Carlos Ruiz tiene 63 años, es oriundo de Tucumán, es padre de seis hijos. El 13 de julio de 2021 recibió la noticia de que su hijo menor, Matías, había salido corriendo desnudo del departamento en el que vivía en la Ciudad de Salta y falleció después de ser detenido por efectivos policiales.
Eran las 7.35 de la mañana cuando Matías, de 27 años, fue interceptado por cuatro policías. Luego de cuatro llamadas, alrededor de una hora más tarde, los agentes del Sistema de Asistencia Médica para Emergencia y Catástrofes (SAMEC) encontraron al joven aterido en la parte trasera de la camioneta policial, cubierto con una sábana y esposado; y aunque lo llevaron al hospital San Bernardo no sobrevivió.
Esa madrugada la temperatura había alcanzado los 3 grados, y Carlos considera que para ese momento su Matías ya había fallecido. Desde entonces, investiga la muerte de su hijo. Luego de observar y analizar los videos de las cámaras de seguridad, Carlos comienza a sospechar que no se trató de un caso de “muerte súbita” como le dijo la policía. Advierte que Matías no tenía marcas de golpes cuando los policías lo detuvieron y que sentado en la calle les pedía “por favor, no me hagan daño”.
Matías era peluquero y colorista. Había hecho cursos en Buenos Aires y Córdoba. En el año 2021 cuando alquiló un departamento en la ciudad de Salta a mediados de junio, ya tenía planificado su futuro. Iba a trabajar hasta el mes de diciembre y después se iba del país porque estaba invitado a armar un proyecto de trabajo en México. “Matías era una persona empática que sembraba, ayudaba a mucha gente con sus veintisiete años. Era colaborador de comedores comunitarios. Los que me quitaron a mi hijo se llevaron con ellos un ser humano inocente de todo”, describe.
Cómo actuó la policía
Una semana después de la muerte del joven, los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Leandro Flores imputaron a cuatro policías —Sergio Llanes, Néstor Ulloa, Ricardo Sierralta y Héctor Rodríguez— como autores del delito de homicidio culposo porque actuaron con negligencia o no cumplieron con su deber. Por el mismo delito también imputaron a cuatro integrantes del SAMEC: Luis Alberto Rivas Pérez, Cristian Alejandro Huari, Gonzalo Federico Farfán, Marcela Silvana Giménez.
Según la hipótesis de la fiscalía, los efectivos policiales “actuaron de forma exagerada para el contexto y sin los cuidados mínimos para no afectar la integridad física del joven». En diálogo con este medio, el abogado que representa a Carlos, Martín D’Andrea, explicó que el 28 de octubre de ese mismo año, la fiscalía amplió la acusación para los cuatro policías por el delito de vejaciones.
Por el relato de los testigos e imágenes del Servicio de Emergencias (911), está acreditado que a las 07:17, los oficiales Ulloa y Llanes retienen a Matías Ruiz. Minutos después, Rodríguez descendió de la camioneta y apoyó su pierna derecha sobre la espalda de Matías, con el fin de inmovilizarlo. Recién a las 07:41, dos mujeres entregan una sábana al personal policial, para cubrir a la víctima desnuda en el piso. En los minutos siguientes se observa que Rodríguez y Sierralta regresan, ingresan al móvil policial y retornan al lugar donde los otros dos efectivos inmovilizaban a Matías.
El rol del personal de Salud
Esa mañana, el personal del SAMEC recibió cuatro llamados por la situación de Matías Ruiz. El primero a las 6.50, por parte del personal de Demanda ciudadana y luego a las 7.35, cuando llamaron los efectivos que habían tomado contacto con Matías. Ese pedido se reiteró a las 7.41 y a las 7.45. “Aquí es donde se evidencia la responsabilidad de los agentes de salud; ya que no desarrollaron con eficacia las funciones laborales que le competen y existió una demora desmedida e incomprensible en la asignación de la ambulancia”, asegura el abogado de Ruiz. A las 8:02, asignan una ambulancia que llega a las 8.13, y destaca D’Andrea que “no existía una distancia considerable desde el lugar de donde parten las ambulancias hasta el lugar del hecho”.
Sobre la situación judicial de los funcionarios del servicio de salud local, el abogado aclara que “se ha producido una demora pocas veces vista para asignar una ambulancia cuando previamente se había solicitado un móvil invocando un código amarillo, y luego de cuatro llamados, la ambulancia compareció al lugar de los hechos con una facción de tiempo considerable”.
