Estamos en Salta, la provincia argentina en la que, según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del 18 de mayo pasado, habitan 1.440.672 personas. No hay todavía datos construidos en el último censo al respecto pero, basándose en la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, realizada en 2019 por el programa Sociedad, Cultura y Religión —del homónimo programa del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL, CONICET)—, Salta (noroeste) es la región donde más se profesa la religión católica en Argentina, con un 92% favorable, y la menos atea con un 2%. Salta, la Linda. Salta, la Católica.
Salta, la provincia católica con seis sacerdotes denunciados por abuso sexual eclesiástico donde, desde el 15 al 18 de mayo, iban a desarrollarse las audiencias de debate en la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, integrado por los jueces Ricardo Martoccia y Aníbal Burgos y la jueza Soledad Rodríguez, por el juicio a uno de ellos. El imputado es Carlos Fernando Páez, acusado de abuso sexual simple agravado por su rol de ministro de culto y porque estaba a cargo de la educación de las personas afectadas.
Páez fue denunciado en la localidad de Orán —uno de los tres departamentos de la provincia con mayor cantidad de población, con 160.314 habitantes— en el año 2019, cuando el exseminarista Kevin Montes decidió hacer pública su identidad y recurrir, tras ser desoído por la Iglesia Católica, a la justicia penal.
La semana pasada, tras las elecciones provinciales, el Tribunal de Juicio Sala I notificó la anulación —hasta nuevo aviso— de las audiencias porque, a diecisiete días de la fecha programada para el inicio del debate, consintió el recurso de apelación en el que la defensa de Paez, a cargo de Aldo Hernández, solicitó la nulidad de las pruebas documentales que se habían presentado el 10 de abril. La fiscalía, a cargo de Federico Obeid, se opuso, pero la Sala habilitó la suspensión. La prueba que rechaza la defensa es el testimonio de Kevin en el juicio por abuso sexual simple agravado que tuvo como imputado al cura Gustavo Zanchetta porque esta prueba no había sido incorporada durante la Investigación Penal Preparatoria y porque Páez no tuvo participación en los hechos imputados a Zanchetta.
La denuncia
Cuando Kevin Montes se animó a denunciar al sacerdote Carlos Fernando Páez, seguía siendo seminarista. Fue en 2019. Un año antes, en agosto, había intentado contárselo al Obispo de Orán, Luis Antonio Scozzina que le indicó que la solución era pasar sus días libres en otra parroquia en la ciudad de Tartagal. En enero del 2019, renuncia al seminario, sin dejar de recordarle a Scozzina lo sucedido: “les vuelvo a recordar estas cosas porque Páez seguía llevando chicos menores de edad a dormir a su casa de retiro y a encuentros. Lo único que le pedía era que tome cartas sobre el asunto. Incluso le había dicho que no iba a denunciarlo porque no me sentía bien y le pedía que haya una sanción y él no pudiera acercarse a jóvenes”, recuerda Kevin a Perycia.
La respuesta de Scozzina lo decidió a asentar la denuncia canónica: “la vamos a cortar, somos hombres, encaralo como un hombre que sos y si lo tenés que reventar, reventalo: eso ya queda por vos. Ya no sos seminarista y no depende de mí, pero ojo: si hay que denunciar tienes que probarlo. Me tiró una especie de amenaza, me quiso meter miedo”. La realizó en agosto del 2019.
Scozzina le indicó a dos curas que investigaran el caso, que se reunieron con Kevin sólo una vez. En 2020, pandemia mediante, se enteró que ambos habían sido trasladados a Italia y a Buenos Aires respectivamente: lejos de Salta ellos, lejos de ser escuchado él. “Scozzina a mí me soltó la mano. Nunca me mandó un mensaje. Lo he cruzado en dos ocasiones y me negó el saludo, se hizo el distraído. No recibí nada de ayuda por parte de la Iglesia”.
