prendieron fuego distintos edificios, entre ellos la comisaría local, la casa del secretario de Seguridad local y la sede municipal. Por el crimen de “Canini» González un Tribunal Oral en lo Criminal de Bahía Blanca condenó a ocho vecinos del balneario a la pena de cinco años de prisión por el delito de «homicidio en agresión» durante un juicio oral y público llevado a cabo el 29 de mayo del 2017.
“Borraron la mayoría de las pruebas que pudieran incriminarlos, incluyendo para eso la planificación de un linchamiento a una persona a quien previamente lo marcaron como sospechoso y, al mismo tiempo, incendiar la comisaría y distintos lugares públicos, sobre todo, aquellos donde se encontraban imágenes que pudieran comprometerlos”, explica Moscoso, al referirse a la poco espontánea pueblada posterior al hallazgo del cuerpo, donde mataron a golpes a González.
La apelación, la reunión y tantos años de impunidad
A la reunión prevista en la Procuración General de la provincia de Buenos Aires a la que fueron convocados el martes 7 de marzo, junto con su abogado Leandro Aparicio, acudió un funcionario de segunda línea que sólo logró aumentar la bronca acumulada por tantos años de impunidad. Es que esta familia acudió ante la jefatura de las fiscalías porque además de haber apelado la decisión del fiscal Piotti de cerrar la causa, y solicitado el apartamiento de este funcionario, ya vienen denunciando hace años una intrincada trama de encubrimiento de la cual fueron parte los sucesivos fiscales que desfilaron por el expediente. Esperaban que les anunciaran la intervención de algún cuerpo especializado pero les dijeron que seguirán a cargo los mismos funcionarios.
«Queremos que se sepa la verdad»
Casi como una perversa paradoja, Piotti adujo que la repercusión mediática del caso generó un «exceso» de dudosa información que complicó la investigación y determinó que «ya no se avizoran medidas que puedan adoptarse con miras a dilucidarlo».
En su extenso escrito de apelación, al que accedió Perycia, en casi 60 páginas Aparicio demuele estos argumentos, describe las denuncias de los inspectores municipales a quienes impidieron investigar luego de que aparece el cuerpo, —con el jefe de la DDI de Bahía Blanca y todo el staff político diciéndoles ‘ustedes no se mueven de acá—; las presiones para que los guardias urbanos borren las fotos con posibles evidencias, las maniobras de los comisarios previas a la aparición del cadáver de Kathy y las presiones para que ‘se callen todo lo que vean’.
«Queremos que se sepa la verdad, así no podemos seguir, estamos cansados de que nos tomen el pelo, queremos denunciar a todos los funcionarios locales y buscar justicia a nivel internacional», dice a Perycia Ezequiel Moscoso, quien viene dedicando su vida a la lucha por justicia para su sobrina, al punto de que en plena pandemia se fue caminando desde Monte Hermoso hasta Buenos Aires para hablar con el presidente Alberto Fernández, pero no consiguió pasar los retenes por el ASPO. “Tenemos en claro que a Katherine no la va a devolver nadie, pero esto sigue pasando, los muchachitos revientan del corazón con la droga y nadie hace nada”, agrega.
Mal comienzo, peor continuidad
Acaso una de las más burdas y elocuentes maniobras que nunca fueron investigadas son las declaraciones públicas del primer fiscal del caso, pronunciadas a radio La Brújula de Bahía Blanca, cuando Kathy llevaba una semana desaparecida. En esas horas desesperadas tuvieron que escuchar al fiscal Sebastián Foglia diciendo que “la nocturnidad no tuvo nada que ver”, que “Katherine se había comunicado por Facebook, que estaba en Neuquén con su novio, y no quería volver más”. Foglia estaba en la localidad balnearia y comandaba el comité de crisis creado por el Ministerio de Seguridad bonaerense. «Creemos que en Monte Hermoso no está, el balneario fue dado vuelta, la última vez que la vieron fue el viernes a la tarde caminando libremente, por lo tanto creemos que esto no tiene que ver con la nocturnidad ni que la hayan secuestrado», agregó el representante del Ministerio Público.
“Seguramente quien lea esto dudara si la declaración del Fiscal Foglia fue realizada para engañar a los asesinos de Katherine o si leyó la causa y estaba ubicado en tiempo o espacio o si la policía engañó al Fiscal Foglia para que diga las barbaridades que este sitio reproduce, o si el Fiscal Foglia, hoy camarista federal, cumplió instrucciones del senador Enrique Di Chiara (hoy nuevamente senador bonaerense por el Frente de Todos) y del entonces Intendente Marcos Fernández (hoy nuevamente intendente) como sostenemos los familiares de Katherine Moscoso, a la luz de los hechos, hoy casi ocho años después”, expresó Aparicio en la apelación.
“Denunciamos la inacción que bordea la complicidad al no adoptar ninguna medida contra los ex comisarios Gustavo Maldonado y Gabriel Zamora, quienes claramente son identificados alterando pruebas, actitud que causó gravámenes irreparables en la investigación, ya que esa conducta obstruyó la instrucción, manipuló elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para esta investigación sin una argumentación jurídica fuerte y protege a las fuerzas de seguridad”, reza el texto de la apelación.