Luego, trasladaron a Matias Ruiz al hospital San Bernardo, “muy posiblemente sin vida o con poca saturación, y la conducta que se les reprocha radica en que ha mediado una omisión”. “Si uno trabaja como empleado del SAMEC, atendiendo llamadas y derivando las ambulancias y justamente se les abona su salario para que cumplan una función, en este caso, en una situación de riesgo de vida de una persona no se justifica esa demora desmedida en la asignación de una ambulancia”, sostiene.
Del informe de la Junta Médica surge que si bien no existe registro de la temperatura de Matías al ingresar al Hospital San Bernardo, sí se tiene en cuenta que el mismo ingresa sin pulso ni presión arterial, sin ropas y después de haber estado expuesto a la intemperie en una mañana invernal por más de una hora. Por esto infieren que la temperatura corporal del mismo sería disminuida y le podría haber causado hipotermia, la que a su vez podría haberle ocasionado arritmias cardíacas.
Para Carlos Ruiz, el padre de Matías, hay una serie de interrogantes sobre los últimos minutos de vida de su hijo. Por qué él salió sin ropa de su departamento y recorrió 320 metros hasta el lugar donde asegura que “fue asesinado por la policía”. El papá de Matías no cuenta con una especialización en tareas forenses o para el peritaje de las imágenes captadas por las cámaras, pero la muerte de su hijo determinó que consultara con licenciados en criminalística y que cada día estudie para entender lo que ocurrió.
El recorrido que realizó Matías
A partir de los videos que observó, analiza el comportamiento físico y psicomotriz de su hijo. “Cuando uno dice que salió desnudo trotando, corriendo hay que analizar de qué manera era el trote, ¿era cansino, aeróbico, veloz, había coordinación muscular?». Para su padre, Matías “sabía perfectamente qué iba haciendo en tiempo físico, por dónde corría y donde ponía los pies, había coordinación”.
El recorrido que realizó el joven es de aproximadamente 320 metros; salió sobre calle San Juan y Catamarca, recorrió 300 metros hasta la intersección de las calles Catamarca y Urquiza. Allí, dobló sobre la mano derecha de la calle Urquiza hacia el este y recorrió 20 metros. En esa esquina, una cámara 360 toma imágenes para el 911. Ahí se detuvo, frente a una clínica cardiológica.
“Él está tirado ahí por espacio de dos minutos más o menos y se pone de pie y mira hacia adentro de la clínica. Aparentemente sabía que a esa hora tenía que haber personas dentro. Él no estaba en otro mundo, sino que buscaba refugiarse”, explica Ruiz. Además, aporta el dato de que su hijo no corrió hacia ese lado al azar. Sino que intentaba llegar a un edificio cercano que estaba a 20 o 30 metros, donde vivía la que era su secretaria de confianza. Es decir, que él sabía lo que hacía.
La autopsia
La autopsia comenzó antes de que Carlos llegara. Fue citado a las 10 de la mañana y cuando llegó, habían comenzado a las 9. Él se negó a presenciarla dadas las condiciones, de todas formas se quedó esperando el informe forense que tardó 12 horas. “Cuando el fiscal me llevó, le dije no pienso presenciar esto, porque hay una falta de ética profesional y de respeto a mí como padre. Ustedes me tomaron el pelo porque la intervención se debía realizar en mi presencia y cuando yo llegué el cuerpo estaba desmembrado de punta a punta”, le dijo Carlos Ruiz a Gustavo Torres Rubelt, el fiscal de la causa en ese momento.
“Después de que me entregaron el cuerpo y abrí ese cajón, en San Miguel (Tucumán) , estaba maquillado como si fuera para una obra de teatro”, recuerda Carlos. “Empezó a correrse el maquillaje y sin que se diera cuenta mi familia, yo le pasé un pañuelo y encontré una golpiza brutal. Tenía marcado los borcegos en el parietal a la izquierda, el taco en la punta del oído también izquierdo y cuando toqué la parte del lóbulo frontal, me encontré en la sien como si estuviera desprendido, había lesiones cerebrales, óseas”, destaca. En ese momento, asegura, se dio cuenta de que no se trataba de una “muerte súbita”.
De acuerdo a lo investigado por Carlos Ruiz, él determina que “participó personal de las Seccional Primera que está a seis cuadras del lugar del hecho; personal de la Seccional Segunda que está más o menos como 15 cuadras y personal del 911”. Calcula que fueron alrededor de 10 las personas involucradas, mientras que en la causa hay ocho imputados solamente.