La (no) respuesta de la Iglesia
La Arquidiócesis salteña tiene previsto para estos casos un “Protocolo de actuación ante las denuncias presentadas por presuntos delitos cometidos por clérigos en esta Arquidiócesis contra niños, niñas, jóvenes o personas vulnerables” intitulado “Las víctimas son lo primero”. Perycia estuvo en contacto con una de las referentes de este espacio, que pidió reservar su identidad. El protocolo data del 2019, cuando en la Curia salteña comenzó a hacerse imposible disimular los casos de abuso mediatizados que trascendían el ámbito eclesiástico. La tarea de proteger que desempeña, dice que es “liberadora del ser humano, porque todos queremos que el hombre sea libre y sano y no le pase nada malo que pueda interferir en ese desarrollo”.
Nos contó que la Iglesia salteña dispuso para estos casos un equipo interdisciplinario conformado por seis personas: abogadas, psicóloga, y sacerdote que tienen formación específica sobre el tema. El resto de los integrantes intentó ser contactado en varias ocasiones por Perycia, vía correo electrónico y desde los números telefónicos asignados para casos de consulta/denuncia en el sitio web del Arzobispado y del Instituto de Familia y la Vida “Juan Pablo II” de la Universidad Católica de Salta , sin respuesta.
“La dinámica de trabajo era de forma conjunta en su abordaje, cuando se tenía conocimiento u aviso de la misma. En mi caso la función que tenía era escuchar y acompañar a la víctima, asesorando, acompañando de acuerdo a la persona lo estima conveniente. A su vez nosotros activamos el protocolo”.
El Protocolo está constituido por un montón de formalidades o “Lineamientos para ambientes sanos y seguros en Instituciones de Iglesia de la Arquidiócesis de Salta” que descansan en un papel que el Arzobispado difundió como “Manual de Buenas Prácticas”: en la vida real y, trascendiendo lo escrito, las “buenas prácticas” consisten en que “si el caso es de un sacerdote a un NNA y AV (así denomina la Iglesia a los prospectos a proteger que son, respectivamente, Niño, Niña, Adolescente y persona Vulnerable), se le escucha con la misericordia y empatía frente al dolor que la persona expresa, luego nos reunimos como equipo para evaluar con criterio y dar información a la autoridad que corresponde, se sugiere la denuncia en los organismos competentes a nivel civil (comisaría más cercana, fiscalía, secretaria de la niñez) y a nivel eclesial (Arzobispado)”.
El documento, elaborado a pedido del Arzobispado, indica que «podrá enriquecerse a medida que la práctica demande nuevos desafíos de actuación». Desde el 2019 y, con seis curas llevados a la Justicia, aunque con distintos resultados, consultada, nos comenta que “la lógica (la) lleva a pensar que los desafíos sí son cada vez mayores. En una formación integral hay otros temas más específicos que pueden ayudar a cuidar y prevenir. Ejemplo: la vida religiosa femenina, sostiene”. Nos ofrece además bibliografía de apoyatura con la que se forman: libros escritos desde el interior del clero, editados por la Editorial Claretiana (Argentina) y Buena Prensa (editorial de la Compañía de Jesús en México, país donde hasta el año pasado más de 400 sacerdotes habían sido investigados por abuso sexual, sólo en la última década).
Sin embargo, más allá de mencionar una formación integral, a la hora de pensar en las causas de la reiteración de los abusos al interior de la Iglesia, no esboza alternativa frente a una lógica sistémica. Otra vez reaparece el argumento de la manzana podrida del cajón: “Al interior de la Iglesia se reiteran los abusos) porque la conforman seres humanos, y porque hay aspectos de la vida no asumidos, no trabajados e inmaduros que propician tales delitos”. Aparece, además, la inversión de la carga de culpa: “Si miramos las familias que sufren tales delitos, también encontramos carencias afectivas, traumas y todo lo que aporta a este flagelo” (el destacado es nuestro).
Con respecto al caso de Kevin Montes decidió no responder, porque “los casos concretos van a la ética propia (de la Iglesia) del guardar silencio, de guardar el resguardo a la intimidad, pero queremos que nunca más se repitan, esto no tiene que volver a suceder”.
Con protocolo, equipo interdisciplinar y todo, Kevin nos cuenta: “El apoyo que tengo es el del ILEC (Instituto Laico de Estudios Contemporáneos) y de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, que son la únicas dos agrupaciones que me están dando una mano en todo esto”.
