“Material cancerígeno en la red. Estamos peleando para que lo retiren. Tres compañeros fallecidos. 90 afectados. Todos en peligro”.
Es viernes. La estación Carlos Pellegrini de la Línea B ha levantado sus molinetes y los trabajadores se convocaron a juntar firmas, servir café y comentarles la situación a los usuarios. “¿Asbesto? ¿Qué es asbesto? Deme dos”, dice Víctor, usuario de la línea, para acercar sus dudas y alguna sugerencia para llamar la atención de los pasajeros. Toma el servicio todos los días y está preocupado.
Como Víctor, son muchos los usuarios que se acercan para informarse de la situación. El asbesto —no lo saben— pero denomina todo un grupo de minerales (metamórficos, fibrosos) que resiste la electricidad, los agentes químicos, aísla el frío, resiste el calor y, desde el nombre, se anuncia indestructible e infinito: eso significa asbesto. Lo que sí saben, como cada trabajador del subte y su familia, es que el cuerpo humano no es indestructible, y que los 90 enfermos (84 empleados con la pleura afectada y 6 con cáncer por exposición al asbesto), la pasajera fue reconocida como afectada en un amparo ambiental y los 3 trabajadores fallecidos que ya se ha cobrado el mineral, con la complicidad y el silencio criminal de la empresa y de la Ciudad, dan cuenta de ello.
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Braulio es oficial de mantenimiento hace 41 años y delegado de Solidat Obrera, en el Metro de Madrid. A partir de un proceso penal que la Fiscalía Provincial de Madrid abrió en 2017 contra la empresa, se conoció el caso del primer enfermo y el sindicato comenzó a investigar. “Fue desalentador: nuestros compañeros de mantenimiento (trenes e instalaciones) habían estado manipulando el material sin ningún tipo de información ni protección. Los compañeros maquinistas y los de las estaciones habían estado expuestos, tanto en la tarea como sufriendo los usos y desgastes de los materiales. Todo esto con el conocimiento de la compañía, que no tuvo reparos en NO proteger a sus trabajadores”.
En la Ciudad de Buenos Aires, la posición de Metrovías/EMOVA fue calcada. A principios de 2018, se conoció la denuncia sobre el asbesto en el subte de Madrid, donde prestaban servicios con el mismo modelo de trenes que circulaban en el porteño. “Estuvimos noches en el taller Rancagua [donde se hacía el mantenimiento] parados delante de los trenes porque querían eliminar las pruebas. Buscamos por nuestra cuenta laboratorios, llevamos las piezas para analizar. Hoy, está reconocido que hay enfermos y hay muertos. Está reconocido y es terrible. La mitad tiene vigilancia médica, la otra mitad falta. Con los jubilados no tuvimos posibilidad y tenemos la desgracia de que tenemos jubilados fallecidos. La empresa, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, SBASE, el Gobierno de la Ciudad reconocieron que hay asbesto”, cuenta Roberto “Beto” Pianelli, secretario general del Sindicato del Subte (AGTSyP).
En Madrid, mientras intentaban conocer a qué los exponía su empleador, los hacían seguir trabajando, le comenta Braulio a Perycia. Lo mismo hicieron EMOVA y SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, organismo de contralor de la concesionaria).
Con las pruebas recabadas, los trabajadores madrileños presentaron denuncias como particulares y exigieron penas de cárcel para los responsables de la exposición a los trabajadores. El Metro de Madrid tuvo que reconocer cualquier enfermedad profesional relacionada con la exposición al asbesto que aparezca en los trabajadores expuestos y fijó una indemnización para los enfermos y familiares.
“Seguimos luchando para que se reconozca la exposición a toda la plantilla y que se nos dote de una licencia retribuida en el caso de aparición de asbestosis, aunque no se haya desarrollado aún una enfermedad incapacitante, así como la compensación en permisos retribuidos para todos los trabajadores en vigilancia de la salud, que compense la pérdida de esperanza de vida cifrada por la Organización Mundial de la Salud en 14 años”, resume Braulio.
Fibras —y complicidades— peligrosas
La venta de vagones de trenes subterráneos contaminados llegó desde Madrid a Buenos Aires hace más de diez años (2011/12). En los manuales de las formaciones figuraba la presencia del componente. Más de una década después, EMOVA/Metrovías, SBASE y el Gobierno de la Ciudad siguen sin reconocer a los trabajadores la presencia del cancerígeno en el subte.
Mientras tanto y, ¿paradójicamente?, en 2019 el gobierno porteño demandó por 15 millones de euros al Metro de Madrid —sin que la causa prospere— por venderle trenes con asbesto.
