Un incidente de búsqueda que acumula más de treinta cuerpos en la Justicia Federal y un ofrecimiento de 5 millones de pesos de recompensa para quien aporte información no logran echar luz sobre el rastro de Fernando Federico Delgado, un ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) buscado por delitos de lesa humanidad. Después de quince años de escuchas telefónicas, allanamientos y declaraciones testimoniales todo lo que se sabe sobre el paradero de Delgado es NADA.
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Fernando Federico Delgado fue un joven marplatense nacido en los albores de los 50. Creció en un chalet de dos plantas en el centro de la ciudad «Feliz», católico practicante hizo la secundaria en el instituto marista Peralta Ramos y, sin escalas, recaló en la carrera de Derecho en la Universidad Católica. En aquel entonces la Universidad Provincial de Mar del Plata no contaba con Abogacía entre su oferta académica.
El joven, que usaba unos anteojos de gruesos cristales debido a una seria afección en la vista, comenzó a forjar su prontuario a fines de la década del 60. A los 18 años integraba las filas de Tacuara, una agrupación política nacionalista de derecha, ultracatólica y antisemita. Su debut en la escena política marplatense sería el 24 de septiembre de 1967, la idea era arrojar bombas de estruendo y de olor durante la presentación en el Teatro Astral de monseñor Jerónimo Podestá, el Obispo de Avellaneda que llevaba adelante las ideas de los curas tercermundistas.
Un día antes, la Policía allanó la casa de Delgado, en Alberdi 2625. Secuestraron armas de fuego y los componentes para fabricar las bombas de estruendo. Delgado fue detenido junto con otros dos integrantes de Tacuara: Juan Carlos Bigote Gómez, un «culata» vinculado a los gremios más ortodoxos del peronismo, y Ernesto Piantoni, estudiante de abogacía que en pocos años se convirtió en el abogado de la CGT local y jefe de la CNU.
La Concentración Nacional Universitaria a la que adhirió Delgado surgió en la Universidad de La Plata. El profesor de Letras Clásicas y filólogo Carlos Disandro cumplió la orden que el general Domingo Perón le envió desde Madrid. Debía propagar la doctrina Justicialista entre los estudiantes y trabajadores. Y en la década del 60 la conducción quedó en manos del yerno de Disandro: Patricio Fernández Riveros. Todo pensamiento que estuviera por fuera de la línea ideológica «San Martín, Rosas, Perón» era de «izquierda, zurdo e infiltrado» y debía ser destruido, consideraban.
«No me acuerdo de una ideología fuerte detrás de la CNU. Leían la saga Los Centuriones, los Pretorianos y los Mercenarios del francés Jean Larteguy y de Leopoldo Marechal tomaban eso de la ‘mujer celeste’. Ellos, en general, se casaban o trataban de encontrar mujeres vírgenes. Muchos tuvieron hijas a las que les pusieron Celeste de nombre», declaró en la causa (Nº13.793) por los crímenes de la CNU, Mirta Masid, exmujer de Carlos Flipper González, un pistolero de la agrupación que encontró la muerte en noviembre de 1975.
El comienzo de la violencia
El bautismo de fuego de la CNU marcó el comienzo de la violencia política en Mar del Plata y un hito en la historia argentina, fueron los responsables del primer crimen de una estudiante dentro de una universidad. El 6 de diciembre de 1971, Silvia Ana Filler fue asesinada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en Diagonal Alberdi 2621 ―donde actualmente funciona el Rectorado―.
Ese lunes, cerca de las 19, comenzó el debate en el aula magna. Silvia estaba sentada en una de las gradas junto a su amiga Beatriz Hinojal. A pocos metros de ahí, en la casa de Delgado, la patota de la CNU se pertrechaba con cadenas, palos y revólveres para «romper» la asamblea.
De la nada, al menos 16 personas ingresaron al aula magna a los golpes y disparando. Entre ellos, estaban Delgado, Héctor Corres y Juan Carlos Gómez. La estudiante de 18 años recibió un disparo en la cabeza. Corres y Gómez fueron procesados, pero en mayo de 1973 —con la amnistía a los presos políticos dictada por Héctor Cámpora—quedaron libres de culpa y cargo.
Después del crimen de Filler, la CNU se desbandó, pero con la liberación de algunos de sus referentes, en mayo de 1973, logró reagruparse. El Servicio de Informaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires aseguró que, entre agosto y septiembre de 1973, la CNU contaba con unos 30 miembros.
No obstante, luego de la muerte del general Perón, la CNU se convirtió en un apéndice de la Triple A, a nivel local. Ya no se trataba de una fuerza de choque con cadenas, palos y armas cortas, su poder de fuego fue alimentado con fusiles, ametralladoras y vehículos sin patente que proporcionaba el Ministerio de Desarrollo Social comandado por José López Rega.