Qué pasó tras la denuncia
Al querer hacer la denuncia penal, Kevin se encontró con otro obstáculo: además del entorpecimiento de la Iglesia, a la que intentaba advertir sobre los abusos de Carlos Fernando Páez para proteger a los niños y niñas de la comunidad, la Justicia Penal no garantizaba ni un proceso justo ni su propia seguridad e integridad física.
Fernando Climent es salteño y, además de periodista y locutor, es el presidente del ILEC en la provincia y de la Asociación de Periodistas de Salta. Desde el ILEC acompañan las causas de denuncias por abuso eclesiástico y trabajan “en más de diez provincias argentinas por el laicicismo del Estado”. Como periodista, intenta mediatizar los casos para obtener algo de transparencia. “Algo” porque una de las mayores dificultades que encuentra es el “tratamiento periodístico sobre el tema y, particularmente, en los casos de abuso o en causas puntualmente como estas, en la que aparece lo clerical y se necesita que el periodista no se vincule desde su condición de creyente para hacer su trabajo”.
Kevin lo sabe: “Siempre tratan de instalar, ha pasado también con otros casos, a la víctima como culpable o implantar una duda de si habrá sido no habrá sido, si era o no mayor, si él es más grande: ¿por qué no lo golpeó? y cosas así, que generan esa especie de morbo”. Es por eso que, a pesar de no haber podido constituirse en amicus curiae o en querellantes, desde el ILEC vienen acompañando a Kevin junto con la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, en el proceso judicial.
Desde que realizó la denuncia, no le informaron acerca de los plazos: “si yo no me ponía a investigar o a consultar por mi propia cuenta, nunca me hubiese enterado de que él ya estaba imputado el año pasado y que ya habían hecho la elevación a juicio”. Y si denunciar a un miembro de la Iglesia no es sencillo, denunciarlo en Salta es un riesgo. El proceso se presentó con muchas irregularidades: además de no informarle los plazos para que pudiera asesorarse como corresponde, la primera fiscal a la que le asignaron su caso era catequista del cura Páez (el hombre denunciado por Kevin por abuso). Recusada la apartaron de la investigación, pero el nuevo fiscal se casó con esta catequista (la anterior fiscal).
Es por ello que desde el ILEC y la Red sacaron una solicitada en los medios, pidiendo garantías de seguridad, tanto para Kevin como para su familia. Liliana Rodríguez de la Red nos comenta: “la gente no quiere avanzar en una denuncia por la situación del pueblo. Hay gente que tiene ciertos temores o prejuicios, o no quieren exponerse en el día a día de su localidad: no se cuestionan porque es el cura que casó a un familiar, es el cura que le dio trabajo a mi familia, que le compra las zapatillas que no le pueden comprar a sus hijos y esas cuestiones que generan el agradecimiento por su misión”, parte del mismo mecanismo de sometimiento de la Iglesia.
Ser testigo
Kevin, que fue testigo en el juicio al exobispo de Orán Gustavo Zanchetta, sabe tristemente a lo que se expone: “me han perseguido, me han tirado una piedra una vez, insultaban a mi mamá, a mi familia, mis hermanas tuvieron que sacar a mis sobrinos de catequesis. El pueblo de Tartagal es muy creyente y yo le planteé al fiscal que tengo miedo de viajar solo desde Córdoba (donde se ha trasladado) a Tartagal y bajar del colectivo y ver a los feligreses de la parroquia que apoyan a Páez insultándome”.
A pesar de todo, Kevin siguió adelante con la motivación que también supo encender su vocación de ayudar al prójimo en el seminario. “Hacer el proceso de víctima sobreviviente no es fácil, algunos tardan más, otros tardamos menos, pero el calvario y el dolor que se siente siempre es el mismo y desde aquí, desde mi lugar, intento como siempre dar la cara, de que he sido yo, de que a mí fue el que me pasó, para dar testimonio de que se puede y hace dos años me levanto todos los días con eso: justicia para mí por los que no se animaron a denunciar y por los que pudieron haber sido víctimas (de Páez) en un futuro”.