La denuncia por encubrimiento
En la trama de encubrimiento descrita, hay “tres cuestiones altamente significativas que dan cuenta que esta organización criminal funcionó para encubrir el hecho”, enumeró el letrado:
- El día de la aparición del cadáver hubo varios incendios que afectaron muchas dependencias públicas, con la finalidad evidente de eliminar pruebas como, por ejemplo, el incendio de la camioneta con ADN positivo correspondiente a Kathy.
- Uno de tales estragos afectó el centro de monitoreo municipal, incendio que dañó registro de las imágenes que tendrían directo impacto y permitirían el esclarecimiento del crimen y sus posibles autores. Estos registros bien podrían exhibir quién o quiénes captaron a Katherine a la salida del local Arenas la madrugada del 17 de mayo de 2015.
- Si no fuese real que había imágenes incriminantes o que comprometían a las personas de las que se sospecha, no tendría sentido la amenaza a quienes pudieran haber visto esos registros en tiempo real. Todo lo cual muestra que esta organización funcionó de forma altamente eficiente contando con información privilegiada ya que sabía perfectamente qué hacer, cómo operar y qué pruebas destruir o neutralizar. Incluso, a quién matar o eliminar, tal es el caso de Juan Carlos Canini González. Sea que se considere que fue testigo clave que había que silenciar o bien un individuo sobre el que se hizo recaer toda la culpa que compartía con otros, es decir “un chivo expiatorio”.
Los hijos del poder
Según expresó Aparicio, “tras realizar un análisis superficial y distorsionado de lo que distintos testigos declararon”, el Fiscal Piotti concluyó que no hay sustento para sostener que hubo intención de silenciar lo que los operarios vieron”.
Sin embargo, el inspector de tránsito y guardia urbana Juan Enrique Wertz relató: “Siempre me llamó la atención que cada vez que se nos mandaba a hacer un rastrillaje a un lugar de Monte Hermoso aparecían evidencias en la otra punta de Monte, en relación a la búsqueda de Kathy”. “El día 23 de mayo de 2015, antes de que encuentren el cuerpo de Kathy, hicimos un rastrillaje por El Sauce y luego me fui a mi casa cerca de las 19.30. Como a las 10 de la noche bajé de mi departamento y para un auto con vidrios polarizados, apenas baja el vidrio y me dicen que tenía que callarme la boca, que no dijera nada. (…) Luego de esto nos dijeron que no anduviéramos mucho por la calle al día siguiente porque nos habían amenazado que íbamos a recibir una bala de 9 mm para todos los que trabajáramos en tránsito. Nuestro jefe, el que mandaba todos los rastrillajes, era Ricardo Triches. El 23 cuando hicimos el último rastrillaje en el Sauce venían atrás en un auto Triches y el Intendente”.
Esto pone en evidencia la preocupación de los funcionarios políticos de la localidad balnearia porque poco antes de ser desaparecida y asesinada, Kathy estuvo en un local nocturno frecuentado por los hijos del poder.
La perejila y el fiscal que quiso investigar
El 13 de octubre de 2015, el fiscal Cristian Long envió un informe al fiscal general Juan Pablo Fernández en que que relataba que “desde el inicio de la investigación se ha intentado desde el ámbito policial y en particular por parte del Jefe a cargo de la Jefatura Departamental de Policía, Comisario Gustavo Maldonado, y del Jefe a cargo de la División de Investigaciones, Comisario Luis Alberto Corbi, desalentar y obstaculizar el avance de la misma”, y a pesar de no contar con elementos de prueba al respecto, “direccionar la misma (instrucción) hacia una única posibilidad, esta es la de la imputación de Daiana Sánchez, descartando de plano cualquier otra línea investigativa, sin contar siquiera con mínimos elementos probatorios que lo lleven a dicha conclusión”.
A criterio de Long, “tantas irregularidades deben ser puestas a la luz de las particularidades de la presente causa, surgen claros indicios del personal policial en connivencia con personas del ámbito político participando de actividades vinculadas con la droga y otros hechos delictivos”. Y concluyó que “resulta sumamente llamativo que, en una causa con la trascendencia nacional de la presente, con el despliegue policial que se hizo en los primeros estadios investigativos, en donde las más altas esferas policiales manifestaron a esta Agencia Fiscal y a la ciudadanía en general, que se contaba con todo el apoyo de su parte para el esclarecimiento del hecho, se cuenten con tantas irregularidades y obstáculos”.
Antes de la aparición del cuerpo había actuado Foglia, luego por la jurisdicción intervino Long y denunció a los policías ante el fiscal general pero tuvo que dejar la investigación por cuestiones de su salud; como subrogante de Long el fiscal Mauricio del Cero toma el caso y detiene a Daiana Sánchez. Ante la insistencia de la querella Del Cero se va y las actuaciones pasan a manos del fiscal Jorge Viego, hasta que finalmente tras sucesivas recusaciones recientemente entra en escena Piotti.
