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Violencia institucional

Encuentro de Familiares

Historias en primera persona: ¿Cómo tortura y mata la polícia en Argentina?

Perycia estuvo presente en el Encuentro Nacional de Familiares víctimas de la tortura y otras violencias estatales, donde amigxs, familiares y activistas visibilizaron casos locales y conversaron sobre las distintas maneras de continuar su lucha. En esta cobertura conjunta con Pulso Noticias y ANRed, los múltiples episodios de violencia relatados por lxs protagonistas muestran una similitud profunda y destacan la fuerza de la resistencia colectiva.

Por: Ezequiel Casanovas
Foto: Sebastián Losada
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Más de 600 personas se reunieron en el IX Encuentro Nacional de Familiares víctimas de la tortura y otras violencias estatales que coincidió con el VII Encuentro de Organizaciones y espacios de memoria que organizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Fue el pasado fin de semana en el Complejo Turístico Chapadmalal, donde quedó claro que la violencia estatal atraviesa a todo el territorio nacional porque hubo participantes de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut. Algunos vestían remeras con la imagen de las víctimas, otros colgaron sus banderas. Todos tenían una historia que contar con el mismo denominador común: el reclamo de justicia.

Alguien tiene que explicar lo que le hicieron a Natix

Judith es mendocinx y no tiene más de treinta años. Noir también es de Mendoza y lxs dos forman parte de la Asamblea Antix. Eran compañerxs y amigxs de Natalí Cardozo Guiñazu. Ellxs saben que Natix, como llaman a su amiga, tenía 34 años, un hijo adolescente y tejía redes de macramé. Que así se ganaba la vida. Que escribía poemas, tocaba el bajo y la guitarra y organizaba colectas de libros para distribuir entre personas privadas de la libertad.

Saben que Natix, “atravesada por una maternidad disidente, acompañaba los procesos de muches amigos y conocidos neurodivergentes habitando su propia neurodivergencia”, hasta que el 6 de septiembre pasado la detuvo la policía.

Saben que los efectivos la trasladaron a la Comisaría 49 de Rodeo del Medio, en el Gran Mendoza. Que intervino la Oficina Fiscal 16 y al día siguiente la derivaron al Hospital Psiquiátrico El Sauce. Que desde allí volvieron a trasladarla a la 49 y el domingo 10 de septiembre a la Comisaría 61 de Fray Luis Beltrán donde unas horas después la encontraron muerta en una de las celdas.

Saben que la policía sostuvo que Natix se había suicidado. Saben también que “nadie se suicida en una comisaría” y no saben qué fue lo que le hicieron a su amiga en la 49, en El Sauce y en la 61. Las explicaciones oficiales son escasas. Dicen que la trasladaron al Hospital porque estaba en medio de una crisis de salud mental, que el segundo traslado fue porque había demasiados hombres en la 49 y no tenían dónde alojarla. Ni Noir, ni Judith, ni los familiares pudieron ver el cuerpo y tampoco hubo autopsia. Por eso organizaron manifestaciones, protestas y pedidos de justicia y lograron que la carátula de la causa pase de «suicidio» a «muerte dudosa».

Noir dice que las detenciones arbitrarias son la norma: “Hay cuestiones raciales, de clase, de vestimenta o por portación de rostro. En Mendoza, el nivel de impunidad por parte de la policía es muy rígido y el nivel de exposición que tenemos los cuerpos que estamos en la calle, que no nos guardamos, es muy alto. De verdad está en riesgo nuestra vida”.

A golpes

Ezequiel Castro tenía 21 años, estaba terminando el colegio secundario, era hincha de Belgrano, quería entrar al ejército y trabajaba en una empresa constructora. La madre, Lorena, cuenta que el miércoles 8 de junio de 2022 tomaba una gaseosa junto a un amigo en la cuadra del barrio Cerro Norte, Córdoba Capital, donde estaba su casa. Y cuenta que algo pasó porque su hijo empezó a pedir ayuda y alguien llamó a la policía.