La justicia salteña: católica y atendida por sus dueños
Consultado por los fallos donde la Justicia salteña sobreseyó a los curas denuncias por delitos de abuso sexual en su provincia, Fernando Climent, presidente de ILEC Salta, reflexiona: “Salta es una de las pocas provincias que no tienen universidad pública de abogacía y todos los que se reciben de abogados son de la Universidad Católica y terminan trabajando en el Poder Judicial de Salta, como jueces de la Corte, en los tribunales, y allí todos tienen una gran influencia clericalista. En el interior de la provincia donde son pueblitos, esto se ve más todavía, porque el viceintendente es el cura del pueblo. Muchas veces cuando planteo esto, creen que estamos en 1800, pero estamos bien cerquita”.
El gobierno salteño, cuyo gobernador es bendecido por el Obispo en la asunción, le entregó 240 propiedades a la Iglesia y casi no hay hospitales o escuelas cuyos nombres no sean religiosos. La mayoría del gabinete es clericalista y hasta tuvo un ministro de educación, Van Cawlaert, confeso miembro del Opus Dei. Por eso es tan importante la labor del ILEC en la provincia, que consiguió —–junto con la militancia de muchas mujeres— que las clases de religión dejaran de ser materia obligatoria en la escuela y que se comenzara a impartir la ESI.
También es gracias al ILEC y a la Red que Kevin Montes podrá contar con las garantías de seguridad necesarias para declarar. Del juicio, espera que “no pase lo mismo que pasó con Zanchetta, a quien le dieron 4 años y 6 meses siendo obispo: una especie de autoridad dentro de la sociedad y con prisión domiciliaria en un convento donde la está pasando bien de retiro espiritual. Yo le pido a la justicia que sea consciente de esta realidad, que sean conscientes, les pido coherencia y parcialidad, que la condena sea ejemplar y sea cárcel común”.
Kevin espera
Kevin espera. Tras la suspensión del juicio, sin nueva fecha establecida y con una lista de treinta testigos para declarar, todavía tiene fe: “separo lo que es la Iglesia como institución y lo que es Dios: a pesar de todo lo que pasó. Creo que Dios nunca quiso que yo sea cura, sino que quiso que padeciera estas cosas para para poder ayudar a otra gente, desde otra mirada, desde otro lugar, ayudando a que estos curas que me he cruzado en la vida paguen con justicia civil todo el daño que hacen que me han hecho y les han hecho a otras personas”.
“Por otro lado separo a la Iglesia como institución que oculta, que intenta sobornar para que no se denuncie, que intenta tapar todo, provocar un hermetismo para que estas cosas no se hablen pues Francisco (el Papa) dice ‘tolerancia cero’, pero sobre su amigo Zanchetta todavía no hay resolución de lo canónico, aunque ya haya sido condenado civilmente. Pero hay sacerdotes que son buenos que luchan por la verdad. Incluso en mi caso hay un par de sacerdotes que van a ir a declarar a favor mío. Es la iglesia como institución la que está muy manchada y le hace bien, por más que duela, que estos casos salgan a la luz porque es como hacer una limpieza”.
Desde su denuncia, además de los repudios y manifestaciones en contra, Kevin recibió el apoyo y el testimonio de otras personas de la misma diócesis abusadas hace veinte años atrás, cuando no se animaron, por el contexto, a denunciar. Es por eso que, mientras espera que fijen las nuevas fechas para el Juicio, además de una condena ejemplar en la Justicia ordinaria, Kevin le pide al Claudio Pablo Castricone, presbítero que va a ordenarse como nuevo Obispo de la Diócesis de Orán “que sea un Pastor y se acerque a las víctimas de Zanchetta, de Páez y de otros curas, cumpliendo lo que la Iglesia le está encomendando, y que no sea un Scozzina más”. “Voy a estar esperando el mensaje de este obispo nuevo, para ver si podemos charlar porque, por más que seamos una de las diócesis más pobres del país, sabemos quiénes son los curas abusadores, sabemos quiénes son las víctimas y nadie hace nada. Espero que este obispo nuevo se ponga la camiseta y haga algo por las víctimas, que acompañe, que escuche y que a cada abusador los vaya poniendo en caja, para que estas cosas no vuelvan a pasar más”.