El testigo que vincula al poder
No sería la primera ni la última movida para incriminar inocentes. “No vamos a tolerar que se pretenda, como pretendía el Fiscal Piotti, meter nuevos perejiles como intentó hacerlo con el vecino Andrés Benítez, y si bien no pudo aunque intentó vincularlo con esta causa, hizo todo lo posible para desvirtuar el aporte de Benítez: el hecho de que vio al hermano del Intendente de Monte Hermoso, a la vez dueño del boliche y principal sospechoso para la querella Martín Fernández merodeando a alrededor del recorrido de Katherine en la madrugada que desapareció”, recordó Aparicio. “Fue el propio Fiscal Piotti quien nos manifestó que Benítez era ‘su principal sospechoso’”, agregó.
En la apelación el abogado recordó que el 8 de abril de 2020 denunciaron penalmente en un escrito de 325 páginas a 21 personas “entre ellos Fiscales, ex Instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex Funcionarios, empleados municipales por la probable comisión de los delitos de Abuso de Autoridad e incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y encubrimiento agravado; sin perjuicio de formar parte todos ellos de una Asociación Ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías”.
Estas denuncias, en las que se pedían detenciones de comisarios que nunca se concretaron, fueron avaladas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en la firma de Adolfo Perez Esquivel y Roberto Cipriano García. Pero ya en diciembre de 2017 había sido denunciado el encubrimiento con participación del personal policial, funcionarios públicos y bomberos voluntarios, el encubrimiento previo de los altos mandos oficiales y el incendio de la Comisaría, y “una organización de distintas personas que poseen diferente jerarquía, algunas de las cuales ostentan poder político, quienes desde antes que ocurra el crimen ya estaban asociadas a tal organización y que, después de sucedido el crimen, aunque en forma previa a la aparición del cadáver con fecha 23 de mayo de 2015 (es decir durante la búsqueda de Moscoso, desde el 17 al 23 de mayo) han tenido la información, el tiempo necesario, los recursos y la logística apropiadas para encubrir el crimen y desviar la atención hacia otras personas”.
¿Cómo se gestó el encubrimiento?
En este sentido, los denunciantes afirmaron que “el encubrimiento del crimen de Katherine Moscoso solo pudo ser llevado a cabo por una organización integrada por individuos del ámbito político, municipal y judicial”. Y mencionaron “los patovicas del boliche fueron a custodiar la casa del Marcos Fernández (el intendente) durante los incendios”, como parte de una organización que “tenía además otros propósitos delictivos relacionados con la venta de estupefacientes, en connivencia con policías”.
Dos años tardó el fiscal Mauricio Del Cero en impulsar las medidas referidas a estas denuncias realizadas en diferentes instancias, entre ellas ante el Procurador General. Es decir, ante la insistencia de la querella de Moscoso y Aparicio, el funcionario afirmó que “una cuestión fuera de toda duda es el accionar delictivo de algunos efectivos de la Comisaría de Monte Hermoso”. Pero lo hizo demasiado tarde, y su sucesor, Jorge Viego omitió por completo la pista principal por medio de la cual, de manera tardía e inconducente el fiscal Del Cero solicitó las medidas condenadas de antemano al fracaso, y continuó imperturbable con la teoría de introducir con fórceps al vecino Josué González, “el próximo concursante post mortem a perejil de la causa”.
Vuelven a pedir que se investigue
Sin bajar los brazos, en la apelación al cierre de la causa volvieron a pedir las medidas de prueba “solicitadas oportunamente por la querella y rechazadas por el Fiscal Archivador (Piotti)”, entre ellas completar el último testimonio de las presentes actuaciones con otros medios de prueba específicamente con un pedido al ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que envíen el AVL (Automatic Vehicle Location, rastreo vehicular automatizado) de la totalidad de los móviles policiales afectados a la investigación de la desaparición de Katherine Moscoso en los días 19 al 24 de Mayo de 2015. A finales del año pasado declaró en la causa una persona que refiere haber visto al actual intendente municipal junto a policías llevando sobre una camioneta el cuerpo de la víctima y posteriormente divisó a tres personas excavando en el mismo lugar donde fue enterrado el cuerpo.
Nada de esto hizo posible el esclarecimiento del crimen de Kathy, que roza al poder político, judicial y policial de esa zona de la provincia de Buenos Aires. Por eso su familia siente que ya se va agotando la vía local y llegaría la hora de impulsar la denuncia que presentó la CPM ante la CIDH en abril de 2022 para que el organismo analice el encubrimiento judicial y la trama alrededor de la investigación del caso que en casi ocho años no logró avance alguno ni respuesta para ella. “Estamos muy mal, a mí me denunciaron ante el Colegio de Abogados por hacer declaraciones sobre esta causa, vamos a pensar una nueva estrategia para patear el tablero, y nos gustaría que las mujeres tomen esta causa de bandera porque evidentemente nosotros no tenemos la suficiente llegada”, dijo Aparicio a este portal.