Se calcula que el subte transporta a unas 900.000 personas por día hábil que, junto a los casi 5000 trabajadores (3800 bajo convenio colectivo), están expuestos al asbesto. Las fibras, que se desdoblan hasta 500 veces el grosor de un cabello, invisibles viajan a los pulmones. También se depositan en la ropa de los trabajadores, que llevan a sus casas, para lavar y planchar: “esa fibra queda en el aire y la aspira la señora o los hijos. Esa familia si tiene un mesotelioma ni siquiera nos enteramos. No hay vinculación entre el hospital y la obra social con lo laboral”, comenta Ariel Rossi, médico legista.
Pero ¿dónde se encuentra el asbesto? Claudio Delle Carbonara es vocal y miembro del Sindicato del Subte y comenta que “está presente en toda la red, no hay lugares libres de asbesto en el subte: en instalaciones fijas, techos, paredes, recubrimientos e instalaciones eléctricas y sanitarias. Por la antigüedad y el desgaste se volatilizó en el ambiente y está presente en todo el túnel. Quizá hay una mayor concentración en los talleres donde los trabajadores manipulan las piezas con asbesto (las tenían que mecanizar, serrucharlas o cortarlas, moverlas, fijarlas). Esos trabajadores son los primeros afectados: no sabíamos que estábamos manipulando asbesto”.
La vida en peligro
Según datos del sindicato, son tres los trabajadores muertos por asbesto hasta el momento: Jorge Bisquert, que se desempeñaba en Subestaciones, Juan Carlos Palmisciano —que estaba jubilado como trabajador de la Línea A y su caso está en proceso de reconocimiento por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo— y Jorge Gabriel Pacci, peón general en el Taller Rancagua y Auxiliar de estaciones en la Línea B.
Pacci falleció tras nueve meses de enfermedad y su hija Camila recuerda así la última etapa de su vida: “no se pudo hacer más nada y su vida se redujo a estar sentado y sufrir. Es una enfermedad muy dolorosa y la operación era mutilante. El único tratamiento era que no sufra. La empresa nunca le hizo controles, por eso lo cuento, para que ninguna familia más sufra. Espero que con su lucha, que es la que tendrían que hacer también los diputados para conseguir la guardia médica para los 1600 trabajadores que no fueron estudiados, otros no resulten enfermos como mi papá”.
Claudio Garay está afectado con neumoconiosis y sigue luchando. “Nos han robado el futuro. Nos robaron la esperanza. Lo que queríamos nosotros era trabajar. Y así nos pagaron. Nos envenenaron sabiendo que lo hacían y mucho peor, lo podrían haber evitado o mitigado proveyendo de herramientas como barbijos que para la empresa es nada”.
Como les va en juego la vida, la llegada de un telegrama de descuento del salario por participar en las medidas de fuerza, comparada con las notificaciones que han recibido muchos de sus compañeros enfermos, es un alivio. Lo que más temen es que los notifiquen enfermos, por eso reclaman la reducción de la jornada laboral para reducir la exposición (de 36 a 30 horas semanales), la vigilancia médica para los trabajadores activos y jubilados y la desasbestización de su lugar de trabajo.
Más allá del subte
En julio, en la audiencia pública para denunciar la presencia de asbesto en el Congreso Nacional, el médico sanitarista Eduardo Rodríguez introdujo otros datos preocupantes: “La pintura bituminosa, que contiene asbesto, se trató de ocluir en los salones de pasajeros de los trenes y salió mal. Aún sin salir a circulación, sin la vibración, ya está rota y puede existir contaminación por el asbesto que está debajo, y la empresa, en lugar de cambiar los trenes, los empezó a subastar. Como la gente no sabe, porque no le avisaron, los usaron como casa de familia, restaurante, hotel. Incluso hacen reformas sobre ese material porque no lo saben.”
Doscientas cincuenta mil personas mueren cada año por exposición al asbesto en el mundo. El número no alcanza a dimensionar la magnitud de las consecuencias que se subregistran porque los primeros síntomas, dependiendo de las preexistencias físicas, pueden demorar hasta diez años en manifestarse. Asbestosis, mesotelioma, cáncer de pleura, neumoconiosis, todos derivados de un proceso aún incomprendido por la medicina, que socava la salud de los trabajadores expuestos a la avaricia empresarial y a una fibra que, flotando en el aire, no reconoce fronteras.
Los responsables
En Argentina el material está prohibido desde el 2003. La compra de las formaciones se realizó bajo el gobierno de Mauricio Macri entre los años 2011-2012, casi nueve años más tarde. Bajo la concesión de EMOVA Movilidad S.A — desde 2021 perteneciente al Grupo Roggio (que brinda servicios de infraestructura al extractivismo)— el subterráneo es uno de los medios de transporte más utilizados por la población urbana en el área metropolitana.
La falta de reconocimiento de los reclamos de los trabajadores por la presencia del asbesto es sobre todo patronal. En connivencia, la Justicia que no exige el cumplimiento del amparo en el que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteña rechazó los planteos de la empresa y el gobierno de la Ciudad.