Ezequiel se trepó a una casa. Más tarde los vecinos declararían que estaba mal pero no había hecho ningún daño. Más tarde Lorena vio en un video como la policía lo ató de pies y manos y lo arrojó a la caja de una camioneta. Más tarde, le dijeron que a su hijo lo habían detenido en pleno brote psiquiátrico, aunque nunca había vivido un cuadro como ese.

Apenas supo que lo habían detenido, Lorena llamó a la comisaría y le dijeron que estaba muy alterado y que lo estaba revisando un médico. Al otro día le dijeron que iban a trasladarlo al Establecimiento Penitenciario Nº9. Pero ahí nunca llegó.

Nadie le decía dónde estaba su hijo ni cómo. Pasaron cuatro días. El domingo 12 de junio un policía tocó el timbre de la casa y le dijo que Ezequiel estaba internado en el Hospital Misericordia, bajo la guarda del Centro Psico Asistencial (CPA), institución donde son detenidas personas con problemas psiquiátricos y de adicciones en conflicto con la ley penal.

Ella y el padre corrieron al Hospital. Ezequiel estaba en terapia intensiva, tenía edemas, equimosis y excoriaciones producidos con un objeto contundente. Tenía golpes en la cara, la cabeza y el resto del cuerpo. Lorena dice que lo golpearon tanto que pueden haberle producido rabdomiolisis, una descomposición de tejido muscular que ocasiona la liberación de sustancias dañinas para los riñones. Que esa puede haber sido la causa por la que murió en la noche del martes 14.

Más tarde, Lorena supo que el viernes 10 la Fiscalía había comprobado que Ezequiel no tenía antecedentes penales y había ordenado que lo liberen. No obstante, el CPA se había negado por su estado psicofísico.

La causa pasó por tres fiscalías, los peritajes se hicieron con demoras y recién a mediados de este año informaron a la familia que hay 29 personas -entre personal policial y médico- que están imputadas por la muerte.

Lorena acaba de recibir una serie de pericias que se realizaron en Buenos Aires y está expectante: en los próximos días puede haber novedades acerca de lo que le ocurrió a su hijo.

La policía le puso de rodillas y Lautaro rezó

Lautaro es flaco, alto y moreno, lleva una gorra para protegerse del sol que pica en la tarde de Chapadmalal, frente a la Costa Atlántica y dice que hace poco más de un año tuvo miedo de morir. Que la noche del sábado 17 de septiembre de 2022, de rodillas en un descampado le rezó a dios mientras un policía disparaba su arma reglamentaria.

Habían pasado unos minutos de las diez de la noche. Lautaro caminaba junto a su cuñado, un adolescente de quince años, por la calle Berutti al 9100, pleno barrio Libertad de Mar del Plata cuando los oficiales de la Comisaría Distrital Sexta, Ariel Estévez y Micaela Estigarribia, los detuvieron y les pidieron los documentos.

Enseguida llegó otro patrullero donde viajaban Jonatan Cabrera y Vanesa Cano. “¡Guacho de mierda!”, fue uno de los insultos de los policías que sacaron las armas justo antes de que uno le diera tres cachetazos. Lautaro, que no imaginaba lo que pasaría unos minutos más tarde, dice que eso era lo normal. Que lo pararan, que le pegaran.

Dos vecinos salieron de una casa. Querían saber qué ocurría. Los policías les dijeron que se metieran adentro, que no había nada que mirar y subieron a los adolescentes a uno de los móviles.

¿Sabés cuántos muertos tengo yo?”, decía una de las agentes mientras el auto avanzaba. Viajaron durante doce cuadras. En un descampado en la calle Strobel al 10000, los obligaron a bajar. Entonces volvieron los cachetazos y empezaron los culatazos y las patadas mientras una de las oficiales –en la declaración que figura en el expediente consta que se trataría de Cano– tomó su celular y comenzó a filmar: “Acá están los guachos que se hacen los picantes en las torres de Libertad”, decía.