El parte médico de la autopsia resulta un tanto contradictorio para la querella. “Por ello estamos trabajando para que prontamente un perito de parte determine exactamente la causa de su muerte, pero se hizo mención a que el mismo fallece debido a un paro cardiorespiratorio”, explica el abogado D’Andrea.
Los peritos pertenecen al cuerpo de investigaciones y no se siguió el protocolo de Minnesota (modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias), aclaró D’andrea. La pericia médica (necropsia o autopsia) efectuada, para el abogado querellante “adolece de vicios esenciales y groseros que a mi entender deberán ser expuestos por el perito de parte privado que esta parte propuso”. Sin embargo, hasta que no se resuelva la cuestión de competencia, el perito no podrá asumir ni tomar ningún tipo de intervención.
¿Quién debe juzgar a lxs acusadxs por la muerte de Matías?
En referencia a la competencia que debe resolver la Corte de Justicia de Salta el abogado D’Andrea aclara que actualmente la causa se encuentra virtualmente suspendida porque debe determinarse qué juzgado debe intervenir.
El Código Procesal Penal de Salta dispone que una vez culminada la investigación —la causa— necesariamente debe ser elevada a juicio y un tribunal debe realizar el plenario, el juicio propiamente dicho. En este caso, cuando la causa fue elevada al tribunal de juicio, este rechazó la competencia porque “la pena en expectativa no excedería los 6 años de prisión”, según fija el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, y la remitieron a un solo juez.
Ese pronóstico es “inadecuado” desde el punto de vista de D’Andrea, ya que “si bien puede desarrollar el juicio, (un juez) no cuenta con recursos suficientes”. Entonces, “constituye un despropósito que el tribunal de juicio sala VII se declare incompetente cuando de la misma acusación del fiscal se desprende que la vejación exhibe una pena efectiva y considerable”, explica el abogado. “A la que además debe adicionarse la probable pena por el delito de homicidio”, añade. En este sentido, opina que “el juez de garantías en el ordenamiento procesal salteño debe controlar el respeto de todas las garantías constitucionales mientras se tramite la investigación”.
El recuerdo de Matías
“Mi hijo era un profesional, una persona normal. Él tenía las puertas abiertas donde iba, le gustaba compartir. Además, era introvertido, liberal, era muy especial”, así lo recuerda Carlos. “Con su familia era muy especial. Tenía muchas amistades, era una persona sensata, deportiva, sencilla, humilde, transparente, no tenía ningún tipo de inclinación delictiva”, destaca su padre.
“Es una situación devastadora, para la familia por la pérdida de un integrante tan amado por sus hermanos, por su mamá. Hasta el día de hoy, cada vez que veo a mis hijos y a mi exmujer, yo noto en sus miradas el dolor, la angustia, la impotencia, eso se ve, se lee, se respira en el ambiente cuando estamos reunidos”, describe Carlos. “Los papás no estamos preparados para enterrar un hijo. Tal vez, si fuera una muerte natural o terminal podríamos asumirlo; aunque aún así cuesta. Pero lo más difícil, es saber que la gente que lo debía proteger, servir y custodiar le quitó la vida”.
La violencia institucional en Salta
Jorge Farfán es parte de la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de la provincia de Salta y padre de Jorge Gury Farfán de 24 años en un hecho en el que también se presume que el joven fue asesinado por efectivos de la comisaría 12 de barrio Santa Ana de Salta capital. Desde la agrupación de familiares llevan un conteo a nivel nacional y afirman que son más de 8700 las personas asesinadas en manos de la policía en todo el país en estos años de “supuesta democracia”.
En el año 2022 desde la Fiscalía de Derechos Humanos contabilizaron 1388 denuncias (hasta noviembre) por abuso policial en la provincia de Salta. De las cuales solo hubo 116 imputaciones, se dictaron 16 sentencias y 10 fueron de condenas. Farfán explica que “la impunidad que le dan los jueces y los fiscales a las personas que torturan y asesinan a nuestros hijos es enorme”.
“Desde el primer momento que un policía asesina a una persona pobre se activa inmediatamente un mecanismo sistemático para encubrir a estos policías que llevan adelante esta política de represión y muerte. Llevan la discusión a un plano científico donde los médicos forenses que trabajan para el Estado inventan causas de muerte y de esta manera legitiman los asesinatos de nuestros hijos”, sostiene. ”En Salta la policía ni siquiera gasta balas… nos entregan a nuestros hijos molidos a golpes”, concluye Farfán.
