«A pesar de cometer un delito, todos merecen una mirada humanitaria», dijo el consejero constituyente Luis Silva, de la bancada del Partido Republicano que lidera el ultraderechista José Antonio Kast. Con esas palabras, buscó defender la propuesta de enmienda constitucional que tenía como objetivo otorgarle la prisión domiciliaria a los encarcelados mayores de 75 años de Chile que ‘actualmente no representen un peligro’.
El propósito de fondo era beneficiar a los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Se trata de un espacio político que reivindica el golpe de 1973 por haber “salvado” al país del comunismo. Incluso el propio Kast, en su primera incursión electoral allá por 2017, llegó al punto de afirmar que si Augusto Pinochet viviera votaría por él.
No tardó en provocar consecuencias la gravedad de la propuesta de la bancada pinochetista, que desde las elecciones de mayo es la más numerosa en el órgano constitucional que redacta la nueva Carta Magna del país, con 22 de 50 escaños.
“Se tiene que tener en consideración el tipo de delitos por el que esas personas han sido condenadas”, declaró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, quien añadió que de las 265 personas encarceladas que son mayores de 75 años, 153 fueron condenadas por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, el director ejecutivo de Amnistía Internacional-Chile, Rodrigo Bustos Bottai, afirmó que “la enmienda presentada busca ser una nueva barrera en el camino a la justicia respecto a las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra historia”.
También, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, señaló su inconstitucionalidad por ser violatoria del Estatuto de Roma, creado por la Corte Penal Internacional para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, que establece que el Estado no pondrá en libertad al recluso por delitos de este tipo antes de cumplir su pena.
«A ellos no les preocupan las condiciones carcelarias del 99 por ciento de los presos, ni siquiera los mayores de edad, les preocupan las personas condenadas por crímenes contra la humanidad», sostiene Francisco Bustos, abogado de Derechos Humanos y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en diálogo con Perycia. Es evidente, por lo tanto, que buscaban “la impunidad de los condenados por graves violaciones a los Derechos Humanos”.
“Hay una vinculación orgánica importante entre buena parte de la derecha chilena con lo que fue la dictadura”, afirma Juan Elman, periodista de internacionales especializado en política chilena y autor del libro Nada será como antes, en diálogo con Perycia.
“El partido que mejor lo expresó durante mucho tiempo fue la UDI, la Unión Demócrata Independiente, que de algún modo es el partido heredero del pinochetismo. Y más recientemente, el Partido Republicano de Kast, que es una escisión de la UDI y que efectivamente representa mejor este pasado pinochetista”, señala.
Para el periodista, las raíces de esa relación hay que buscarlas en la etapa abierta desde la finalización del régimen, en 1990, tras la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. “La transición democrática chilena fue muy especial, en parte porque tuvieron a su dictador como comandante del Ejército hasta fines de los ‘90, y después como senador”, sostiene. Recién en julio de 2002 renunciaría a su banca, cuatro años antes de su fallecimiento en la más absoluta impunidad.
Elman plantea que hay una “batalla cultural sobre el pasado en Chile, y una batalla política con la izquierda”, llevada adelante por los sectores más radicalizados de la derecha. Desde esa lógica, dice, se debe comprender que estos sectores busquen tensionar la agenda de Derechos Humanos en un contexto como el actual.
Cómo se busca la impunidad de los genocidas
Hubo dos presentaciones en el Consejo Constitucional que perseguían el mismo objetivo. Primero, una Iniciativa Popular de Norma (IPN), por parte de un ex militar retirado, y luego, la del Partido Republicano.
Bustos refiere que ambas “apuntan a la liberación de personas mayores de 75 años” y tienen “un propósito que es bien evidente”, ya que “la mayor parte de los condenados mayores de 75 años que cumplen pena efectiva en la cárcel en Chile están presos por haber asesinado, haber hecho desaparecer, haber torturado, haber cometido crímenes sexuales en el marco de la dictadura”.
Finalmente, debido a su necesidad de destrabar el funcionamiento del cuerpo constituyente tras el rechazo que había provocado la iniciativa, el partido ultraderechista decidió retirar su enmienda (aunque la IPN sí permanece activa).