Los oficiales se reían menos una de las mujeres que había quedado a un costado –en la causa consta que se trataría de Estigarribia–. Lautaro recuerda que los obligaron a arrodillarse, también el sonido de las risas, la oscuridad del terreno que solo se iluminaba por las luces de los patrulleros y el caño del arma reglamentaria sobre la cabeza de su compañero. En ese instante cerró los ojos, pensó que lo mataban.

–Le empecé a rezar a mi Dios–dice y cuenta que escuchaba el sonido del gatillo una y otra vez pero la bala no salía. Después los policías les pidieron que se paren. Cada vez que lo hacían les pegaban en la articulación de la rodilla con la culata de la escopeta y volvían a hincarse hasta que les dijeron que se vayan.

“Cinco, cuatro, tres, dos”, decía uno de los policías casi al mismo tiempo en que sonó el primer disparo de la escopeta. Los adolescentes corrían en zigzag al mismo tiempo que escuchaban cómo cargaban las armas y los disparos.

Cabrera, Estévez y Cano están detenidos. El abogado de la Comisión Provincial por la Memoria que representa a Lautaro, Rodrigo Pomares, contó que la causa por detención ilegal y torturas ya se elevó a juicio y espera que se desarrolle el año que viene. Estigarribia, quien no participó en las torturas, fue sobreseída y será testigo durante el debate.

A la policía no le sirve un pibe que estudie”

Cristian Verón cree que a su hijo Lucas, la policía lo confundió con otro chico la madrugada del 10 de julio de 2020 cuando festejaba su cumpleaños número 18.

Lucas era el menor de cuatro hermanos. Trabajaba de lunes a viernes en un taller de mecánica del automotor, los sábados estudiaba carpintería, restauraba carruajes antiguos y los domingos hacía lo que más quería: montaba a caballo, jugaba a la corrida de sortija.

El padre cuenta que no consumía alcohol ni fumaba. Si iba a una fiesta, él o la madre, Graciela, lo llevaban y lo iban a buscar. Le gustaba juntarse en la casa con amigos. Aquella noche de cumpleaños salió en la moto a comprar una coca cola junto a uno a de ellos, Gonzalo. Cuando regresaron a la casa de González Catán, un patrullero que estaba sin luces y no dio la voz de alto, intentó atropellarlos.

Lucas aceleró y desde el móvil, Ezequiel Benítez y su pareja también policía, Cintia Duarte, dispararon cuatro veces. Lucas recibió un disparo en el pecho y murió. Gonzalo sobrevivió. Benítez y Duarte se fueron del lugar sin prestarle atención ni llamar a emergencias.

El año pasado, en un juicio que se desarrolló en la Universidad de La Matanza y del que participaron unas tres mil personas, Benítez recibió la condena a 21 años y 8 meses de prisión por homicidio en exceso del cumplimiento del deber y tentativa de homicidio agravada y Duarte, que fue absuelta por la tentativa, a 4 años y 8 meses.

Cristian dice que todavía tiene por delante otros dos juicios. Uno por encubrimiento y violencia institucional contra el comisario Diego Ocampos y los efectivos Daniel Quinteros y María Giselle Genez que ya se elevó a juicio. El otro es un pedido de destitución al fiscal de la causa, Juan Pablo Tahtagian, porque habría protegido a los policías y a los superiores que intentaron encubrirlos.

Sin embargo, Cristian recuerda las manifestaciones y marchas que hicieron para que se llegue al primer debate. Junto a Graciela, hija de Desaparecidos, están preocupados por lo que pueda ocurrir en las otras causas ante el cambio de gobierno nacional. “No sabemos para donde saldrá la espoleta”, dice.

Aun así muestra su fortaleza: “Tenemos que seguir luchando para que no haya ni un pibe más, ni una piba más muerta a manos de la policía. Esta práctica sistemática sigue golpeándonos en los barrios. La juventud es el futuro, pero a ellos no les sirve un pibe que estudie, les sirve el ignorante que puedan reclutar para vender paco en la esquina. Quieren jóvenes que sean sus soldaditos”.

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