Por otra parte, la UTA (Unión Tranviaria Automotor) hace la vista gorda a los descuentos que la empresa le realiza a los trabajadores por adherir a las medidas de fuerza con las que exigen condiciones de seguridad para trabajar en un entorno que garantice una luz al final del túnel. Desde mediados de marzo, las medidas de fuerza son de tres a cuatro horas para no interrumpir las líneas al mismo tiempo, y les han descontado hasta 28 días de salario ilegalmente. En otros casos, también han iniciado procesos de desafuero sindical y de apartamiento de las tareas.
“Hay que señalar la responsabilidad que [la UTA] tiene como dirección”, apunta Delle Carbonara y la describe como “totalmente anti obrera: que no responde a los intereses de los trabajadores y, en línea a la patronal, dice que no hay riesgo en la tarea que estamos haciendo”.
Negar lo evidente
La Resolución 295/03 del Ministerio de Trabajo establece que la exposición al asbesto es determinante de riesgo y que su presencia puede ocasionar un grave daño ambiental y a la salud, independientemente de las concentraciones existentes. El Ministerio de Salud ha declarado el 1º de octubre como “Día Nacional de Lucha contra el Asbesto”. Pero en CABA, el gobierno de la Ciudad sigue sin dar respuestas.
¿Quiénes realizan las mediciones para saber si hay o no asbesto en la Ciudad? Las realiza la APRA (Agencia de Protección Ambiental) que, mientras destina presupuesto en campañas para el reciclado de botellas y la vacunación de mascotas, habilita la contaminación por asbesto en uno de los medios de transporte más utilizados en la metrópolis. La APRA no admite estudios de laboratorios que no estén en sus registros, laboratorios privados los que encargan las mediciones y concluyen sus informes.
En la audiencia en el Congreso, Hernán Rubio, consultor independiente en Salud, Seguridad y Medio Ambiente, pone en duda la calidad de estos laboratorios. “Como botón de muestra, uno de los laboratorios requeridos dice tener, según registros del APRA, 15 mil metros cuadrados en Avenida Córdoba. Las Galerías Pacífico deberían ser parte del supuesto laboratorio que ellos habilitan”.
El Gobierno de la Ciudad hace lugar a las declaraciones de SBASE (que fue consultada pero no dio declaraciones a Perycia) y a Metrovías/EMOVA que presentan sus propias mediciones como prueba, a pesar del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario que en febrero dejó firme el amparo ambiental planteado por el Sindicato del Subte, donde también quedó dicho que está demostrado que “la exposición al asbesto es determinante de riesgo y que su presencia puede ocasionar un grave daño ambiental y a la salud, independientemente de las concentraciones existentes”.
“Los daños son no sólo los actuales, los trabajadores fallecidos y enfermos, sino el daño potencial. En la presencia de continuidad del contaminante y por el periodo de latencia es muy probable que los hoy expuestos sean los dañados del mañana. Estas responsabilidades determinan dos obligaciones: una reparar, todo el que fue dañado en estas condiciones tiene derecho a ser reparado. Y dos, que es necesario continuar con las políticas de prevención”, explica, en referencia a las responsabilidades, el abogado Guillermo Gianibelli.
¿Por qué a pesar de las denuncias de los trabajadores, el reconocimiento de la Justicia en el amparo ambiental, las consideraciones y legislaciones sobre asbesto de la Organización Internacional del Trabajo y la OMS, por qué más allá de lo evidente, no quitan el material, y presentan un plan de desasbestización y reducen la jornada laboral para reducir la exposición? ¿Por qué no cumplen con la vigilancia médica a todos los trabajadores?
En la audiencia pública del 03 de julio del 2023 en el Congreso, el licenciado en Higiene y Seguridad Hernán Rubio esbozó una respuesta: “En Argentina el 5% son enfermedades profesionales y el 95% son accidentes de trabajo”. En el mundo y según la OIT, la relación es del 61% / 39%. En el caso de muertes con causal laboral, en Argentina hay un 1% de muertes, mientras que en el mundo es más del 75%. Frente a este sistema es que los trabajadores del subte tienen que dar la pelea. Bajo este sistema el 75.9% de las enfermedades son rechazadas y un 5.3% se aceptan: ¿por qué? Porque es más barato, el proceso de reconocimiento de sería más largo y es más fácil que los empleados se rindan”.
Desde el 2003 se prohibió el uso del asbesto en nuestro país. Una década después, el Gobierno de la Ciudad con Metrovías/SBASE compró, a sabiendas que contenían asbesto, los trenes contaminados. Diez años más tarde, los trabajadores, que ya enterraron a tres compañeros, piden reducir la exposición al asbesto y que garanticen la vigilancia médica. Siguen pidiendo, mientras la empresa y la concesionaria se toman sus tiempos para sacar el asbesto. “El asbesto mata”, dicen los carteles pegados recordando la cuenta regresiva de los trabajadores, en el túnel y en todas las instancias de reclamo a las que asisten. Habría que agregar que el silencio y la complicidad criminal patronal también.