La investigación judicial iniciada en 2009 y caratulada como «Averiguación delito de acción pública (CNU)» determinó que integrantes de la Concentración Nacional Universitaria conformaron una asociación ilícita bajo el amparo de organismos del Estado para imponer el terror. El grupo tenía dos estamentos, «los ideólogos» ―conformado entre otros, por el ex fiscal federal y candidato a intendente la ciudad balnearia en 1983, Gustavo Demarchi― y «los operativos» entre los que se encontraba Delgado junto a Juan Carlos Gómez, Oscar Corres, Fernando Otero, José Luis Piatti y Carlos Flipper González.
5×1: una larga noche de asesinatos
Entre marzo de 1975 y febrero de 1976, el CNU sembró el terror en Mar del Plata. Persiguieron, secuestraron, mataron y robaron bajo la tutela del Estado. La Justicia pudo constatar que Fernando Federico Delgado participó en al menos ocho asesinatos, cinco en la madrugada del 21 de marzo de 1975. Un día antes, Ernesto Piantoni —abogado de la CGT y líder de la CNU— fue emboscado por una célula de Montoneros en la esquina de Formosa y Güemes, en el barrio Los Troncos. Después de un intenso tiroteo, Piantoni quedó mal herido. A las cuatro de la tarde, murió.
El paro general decretado de urgencia, dejó vacía la ciudad. En el velorio de Piantoni se planeó la venganza: 5×1. Delgado y sus secuaces ocuparon un Ford Falcon que llevaba una sirena en el techo y un Peugeot 404 amarillo. El primer objetivo fue Lisandro Pacho Elisagaray, referente de la Juventud Universitaria Peronista, que se refugiaba en la casa de su tío en el barrio de La Perla, en el norte de la ciudad. Pacho fue asesinado cuando intentó escapar por los techos, su tío Jorge Enrique Videla —militar retirado— y sus hijos Guillermo Enrique y Jorge Lisandro fueron llevados a un descampado y fusilados. Cada cuerpo tenía más de veinte disparos de calibre 22, 9 milímetros y 11.25: la marca distintiva de la CNU.
El médico cirujano Bernardo Goldemberg fue la quinta víctima. La patota lo sacó de su casa bajo el pretexto de que eran policías. «Vaya a buscarlo a la sede de la Policía Federal», le dijo uno de los asesinos a la mujer de Goldemberg. El cadáver del médico apareció a la mañana en un descampado. La autopsia determinó que sufrió estallido de cráneo, destrucción del corazón, hígado y diafragma.
La CNU en la Justicia y en la Universidad
El 24 de abril del 75, Delgado sumó dos nuevas muertes a su prontuario: la CNU secuestró a Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, dos militantes de la Juventud Peronista. El cuerpo del Negro Gasparri apareció carbonizado en el asiento de atrás de su Peugeot 504, a unos metros estaba el cadáver de Stoppani con innumerables disparos.
Cada una de las investigaciones por los crímenes de la CNU recayó en la Fiscalía Federal de Mar del Plata a cargo de Gustavo Demarchi, jefe de la banda tras el asesinato de Piantoni. En tiempo récord y sin intervención alguna, los expedientes fueron cerrados.
Cuando la Universidad de Mar del Plata fue nacionalizada, los pistoleros de la CNU encontraron cobertura dentro del aparato estatal. El flamante rector normalizador, Josué José Catuogno nombró a Eduardo Cincotta como secretario general y al fiscal Demarchi como Coordinador Docente. Los legajos de los integrantes de la CNU, eran los únicos que no tenían foto dentro de los archivos de trabajadores de la Universidad.
Delgado declaró un DNI falso y como domicilio Hipólito Yrigoyen 2030, dirección de la sede de la CNU. Todos ingresaron como encargados de seguridad. Varios estudiantes de aquella época coincidieron en recordar que les revisaban las carpetas y los palparon de armas al ingresar a las aulas.
La madrugada del 3 de noviembre de 1975, Fernando Federico Delgado, Carlos Flipper González y Fernando Otero se encontraban en San Juan. Dentro de un auto esperaron que el diputado Ramón Pablo Rojas saliera de su casa. El objetivo era asesinarlo por pedido del secretario general de Foeva —Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines—, Delfor Ocampo. Rojas había presentado un proyecto de ley para envasar el vino en origen y eso atentaba contra los negociados del gremio. El diputado desenfundó primero, mató a González, hirió a Otero y finalmente murió a causa de varios disparos y heridas de puñal. Delgado dejó a Otero en un hospital y escapó hacia Mar del Plata. La justicia sanjuanina nunca pudo echarle mano.
«Un recuperable»
Un informe de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires aseguró que a partir del 24 de marzo de 1976, parte de la patota de la CNU engrosó los grupos de tarea de la Subzona Militar XV, a cargo del coronel Pedro Barda. En los documentos de la Bonaerense aparecen como «Los recuperables».
Un día después del Golpe de Estado, Delgado y varios hombres de civil irrumpieron en la delegación del Ministerio de Trabajo provincial, ubicada en el centro de Mar del Plata. El joven alto, corpulento y con voz de mando, gritó: «¿Quién es el de Télam?». Reclamaba por Amílcar González, secretario del gremio de Prensa marplatense que se encontraba en una audiencia. Se lo llevaron a punta de fusil y permaneció varios meses secuestrado y al borde la muerte tras las torturas sufridas. Gracias a la presión internacional González fue liberado y se exilió en Caracas. Volvió en 1984 y recuperó su cargo en el sindicato de Prensa. En el 2000 declaró en los Juicios por la Verdad y mencionó al ex CNU como uno de sus secuestradores.