LOS OTROS SACERDOTES DENUNCIADOS EN SALTA
El primer caso por abuso eclesiástico que llegó a la Justicia penal salteña fue el de Agustín Rosa Torino, sacerdote condenado a 12 años de prisión en julio de 2021 por los delitos de abuso sexual a dos seminaristas menores y de una exmonja, cometidos entre 2009 y 2012 en la provincia de Salta. Torino fue, a su vez, fundador de la congregación de “Instituto Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista” que contaba entre sus integrantes al cura Nicolás “Padre Felipe” Parma, también sentenciado (en Río Gallegos, donde había sido trasladado por la Iglesia) a 17 años de prisión por abuso simple, doblemente agravado con abuso gravemente ultrajante y también doblemente agravado con corrupción de menores.
Esa congregación funcionaba en la capital de Salta y en otras 19 diócesis argentinas, y en Chile, España, México e Israel. Recién en 2015, después que se comprobara que —además de las 30 denuncias por abuso en el ámbito eclesiástico que gravitaban en torno a su fundador y a Parma— existía malversación de fondos, fue intervenida y disuelta por el mismísimo Vaticano. Rosa Torino fue finalmente detenido en diciembre de 2016 y condenado el 8 de julio de 2021. El 11 de agosto, casi un mes después, la Iglesia Católica a través del Arzobispado salteño, informó en un comunicado que dejaba “sin efecto su estado clerical”, no sin concederle una vez más, el beneficio de la duda: “el decreto puede ser apelado en los términos establecidos por el Derecho”.
José Carlos Jorge Aguilera Tassinsacerdote y capellán de la Universidad Católica de Salta fue, en cambio, sobreseído por la justicia ordinaria por la prescripción de los delitos cometidos, pero perdió el estado clerical después de que el tribunal colegiado, conformado por orden de la Congregación para la Doctrina de la Fe y compuesto por tres sacerdotes de fuera de la arquidiócesis, lo encontrara culpable por seis denuncias de abuso sexual a víctimas que, en el momento en que se perpetró el delito (entre 2008 y 2009), eran menores de edad.
Según la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas (Ley 27206), sancionada en el año 2015, para los delitos contra la integridad sexual de las víctimas menores de edad, la prescripción comienza a computarse a partir de la denuncia o ratificación realizada por la víctima, sin distinción de la edad que tenga quien denuncia ni cuánto tiempo haya transcurrido desde los hechos. Hoy desde el Congreso, a partir del caso de Lucas Benvenuto, denunciante del mediático Jay Mammon, se impulsa un proyecto para que la no prescripción alcance también a los delitos contra la integridad sexual en la infancia cometidos antes del 2015. Sin embargo, a pesar de la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, el juez Adolfo Figueroa —que supo revocar el pedido de elevación a juicio de Agustín Rosa Torino— sobreseyó al sacerdote por entender que el tiempo que tenía la Justicia para actuar había vencido.
«Por la gravedad (de los delitos de violaciones, «abuso sexual consistente en caricias lascivas y acceso carnal», cometidas contra menores de edad y en «oportunidades reiteradas «en caricias lascivas y actos obscenos» y falso testimonio en perjuicio de dos víctimas) se ha sentenciado la pena máxima, que es la dimisión del estado clerical» (…) Nos encomendamos a la protección del Señor y de la Virgen del Milagro», manifestó el Arzobispado en el Comunicado. Por toda justicia, José Carlos Jorge Aguilera Tassin, quedó fuera de la Iglesia, pero gozando de libertad.
El mismo Tribunal Eclesiástico le quitó el estado clerical al cura Emilio Lamas cuando la Corte de Justicia de Salta falló a favor de la prescripción de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores que le imputaron al exsacerdote de Rosario de Lerma, tercer departamento más poblado de la provincia.
A estos casos de delito de abuso sexual en Salta cometidos por sacerdotes, se suman los de Horacio Chauque Perales, detenido y acusado en el año 2020 por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado y a la espera de ser juzgado, y el del exobispo de Orán Gustavo Zanchetta —allegado al Papa Francisco— condenado a 4 años de prisión que cumple en una casa para curas jubilados, ubicada en el Monasterio de Monjas Concepcionistas de Nueva Orán donde reciben niños: allí purgará la condena por el abuso sexual que infligió a dos exseminaristas.