“Ciertos sectores de extrema derecha, cada cierto tiempo y cada vez que se da la oportunidad, intentan plantear reglas de impunidad”, remarca Bustos. Acerca de los condenados, explica que «más del 99 por ciento nunca ha colaborado, no han prestado información, no han dicho lo que saben”.
Por otra parte, en relación a quienes impulsan el beneficio jurídico para los represores, afirma que “hay personas que son agradecidas del gobierno militar y que todavía sienten cierta lealtad con estos agentes, o peor aún, sienten que lo que estas personas hicieron está justificado”.
El abogado recuerda los dichos que tuvo José Antonio Kast respecto a un genocida, a quien visitó en 2017 en la cárcel de Punta Peuco, llamado Miguel Krassnoff, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que fue “condenado en más de medio centenar de causas a más de mil años de prisión, sumando sentencias de a 10, 15, 20 años”. En esa ocasión, el ultraderechista había dicho: “Conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él”.
Bustos añade que Kast “tiene un componente negacionista” y que “siempre ha buscado la impunidad por este tipo de crímenes”. Afirma que “la relación es nítida y el Partido Republicano lo exacerba, es por eso que han presentado una enmienda con miras a obtener la impunidad, y también han tratado de cuestionar fuertemente el valor del derecho internacional de los Derechos Humanos”.
Respecto a este último punto, otra de las enmiendas regresivas presentadas por el espacio pro pinochetista busca establecer la jerarquía infraconstitucional de los tratados internacionales, pese a que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la cual Chile es Estado miembro, establece que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
A 50 años del Golpe de Pinochet
Este año Chile conmemora el 50°aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende y dio inicio a la más oscura de las noches, que duraría unos interminables 17 años.
Si se repasan los principales temas de la agenda pública chilena de las últimas semanas, la importancia de la fecha se advierte con facilidad. A modo de ejemplo: El 25 de agosto Estados Unidos desclasificó dos informes presidenciales que prueban la complicidad del gobierno de Richard Nixon en el derrocamiento de Salvador Allende; el día 28, la Corte Suprema condenó a siete ex militares por el crimen de Víctor Jara (y uno de ellos, Hernán Chacón Soto, se suicidó antes de ser detenido); y el 30, el presidente Gabriel Boric creó el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, para investigar el destino de centenares de detenidos-desaparecidos cuyo paradero al día de hoy se desconoce.
Tiene una enorme trascendencia la iniciativa de búsqueda firmada por el Presidente, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. «Nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de mover todas las barreras para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada», afirmó Boric. Busca dejar una marca en la historia chilena contemporánea respecto a las políticas públicas en el campo de los Derechos Humanos, cuestión que se verifica no solamente puertas para adentro sino incluso en rasgos determinantes de cómo concibe y desarrolla su política exterior.
“La política de Derechos Humanos del gobierno del presidente Boric ha buscado restablecer la confianza de las familias de las víctimas con el Estado”, sostiene Alexis Cortés Morales, sociólogo e integrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional por parte del Partido Comunista (PC), al ser consultado por Perycia.
Considera que el plan de búsqueda presentado por el Gobierno implica “un fuerte compromiso con la verdad, con la justicia y con la reparación”, y marca que “busca también, en casos calificados, eliminar el secreto de los testimonios de la Comisión Valech, lo que permitiría esclarecer algunos de los crímenes y dar con los nombres de algunos represores, y eventualmente con el destino y paradero de algunas de las víctimas que hasta el día de hoy están desaparecidas”.
La comisión a la que refiere Cortés Morales es la llamada Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Valech en honor al obispo Sergio Valech, reconocido por su defensa de los Derechos Humanos. Fue creada en 2003 por el entonces presidente Ricardo Lagos, para investigar la identidad de las víctimas del terrorismo de Estado en Chile.
No obstante, la política de Derechos Humanos de Boric ha sido objeto de críticas por parte de los sectores más extremos de la derecha chilena, expresados por el Partido Republicano, que han experimentado “un crecimiento sustantivo”, tanto en su presencia “en el Congreso Nacional, todavía con una bancada modesta pero con alto impacto, y sobre todo en el Consejo Constitucional”, señala el integrante de la Comisión Experta del órgano constituyente.