Nadie recuerda cuando se lo vio a Delgado por última vez, la casa de dos plantas de la calle Alberdi fue tapiada y busca comprador desde hace años. Después de la derogación de las leyes de la impunidad —Obediencia Debida y Punto Final—, la justicia penal reabrió las causas por delitos de lesa humanidad. En 2007 se ordenó la detención de Delgado por el secuestro del dirigente de Prensa, pero no pudieron ubicarlo. En 2010 sumó otro pedido de captura por los crímenes cometidos por la CNU en Mar del Plata y crecieron las especulaciones: está en España; nunca se fue del país y alguien solventa económicamente su condición de prófugo.
En 2013 llegó una nueva orden de detención, esta vez, la justicia de San Juan lo quiere en el banquillo de los acusados por el homicidio de Rojas. Delgado tiene 74 años y hace más de 15 que ejerce la profesión de prófugo. La recompensa por algún dato que logre dar con su paradero asciende a los 5 millones de pesos, pero no logra quebrar voluntades.
LA DIÁSPORA HACIA EL VIEJO MUNDO
Fernando Federico Delgado es el único represor que la justicia marplatense declara prófugo. No obstante, hay cuatro personas más acusadas de delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad feliz que si bien no fueron alcanzados por la Justicia, si se encuentran localizados en el exterior. Se trata de Beatriz Arenaza y Daniel Ullúa, dos civiles que como Delgado pertenecieron al grupo parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU) y cometieron violaciones a los derechos humanos antes del golpe de Estado de 1976; y de tres miembros de la Armada que están acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata.
Arenaza y Ullúa fueron detenidos el 17 de enero de 2013 en España. El juez Santiago Inchausti había ordenado su captura seis meses antes por el delito de asociación ilícita en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos entre marzo de 1975 y febrero del 76. Un mes después, la justicia española liberó a los ex integrantes de la CNU a pedido de la Fiscalía. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se opuso a la extradición porque entendió que los argentinos “no están acusados de delitos de lesa humanidad sino de integrar una organización criminal” y por hechos “cometidos en los años 70”. La Fiscalía argumentó que ambos están arraigados en España, por lo que no es necesaria su permanencia en prisión para evitar el riesgo de fuga.
Más extradiciones rechazadas
El médico Carlos Fernando Gori, quien ocupó el cargo de jefe del Servicio de Sanidad de la Fuerza de Submarinos entre el 4 febrero y el 26 noviembre de 1976, fue detenido por la Policía Nacional el 18 de septiembre de 2015 en Alicante, España, en respuesta a una clave roja librada por Interpol. El oficial de la Armada argentina es uno de los imputados en la causa “Pertusio Roberto Luis y otros s/homicidio calificado” en la que se investigan las torturas, desapariciones forzadas y asesinatos en la Base Naval de Mar del Plata, durante la última dictadura. Según fuentes judiciales, Gori fue encargado de suministrar medicamentos a los detenidos desaparecidos de la dictadura. Algunos sobrevivientes aseguran que durante su cautiverio en la Base Naval fueron torturados en presencia del personal médico.
Dos semanas después de su detención, Gori fue liberado por la justicia española. El representante de la Audiencia Nacional ordenó su liberación bajo la obligación de que el médico se presentase a diario en el juzgado más cercano a su domicilio. A principios de 2016, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —formada por los magistrados Teresa Palacios Criado, Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel Rivero— rechazó la entrega de Gori a Argentina. Argumentan que los delitos que se le imputan a Gori están prescritos porque hasta 2003 la legislación española no contemplaba los delitos de lesa humanidad.
Chile y Alemania
Cuando el juez Santiago Inchausti pidió la declaración indagatoria de Luis Esteban Kyburg, el ex oficial de Marina huyó a Alemania y se instaló en Berlín bajo el resguardo de su ciudadanía alemana. Durante la última dictadura se desempeñó como segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos UT 612 y jefe del Departamento Personal, Operaciones y con sede en la Base Naval. En 2015 fue rechazado el pedido de extradición de la justicia argentina. El ex marino se ampara en la Constitución alemana que no permite que otros países juzguen a sus ciudadanos. No obstante existe una alternativa que consiste en juzgar a Kyburg en Alemania por los homicidios cometidos durante la última dictadura. “El homicidio es el único de los delitos por los que se lo acusa en Argentina que la ley alemana no considera prescrito”, explicó una fuente judicial.
Horacio González Llanos es otro de los ex miembros de la Armada que decidió escapar cuando la Justicia pidió su detención en 2013. El contralmirante se mantuvo prófugo por varios años y el Ministerio de Justicia de la Nación subió la recompensa por alguna información sobre su paradero a 5 millones de pesos. Fuentes judiciales informaron que el ex marino imputado en la causa “Base Naval, residual” se encuentra en Chile y la justicia del país vecino ya rechazó un primer pedido de extradición.
