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Crónicas de la Justicia

Tucumán

Causa Marita Verón: procesaron a dos dirigentes sindicales por encubrimiento

La Justicia Federal confirmó las medidas sobre Norberto Manzano y Carlos Rojas, de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), por la existencia de una carpeta con fotos de Marita Verón sin vida que los sindicalistas habrían tenido en su poder.

Por: Redacción
Foto: Fundación María de los Ángeles y Télam.
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La Justicia Federal de Tucumán procesó a los sindicalistas Norberto René Manzano y Carlos Alberto Rojas por el ocultamiento de una carpeta que contendría fotos de Marita Verón, fallecida.

En una resolución de 66 páginas, el juez José Manuel Díaz Vélez confirmó que esto se desprende del relato de una persona, sobre una reunión en el Hotel Bicentenario de San Miguel de Tucumán, de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE), en la cual, Manzano, Secretario General habría manifestado tener en su poder una carpeta con fotos de Marita Verón ya fallecida dentro de la sede del sindicato LUZ Y FUERZA y trasladada al sanatorio LUZ MÉDICA de la ciudad, bajo la responsabilidad de Julio Luna, exdirigente, actualmente fallecido.

Por esta información, se dispuso la intervención telefónica de Manzano y Rojas. En las escuchas se hace alusión concreta a la existencia de una carpeta y/o de información de interés respecto del destino de Marita Verón, que fue conocida por los investigados y estuvo en su poder y, además, se hace referencia a Julio Luna en las conversaciones.

Por otro lado, la persona de identidad reservada confirmó la vinculación entre Julio Ernesto Luna y la familia Ale, en particular con Rubén “la Chancha” Ale condenado por el secuestro de Marita. Esta información fue confirmada por Horacio Daniel Alonso, quien también declaró en la causa y se desempeñó como director médico del Sanatorio Luz Médica entre 2004 y 2020.

En su indagatoria, Manzano sostuvo, al ser consultado sobre no haber denunciado el hecho, no era necesario para no darle veracidad a algo que ni siquiera conocía. Su defensa sostiene que jamás ha estado en posesión de la carpeta. Rojas en cambio se negó a declarar en su indagatoria. Ambos están procesados sin prisión preventiva.

Para el juez, la gravedad del hecho son las “evidencias sustraídas por los imputados se refieren al ocultamiento del cuerpo de una persona que, 21 años después, continúa en calidad de desaparecida, perpetuando así el sufrimiento de sus familiares y la comisión del delito”.

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