Tanto la oposición de centro derecha (Chile Vamos) como la ultraderecha del Partido Republicano anunciaron que no asistirán a la ceremonia del día 11 que encabezará el Presidente, a la cual fueron invitados mandatarios de la región como Luiz Inácio Lula da Silva, Alberto Fernández, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador.
Al analizar los preparativos del aniversario y el rol del oficialismo, Elman considera que el Gobierno “no tiene la fuerza” para realizar un acto masivo y con consenso de la oposición. y entonces “intenta ensayar una suerte de equilibrio”. Para el periodista, el Gobierno “intenta darle un impulso a la agenda de Derechos Humanos, pero en un contexto de mucha precariedad política”.
“Muchos actores políticos han señalado que existe un clima de mayor confrontación que para otros aniversarios de la fecha, como por ejemplo para los 30 o los 40 años”, refiere Bustos. En cuanto a las reacciones provocadas por la propuesta de enmienda de la ultraderecha, plantea que “la impunidad genera un efecto de rechazo que no sólo se circunscribe a la izquierda”. En ese sentido, pone el foco en que no solamente hubo una reacción frontal “tanto de parte del Gobierno como de parte de las organizaciones de Derechos Humanos”, sino que también, por ejemplo, “se pronunció el ex presidente Ricardo Lagos, diciendo que una norma de impunidad es inaceptable”.
Nadie puede negar que Chile ha sido uno de los países que mayores transformaciones políticas atravesó en los últimos años en América Latina. El estallido del 18 de octubre de 2019, conocido también como 18-O, cambió el país para siempre. Entre otras cosas, provocó dos fenómenos simultáneos e interrelacionados.
Por un lado, una parcial pero profunda renovación de la dirigencia política, que inicialmente impactó en elecciones municipales y regionales pero que tuvo su punto álgido en las presidenciales de 2021, con la irrupción de figuras como Boric y Kast en detrimento de los partidos tradicionales (tanto la centroderecha clásica como la ex Concertación, que sufrieron un desplome histórico).
Por otro lado, la apertura de un histórico proceso constituyente, cuyo propósito sería reemplazar a la Constitución dictatorial de 1980. Una instancia lograda con las masivas e igualmente inéditas movilizaciones callejeras, y concedida por un acorralado Sebastián Piñera el 15 de noviembre de 2019, cuando tambaleaba en el Palacio de la Moneda ante una explosión de furia popular nunca vista en el país vecino, que sería brutalmente reprimida.
La foto política actual en Chile muestra una situación sin precedentes: un jefe de Estado de 37 años, que hasta hace 12 presidía la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y un líder opositor que reivindica a la junta militar por ‘haber salvado a Chile del comunismo’ y que se muestra alineado con premisas básicas de las narrativas ultra de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Santiago Abascal o Javier Milei.
Sin embargo, pasada la época de las manifestaciones callejeras masivas y los triunfos electorales, este aniversario “llega en un momento de desmovilización de la izquierda, y de avance de la derecha, con la victoria del Partido Republicano en el Consejo Constitucional”, sostiene Elman.
En paralelo, flotan las incógnitas de la ‘paradoja chilena’: si la pelea por la nueva Constitución nació con las movilizaciones populares, su redacción finalmente quedó en manos de quienes, desde el inicio, se opusieron al proceso. En diciembre de este año, la ciudadanía nuevamente deberá votar por la aprobación o el rechazo a la nueva Carta Magna, en un contexto de debilidad por parte del gobierno de Boric, que aún no se recupera de la derrota sufrida en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 (en el cual el rechazo obtuvo un contundente 61 por ciento). No obstante, el partido sigue abierto, y lo que predomina es la incertidumbre.
Así como en los ‘70 la experiencia de la “vía chilena al socialismo” impulsada por Salvador Allende suscitó enorme interés y fue motivo de estudio a nivel mundial, hoy, 50 años después, Chile sigue sorprendiendo por su singularidad política. De un lado, un «joven” universitario que, al visitar el Palacio de la Moneda por primera vez como mandatario electo, acudió a reverenciar especialmente el busto de Allende. Y del otro lado, un nostálgico de Pinochet y del orden perdido, que busca liderar la oposición para aspirar nuevamente a la presidencia. 50 años después.
